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Economía

El kirchnerismo miente y asegura que la suba del precio de la soja está generando una “inflación importada” en Argentina

Las autoridades y principales voceros del oficialismo aseguran que el aumento en el precio de la soja está causando una “inflación importada”, desligando al Gobierno de cualquier responsabilidad por los aumentos de precios.

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Después de casi siete meses consecutivos con una tasa de inflación mensual similar al 4%, y en vista del fracaso de las metas de inflación de Martín Guzmán, el oficialismo busca desligarse de cualquier tipo de responsabilidad de los resultados obtenidos. 

Es así que el ministro de Producción Matías Kulfas expresó su preocupación por el comportamiento de algunos precios internacionales. Afirmó que Argentina sufre una suerte de “inflación importada” producida a partir del aumento en el valor de la soja en el mercado internacional.

La soja cotiza arriba de los US$ 602 por tonelada de acuerdo a su medición en el mercado de Chicago, el valor más alto de los últimos nueve años. 

Según el gobierno, la suba de la soja, y de otras commodities que exporta Argentina, se traduce directamente a un aumento del precio de alimentos en el país. Además de que esta mentirosa argumentación no pasa la prueba de que la inflación en alimentos de otros países no sube como la argentina, hay un trasfondo más importante que no se menciona.

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El aumento de la soja es extremadamente beneficioso para el gobierno, a pesar de que Kulfas y otros quieran decir lo contrario.

En Argentina todas las ventas de la soja se liquidan en el mercado interno, contra el Banco Central, a una paridad extremadamente atrasada respecto al oficial y a los segmentos paralelos: $94,13 a la fecha de publicación.

¿Esto que quiere decir? Quiere decir que el Banco Central le compra dólares muy baratos al campo, quienes por ley están obligados a venderle a él, y luego los vende en los segmentos paralelos, estabilizando el precio en el mercado de cambios y sacando un importante rédito económico.

En definitiva, el Estado argentino es subsidiado por el campo exportador, y esta transferencia aumenta a medida que el campo gana más. Esto sin contar las retenciones del 33% que sufren al momento de la venta.

El valor de la soja se encuentra actualmente en máximos históricos, muy similares a los que se registraron en la etapa de mayor bonanza en septiembre de 2012, lo que quiere decir que el gobierno argentino debería tener mejor controlado el tema inflacionario y el tipo de cambio, ya que tiene gracias a los sojeros una gran fuente de divisas baratas.

Este nuevo alto precio para la soja se da en el marco de bajas tasas de interés para el dólar, establecidas por la Reserva Federal como referencia, y una situación de super-liquidación en el mercado, producto de las múltiples inyecciones de dinero con las Leyes de Estímulo Económico de Trump y Biden.

Esto sube el precio de todas las commodities, y los activos financieros en general, ya que “sobra” la plata circulante y las bajas tasas hacen atractiva prácticamente cualquier inversión.

Por lo que se puede esperar que si la Reserva Federal decide empezar a subir las tasas, y Biden empieza a mesurar el gasto público, se revierta en cierto modo esta subida explosiva del precio de la soja. Argentina será la más afectada por esto.

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La economista ultra-kirchnerista Fernanda Vallejos respaldó la línea de pensamiento de Kulfas, y aseguró que el Gobierno debería imponer incluso más controles sobre los precios de los alimentos para contener la inflación. 

El discurso de Vallejos se torna cada vez más radicalizado y explica que, de acuerdo a su punto de vista, Argentina debería implementar cupos de exportación para la carne, aumentar las retenciones para el maíz en un 3%, y desligar los precios internos de su contraparte internacional. 

La “inflación importada” denunciada por el kirchnerismo guarda una íntima relación con la supuesta “inflación de costos”, una explicación para el aumento de precios que fue discutida académicamente entre las décadas de 1960 y 1970, pero que fue abandonada de forma definitiva hace casi 45 años en la teoría económica convencional que actualmente se acepta en el mundo. 

La supuesta importación de la inflación es actualmente denunciada de forma marginal en Argentina y Venezuela, pues el resto de los países de la región apostaron por una explicación moderna para el fenómeno inflacionario: un fenómeno de índole monetario, que se rige por la oferta y la demanda de dinero. 

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Lejos de ser un problema para el país, los altos precios de las commodities y el mayor ingreso en divisas generan un impacto positivo sobre el nivel de reservas internacionales, así como una notoria mejora en la recaudación producida por retenciones y, por lo tanto, una mejora en la recaudación para el Tesoro. 

El BCRA aprovechó la bonanza de precios en el mercado internacional para generar un colchón de reservas destinado a sostener el control de cambios. Solo en el día de ayer, la autoridad monetaria compró cerca del 60% de los dólares que ingresaron al país a causa del boom sojero. 

La estabilidad en la brecha cambiaria será un elemento crucial para determinar la normal liquidación de las exportaciones, pues de producirse mayores modificaciones sobre el mercado cambiario podrían no producirse plenamente. 

El propio ministro de Economía explicó en reiteradas oportunidades que la extensión innecesaria de las fuertes restricciones cambiarias puede ser nociva para el desempeño exportador y, al menos bajo su gestión, el Gobierno buscará mantener relativamente estable el actual nivel de la brecha cambiaria

Pese al optimismo en los mercados, se registró un bajo nivel en las existencias de soja a nivel mundial (no solo en Argentina), lo que podría indicar que la variación del precio de la soja podría estar sujeta a un shock de oferta limitada, y no demanda particularmente fuerte. Aun así, se produjo una creciente reactivación en la demanda de China.  

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Economía

Las nuevas medidas del Gobierno no dan resultados: La inflación tendrá un piso del 6% para el mes de agosto

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Los precios de los alimentos aumentaron un 3% solamente en las primeras dos semanas del mes, y las consultoras privadas estiman que el aumento del IPC no podrá ser inferior al 6%. La media de las expectativas de mercado espera que la inflación alcance el 90% para fin de año.

La llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía generó un cierto clima de estabilidad en torno a las variaciones del dólar en los segmentos paralelos, e incluso en la prima de Riesgo País, pero los precios siguen subiendo violentamente.

El INDEC confirmó que los precios minoristas saltaron un 7,4% solamente en el mes de julio, la variación más drástica desde abril de 2002. El proceso inflacionario no se detuvo, y en las primeras dos semanas correspondientes al mes de agosto se registró un aumento del 2,9% en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, según estima la consultora LCG que dirige Lorenzo Guido.

La inflación para el nivel general de los precios minoristas marcó un aumento intermensual del 6,8% en las dos primeras semanas de agosto, en comparación con el mismo período semanal de julio. A partir de estos datos, la consultora concluye que la variación del IPC para fin de mes difícilmente pueda ser menor al 6%.

La estimación del IPC para la región del Gran Buenos Aires, elaborada por Ecolatina, tuvo un drástico aumento intermensual del 6,3% en los primeros 15 días de agosto. Se marca una ligera desaceleración de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la variación del mes pasado, pero el ritmo al que aumentan los precios sigue siendo el más violento desde 2002.

Para Ecolatina el IPC tendrá una variación final del 6,2% al término de agosto, y de confirmarse este dato la inflación interanual aumentaría al 74,6% en comparación al nivel de precios registrado en agosto de 2021.

Esta cifra no solamente incluye a los alimentos, sino también al valor de las tarifas públicas de referencia, entre ellas la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, las prepagas y los alquileres, entre muchos otros sectores.

Para la consultora Eco Go el pronóstico es similar, y se proyecta un aumento mensual de hasta el 6,5% entre julio y agosto. Estimó que solamente en los primeros 7 días de agosto los precios subieron un 1,5%, el equivalente a la inflación anual en muchos países. Se proyecta que cada semana tendrá un aumento promedio del 1,4% para el nivel general de precios.

La inflación mensual no baja a pesar de las medidas anunciadas por Sergio Massa, y las expectativas para fin de año son cada vez peores. El Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM), que realiza y avala el propio Banco Central, espera que la inflación interanual alcance el 90,2% para diciembre.

Un nivel semejante de inflación acumulada para un periodo de 12 meses no se registraba desde noviembre de 1991. Por otra parte, para el promedio del año 2022 se espera una variación del 83,7% en comparación al año 2021, nuevamente la cifra más alta desde 1991. 

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Economía

Las pérdidas de las empresas estatales de Estados Unidos aumentaron en US$ 6.800 millones desde que Biden es presidente

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El resultado financiero de las empresas bajo la órbita del Estado federal registró el rojo más importante desde 2014. Los demócratas bloquearon la agenda privatista del presidente Trump y no presentan ninguna alternativa.

El desequilibrio fiscal de Estados Unidos a nivel federal continúa reduciéndose a partir de un importante aumento de la recaudación (un efecto que en parte se debe a la inflación), pero el resultado de las empresas patrocinadas por el Gobierno es cada vez peor.

El déficit financiero de las empresas estatales alcanzó los US$ 7.656 millones al término del segundo trimestre de 2022, cuando al inicio de la administración de Joe Biden había prácticamente equilibrio fiscal sobre este sector del Estado. El desequilibrio aumentó en 6.800 millones de dólares en 18 meses.

Este conglomerado de empresas estatales registró superávit por última vez en el primer trimestre del año 2018, y más tarde se convergió al equilibrio en la segunda mitad de 2019, durante la gestión del presidente Donald Trump.

Resultado financiero de las empresas estatales del Gobierno federal estadounidense.

Si bien Estado Unidos no se caracteriza, ni jamás se caracterizó, por una gran cantidad de empresas nacionalizadas, el Gobierno federal posee participación total o mayoritaria sobre empresas de transporte urbano, servicios de distribución eléctrica, bancos, servicio postal, aeropuertos y compañías destinadas a estimular el crédito, entre otras posesiones.

El desequilibrio registrado al término del primer semestre del año equivale a un modesto 0,03% del PBI, pero ya es la cifra más importante desde el segundo trimestre de 2015. Desde la década de 1980 los gobiernos federales se preocuparon por evitar, en la medida de lo posible, la ineficiencia y la pérdida de utilidades por parte de las empresas patrocinadas por el Gobierno, pero Biden promete ser una excepción.

Los demócratas bloquearon todas y cada una de las iniciativas del presidente Trump para privatizar un gran número de empresas estatales. Entre otras propuestas, Trump pretendía privatizar aeropuertos internacionales, el control del tráfico aéreo, el servicio postal más importante del país, la Autoridad del Valle de Tennessee, e incluso Fannie Mae y Freddie Mac.

A diferencia de lo que ocurrió en la presidencia de Barack Obama en 2009, cuando el Gobierno federal emprendía la estatización de bancos y empresas automotrices y solo de manera transitoria hasta 2012, el creciente déficit registrado en 2022 no se debe a estatizaciones temporales por la crisis económica, sino que obedece a las empresas ya existentes. 

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Cuba

La dictadura castrista anunció la flexibilización del auto-bloqueo y levanta restricciones a la inversión extranjera

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En respuesta al progresivo colapso de la economía socialista, la dictadura de Miguel Díaz-Canel impulsó la apertura a la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, sectores que hasta ahora se encontraban auto-bloqueados por la isla desde 1959.

La crisis económica en Cuba genera una fuerte presión para llevar adelante una agenda reformista. La dictadura socialista de Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba permitirá la inversión extranjera directa sobre el comercio minorista y el mayorista.

Hasta ahora, el Estado cubano guardaba un celoso control de estos sectores y monopolizaba la oferta de bienes y servicios a nivel minorista y mayorista. La reforma levanta el auto-bloqueo que imponía la dictadura sobre su propio país, permitiendo que puedan ingresar firmas extranjeras para así ampliar la disponibilidad de oferta de bienes.

Es la primera vez desde 1959 en que empresas privadas internacionales podrán realizar inversiones en la isla, siendo que el propio Fidel Castro se ocupó de boicotear el flujo de capitales y aisló el país con respecto al mundo.

“La inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, con regulación estatal, permitirá la ampliación y diversificación de la oferta a la población y contribuirá a la recuperación de la industria nacional”, explicó el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil.

La nueva flexibilización regulatoria sigue la misma línea adoptada en la década de 1990, cuando la dictadura atravesaba una situación de colapso en lo que se denominó “período especial”, y en el cual se aplicaron ciertas reformas parciales.

Las empresas extranjeras adquirieron la posibilidad de invertir en el sector manufacturero de Cuba a partir de 1995, y más tarde se levantaron las prohibiciones para la inversión en la oferta de servicios.

La emergencia económica nuevamente se vuelve a convertir en un foco de presión para las reformas. El régimen maximizó los desequilibrios fiscales y monetarios a partir del año 2020, una situación que desencadenó la peor crisis en 27 años.

El déficit fiscal aumentó al 17,7% del PBI, una cifra financiable con recursos genuinos o deuda pública, por lo que la única herramienta fue la emisión monetaria. El Gobierno se vio obligado a abandonar la convertibilidad entre la moneda local y el dólar, y unificó el mercado cambiario.

La inflación “oficial” alcanzó el 77,3% interanual en diciembre de 2021, pero esta cifra no resulta representativa porque la dictadura cubana establece un férreo control de precios que agotó la oferta de productos en las góndolas. En respuesta al desabastecimiento generalizado, los precios de los bienes en los mercados informales registraron una inflación que superó el 6.900% en 2021.

El espiral inflacionario generó un profundo malestar social que obligó a la dictadura a ofrecer algún tipo de respuesta desesperada para ampliar la oferta de bienes en la isla, y aminorar el desabastecimiento.

La emisión monetaria descontrolada y la represión financiera ejercida por la dictadura socialista generaron escasez sobre alimentos básicos de primera necesidad e incluso sobre los productos para uso medicinal, dejando en tela de juicio el supuesto prestigio de la medicina en Cuba. 

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