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Economía

El kirchnerismo asegura que Aerolíneas tuvo superávit, pero esto se debió a un préstamo del Ministerio de Economía que cubrió el rojo

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La firma dirigida por el Estado anunció un muy tenue superávit presupuestario proyectado para fin de año, el primero desde su expropiación en 2008. Sin embargo, lo cierto es que la aerolínea recibió ingresos extraordinarios por un fideicomiso del banco estatal BICE, dependiente del Ministerio de Economía. 

La victoria electoral de Javier Milei volvió a poner en agenda la discusión por el costo que tienen las empresas del Estado en el bolsillo de la sociedad. La estatal Aerolíneas Argentinas anunció, hacia el fin del mandato, un muy ligero superávit operativo por US$ 32 millones proyectado para el cierre de 2023.

Se trata del primer resultado operativo positivo que tendría la aerolínea estatal desde su expropiación en 2008, y su titular Pablo Ceriani salió a arengar que este resultado demuestra que el gobierno de Milei no debería privatizar la empresa.

Primero de todo, la cifra publicada por Ceriani dista mucho del supuesto superávit de US$ 350 millones que había anticipado el periodista Alejandro Fantino, pero aún así la cifra es mentirosa. Hay una serie de operaciones financieras que se realizaron este año para evitar que en el balance aparezca un déficit, sin dudas una decisión política.

La trampa financiera de Massa

Aerolíneas Argentinas registró un déficit operativo equivalente a US$ 48 millones de dólares en el primer semestre del año, como lo constató en el balance de su Estado de Resultados para dicho período. Debió recibir una asistencia directa del Tesoro por al menos US$ 87 millones hasta el mes de agosto para poder pagar sus costos operativos.

Sin embargo, para la segunda mitad del año, apareció un ingreso extraordinario por US$ 100 millones de dólares que provino de un fideicomiso administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende directamente del Ministerio de Economía.

Esta estrategia que fue ideada por Massa permitió a la empresa mostrar resultados positivos sin recibir un salvataje directo del Tesoro, como viene ocurriendo todos los años desde que fue estatizada en 2008. Pero la realidad es que sin estos aportes indirectos, Aerolíneas Argentinas tendría un déficit de al menos US$ 68 millones de dólares como proyección para fin de año.

Un resultado que si bien es de los más equilibrados de los últimos años, dista muchísimo de la tan proclamada “eficiencia” que Ceriani pretende hacer ver. De hecho, el Presidente electo propuso lisa y llanamente transferir la aerolínea a los propios trabajadores que la operan, pero esto fue tajantemente rechazado por Pablo Biró en representación de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)

Si la empresa realmente fuera solvente y financieramente independiente por sí misma, no habría ningún motivo real para evitar la transferencia del Estado hacia los trabajadores. El verdadero motivo detrás de la negativa es, precisamente, que todavía necesita aportes del Estado.

La otra trampa: Tarifas más caras y represión de la competencia

Los costos que tienen que solventar los contribuyentes no son los únicos perjuicios que provoca la aerolínea estatal para la sociedad, ya que también limita gravemente la competencia en perjuicio de los consumidores. Esta fue la dirección política adoptada por la administración del Presidente Fernández.

El Gobierno kirchnerista estableció tarifas mínimas para vuelos de cabotaje con el fin de desalentar la preferencia de los consumidores por las empresas low-cost. En consecuencia, la concentración de mercado de Aerolíneas Argentinas se incrementó del 63% en 2019 a más del 72% en 2021, dando así más poder a la empresa para fijar precios en disputa con el grado de elasticidad de la demanda.

Lo que cualquier agencia de competencia habría penalizado para el caso una empresa privada, para Aerolíneas Argentinas fue simplemente un privilegio que adoptó para forzar la concentración del mercado y la disminución de la libre competencia en condiciones de igualdad. Los consumidores se vieron afectados por viajes más caros y un menor excedente en bienestar.

Economía

Pettovello eliminó la intermediación del plan Potenciar Trabajo y se lanzan dos nuevos programas con ayuda directa

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El Ministerio de Capital Humano avanza con la racionalización y reorganización de los planes sociales, a fin de que los únicos beneficiarios sean las personas que más necesitan de ayuda estatal, y no las organizaciones violentas de la izquierda.

En línea con los anuncios que dispuso el Gobierno de Javier Milei desde su misma asunción, el Ministerio de Capital Humano al frente de Sandra Pettovello confirmó una nueva reorganización del sistema de planes sociales para poder garantizar que la ayuda del Estado le llegue a la gente de forma directa, sin intermediación ni negocios encubiertos.

Se anunció el fin del plan Potenciar Trabajo tal y como se lo conocía hasta ahora. Este programa aglutinaba hasta a una gran cantidad de organizaciones violentas y de izquierda, que utilizaban a las personas más carenciadas como un medio de financiamiento para sus propios propósitos políticos.

Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano lanzó dos nuevos programas sociales: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social" respectivamente. A diferencia de su predecesor, estos planes significarán una ayuda directa para las personas que califiquen para cobrarlo. 

Ya no habrá más lugar para ningún tipo de extorsión ni condicionamiento político por parte de ninguna organización de izquierda que pretenda chantajear a las personas que necesitan de un plan social.

El programa Volver al Trabajo dependerá directamente de la propia Secretaría de Trabajo, y la razón detrás de esto es que el Gobierno podrá realizar evaluaciones de impacto, y de este modo poder monitorear el desempeño del programa. 

Bajo el plan Potenciar Trabajo, tan solo un 1,3% de las personas beneficiarias lograron incorporarse al mercado laboral, demostrando así que no se daban las herramientas necesarias para poder lograrlo. El Gobierno 

Asimismo, el nuevo plan Acompañamiento Social dependerá de la Secretaría de Niñez y Familia. La naturaleza de este programa es distinta a la del anterior, ya que sus propósito no es la incorporación al mercado laboral, sino fundamentalmente mitigar la pobreza y las dramáticas consecuencias que esta provoca sobre los chicos menores de 14 años. 

La pobreza en los segmentos etarios más bajos es considerablemente más alta que en cualquier otro segmento de la población, y este problema condiciona alarmantemente la generación de capital humano para el futuro. Esta es la razón misma por la cual el Gobierno lanzó el propio Ministerio de Capital Humano, y sin lugar a dudas será su desafío más importante durante los próximos cuatro años.

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Economía

Tras el decreto de desregulación, la oferta de viviendas se dispara y el precio de los alquileres disminuyó en un 22% en términos reales

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Las actualizaciones de los contratos de alquiler perdieron sistemáticamente contra la inflación en los últimos dos meses, y esto se debe a la gran cantidad de viviendas que salieron a ofrecerse al mercado. La eliminación de las restricciones permite que cada vez más personas accedan al alquiler.

El mercado inmobiliario está experimentando un fuerte repunte en la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler. Tras el decreto de desregulación 70/2023 anunciado por el Presidente Javier Milei en el mes de enero, las condiciones en el mercado mejoraron notoriamente para que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda.

Solamente en enero la cantidad de viviendas en alquiler en la Capital Federal llegó a duplicarse, y lo mismo ocurrió con los principales centros urbanos del país que habían sido afectados por la ley de alquileres sancionada en 2020.

El boom en el mercado de viviendas condujo a que el precio promedio de los contratos de alquiler cayera en un 22% medido en términos reales (ajustado por inflación). En otras palabras, los alquileres se ajustaron sistemáticamente por debajo de lo que subieron los precios en los últimos dos meses. Cada salario puede cubrir, en términos relativos, una proporción cada vez mayor de un contrato de alquiler.

Desde el punto de vista de los propietarios, la mayor flexibilidad regulatoria permite garantizar una cierta rentabilidad que no será diezmada por la inflación, y de esta manera se dan más incentivos para poner una propiedad en alquiler. El nuevo marco regulatorio también otorga garantías ante eventuales contingencias, para las cuales los propietarios pueden protegerse.

Y desde el punto de vista de las millones de personas que necesitan alquilar, la mayor oferta de viviendas permite que los precios sean más competitivos. Las barreras a la entrada en el mercado inmobiliario se reducen cada día más, favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos más bajos.

Con la ley de 2020, el valor real de los contratos de alquiler no se ajustaba debidamente a la inflación y se producía una transferencia de ingresos artificial de propietarios hacia inquilinos. Pero esto solo ocurría con aquellos usuarios que tuvieron la suerte de poder alquilar.

Conforme avanzó este proceso distorsivo, cada vez más propietarios retiraron sus propiedades del alquiler (para venderlas o utilizarlas para otros fines), y esto provocó que los precios de entrada en el mercado se encarecieran constantemente. Los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación entre 2020 y 2023.

Las regulaciones sobre el mercado inmobiliario beneficiaron a los segmentos con ingresos medios y altos que pudieron acceder a pagar elevados precios de entrada, mientras que las personas con ingresos bajos perdieron toda posibilidad de acceso. 

Este es el problema troncal que el Gobierno actual se propuso atacar como una de sus primeras medidas en el poder. Los resultados del proceso de desregulación comienzan a vislumbrarse. 

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Economía

Finaliza el curro de las organizaciones piqueteras: El Gobierno redujo del 30% al 1% la financiación de piqueteros a través del Impuesto PAIS

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Se modificó el esquema de distribución de los recursos generados por el impuesto, para dar una mayor prioridad a las obras de infraestructura por el tiempo en que dure el tributo en actividad. Los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras pierden sus privilegios.

En los últimos cuatro años el Gobierno de Alberto Fernández subsidió incesantemente a las organizaciones sociales y piqueteras que interrumpieron las vías de tránsito y le significaron enormes contingencias para millones de trabajadores. Con la llegada del Gobierno de Javier Milei, los privilegios de estas organizaciones de izquierda se terminaron.

El Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis Caputo anunció una nueva modificación en la distribución de los recursos generados por el Impuesto PAIS. A partir del Decreto 193/2024 publicado en Boletín Oficial, la participación de los recursos con destino hacia las organizaciones sociales se redujo del 30% al 1%, y al mismo tiempo se llevará a cabo un proceso de fiscalización más estricto para que las organizaciones beneficiarias cumplan con la ley.

Se trata de la masa de recursos que se destina formalmente al llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La financiación arbitraria de organizaciones con intereses políticos particulares deja de ser una prioridad en la Argentina, y el Gobierno decidió incrementar del 65% al 94% de la participación de los recursos generados por el tributo para la financiación de obras de infraestructura en todo el país.

Asimismo, la participación de la financiación para el turismo como parte del Impuesto PAIS se mantiene en el 5% respectivamente, cuyos recursos son administrados por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli (quien aceptó ocupar su cargo actual de manera ad-honorem).

Si bien en sus inicios el FISU fue concebido como un instrumento para financiar proyectos en barrios carenciados, con el paso del tiempo se convirtió en una mera caja política a cuenta de organizaciones de extrema izquierda. 

Muchas de estas organizaciones se integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en donde salen a la luz personajes como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

El Gobierno prepara una mayor fiscalización y eficientización de las asignaciones sociales, ahora bajo la tutela del Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reducir al mínimo la cantidad de intermediarios entre las prestaciones sociales y las personas que las necesitan. En este sentido, el desfinanciamiento del FISU se perfila como una estrategia para avanzar por la dirección anunciada.

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