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Economía

El lastre de las empresas públicas: Aerolíneas Argentinas le costó a la sociedad US$ 669 millones

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La aerolínea estatal demostró ser un fracaso operativo y sus pérdidas debieron ser trasladadas a la sociedad. Aún así, el kirchnerismo anunció tarifas mínimas en el mercado para encarecer los viajes a los usuarios y tratar de sacar a flote a la empresa.

Las empresas públicas en Argentina se transformaron en un lastre para la sociedad, que supone pérdidas millonarias a través de amplios subsidios y privilegios que reducen la competencia. Aerolíneas Argentinas (AR) le costó al país US$ 669 millones en el 2021, la pérdida más grande desde 2013.

Los subsidios para la gigante estatal fueron incluso superiores a los que inicialmente se habían proyectado en el Presupuesto de este año. La empresa perdió cerca de $176,5 millones cada día, demostrando ser completamente disfuncional.

AR enfrenta importantes problemas logísticos a raíz de una estructura desproporcionadamente grande, y con un nivel de productividad que es inferior a muchas otras empresas que son de competencia en el mercado. El exceso de personal o la pésima asignación y gestión de recursos, son solo algunos factores que explican las pérdidas siderales que enfrenta la empresa.

Para afrontar la situación, la única alternativa factible sin modificar la estructura de AR constituye una revisión de los precios de las tarifas. Sin embargo, esta acción dejaría fuera del mercado a la empresa, debido a que existen competidores que ofrecen mejores servicios a un costo mucho más bajo que Aerolíneas.

El kirchnerismo, consciente de esta situación, decidió rescatar a la empresa estatal y determinó fijar tarifas mínimas para así encarecer a la fuerza el precio final percibido por los usuarios. Esta decisión busca sacar a flote a AR, a costa de los usuarios argentinos que se verán más lejos de poder viajar. Estos últimos no serán ninguna prioridad para el oficialismo.

Las llamadas empresas low-cost, que significaron una oportunidad para viajar por primera vez en el caso de muchas personas, ahora serán severamente afectadas tras las disposiciones del kirchnerismo. En última instancia, los consumidores serán los principales damnificados.

Los usuarios argentinos no solamente deben costear cada año subsidios económicos millonarios para sostener las operaciones de las empresas públicas, sino que además enfrentarán nuevas regulaciones que limitan la competencia y encarecen el acceso a los servicios que las empresas estatales ya no están en condiciones de poder prestar.

Desde diciembre de 2019, el Gobierno kirchnerista desplegó un arsenal de limitaciones y regulaciones para dar marcha atrás con la llamada “apertura de los cielos” presentada por la gestión anterior. La agenda kirchnerista limitó la competencia, encareció los precios y abortó la posibilidad de viajar para miles de personas.  

Economía

Nuevo disparo del dólar blue: alcanzó un nuevo récord histórico a $219

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La brecha cambiaria con el dólar oficial se amplia cada vez más.

El dólar blue vuelve a sorprender con un nuevo récord histórico este viernes alcanzando los $214 para la compra y a $219 para la venta.

De todos los aumentos, este ha sido el mayor que la divisa dio en un día desde el 10 de noviembre cuando la cotización aumentó $5,50 en 24 horas.

Durante esta semana la divisa comenzó en $209 y la termina con $10 más, dejando una brecha con el dólar mayorista de 109,90%. Por otro lado, en la mayor parte del país, el blue alcanza hasta los $221.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 5 de diciembre

Qué sucederá con el riesgo país

Con esta situación que se vive actualmente con el dólar en el último día hábil de la semana, el riesgo país alcanzó los 1914 puntos y señala un máximo desde la reestructuración de deuda que realizó el Gobierno en 2020.

Por otra parte, antes de las 16 horas, los bonos argentinos en dólares perdían entre 0,3% (AL30D) y 4,6%.

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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