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Economía

El kirchnerismo endurece las imposiciones de la Ley de Góndolas sobre los supermercados para “hacer un mercado más justo”

La ley impulsada por Elisa Carrió e implementada por el kirchnerismo sigue generando complicaciones para los supermercados y sus cadenas de pagos. La Secretaría de Comercio endureció las imposiciones sobre el sector privado.

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El kirchnerismo profundiza la agenda de la persecución sobre empresas como respuesta a la problemática inflacionaria. De la mano de Paula Español, la Secretaría de Comercio impulsará nuevas imposiciones para regular la exhibición de productos y la cadena de pagos de los supermercados con sus proveedores. 

El kirchnerismo se propone continuar y profundizar aquellas regulaciones propuestas y defendidas por Elisa Carrió en 2019, la principal ideóloga detrás de los controles sobre los supermercados, que llevó a la legislación de la Ley de Góndolas.

Los nuevos requisitos establecidos por el ente regulador buscan generar una suerte de competencia leal y un trato equitativoentre los productos de empresas con distintos tamaños, aunque no promete mayores resultados en la materia. 

Mediante la Resolución 340/21 publicada en el Boletín Oficial, se establece un “Código de Buenas Prácticas Comerciales” que deberá ser cumplido de forma estricta, sujeto a multas y sanciones previstas para aquellos comercios que no apliquen la normativa con éxito. 

Entre otras cuestiones, la reglamentación establece que los plazos y las modalidades de pago deberán ser exactamente las mismas para empresas pequeñas (pymes), medianas o grandes. 

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La normativa no contempla los distintos costos logísticos que pueden tener empresas de distintos tamaños, y pretende un acatamiento total para todos los casos detallados.
Desde las cadenas de supermercados advirtieron que las normativas de Paula Español exceden en marco y alcance a lo que debería regular efectivamente. 

Las empresas señalaron que no se trata de un código de buenas conductas propiamente dicho, sino un listado de obligaciones.
Las regulaciones buscan dirigir las formas de pago a los proveedores y suponen una serie de complicaciones en caso de que no pueda realizarse una transacción como lo determina la secretaría de Comercio. 

En particular, se prohíbe que los supermercados exijan entrega de mercadería de forma gratuita o con bonificaciones para facilitar su comercialización. También se prohíben acuerdos con proveedores que le impongan a estos últimos anticipos o seguros en condiciones heterogéneas entre grandes, medianas y pequeñas empresas. 

Los acuerdos de provisión entre supermercados y proveedores deberán realizarse por escrito y serán “monitoreados” por la secretaría de Comercio, pues las normativas establecen que cualquier ventaja que un proveedor otorgue a un comercializador podrá ser exigida por cualquier otro comercializador involucrado con el proveedor en cuestión. 

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Se prohíbe la exhibición de productos en forma fragmentada, dispersa o en lugares de difícil acceso cuando se trate de bienes bajo una misma categoría.

La secretaría de Comercio le prohíbe a los comercializadores el intercambio de datos considerado “información comercial sensible o confidencial” de terceras empresas para con sus respecticos proveedores u otros comercializadores. 

Como parte de la ley de abastecimiento, los supermercados también estarán obligados a informar en caso de falta de stock con cartelería en los espacios de exhibición, y deberán informar sobre los plazos de reposición a la secretaría de Comercio. 

Las nuevas medidas no fueron bien recibidas por las empresas, que ya deben soportar una carga regulatoria e impositiva creciente. El cambio en la tasa de impuesto a las Ganancias para empresas y las nuevas regulaciones impuestas por el sistema SIPRE de Paula Español, detonaron un profundo malestar general en el sector empresarial.   

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Economía

Guzmán se queda pero con la condición de usar los dólares del FMI para la campaña

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Tras el colapso del Frente de Todos en las urnas, la Vicepresidente se impuso al propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, y decidió emplear una maniobra para utilizar recursos brindados por el FMI para disparar el gasto público en cara a la campaña electoral.

En las últimas horas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner demostró nuevamente tener el control real de la coalición oficialista, e impuso su voluntad por sobre la del ministro de Economía y la del propio Alberto Fernández.

A través de un decreto, el Gobierno utilizará los dólares del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central para encarar una violenta expansión del gasto público como campaña para las elecciones de noviembre. El kirchnerismo apuesta por el despilfarro de recursos para mejorar su posición política hasta las últimas consecuencias y bajo cualquier costo.

De la misma manera en que se hizo en 2009, el Gobierno colocó Letras intransferibles al Banco Central por las cuales podrán hacerse de unos US$ 4.334 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), una suerte de divisa internacional convertible con el dólar y establecida por el FMI.

Estas medidas fueron establecidas para eludir las restricciones que establece la Carta Orgánica del BCRA, las cuáles indican que la autoridad monetaria solo puede girar a Tesorería hasta un 20% de la recaudación acumulada en 12 meses y hasta un 12% de la base monetaria si es preciso.

Al emplear las Letras intransferibles, las restricciones no se ven violentadas en términos contables y legales, pero en términos económicos el BCRA pierde recursos propios que habían sido otorgados por el FMI para fines muy específicos, y el Tesoro adquiere recursos para fomentar políticas socialistas.

Pero esta maniobra no resulta fortuita para el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, el ministro Martín Guzmán se había negado a utilizar estos recursos e intervenir el Banco Central debido a la presión inflacionaria que deriva directamente de este tipo de políticas arbitrarias.

Para concretar las operaciones, y dado que los DEGs depositados en el Banco Central son del Tesoro y que este debe emplear gastos en pesos, el BCRA compra esos DEGs con una agresiva emisión monetaria y estos recursos son finalmente lanzados a la economía mediante una política fiscal extremadamente expansiva.

Las consecuencias esperables de estas medidas son claras: una mayor presión sobre el dólar en el mercado paralelo, mayor desequilibrio externo, mayor brecha cambiaria, y finalmente una mayor presión inflacionaria.

El kirchnerismo podría desarticular completamente toda la corrección fiscal realizada desde diciembre del año pasado y desequilibrar la economía, pues el sobrante monetario es actualmente el principal problema que enfrenta Argentina.

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Economía

El director del Banco Nación propuso crear un sistema monetario similar al de Cuba

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El economista ultra-kirchnerista Claudio Lozano, nombrado presidente del Banco Nación por Alberto Fernández, propone crear un sistema monetario similar al que tiene Cuba y limitar severamente la compra de dólares en el país.

En el marco de la amplia derrota del kirchnerismo, Claudio Lozano, economista fanáticamente kirchnerista y actual director del Banco Nación, propuso en diálogo con C5N una polémica reforma monetaria en la cual los argentinos perderían la posibilidad de defender sus ahorros comprando dólares.

Lozano propuso instaurar en el país un sistema monetario socialista, similar al que tiene Cuba, donde los ciudadanos pierden el derecho a adquirir divisas extranjeras cuando dispongan de hacerlo, y el Estado se garantiza la base imponible para recaudar el impuesto inflacionario. En otras palabras, propuso la inconvertibilidad más absoluta del peso argentino en cualquier divisa y bajo cualquier tipo de cambio, bajo cualquier instancia.

Dentro del esquema descripto por el economista, se propuso imponer nuevas regulaciones sobre el mercado cambiario para terminar de desdoblar la compra de divisas de la misma forma que en Cuba: una parte legal exclusivamente para el Estado o un cierto grupo minoritario, y el resto de las personas obligadas a operar con una divisa no convertible y de dudoso valor para realizar sus transacciones cotidianas.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación nombrado por Alberto Fernández en enero de 2020.

El principal objetivo de la reforma propuesta es dotar al Estado de una forma de financiamiento compulsiva aún más estricta de la que existe hoy. De esta manera, el Lozano criticó la tenue corrección fiscal que lleva adelante el ministro Martín Guzmán.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, sentenció Claudio Lozano en referencia a la política fiscal de Guzmán.

Lozano aseguró que los subsidios económicos a los servicios públicos “no pueden debatirse” y que se deberá profundizar la política de “transferencias sociales” a partir de un ingreso universal. Este tipo de medidas se tornan prácticamente infinanciables sin un violento incremento de la asistencia monetaria del Banco Central.

Este planteo no es novedoso dentro de las filas del cristinismo fanático, pues la reconocida referente de la izquierda kirchnerista, Fernanda Vallejos, ya anticipó en reiteradas oportunidades que la corrección fiscal de Guzmán es ampliamente incompatible con las preferencias ideológicas de la Vicepresidente.

La debacle electoral del oficialismo impulsó un nuevo cimbronazo interno a nivel ideológico, y cada vez más voces que responden directamente a Cristina Fernández pujan por una nueva radicalización del Gobierno que podría tornarse peligrosa.

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Economía

¿Crisis institucional? El dólar se disparó hasta los $187 y se derrumban las acciones argentinas en Wall Street

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Tras la implosión en el gabinete nacional, y ante las dudas por la continuidad del programa económico, los mercados reaccionaron desfavorablemente y se derramaban los ADRs argentinos en la plaza de Wall Street.

Después de la estrepitosa derrota electoral, el kirchnerismo sigue sin tocar fondo y la implosión del gabinete nacional supone un nuevo cimbronazo. Las dudas sobre la continuidad del programa económico o un cambio en la estrategia con el FMI sembraron pánico en los mercados financieros.

El dólar paralelo llegó hasta los $187, subiendo prácticamente $5 en un solo día. La brecha cambiaria llegó al 78,5% y se vuelve cada vez más incontenible. El alza del dólar también alcanzó a los mercados alternativos, aunque el Banco Central se negó a permitir mayores correcciones sobre el segmento oficial.

Desde el plano financiero, los títulos nacionales en Wall Street registraron pérdidas importantes. La amenaza por una posible radicalización del kirchnerismo sentó las bases para una implosión bursátil de los ADRs.

Edenor registró pérdidas por un 10%, y la misma suerte corrieron las principales entidades bancarias del país, como el Grupo Galicia (-3,3%), Banco Supervielle (-3,6%) y Banco Macro (-4,4%).

La incertidumbre sobre los mercados refleja la falta de determinación del Gobierno de Fernández. Hasta ahora, el ministro Guzmán planteaba una corrección tarifaria para el año próximo, aunque de carácter tenue. Dado el actual caos institucional, estas garantías dejan de ser tan robustas y muchos inversores temen que el Gobierno se incline por medidas abiertamente extremistas.

El Riesgo País también se vio afectado y subió hasta los 1.505 puntos básicos. Tras el endurecimiento de la postura del Fondo Monetario Internacional y la falta de definiciones del Gobierno, la posibilidad de un acuerdo parece algo cada vez más lejano.

Los cambios en el gabinete podrían ser transcendentales para la política económica en materia de tarifas públicas y la gestión de la deuda externa con el FMI, lo cual mantiene en un absoluto estado de alerta a todos los mercados.

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