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Argentina

El Gobierno lo hizo otra vez: el impuesto a la “renta inesperada” grava la misma base que Ganancias

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Como ocurrió con el “impuesto a la riqueza” y su vinculación con Bienes Personales, juristas privados estiman que el nuevo impuesto que quiere crear Martín Guzmán es abiertamente inconstitucional.

El gobierno de Alberto Fernández busca tener un respaldo legal para justificar el nuevo gravamen sobre las “rentas inesperadas”, pero la mayor parte de los juristas privados estiman que se trata de un acto de doble imposición.

El Gobierno se vale nuevamente de la doble imposición para maximizar la recaudación. Acorde al sistema tributario actual, una eventual ganancia “inesperada” es gravada normalmente por el Impuesto a las Ganancias, y no solamente con un monto más elevado sino también con alícuotas marginales progresivas que precisamente penalizan la renta adicional.

Sin embargo, el nuevo impuesto del Gobierno apunta a gravar, otra vez, la misma renta adicional que ya había pagado una alícuota marginal más alta.

Obviando la excesiva discrecionalidad en el diseño y la aplicación del proyecto oficialista, la distorsión sobre la economía penalizará el crecimiento y la generación de empleo a partir de la doble imposición.

Esta estrategia no es novedosa para el oficialismo. El llamado “impuesto a la riqueza” fue diseñado como un recargo adicional sobre la misma base que el Impuesto a los Bienes Personales, elevando las alícuotas marginales sobre los usuarios afectados.

Por estas razones, muchos juristas privados estiman que el nuevo gravamen de Martin Guzmán es abiertamente inconstitucional. En particular, la doble imposición se prohíbe expresamente, y se entiende como una apropiación indebida de una parte sustancial del capital. Se vulneran así los derechos de propiedad y se entra en un terreno confiscatorio.

Sin embargo, la determinación de la justifica podría inclinarse a favor del Gobierno o a favor de los contribuyentes, dependiendo de cómo se interprete la naturaleza del nuevo gravamen.

Si es considerado como un impuesto, entonces la doble imposición quedaría manifiesta. Por el contrario, si se lo encuentra como un aporte con carácter “estrictamente temporal” como supuestamente prometía ser el Impuesto a la Riqueza, entonces no se reconocería la doble imposición.

El Gobierno espera valerse de esta última interpretación para volver a repetir lo que ya hizo con el llamado "Aporte Solidario" en 2021. Solamente con esta acción, el Estado sumó una recaudación del 3% del PBI a sus arcas a lo largo del año pasado.

En esta oportunidad, el equipo de Guzmán no busca añadir un tributo para mejorar el resultado de las finanzas públicas, sino que busca financiar un nuevo aumento del gasto público en transferencias sociales.

Se lanzará un nuevo subsidio masivo, como lo fue el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020, destinado a personal de servicio doméstico, trabajadores en el sector informal, monotributistas de las categorías A y B, y jubilados de hasta 2 haberes mínimos.

El Gobierno lanzará un bono por $18.000 que se abonará por única vez, y en dos cuotas entre mayo y junio para todos los usuarios alcanzados excepto a los jubilados, que percibirán un bono menor de $12.000 en dos cuotas. 

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El que las hace, las paga: La Justicia dictó prisión preventiva a los terroristas que destrozaron la Plaza del Congreso

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Los detenidos por los disturbios ocurridos durante la votación de la Ley Bases en el Senado serán trasladados a Comodoro Py. Se ha solicitado la prisión preventiva para ellos. Las autoridades están revisando las filmaciones para identificar a otros posibles sospechosos involucrados en los incidentes.

La causa por los destrozos durante el debate de la Ley Bases en el Senado, ocurridos en las afueras del Congreso, ha comenzado a avanzar. Los 33 detenidos quedaron bajo la jurisdicción de la jueza federal María Servini, quien iniciará las indagatorias en las próximas horas. El fiscal Carlos Stornelli los acusó de graves delitos contra el orden público, sedición y acciones terroristas, solicitando sus prisiones preventivas.

Inicialmente, el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, había anunciado su intención de presentarse como querellante en el caso. Sin embargo, posteriormente decidieron retractarse de esta decisión. Según fuentes, "Dado el requerimiento de Stornelli, no hace falta convertirnos en querellante".

La causa involucra a más de 30 detenidos, con aproximadamente una veintena de personas bajo la jurisdicción de la justicia porteña desde ayer miércoles, y una decena bajo la justicia federal. Además, un par de detenidos por robos fueron puestos bajo la órbita de la justicia de instrucción ordinaria. Hoy, los otros fueros decidieron remitir sus casos a la jueza Servini, quien centralizará todo el expediente en Comodoro Py 2002.

Según la justicia porteña al remitir el expediente, "Esta es la respuesta más razonable tanto desde la perspectiva de la correcta administración de justicia, como de la preservación de los derechos y garantías de las personas que podrían resultar acusadas, ya que proceder de forma contraria, implicaría duplicar los procesos, y posibilitar el dictado de pronunciamientos contradictorios respecto de un mismo contexto fáctico, además de poder dilatar cuestiones que resultan de urgente tratamiento y resolución”.

En base a esto, el fiscal Stornelli ha determinado que el caso investiga acciones y conductas que en algunos casos podrían haber sido organizadas, dirigidas a incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer ideas por la fuerza o el temor, y generar un temor público que conduzca a tumultos o desórdenes. Además, se sospecha de un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vía democrática, con el objetivo de perturbar o impedir temporalmente el ejercicio libre de las facultades constitucionales de los representantes del Senado que estaban en sesión.

Estas acciones, según el fiscal, involucraron el ejercicio de violencia que se manifestó en diversos atentados contra la autoridad, agresiones al personal de seguridad, daños simples y agravados, incendios, estragos dolosos y en algunos casos, posesión y uso de material explosivo o incendiario.

Los delitos imputados incluyen una amplia gama de acusaciones graves según se informó, como lesiones, daños simples y agravados, incendio o estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, pertenencia a agrupaciones con objetivos coercitivos, atentado contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones legislativas, y acciones terroristas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación reportó en un comunicado que como resultado de estos eventos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos. Además, se registraron daños significativos que incluyen un automóvil incendiado intencionalmente, la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad destinadas al uso público y varios contenedores, entre otros objetos. Actualmente hay 33 personas detenidas, con la expectativa de más arrestos a medida que se identifiquen más involucrados.

El Ministerio Público también adelantó que buscará recuperar los costos del operativo, los cuales aún están siendo determinados y abarcarán tanto los gastos de la operación como los costos de tratamiento médico para los efectivos heridos y la reposición del material dañado. Según el Gobierno porteño, solo la reposición del mobiliario urbano afectado podría ascender a casi 100 millones de pesos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Martin Lousteau volvió a sus orígenes kirchneristas y votó junto con Unión por la Patria en contra de la Ley Bases

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El senador radical colaboró con el kirchnerismo para que el Gobierno de Milei se quede sin la Ley Bases, aunque como siempre, terminó fracasando.

Martín Lousteau, el exministro de economía de Cristina Kirchner y autor de la 125, volvió a ponerse del lado del kirchnerismo, esta vez votando en contra de la Ley Bases y, en consecuencia, en contra de la voluntad popular de aquella mayoría que votó a Javier Milei.

Afortunadamente el mega-proyecto de reformas liberales fue aprobado con el desempate de Victoria Villarruel, pero en un momento la sesión en el Senado de la Nación se encontraba sumida en total incertidumbre, y el voto de Lousteau hubiera sido clave para llevar tranquilidad a los argentinos. No ocurrió.

La posibilidad de que la ley no hubiera sido aprobada estaba ligada a la necesidad de alcanzar al menos 37 votos negativos. En este contexto, el presidente de la UCR se desmarcó del resto de sus copartidarios, y decidió tomar una postura clara: votar junto con el kirchnerismo, en contra de la Ley Bases.

El dirigente que lo único que ha logrado en su carrera han sido fracasos, había acusado al oficialismo de "presionarlo" para que vote a favor, lo cual utilizó como excusa para mantener su postura crítica hacia la ley que defienden la mayoría de los argentinos.

Su estrategia, en un intento de querer tirar abajo la Ley Bases, se centraba en presentar su propio dictamen, el cual presenta importantes cambios respecto al texto original, y que hubiera significado una ley completamente diferente a la que Milei estaba buscando aprobar. De esta manera, buscó hacer su show de político casta, y posicionarse como un "opositor constructivo", dispuesto a "colaborar" en la mejora de la legislación.

Luego de la votación, se pudo evidenciar que de oposición constructiva no tenía nada, ya que no se diferenció del kirchnerismo a la hora de criticar y atacar tanto a la Ley del oficialismo, como también al Presidente de la Nación y a sus ideas que, además, fueron votadas por 14,5 millones de personas, siendo el mandatario más votado de la historia.

Mientras Lousteau mantenía su posición firme, las negociaciones internas dentro del Senado continuaban intensamente por parte del oficialismo. El gobierno entendió a la perfección que cualquier error estratégico con Lousteau podría tener consecuencias graves, incluso la no aprobación de la ley en el recinto.

Esta oposición de Lousteau al gobierno de Milei no es algo nuevo. Al inicio del debate llevado a cabo en el Senado, que terminó rechazando el DNU de Milei, el exministro de economía de Cristina Kirchner sorprendió al ser el único senador radical en expresar su oposición a la moción de La Libertad Avanza para postergar el tratamiento del DNU. El voto de Lousteau, junto con el de los representantes del peronismo y el kirchnerismo, permitió que el decreto fuera tratado en la sesión.

En aquella ocasión, el ministro del Interior, Guillermo Francos, no se guardó nada y criticó a Martín Lousteau. "Él fue el autor de la 125 y hoy votó con el kirchnerismo", expresó Francos.

"Lousteau es muy particular. Creo que tiene una disputa de egos entre economistas y es uno de los que no pueden tolerar que un economista rupturista como Javier Milei sea presidente de la República y él, que se considera un gran economista, fue autor de la 125", señaló Francos.

Refiriéndose a la trayectoria de Lousteau, Francos quiso "recordar" su desempeño como presidente del Banco Provincia. "Su gestión fue un desastre y, después de eso, yo recuperé el Banco Provincia durante el mandato de Scioli como gobernador. Me fui con aplausos y él se fue por la puerta chica. Y el señor Lousteau fue el autor de la 125 con Cristina Kirchner, y hoy votó con el kirchnerismo", concluyó Francos, dejando en completo ridículo al senador "radikal".

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Todo lo que tenés que saber de la Ley de Bases de Milei y que es el puntapié del milagro económico en Argentina

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Esta ley es solo el comienzo de una serie de reformas planificadas por el presidente Javier Milei, destinadas a transformar la estructura económica y administrativa de Argentina. 

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles la Ley Bases, un instrumento fundamental para que el Gobierno de Javier Milei pueda llevar adelante su plan político y económico. El oficialismo logró el quórum con 37 legisladores y, después de 13 horas de debate, se realizó la votación. Tras un empate de 36 votos, la vicepresidente Victoria Villarruel, oficiando de presidente de la Cámara de Senadores, definió la aprobación con su voto afirmativo.

Después de las tensas negociaciones que el Gobierno llevó a cabo con la oposición dialoguista, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, sugirió quitar el título que eliminaba las moratorias jubilatorias y creaba un subsidio a la vejez (Título VIII). De esta manera, se logró destrabar la aprobación en general de la ley.

Por último, se realizaron una serie de modificaciones al Régimen de Incentivos para los Grandes Inversores (RIGI) y se retiró de la lista de "privatizables" a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), pero se espera que todo estos cambios sean rechazados en el tratamiento en la Cámara de Diputados.

A continuación, se detalla artículo por artículo la Ley Bases aprobada en la Cámara Alta:

Título 1: Declaración de emergencia económica y delegación de facultades al presidente

  • Facultades extendidas: El presidente podrá tomar decisiones por decreto en un rango más amplio de áreas sin necesidad de pasar por el Congreso. Son los mismos poderes extraordinarios que han tenido todos los presidentes desde el regreso a la democracia.

Título 2: Reforma del Estado

  • Cierre de organismos: Se permite el cierre de organismos, dependencias y entes estatales por decreto.
  • Eliminación de planta permanente: Se elimina la figura de planta permanente en el Estado, permitiendo echar a los empleados públicos de la misma manera que en el sector privado.
  • Privatización: Se autoriza la privatización de empresas estatales.

Título 3: Contratos y acuerdos transaccionales

  • Obra Público-Privada: Se introduce la posibilidad de realizar obras mediante asociaciones público-privadas.
  • Ampliación de concesiones: Se amplían las concesiones que el Estado puede otorgar al sector privado, como rutas, hidrovías y espacios aéreos.

Título 4: Promoción del empleo registrado

  • Blanqueo de empleados: Se implementa un programa para regularizar a los empleados no registrados (en negro).

Título 5: Modernización laboral

  • Facilitación de contratación: Se simplifica la contratación de empleados.
  • Nuevas formas de contratación: Se introducen nuevas modalidades de contratos laborales.
  • Eliminación de barreras: Se eliminan barreras de entrada y salida en los contratos laborales.
  • Ampliación de períodos de prueba: Se extienden los períodos de prueba para los empleados.
  • Seguro de despido: Se introduce un seguro de despido como alternativa a la indemnización tradicional, con el fin de reducir los litigios laborales.
  • Desregulación del mercado laboral: Se desregula el mercado laboral para aumentar la flexibilidad.

Título 6: Reforma energética

  • Desregulación del mercado energético: Se desregula el mercado energético, permitiendo mayor participación privada.
  • Reemplazo de soberanía energética: Se reemplaza el concepto de soberanía energética (autoabastecimiento) por el de maximización de la renta a través del libre comercio.
  • Exploración y explotación: Se amplían los derechos para la exploración y explotación de recursos energéticos.
  • Comercio de hidrocarburos: Se libera el comercio de hidrocarburos, facilitando su comercialización.

Título 7: Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)

  • Beneficios fiscales: Se otorgan beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos por 30 años a inversores que realicen aportes superiores a 200 millones de dólares en el país. Este régimen de incentivos está en línea con medidas que se tomaron en Chile, Irlanda y España cuando tuvieron su mayor boom económico.

Título 8: Moratoria

  • Eliminación de jubilaciones sin aportes: Se elimina la posibilidad de jubilarse sin haber realizado aportes.
  • Subsidio a la vejez: Las jubilaciones sin aportes se reemplazan por un subsidio a la vejez para los ancianos que estén por debajo de la línea de pobreza.

Título 9: Medidas fiscales para el tabaco

  • Eliminación del Impuesto Mínimo: Se elimina el impuesto mínimo al tabaco.
  • Aumento del impuesto a cigarrillos: El impuesto a los cigarrillos se eleva del 70% al 73%.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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