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Economía

Cómo Margaret Thatcher liberó la economía británica y terminó con el desastre del laborismo

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Un día como hoy nacía la ex primera ministra Thatcher, responsable de una histórica renovación del liderazgo conservador en el Reino Unido y de emprender las reformas necesarias para modernizar la economía en sintonía con el Consenso de Washington.

Hace 98 años nacía Margaret Thatcher en la ciudad de Grantham, en el condado de Lincolnshire. Su polémico liderazgo al frente del Partido Conservador del Reino Unido permitió sentar las bases de la transformación económica más importante del siglo XX, que disparó un cambio en la manera de ver la economía no solo en Gran Bretaña si no que en todo el mundo, demostrando el fracaso de las políticas intervencionistas y dirigistas para dar paso a una economía de mercado.

Bajo su administración, el Reino Unido logró superar los episodios de estanflación crónica y logró modernizarse como nunca antes. La inflación fue controlada, se privatizaron decenas de empresas estatales, la economía se desreguló y se desmantelaron las barreras al comercio exterior.

Todo esto fue fundamental para consolidar un proceso de crecimiento genuino, tras el desastre que dejó el laborismo hacia la segunda mitad de la década de 1970.

Boom económico y mejora generalizada de las condiciones de vida para la sociedad

La actividad económica real acumuló un crecimiento del 31% entre mayo de 1979 y noviembre de 1990, mientras que la producción industrial se expandió en un 10% después de casi siete años de estancamiento desde la crisis de 1973.

Thatcher sentó los precedentes de la economía moderna, sus reformas trascendieron su Gobierno y fueron mayormente mantenidas y convalidadas por las sucesivas administraciones de los “nuevos laboristas” a partir de 1997, que no les quedó otra opción que emular sus políticas económicas para lograr el voto popular.

Cuando la propia Thatcher fue interpelada para responder cuál consideraba como el principal logro de su gestión, simplemente respondió: “Tony Blair y el nuevo laborismo. Hemos obligado a nuestros adversarios a cambiar de opinión”.

La tasa de pobreza del Reino Unido medida por el Banco Mundial en 20 dólares al día ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPP) cayó del 45,5% al 27,2% durante la gestión de Thatcher. Los beneficios del crecimiento económico beneficiaron a todos los sectores de la sociedad.

Reforma del Estado y eliminación del déficit fiscal

Al momento de asumir la gestión, el Reino Unido atravesaba una crisis fiscal heredada del viejo laborismo británico. La principal fuente de financiamiento del déficit fiscal era la monetización del Banco de Inglaterra a través de la emisión y los giros al Tesoro, habiendo agotado los importantes superávits fiscales de la década anterior incluso a pesar de la excesiva presión tributaria. 

El programa de Thatcher llevó a cabo una profunda reforma del Estado para bajar las tasas impositivas, alentar el crecimiento económico de largo plazo con políticas de oferta (en contraste con las políticas de demanda promulgadas por los laboristas), y disminuir el peso del sector público en la economía británica.

El gasto público total del Reino Unido se redujo del 41% del PBI en 1979 al 34,8% para el año 1990, el mayor ajuste presupuestario de la historia británica desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, desde 1988 se eliminó completamente el déficit fiscal financiero (incluyendo el pago de intereses de deuda), y entre 1989 y 1990 el Estado registró superávits mayores al 1,5% del PBI. Esto permitió estabilizar el stock de la deuda pública y moderar la carga de los intereses.

Al mismo tiempo fueron rebajados los principales impuestos responsables de la recaudación nacional. La tasa marginal máxima del impuesto a las Ganancias cayó del 98% al 40% entre 1977 y 1990, mientras que la tarifa nominal promedio descendió del 72% al 32,5% en el mismo período. La tasa más baja del impuesto a la renta disminuyó del 40% al 25%, por lo que la totalidad de los contribuyentes percibieron la rebaja impositiva.

La tasa más elevada del impuesto a la herencia se redujo del 75% al 40% entre 1982 y 1986, y esta reforma prevalece hasta el día de hoy. La carga tributaria para las utilidades no distribuidas de las grandes empresas se redujo del 52% al 35%, mientras que para las pequeñas y medianas la tasa cayó del 40% al 25%.

Liberalización de precios y combate a la inflación

La administración Thatcher desarticuló el arsenal de regulaciones y controles que habían sido impuestos por los sucesivos Gobiernos laboristas para tratar de contener (sin mayor éxito) el aumento de los precios. El Gobierno conservador abolió los controles de precios pautados por la Comisión de precios y la Junta de Pagos en julio de 1979, y estos organismos fueron finalmente desmantelados ley de competencia de 1980. 

Hacia octubre de 1979 la administración decidió eliminar completamente todos los controles cambiarios que aún operaban en el país. Hasta entonces, regía la Ley de control de cambios de 1947 aprobada por los laboristas, que desde la gestión del exministro Harold Wilson restringía la cantidad de libras que podían retirarse del país o la cantidad de divisa que podían adquirirse.

Estas medidas provocaron un sinceramiento de precios que desembocó en un salto del IPC de casi 5% en julio de 1979, y la inflación escaló al 22% interanual en mayo de 1980. Una vez eliminadas las distorsiones heredadas del laborismo, el Gobierno emprendió un estricto programa de ajuste monetario para limitar la oferta de dinero y mitigar la inflación. 

La inflación retrocedió a un solo dígito a partir de febrero de 1982, y promedió el 5% entre 1983 y 1990. El programa económico de Thatcher permitió volver a anclar las expectativas inflacionarias, permitiendo una gran moderación de la nominalidad que perduró hasta la llegada de la pandemia en 2020.

Las masivas privatizaciones

La economía del Reino Unido atravesó un ambicioso proceso de modernización a través de la privatización de los principales servicios públicos. Se desmanteló el “Estado empresario” como interventor activo en la economía, para limitarse a una función estrictamente subsidiaria y garante de reglas de juego estables para la iniciativa privada. 

Las privatizaciones más importantes conectadas por la administración de Margaret Thatcher:

  • Aeroespacial británica (1981)
  • Puertos británicos asociados (1983)
  • Telecomunicaciones británicas (1984)
  • Caja de Ahorros Fiduciaria (1985)
  • Empresa petrolera Britoil (1985)
  • Helicópteros de British Airways (1986)
  • Empresa de Gasolina británica (1986)
  • Rolls Royce (1987)
  • Autoridad de Aeropuertos Británicos (1987)
  • Empresa tecnológica ISTEL (1987)
  • Autobús Leyland (1987)
  • Aerolíneas británicas (1987)
  • Conglomerado automotriz Leyland (1988)
  • Ingeniería ferroviaria británica (1988)
  • Empresa de Acero Británico (1988)
  • Empresa Nacional de Autobuses (1988)
  • Empresa británica de fabricación naval (1989)
  • Red de distribución de agua en Inglaterra y Gales (entre 1989 y 1990)

El exministro de Hacienda Nigel Lawson, lamentablemente fallecido el pasado 3 de abril, fue una pieza clave para consolidar el proceso de privatizaciones. Fue considerado como una de las figuras más prominentes del gabinete de Thatcher. También contribuyó en aspectos técnicos para la reforma del sistema impositivo, la abolición de los controles cambiarios y el ordenamiento de las finanzas públicas.

Argentina

De la mano del superávit financiero, Toto Caputo anunció rebajas de impuestos y de aranceles para la industria automotriz

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El ministro de Economía impulsó una rebaja de tributos y aranceles sin precedentes para liberalizar el mercado de los autos en Argentina.

Este viernes, el ministro de Economía Luis Caputo pateó el tablero con un fuerte anuncio en favor de los argentinos. A través de sus redes sociales, anunció un paquete de reducciones impositivas destinadas a brindar mejores condiciones de competitividad a las fábricas y autopartistas en cuanto a sus exportaciones.

Las medidas, tomadas apenas 15 días después de su reunión con los ejecutivos de las terminales automotrices agrupadas en ADEFA, están diseñadas para reducir aranceles e impuestos con el objetivo de mejorar las condiciones de producción en el sector automotor argentino.

Durante la reunión, las fábricas locales expresaron su preocupación por la elevada carga impositiva que afecta a la industria nacional y su falta de competitividad frente a los fabricantes de la misma marca en otros países. Estas medidas están principalmente orientadas a fortalecer las exportaciones.

El ministro de Economía destacó "una rebaja de aranceles e impuestos dirigida a beneficiar a un sector que representa el 10% de la producción total industrial y que genera más de 75,000 empleos".

Caputo también señaló que se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales, un beneficio que estaba en vigor desde 2021 y que se aplicará a aquellos fabricantes que superen sus volúmenes de ventas al exterior año tras año. Además, anunció la sistematización y digitalización del régimen de Reposición de Existencias (Repostock).

Esta medida tiene como objetivo proporcionar un incentivo a las empresas que aumenten sus exportaciones con respecto al año 2020, eximiéndolas del pago del 4,5% de aranceles de importación habitual sobre el porcentaje de exportaciones que representen un incremento.

La digitalización del proceso de producción y stock, como parte del Régimen de Reposición de Existencias, aborda una preocupación fundamental del sector autopartista al permitir la discriminación entre las partes destinadas a la exportación y las destinadas al mercado interno. Esto facilitará la aplicación de reducciones o exenciones de impuestos y aranceles sobre las mercaderías producidas para exportar, lo que beneficiará a los fabricantes de autopartes.

En este sentido, el ministro de Economía destacó que estas medidas posibilitarán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos, lo que resultará en una disminución del costo de las autopartes nacionales destinadas a la exportación.

En cuanto a los aranceles específicos, mencionó que los aranceles de moldes de metal utilizados por la industria automotriz se reducirán del 35% al 12,6%, mientras que los aranceles de moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%.

Aunque el anuncio no especifica el monto exacto de la reducción ni la fecha exacta de entrada en vigencia, estas medidas representan un paso significativo para mejorar la competitividad del sector y promover las exportaciones de autopartes argentinas.

La decisión de reducir la carga impositiva sobre los moldes y matrices para fabricar autopartes busca incentivar la inversión en la industria autopartista local y promover la instalación de nuevas empresas en Argentina. Anteriormente, los altos impuestos asociados a estos componentes hacían más conveniente importar repuestos terminados desde otros países, como Brasil o China. Esta reducción de costos contribuirá a hacer más competitiva la producción nacional de autopartes y a fomentar la fabricación local.

Además, la medida de homologar los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos (LCM) con Brasil a partir de junio reducirá la duplicación de ensayos entre ambos países. Esto no solo impactará en la reducción de costos de homologación de nuevos modelos de autos, sino que también agilizará el proceso al eliminar la necesidad de realizar pruebas redundantes en ambos países.

En consecuencia, esta medida no solo beneficiará a la industria automotriz en términos de costos y eficiencia, sino que también facilitará el comercio entre Argentina y Brasil en este sector.

Vemos como una excelente señal las medidas que enumero el Ministro de Economía, Luis Caputo. Forman parte del trabajo que veníamos realizando de manera conjunta con el fin de contar con herramientas que contribuyan a mejorar la competitividad exportadora de la industria automotriz”, destacó Martín Zuppi presidente de ADEFA.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Economía

El esfuerzo vale la pena: La inflación núcleo cerró en 0% en las últimas cuatro semanas, la variación más baja desde 2013

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Las estimaciones semanales del Alphacast sugieren un fuerte derrumbe de la tasa de inflación, como resultado del ajuste fiscal y monetario que está llevando a cabo el Gobierno. El esfuerzo que está realizando el pueblo argentino es titánico, y ya se están vislumbrando los primeros resultados.

La desaceleración inflacionaria se hace cada vez más evidente en la realidad cotidiana. El equipo económico del oficialismo, encabezado por Luis Caputo desde el Ministerio de Economía y Santiago Bausili desde el Banco Central, está ejecutando el ajuste fiscal y monetario más importante de los últimos años y probablemente uno de los más drásticos de toda la historia argentina.

Los precios aumentan a un ritmo cada vez más bajo. Todas y cada una de las mediciones públicas y privadas convalidan esta tendencia que parece imparable. El sondeo semanal de la tasa de inflación núcleo de Alphacast estima una variación cercana al 0% como promedio de las últimas cuatro semanas (al cierre de la tercera semana de abril con respecto a la misma semana de marzo).

No se veía una variación semejante para ningún promedio de cuatro semanas desde que comenzó a medirse la serie de inflación de Alphacast a partir de 2013 (en respuesta a la falta de datos por la intervención del INDEC en ese entonces).

La tasa de inflación núcleo estrictamente medida entre la segunda y la tercera semana del mes de abril fue negativa en hasta un 1,8%, mientras que los precios al consumidor cayeron ligeramente un 0,8%. El IPC mensual arrojó una suba del 7,6% con respecto a marzo, y la tasa de inflación interanual fue del 299,8%. Este panorama muestra de primera mano el rotundo éxito que está cosechando el Gobierno en la lucha contra la inflación.

Analizando la composición de los aumentos inflacionarios, la tendencia hacia la estabilización se hace aún más notoria. Según explica el economista co-fundador de Alphacast, Luciano Cohan, entre diciembre y febrero cerca del 90% de las categorías de precios relevados en el índice marcaban aumentos superiores al 10%. En cambio, para el mes de abril, aproximadamente un 25% de los precios relevados registraron rebajas, y un umbral del 50% no registró subas superiores al 1%.

La tendencia de las series oficiales y mensuales de la inflación también arrojan resultados sumamente optimistas. El IPC minorista arrojó una suba superior al 25% en diciembre, y los precios mayoristas llegaron a aumentar hasta un 54% en ese mismo mes. 

Para el término de marzo, la variación del IPC se redujo al 11% y el salto de los precios mayoristas superó ligeramente el 5%. En otras palabras, el equipo económico logró tumbar la hiperinflación que había dejado plantada el kirchnerismo en los últimos meses de la gestión massista. Todo esto se consiguió al mismo tiempo en que fueron eliminados todos los controles de precios en supermercados y grandes comercios de referencia.

Estos resultados no fueron sino el efecto natural de las medidas que rápidamente se pusieron en marcha a partir del 10 de diciembre del año pasado. El Sector Público Nacional (SPN) sumó hasta 3 meses consecutivos con superávit financiero (después del pago de intereses).

Por su parte, el Banco Central ejecutó un proceso de saneamiento implacable mientras que se logró contener la expansión de los agregados monetarios (los aumentos no se convalidaron con nueva emisión de pesos).

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Economía

Las prepagas empiezan a bajar los precios: OSDE anunció una reducción del 22% con respecto a la factura de marzo

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Tras la resolución del Gobierno que obliga a las prepagas a retrotraer sus precios como penalización a conductas anticompetitivas, los usuarios comenzarán a percibir prontamente las primeras rebajas correspondientes al mes de abril. Se apunta a extender las medidas sobre un total de 23 entidades.

El Gobierno del Presidente Javier Milei anunció medidas contundentes para penalizar cualquier tipo de práctica anticompetitiva en el mercado de la medicina prepaga. La cartelización de las principales empresas con poder de mercado se afianzó en los últimos años, como resultado natural del deterioro de la competencia por fuertes restricciones a la entrada de nuevos actores en el mercado.

La Secretaría de Comercio intimó a las prepagas más representativas del mercado para que retrotraigan sus precios, y aplicar una ajuste mensual máximo equivalente a la variación del IPC durante los próximos 6 meses. Las entidades afectadas fueron las siguientes:

  • OSDE
  • Galeno
  • Hospital Británico
  • Hospital Alemán
  • Medifé
  • Swiss Medical
  • Omint
  • Unión Argentina de Salud (UAS)

Estas entidades concentran aproximadamente hasta el 75% de la participación del mercado de la salud privada. La primera en acatar el amparo del Gobierno fue OSDE, que ya anunció una reducción de la cuota mensual a sus afiliados de hasta el 22% con respecto al mes de marzo.

La presunta cartelización en el mercado es actualmente investigada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que opera aplicando las mismas reglas de juego que en cualquier economía moderna.

Argentina se incorpora así al marco regulatorio que se aplica en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. A partir del DNU 70/2023 se dispuso la desregulación de los precios de la medicina privada, es decir, dejaron de existir los controles arbitrarios por mera justificación de “políticas de ingresos” como ocurría hasta ahora. Este tipo de prácticas solo se limitan a un grupo muy marginal de países con economías socialistas y reprimidas.

Muy por el contrario, las medidas adoptadas en contra de la cartelización no pretenden intervenir arbitrariamente sobre los precios como un mecanismo para controlar la inflación (como se hacía antes). 

El objetivo exclusivo de las penalizaciones es combatir la cartelización, generar algún tipo de incentivo que sea capaz de disuadir a las empresas de incurrir en este tipo de prácticas, y en este sentido las medidas anunciadas no tienen un carácter universal. Podrían también haberse adoptado otras alternativas, como por ejemplo multas directas o requisitos de desinversión para entidades muy grandes.

El amparo que presentó el Gobierno pretende extender las obligaciones de devolución para otras entidades como Medicus, el Hospital Italiano, la Obra Social Luis Pasteur, Medicina Esencial, la Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, el Grupo DDM, Sancor Salud y ACA Salud, entre muchas otras que se vieron presuntamente envueltas en actos de colusión.

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