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Economía

El mito del socialismo de los países nórdicos: ¿Por qué tantos políticos de izquierda en Argentina proponen su sistema?

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El modelo de los países nórdicos suele utilizarse como justificación de políticas socialistas, aunque el desarrollo de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca provino del capitalismo, y no del socialismo.

Los países nórdicos y su modelo económico suelen ser motivo de ejemplo en el debate político de muchos países subdesarrollados, incluyendo la Argentina. Recientemente, en el extenso debate entre el diputado libertario Javier Milei y el líder sindicalista Juan Grabois, el izquierdista argumentó que “solamente quiere aplicar el mismo modelo que los países nórdicos“.

Además, el desarrollo económico y social en estos países suele ser traído a colación como una supuesta evidencia de las bondades del rol del Estado en la economía, e incluso la justificación de un “socialismo del siglo XXI” para el caso latinoamericano.

Sin embargo, y a pesar de las comparaciones, metodológicamente resulta un error concluir “causalidad” cuando lo único que se tiene es una correlación. Los países nórdicos se desarrollaron con políticas capitalistas y siguen teniendo una excelente economía a pesar del tamaño y la intervención del Estado, y no gracias a eso, como se postula desde la izquierda.

El tamaño del Estado y el crecimiento económico

Uno de los principales mitos alrededor de los países nórdicos es la vinculación entre el ratio de gasto público sobre Producto Bruto Interno (PBI), y el crecimiento. Esto resulta un error que invierte la causalidad de las series: fue el crecimiento de la economía el que permitió soportar un mayor tamaño del Estado, en lugar de que fuera el tamaño del Estado el impulsor del crecimiento.

El peso del Estado en Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, se incrementó notoriamente entre las décadas de 1950 y 1980. Hacia mediados de la década del 80, estos países registraban un tamaño del sector público de entre el 40% y el 60% del PBI dependiendo el caso. Pero la respuesta en materia de crecimiento no es la esperada por el discurso de la izquierda.

Los países nórdicos registraron un crecimiento promedio del 3,5% entre 1950 y 1970, y en este período en tamaño del sector público para estos países promedió el 22,5% en la década de 1950, el 27,6% en la década del 60, y 40,2% en la década del 70.

Comparación del tamaño del Estado en Argentina, Cuba, Finlandia y Suecia.

Entre 1980 y 1993 el crecimiento registrado de estos países cayó al 1,61%, y el gasto público promedió el 53,2% en el mismo período. Contrariamente a la hipótesis de que sugería una relación causal entre el tamaño del Estado y el crecimiento, las estadísticas históricas no se ajustan a las predicciones que correspondería observar.

El tamaño del Estado tampoco demostró ser una garantía para el desarrollo social. El tamaño del sector público en Cuba promedió el 64,6% entre 1990 y 2021, mientras que los países nórdicos promediaron el 52,4% en el mismo período, y cabe destacar que el desarrollo social en Cuba es extremadamente bajo. Nuevamente, la relación causal entre tamaño del Estado y desarrollo social no se ajusta a lo que cabría observar en las estadísticas.

Por su parte, el sector público en Argentina promedió el 44,7% entre 2011 y 2021, con máximos de 47% en 2016 y 2020. Sin embargo, esta característica no implicó ningún tipo de dinamismo ni social ni económico.

Estado grande no significa economía estatizada

Las economías de los países nórdicos mantuvieron un tamaño del Estado relativamente grande en comparación, incluso, con el promedio de los países desarrollados y la OCDE, pero esto no se debe a la estatización de la mayor parte de los servicios públicos, sino a un sistema de transferencias captadas por impuestos.

La junta de investigadores de Varieties of Democrary (V-Dem) desarrolló un indicador capaz de medir el grado de estatización de una economía, es decir, el control y la propiedad directa del Estado sobre los principales sectores económicos de un país.

Nivel de estatización de la economía en países seleccionados. Fuente: V-Dem.

Contrariamente al mito propuesto por la izquierda, los países nórdicos siempre mantuvieron una economía mayormente privatizada en cuanto a la propiedad y la provisión de servicios públicos estratégicos.

Sobre una escala de 0 a 4, donde 0 es la economía centralmente planificada y 4 la economía de libre mercado, el promedio para los países nórdicos fue de casi 3 en 2021. Incluso a principios de la década de 1980 este promedio ascendió al 2,78, un valor muy alejado al de las economías centralmente planificadas como la Unión Soviética (con 0,05) o Cuba (con 0,06). No existe, ni jamás existió, socialismo en los países nórdicos.

Presión tributaria y alícuotas impositivas

Otro punto clave es la presión tributaria y su diferencia con las alícuotas percibidas. Considerando la tasa marginal más elevada del impuesto a los ingresos (Ganancias en Argentina), junto con la contribución a la seguridad social por trabajador, los países nórdicos no poseen una diferencia pronunciada con respecto a la Argentina u otros países que no se caracterizan por su desarrollo.

El alto nivel de alícuotas no sólo no garantiza el desarrollo, sino que tampoco garantiza un elevado nivel de recaudación tributaria, como ocurre en el caso argentino. De hecho, las alícuotas consolidadas de Argentina fueron similares a las que registró Noruega entre 1995 y 1999, y son incluso más altas desde 2019.

El discurso de la izquierda tampoco tiene en consideración la legislación laboral vigente en estos países, que procura la flexibilidad como una herramienta para evitar el empleo informal. En estos mercados no existen regulaciones para un salario mínimo, no existe “aguinaldo”, y los impuestos a las utilidades no distribuidas oscilan entre el 22% y el 28%, cuando en Argentina llegan al 35%.

Alícuotas marginales máximas del Impuesto a la Renta, y contribuciones para la seguridad social.

Apertura comercial para el desarrollo

La apertura al comercio internacional constituye la principal divergencia entre el modelo adoptado por Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, y el modelo propuesto por la izquierda tradicional. Los países nórdicos desarrollaron un modelo basado en aranceles de importación bajos y en la competitividad constante.

Según el Banco Mundial, el arancel promedio MFN de estos países promedió el 7% entre 1988 y 2021, con un promedio del 6% para los últimos años de la década de 1980, y de 6,6% considerando las cifras disponibles desde 2015.

Proteccionismo en Argentina y en los países nórdicos.

Las cifras del modelo nórdico parecen contrarias a la tesitura en favor de la “industrialización por sustitución de importaciones” que pregona la izquierda latinoamericana.

Entre 1988 y 2021 la protección nominal de Argentina promedió el 15,7%, considerando la “tasa estadística” y el arancel MFN promedio. Esto representa una sobrecarga arancelaria de casi 9 puntos con respecto a la protección elegida por el modelo nórdico. El proteccionismo como un factor de desarrollo también constituye un mito.  

Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

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Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

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Tarifazo K en febrero: Los combustibles suben un 4%, las telecomunicaciones 10% y los alquileres se disparan un 86%

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A partir de febrero entra en vigencia un arsenal de actualizaciones sobre los principales precios regulados de la economía. Los aumentos llegan en medio de la fuerte tensión inflacionaria observada en el primer mes de 2023.

El equipo económico de Sergio Massa sigue avanzando con la actualización de precios regulados, la mayor parte de los cuales tendrán una nueva oleada de aumentos a partir del próximo 1° de febrero. 

Los aumentos tendrán lugar en medio de una brutal suba de precios no anticipada durante el mes de enero. Se estima que la inflación habría superado el 6% solamente en este mes, desequilibrando completamente el escenario previsto por el oficialismo en lo que constituye un pésimo arranque del año 2023.

Combustibles, electricidad, transporte y gas

El Ministerio de Economía confirmó que las tarifas de nafta y el gasoil tendrán un aumento del 4% en febrero, y otra suba adicional del 3,8% prevista para marzo. Esto se cuadra en línea con el programa Precios Justos, y la meta inflacionaria planteada por el ministro Massa en el 4% de variación mensual sobre el promedio del primer trimestre. 

Asimismo, la cartera de Economía llevó a cabo audiencias públicas durante el mes de enero para definir actualizaciones sobre las tarifas de electricidad, el transporte público en el AMBA (únicamente colectivos y trenes), y las tarifas de gas. Si bien aún no se dieron detalles definitivos sobre cuánto será el aumento oficial, las estimaciones en base a las audiencias sugieren un incremento de entre 20% y 30% para febrero

Cabe resaltar que los usuarios clientes de Edesur y Edenor tuvieron un aumento del 40% en enero de este año, y la suba acumulada total distribuida entre febrero y marzo podría equivaler a otro aumento del 40%.

Los subtes tendrán un tratamiento particular porque las audiencias públicas son llevadas a cabo por el Gobierno porteño y no por las autoridades nacionales. La propuesta oficial pretende llevar el boleto hasta los $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y hasta $80 a partir de septiembre. La última actualización se llevó a cabo en enero y por una cuantía del 39%.

Telecomunicaciones

Las tarifas de las telecomunicaciones, formalmente reguladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), tendrán un aumento del 9,8% a partir del primero de febrero y afectará a las facturas por servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. Este sector fue especialmente perjudicado por la distorsión de precios relativos en 2022, ya que aumentó cerca de 66% entre enero y diciembre frente a una inflación del 94,8%.

Para el mes de abril se resolvió otro aumento adicional del orden del 7,8%, nuevamente por encima de la meta de 4% establecida por Massa, en aras de compensar (al menos parcialmente) el atraso relativo sufrido durante el año pasado. 

Alquileres

Los alquileres sin lugar a dudas tendrán el mayor peso en los aumentos previstos para febrero. La fórmula de actualización en la Ley de alquileres denota un aumento del 85,8% sobre los contratos, una cifra que surge de la variación acumulada y ponderada entre Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios (RIPTE). 

Los contratos de alquiler serán actualizados independientemente de la voluntad de las partes. El precio promedio para alquilar podría subir todavía más si se tiene en consideración la retracción de la oferta de inmuebles a disposición, encareciendo el precio relativo de este servicio en términos reales. 

El sondeo estadístico de la plataforma Zonaprop sugiere que el monto de alquiler promedio para un departamento monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires fue de $77.899, por lo que aplicando el aumento de febrero el alquiler ascendería hasta los $144.736 para una sola persona promedio

Colegios privados y prepagas

Durante el mes de enero también se llevaron a cabo los estudios para definir los aumentos de las matrículas y aranceles para colegios privados subsidiados en la Ciudad de Buenos Aires, los que no tienen subsidios no se ajustan a este régimen. Se resolvió una suba del 25% a partir del 1° de marzo, como es común al inicio del período escolar cada año. 

Por parte de las prepagas, a partir de 2023 el Gobierno oficializó el cambio de régimen de actualización para la medicina privada, estableciendo un tope del 90% sobre el índice RIPTE para la totalidad del año pero sólo para personas con ingresos netos inferiores a los 6 salarios mínimos ($406.458 en febrero).  

El objetivo es retrasar el precio relativo de estos servicios, aprovechando que durante el 2022 evolucionaron casi en línea con la inflación general. Para las personas que suscriban al trámite en la Superintendencia de Servicios de Salud, el aumento fijado para febrero será del 4,91%

Los usuarios que por diversas razones no puedan acceder al beneficio del sistema especial, deberán pagar el aumento íntegro sobre la factura de la prepaga correspondiente, que en febrero ascenderá al 8,21%

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“Previaje 4”: El gobierno lanza subsidios millonarios al turismo a pesar de que ya no existen más restricciones

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Las medidas entrarán en vigencia para el período mayo-junio, y comprometen un reintegro equivalente al 50% de las compras realizadas en turismo. Se trata de un subsidio regresivo, orientado al segmento de la población con mayores ingresos y sin efectos multiplicadores en la actividad.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció oficialmente la cuarta entrega del sistema de Previaje. El programa entrará en vigencia durante la temporada baja de las vacaciones de invierno, en el período mayo-junio de 2023, y pretende incentivar el consumo en “destinos no tradicionales”.

Se trata de un plan por medio del cual el Estado se hace cargo del 50% de las compras realizadas a los efectos del turismo interno. Un subsidio principalmente concentrado en las clases medias y altas (sectores con capacidad de ahorro), pero financiado por la totalidad de la sociedad. 

Cabe resaltar que las estimaciones privadas sugieren que la pobreza habría alcanzado al 40% de la población en 2022, y este segmento de la sociedad es el menos beneficiado por la discrecionalidad de la política del kirchnerismo.

El ministro Lammens defendió contundentemente las medidas, asegurando que producen un supuesto “efecto multiplicador” en la actividad económica, un hecho que no se condice con la realidad. También resaltó el apoyo de empresarios hoteleros y la industria turística.

Todos los gastos asumidos por el Estado generan un efecto que se multiplica por la economía, pero también cabe resaltar que su financiación no es gratuita: los costos para financiar el Previaje también generan un efecto multiplicador, y esta vez negativo. Lejos de haber una ganancia neta, las cifras publicadas por el propio Ministerio de Turismo sugieren lo contrario. 

Durante el lanzamiento del Previaje 3 el Gobierno confirmó gastos por $51.000 millones inyectados a la economía, pero la recaudación impositiva explicada por el incremento de las transacciones (el efecto multiplicador del plan) fue equivalente al 83% del gasto. El saldo neto fue negativo: se destruyó más actividad económica vía costo de financiamiento que toda la que pudo ser creada por la inyección de gastos al turismo.

Lo que realmente se genera es una subsidio que mejora la posición estrictamente relativa de algunos sectores privilegiados discrecionalmente (por ejemplo destinos turísticos no tradicionales), y para que este proceso redistributivo sea posible se paga un costo neto y absoluto sobre el grueso de la sociedad.

La situación es aún más dramática si se tiene en cuenta que el Gobierno es ampliamente deficitario, sus desequilibrios se financian casi enteramente con emisión monetaria del Banco Central. Este proceso esconde un impuesto no legislado que es el señoreaje y cuya base imponible son los saldos reales en pesos, saldos que se encuentran en manos de los grupos con menor capacidad de ahorro y poder adquisitivo. 

De esta manera, el Previaje se suma como uno de los tantos programas que contribuyen al desequilibrio de las finanzas públicas, generan presión inflacionaria, pero con la particularidad de establecer un mecanismo regresivo de distribución de ingresos desde los sectores más vulnerables expuestos a la inflación hacia los sectores más acomodados con capacidad de ahorro para hacer turismo.

Asimismo, la activa defensa por parte de los empresarios vinculados al sector no dista demasiado de la que llevan a cabo otros grupos de presión con poder de lobby, dispuestos a defender cualquier subsidio o cualquier protección que les pueda significar alguna transferencia de recursos desde la sociedad hacia sus arcas. 

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