El Gobierno nacional confirmó este martes que el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sigue en marcha, luego de la apertura de los sobres con las ofertas económicas presentadas por dos grupos empresarios argentinos.
Las propuestas apuntan a quedarse con el 90 por ciento del paquete accionario de la compañía que abastece de agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el avance a través de un posteo en la red social X. Allí subrayó que el futuro operador quedará obligado a cumplir con un plan de inversiones de más de 2000 millones de dólares en cinco años. Ese compromiso, según explicó, permitirá expandir la red y mejorar de manera concreta la calidad del servicio que reciben los usuarios.
Originalmente la apertura de las propuestas estaba prevista para fines de agosto. Sin embargo, algunas de las empresas interesadas pidieron más tiempo para completar la documentación exigida y el Gobierno accedió a la postergación. Finalmente, este martes se conocieron los ofrecimientos formales de los dos grupos locales que quedaron en carrera.
El proceso no es improvisado. A fines de abril el Ejecutivo ya había aprobado los contratos de concesión por un plazo de 30 años, con la posibilidad de extenderlos por hasta diez años más. Ese esquema de transferencia de acciones forma parte de las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases sancionada en 2024.
Alcance del servicio y etapas previstas
La concesión abarca el 51 por ciento de las acciones que el Estado posee en AySA. La compañía presta servicio en la Capital Federal y en partidos del conurbano como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón, entre otros. Se trata de una de las mayores redes de agua y saneamiento del país.
En una segunda etapa el Gobierno prevé realizar una oferta pública inicial para colocar en la Bolsa el 39 por ciento restante de las acciones. El 10 por ciento final quedará en manos de los propios empleados de la empresa. De esta manera se completa el traspaso del control estatal al sector privado, manteniendo una participación laboral.
El objetivo oficial es que el nuevo operador privado asuma de inmediato las obligaciones de inversión y de mejora del servicio. Caputo insistió en que el compromiso de más de 2000 millones de dólares no es opcional: forma parte central del contrato y apunta a resolver déficits históricos de cobertura y calidad en distintas zonas del Área Metropolitana.
Con la apertura de sobres concretada, el proceso entra ahora en la etapa de evaluación de las propuestas económicas. El Gobierno busca definir en los próximos tiempos quién será el nuevo controlador de AySA y concretar así una de las privatizaciones más relevantes de las incluidas en la nómina de la Ley Bases. La nota continúa en actualización a medida que se conocen nuevos detalles.
