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Economía

El kirchnerismo retiró recursos a los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Hábitat para sostener con vida a las empresas públicas

Alberto Fernández priorizó sostener el funcionamiento de las empresas estatales deficitarias, en detrimento de gastos sociales y de salud. Con el DNU 975, se resolvió recortar estas partidas para lo que queda del año.

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El Presupuesto de este año, administrado de facto por el Gobierno kirchnerista luego de arrogarse poderes extraordinarios a principios de año, sufrió nuevas modificaciones en algunas partidas hasta fin de año. 
El creciente déficit de las empresas del Estado se volvió un dolor de cabeza para Alberto Fernández, quien decidió atender a las necesidades operativas de estas compañías, y resignar a cambio recursos valiosos que se habían pensado destinar anteriormente en gastos sociales, sanitarios y en cuestiones de hábitat

De esta manera, el decreto 975 resuelve una limitación al presupuesto asignado por el Gobierno para este año para las tres partidas en cuestión, a pesar de que, según el mismo Presidente, el país continúa en emergencia sanitaria y que la pobreza alcanzó el 44,2% de la población, acorde al último informe de la UCA. 

Las prioridades del kirchnerismo se focalizan en dotar al Estado de los recursos necesarios para preservar su estructura inalterada, aun cuando la tensión económica y social está al borde del colapso. 

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Para el caso específico del ministerio de Desarrollo Social, que preside Daniel Arroyo, se eliminaron por decreto un total de $4.814 millones, casi el 2% del monto total asignado anteriormente. 

Este dinero dejará de emplearse en ayudas sociales o programas de diversos tipos, para salvar a las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas o YPF de la quiebra.
En total, la asistencia financiera (no solamente necesidades las corrientes) para las empresas públicas alcanzaría los $22.942 millones en lo que resta del año. 

Estos recursos serían captados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que actualmente dirige Matías Kulfas.
Se estima que las empresas del sector público necesitan $557 millones por día tan solo para funcionar de la manera en la que hoy funcionan.

Este monto es un 60% más alto que en el año pasado, lo que implica que en términos reales el peso de las pérdidas se hizo más notable en el déficit total.

Hacia el tercer trimestre del año, el Estado había destinado oficialmente casi $124.040 millones en concepto de transferencias corrientes y subsidios para sus empresas

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Sin embargo, se realizaron una gran cantidad de transferencias de capital contabilizadas como tales, pero cuya naturaleza verdadera eran subsidios. De esa manera, se alcanza el dato de $557 millones al día. 

Las tarifas políticas de muchas de estas empresas resultan en un tenue beneficio para algunos, pero una gran cantidad de costos para la sociedad en general. El Gobierno se propone retomar el ajuste tarifario para el 2021, acorralado por la distorsión en los precios relativos y las pérdidas millonarias. 

Además de subsidios millonarios y transferencias desmedidas, el Gobierno propone exonerar a las empresas públicas del pago del impuesto al cheque, un reclamo que venía haciendo el sector privado desde hace años, pero con poca trascendencia en las sucesivas administraciones. 

De esta manera, la iniciativa busca reducir enormemente la carga del impuesto para los servicios públicos, pero solamente en aquellas empresas prestadoras en donde el Estado posea una participación accionaria de por lo menos 80%.  


El documento oficial del decreto.

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Economía

La inflación de Venezuela cerró el 2021 en el 686% y continúa siendo la más alta del mundo

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El Banco Central de Venezuela reveló que los precios subieron un 7,6% solamente en diciembre, acumulando así una dramática inflación del 686,4% anual. Aun así, se registra una fuerte caída de la inflación desde 2019.

Según las cifras oficiales de la autoridad monetaria venezolana, los precios al consumidor subieron un 7,6% en el mes de diciembre, cuando ya habían aumentado un 8,4% en noviembre y un 6,8% en octubre. La situación no es estable: la inflación anual para el 2021 llegó al 686,4% y sigue siendo la más elevada del mundo.

Aún así, Venezuela registró una fuerte desaceleración de la inflación en los últimos años, pasando del 2.750.118% en 2018 a 7.374% en 2019, 3.713% en 2020 y finalmente 686,4% en 2021. El país salió de la hiperinflación si comparamos contra otros episodios históricos, pero el régimen chavista aún está lejos de contener el drama inflacionario.

Entre otras medidas, la dictadura de Nicolás Maduro se vio obligada a flexibilizar los controles cambiarios desde 2018 al verse totalmente agotadas las reservas del BCV. Se ablandaron las medidas para la circulación de diversas divisas, siendo el dólar la más utilizada por la gente, y se liberalizó mayormente el mercado de cambios.

Sin embargo, y a pesar de que la situación inflacionaria recuperó cierta vehemencia, la actividad económica de Venezuela se encuentra en un nivel crítico. Según las estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el PBI se derrumbó hasta un 89% entre julio de 2014 y junio de 2020, una tendencia que solamente se vio interrumpida por un muy débil rebote desde septiembre del 2020.

Venezuela registró una depresión económica prolongada incluso superior a la que vivió Estados Unidos en la década de 1930, pero al mismo tiempo sufrió una cruenta espiralización de precios por un período de tiempo que sobrepasó a otros episodios de la experiencia regional e internacional. La hiperinflación de Venezuela fue una de las más prolongadas en la historia económica mundial, lo cual ya la hace un caso de estudio muy particular.

Evolución de la actividad económica y la inflación mensual en Venezuela.

Por otra parte, la elevada inestabilidad fue prácticamente inmanejable para las autoridades del régimen socialista. El Estado venezolano actualmente controla de forma directa los principales sectores estratégicos de la economía, como la electricidad, el petróleo y el gas, la distribución de agua potable, el transporte público, las telecomunicaciones, la producción de cemento, la producción siderúrgica, los puertos e incluso fueron expropiados latifundios y tierras anteriormente privadas.

Al mismo tiempo, el mismo Estado venezolano mantiene férreas regulaciones sobre la mayor parte del aparato productivo del país, interviniendo en prácticamente todos los mercados y todas las actividades.

Sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional las erogaciones del Estado venezolano fueron sistemáticamente consumidas por la inflación. Esta fue la causa por la cual, de representar cerca del 50% del PBI en 2014, el Estado pasó a significar una cifra cercana a solamente el 10% en 2021, pasando por otro pico del 48% del PBI en 2018.

La inestabilidad hizo prácticamente imposible planificar los presupuestos y maniobrar las finanzas públicas con rigurosidad, además de destruir completamente la recaudación genuina de impuestos. Los precios aumentaron a una velocidad tan elevada, que los rezagos naturales que tiene cualquier Estado para percibir la recaudación tributaria fueron suficientes como para provocar una importante pérdida en términos reales de todo ese dinero recaudado.

El régimen socialista entró en una profunda situación de colapso sobre sí mismo, distorsionando e impidiendo maniobrar al núcleo económico del sistema chavista: la planificación centralizada de la economía.

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Economía

La inflación del 2021 fue la segunda más alta desde la hiperinflación de los 80s y llegó al 50,9%

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El INDEC reveló que los precios al consumidor se dispararon un 50,9% durante el año 2021, siendo el segundo brote inflacionario más elevado desde 1991. El presidente Fernández minimizó el problema y elogió el trabajo de Roberto Feletti.

Como preveían la mayoría de las consultoras privadas en el país, y acosta de las proyecciones del ministro Martín Guzmán, la inflación anual del 2021 cerró en el 50,9% y fue el segundo aumento de precios más alto desde 1991, solo por detrás del año 2019.

Solamente en el mes de diciembre los precios aumentaron un 3,8%, pese a los numerosos controles llevados a cabo por Roberto Feletti desde la Secretaría de Comercio, el congelamiento casi absoluto de las tarifas de servicios públicos, y el atraso del tipo de cambio oficial junto con el incremento de la sangría de reservas del BCRA. Ninguno de estos elementos fue capaz de contener al fenómeno inflacionario.

El grueso del aumento de precios en diciembre se produjo a partir del rubro de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron un alza mensual del 4,3%. Dentro de este grupo de productos, destacó el fuerte aumento del precio de la carne, a pesar de todas las medidas contra la exportación que impulsó Alberto Fernández.

La inflación núcleo, aquella que no tiene en cuenta a determinados bienes y servicios de alta volatilidad como la energía, fue del 4,4% en el mes de diciembre y superó al promedio general con comodidad.

Los resultados cosechados para el 2021 fueron dramáticos en relación a lo que esperaba el oficialismo. El ministro de Economía Martín Guzmán defendió enérgicamente su meta del 29% en la primera mitad del año pasado, aunque poco a poco los datos de inflación terminaron por acorralarlo y debió admitir el fracaso de la proyección oficial.

En un principio Guzmán concluía, con una aparente seguridad y parsimonia, que la caída de la tasa de depreciación en el tipo de cambio oficial terminaría impactando inexorablemente sobre el nivel de precios. La apreciación del tipo de cambio oficial se mantuvo en este esquema durante todo el año tal y como prometía Guzmán, pero en la realidad la inflación no cedió como lo prometía el Ministro.

La falta de credibilidad de las metas de Guzmán no solo se limitó al ámbito de las consultoras privadas, sino que numerosos economistas de renombre como el propio exministro de Economía Domingo Cavallo plantearon que serían completamente imposibles de alcanzar.

Cavallo pronosticó una inflación en torno al 50% anual para 2021, y su estimación fue extremadamente acertada. Incluso a pesar de la confrontación de algunos economistas fanáticamente kirchneristas, el pronóstico de Cavallo terminó siendo correcto y finalmente los economistas del kirchnerismo terminaron por quedar en ridículo.

El presidente Fernández minimizó la responsabilidad de su Gobierno por la elevada inflación, y resaltó una supuesta “senda descendiente” sobre la evolución de los precios, algo que permanece completamente ausente en todos los análisis de las consultoras privadas y organismos internacionales.

Además, el Fernández destacó el trabajo de Roberto Feletti y sus variados controles de precios sobre una amplia gama de productos de todo tipo. Sin embargo, todos los empeños reguladores de Feletti fueron completamente superficiales y no pudieron evitar que la inflación volviera a niveles récord desde la salida de la Convertibilidad.

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Economía

El Banco Central anunció la prohibición de la importación de autos de lujo a través del mercado oficial

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La nueva normativa anunciada por el Banco Central impedirá a todas las automotrices la posibilidad de importar autos de alta gama a través del tipo de cambio oficial, y esta potestad quedará limitada al Estado y sus dependencias.

La falta de reservas en el Banco Central lleva a una posición crítica para seguir sosteniendo el cepo cambiario a la paridad oficial actual. La autoridad monetaria tomó una medida extrema y desesperada con el fin de ahorrar divisas: las automotrices no podrán importar autos de alta gama por el mercado oficial.

Las autoridades del BCRA les comunicaron a las automotrices que ya prácticamente no queda ni un solo dólar para hacer frente a las importaciones pertinentes al sector, por lo que hay peligro de desabastecimiento sobre el mercado si no se encuentran mecanismos para acceder a divisas por otros medios.

La industria automotriz buscará hacerse de préstamos con sus proveedores o sus casas matrices a lo largo del mundo con el fin de conseguir, al menos en el corto plazo, el financiamiento para hacer frente a las importaciones.

Los autos de lujo solamente podrán ser importados por el Estado a través del dólar oficial, pues las normativas no afectarán a organismos dependientes de fondos públicos, entidades estatales y empresas completamente públicas o con participación mayoritaria del Estado.

De esta forma, la entrada de este tipo de vehículos quedará severamente restringida. Las medidas mantienen dos enfoques marcadamente distorsivos; por un lado, se busca postergar todo lo posible la devaluación cambiaria en el mercado minorista, y por otro se implementa una agresiva política proteccionista.

El Estado argentino considera como “auto de lujo” a todo vehículo con un valor igual o superior a los US$ 25.000 al dólar oficial desde el comienzo del año, cuando durante todo el 2021 esta cifra rondaba los US$ 35.000.  

Por su parte, se verán afectados solamente los vehículos para uso personal o para transporte de pasajeros, pero no así los vinculados a las fuerzas de seguridad, ni los bienes de capital vinculados a la industria o los vehículos diseñados para el transporte de cargas.

Como se señaló desde La Derecha Diario, el Banco Central ya no dispone de reservas líquidas para hacer frente al cepo cambiario. El desarme de la posición de oro en espera de la próxima liquidación de la cosecha gruesa es la última jugada desesperada del Gobierno para seguir postergando una devaluación que parece inminente.

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