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Economía

El mito del socialismo de los países nórdicos: ¿Por qué tantos políticos de izquierda en Argentina proponen su sistema?

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El modelo de los países nórdicos suele utilizarse como justificación de políticas socialistas, aunque el desarrollo de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca provino del capitalismo, y no del socialismo.

Los países nórdicos y su modelo económico suelen ser motivo de ejemplo en el debate político de muchos países subdesarrollados, incluyendo la Argentina. Recientemente, en el extenso debate entre el diputado libertario Javier Milei y el líder sindicalista Juan Grabois, el izquierdista argumentó que "solamente quiere aplicar el mismo modelo que los países nórdicos".

Además, el desarrollo económico y social en estos países suele ser traído a colación como una supuesta evidencia de las bondades del rol del Estado en la economía, e incluso la justificación de un “socialismo del siglo XXI” para el caso latinoamericano.

Sin embargo, y a pesar de las comparaciones, metodológicamente resulta un error concluir “causalidad” cuando lo único que se tiene es una correlación. Los países nórdicos se desarrollaron con políticas capitalistas y siguen teniendo una excelente economía a pesar del tamaño y la intervención del Estado, y no gracias a eso, como se postula desde la izquierda.

El tamaño del Estado y el crecimiento económico

Uno de los principales mitos alrededor de los países nórdicos es la vinculación entre el ratio de gasto público sobre Producto Bruto Interno (PBI), y el crecimiento. Esto resulta un error que invierte la causalidad de las series: fue el crecimiento de la economía el que permitió soportar un mayor tamaño del Estado, en lugar de que fuera el tamaño del Estado el impulsor del crecimiento.

El peso del Estado en Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, se incrementó notoriamente entre las décadas de 1950 y 1980. Hacia mediados de la década del 80, estos países registraban un tamaño del sector público de entre el 40% y el 60% del PBI dependiendo el caso. Pero la respuesta en materia de crecimiento no es la esperada por el discurso de la izquierda.

Los países nórdicos registraron un crecimiento promedio del 3,5% entre 1950 y 1970, y en este período en tamaño del sector público para estos países promedió el 22,5% en la década de 1950, el 27,6% en la década del 60, y 40,2% en la década del 70.

Comparación del tamaño del Estado en Argentina, Cuba, Finlandia y Suecia.

Entre 1980 y 1993 el crecimiento registrado de estos países cayó al 1,61%, y el gasto público promedió el 53,2% en el mismo período. Contrariamente a la hipótesis de que sugería una relación causal entre el tamaño del Estado y el crecimiento, las estadísticas históricas no se ajustan a las predicciones que correspondería observar.

El tamaño del Estado tampoco demostró ser una garantía para el desarrollo social. El tamaño del sector público en Cuba promedió el 64,6% entre 1990 y 2021, mientras que los países nórdicos promediaron el 52,4% en el mismo período, y cabe destacar que el desarrollo social en Cuba es extremadamente bajo. Nuevamente, la relación causal entre tamaño del Estado y desarrollo social no se ajusta a lo que cabría observar en las estadísticas.

Por su parte, el sector público en Argentina promedió el 44,7% entre 2011 y 2021, con máximos de 47% en 2016 y 2020. Sin embargo, esta característica no implicó ningún tipo de dinamismo ni social ni económico.

Estado grande no significa economía estatizada

Las economías de los países nórdicos mantuvieron un tamaño del Estado relativamente grande en comparación, incluso, con el promedio de los países desarrollados y la OCDE, pero esto no se debe a la estatización de la mayor parte de los servicios públicos, sino a un sistema de transferencias captadas por impuestos.

La junta de investigadores de Varieties of Democrary (V-Dem) desarrolló un indicador capaz de medir el grado de estatización de una economía, es decir, el control y la propiedad directa del Estado sobre los principales sectores económicos de un país.

Nivel de estatización de la economía en países seleccionados. Fuente: V-Dem.

Contrariamente al mito propuesto por la izquierda, los países nórdicos siempre mantuvieron una economía mayormente privatizada en cuanto a la propiedad y la provisión de servicios públicos estratégicos.

Sobre una escala de 0 a 4, donde 0 es la economía centralmente planificada y 4 la economía de libre mercado, el promedio para los países nórdicos fue de casi 3 en 2021. Incluso a principios de la década de 1980 este promedio ascendió al 2,78, un valor muy alejado al de las economías centralmente planificadas como la Unión Soviética (con 0,05) o Cuba (con 0,06). No existe, ni jamás existió, socialismo en los países nórdicos.

Presión tributaria y alícuotas impositivas

Otro punto clave es la presión tributaria y su diferencia con las alícuotas percibidas. Considerando la tasa marginal más elevada del impuesto a los ingresos (Ganancias en Argentina), junto con la contribución a la seguridad social por trabajador, los países nórdicos no poseen una diferencia pronunciada con respecto a la Argentina u otros países que no se caracterizan por su desarrollo.

El alto nivel de alícuotas no sólo no garantiza el desarrollo, sino que tampoco garantiza un elevado nivel de recaudación tributaria, como ocurre en el caso argentino. De hecho, las alícuotas consolidadas de Argentina fueron similares a las que registró Noruega entre 1995 y 1999, y son incluso más altas desde 2019.

El discurso de la izquierda tampoco tiene en consideración la legislación laboral vigente en estos países, que procura la flexibilidad como una herramienta para evitar el empleo informal. En estos mercados no existen regulaciones para un salario mínimo, no existe “aguinaldo”, y los impuestos a las utilidades no distribuidas oscilan entre el 22% y el 28%, cuando en Argentina llegan al 35%.

Alícuotas marginales máximas del Impuesto a la Renta, y contribuciones para la seguridad social.

Apertura comercial para el desarrollo

La apertura al comercio internacional constituye la principal divergencia entre el modelo adoptado por Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, y el modelo propuesto por la izquierda tradicional. Los países nórdicos desarrollaron un modelo basado en aranceles de importación bajos y en la competitividad constante.

Según el Banco Mundial, el arancel promedio MFN de estos países promedió el 7% entre 1988 y 2021, con un promedio del 6% para los últimos años de la década de 1980, y de 6,6% considerando las cifras disponibles desde 2015.

Proteccionismo en Argentina y en los países nórdicos.

Las cifras del modelo nórdico parecen contrarias a la tesitura en favor de la “industrialización por sustitución de importaciones” que pregona la izquierda latinoamericana.

Entre 1988 y 2021 la protección nominal de Argentina promedió el 15,7%, considerando la “tasa estadística” y el arancel MFN promedio. Esto representa una sobrecarga arancelaria de casi 9 puntos con respecto a la protección elegida por el modelo nórdico. El proteccionismo como un factor de desarrollo también constituye un mito.  

Economía

Pettovello eliminó la intermediación del plan Potenciar Trabajo y se lanzan dos nuevos programas con ayuda directa

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El Ministerio de Capital Humano avanza con la racionalización y reorganización de los planes sociales, a fin de que los únicos beneficiarios sean las personas que más necesitan de ayuda estatal, y no las organizaciones violentas de la izquierda.

En línea con los anuncios que dispuso el Gobierno de Javier Milei desde su misma asunción, el Ministerio de Capital Humano al frente de Sandra Pettovello confirmó una nueva reorganización del sistema de planes sociales para poder garantizar que la ayuda del Estado le llegue a la gente de forma directa, sin intermediación ni negocios encubiertos.

Se anunció el fin del plan Potenciar Trabajo tal y como se lo conocía hasta ahora. Este programa aglutinaba hasta a una gran cantidad de organizaciones violentas y de izquierda, que utilizaban a las personas más carenciadas como un medio de financiamiento para sus propios propósitos políticos.

Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano lanzó dos nuevos programas sociales: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social" respectivamente. A diferencia de su predecesor, estos planes significarán una ayuda directa para las personas que califiquen para cobrarlo. 

Ya no habrá más lugar para ningún tipo de extorsión ni condicionamiento político por parte de ninguna organización de izquierda que pretenda chantajear a las personas que necesitan de un plan social.

El programa Volver al Trabajo dependerá directamente de la propia Secretaría de Trabajo, y la razón detrás de esto es que el Gobierno podrá realizar evaluaciones de impacto, y de este modo poder monitorear el desempeño del programa. 

Bajo el plan Potenciar Trabajo, tan solo un 1,3% de las personas beneficiarias lograron incorporarse al mercado laboral, demostrando así que no se daban las herramientas necesarias para poder lograrlo. El Gobierno 

Asimismo, el nuevo plan Acompañamiento Social dependerá de la Secretaría de Niñez y Familia. La naturaleza de este programa es distinta a la del anterior, ya que sus propósito no es la incorporación al mercado laboral, sino fundamentalmente mitigar la pobreza y las dramáticas consecuencias que esta provoca sobre los chicos menores de 14 años. 

La pobreza en los segmentos etarios más bajos es considerablemente más alta que en cualquier otro segmento de la población, y este problema condiciona alarmantemente la generación de capital humano para el futuro. Esta es la razón misma por la cual el Gobierno lanzó el propio Ministerio de Capital Humano, y sin lugar a dudas será su desafío más importante durante los próximos cuatro años.

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Tras el decreto de desregulación, la oferta de viviendas se dispara y el precio de los alquileres disminuyó en un 22% en términos reales

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Las actualizaciones de los contratos de alquiler perdieron sistemáticamente contra la inflación en los últimos dos meses, y esto se debe a la gran cantidad de viviendas que salieron a ofrecerse al mercado. La eliminación de las restricciones permite que cada vez más personas accedan al alquiler.

El mercado inmobiliario está experimentando un fuerte repunte en la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler. Tras el decreto de desregulación 70/2023 anunciado por el Presidente Javier Milei en el mes de enero, las condiciones en el mercado mejoraron notoriamente para que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda.

Solamente en enero la cantidad de viviendas en alquiler en la Capital Federal llegó a duplicarse, y lo mismo ocurrió con los principales centros urbanos del país que habían sido afectados por la ley de alquileres sancionada en 2020.

El boom en el mercado de viviendas condujo a que el precio promedio de los contratos de alquiler cayera en un 22% medido en términos reales (ajustado por inflación). En otras palabras, los alquileres se ajustaron sistemáticamente por debajo de lo que subieron los precios en los últimos dos meses. Cada salario puede cubrir, en términos relativos, una proporción cada vez mayor de un contrato de alquiler.

Desde el punto de vista de los propietarios, la mayor flexibilidad regulatoria permite garantizar una cierta rentabilidad que no será diezmada por la inflación, y de esta manera se dan más incentivos para poner una propiedad en alquiler. El nuevo marco regulatorio también otorga garantías ante eventuales contingencias, para las cuales los propietarios pueden protegerse.

Y desde el punto de vista de las millones de personas que necesitan alquilar, la mayor oferta de viviendas permite que los precios sean más competitivos. Las barreras a la entrada en el mercado inmobiliario se reducen cada día más, favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos más bajos.

Con la ley de 2020, el valor real de los contratos de alquiler no se ajustaba debidamente a la inflación y se producía una transferencia de ingresos artificial de propietarios hacia inquilinos. Pero esto solo ocurría con aquellos usuarios que tuvieron la suerte de poder alquilar.

Conforme avanzó este proceso distorsivo, cada vez más propietarios retiraron sus propiedades del alquiler (para venderlas o utilizarlas para otros fines), y esto provocó que los precios de entrada en el mercado se encarecieran constantemente. Los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación entre 2020 y 2023.

Las regulaciones sobre el mercado inmobiliario beneficiaron a los segmentos con ingresos medios y altos que pudieron acceder a pagar elevados precios de entrada, mientras que las personas con ingresos bajos perdieron toda posibilidad de acceso. 

Este es el problema troncal que el Gobierno actual se propuso atacar como una de sus primeras medidas en el poder. Los resultados del proceso de desregulación comienzan a vislumbrarse. 

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Finaliza el curro de las organizaciones piqueteras: El Gobierno redujo del 30% al 1% la financiación de piqueteros a través del Impuesto PAIS

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Se modificó el esquema de distribución de los recursos generados por el impuesto, para dar una mayor prioridad a las obras de infraestructura por el tiempo en que dure el tributo en actividad. Los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras pierden sus privilegios.

En los últimos cuatro años el Gobierno de Alberto Fernández subsidió incesantemente a las organizaciones sociales y piqueteras que interrumpieron las vías de tránsito y le significaron enormes contingencias para millones de trabajadores. Con la llegada del Gobierno de Javier Milei, los privilegios de estas organizaciones de izquierda se terminaron.

El Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis Caputo anunció una nueva modificación en la distribución de los recursos generados por el Impuesto PAIS. A partir del Decreto 193/2024 publicado en Boletín Oficial, la participación de los recursos con destino hacia las organizaciones sociales se redujo del 30% al 1%, y al mismo tiempo se llevará a cabo un proceso de fiscalización más estricto para que las organizaciones beneficiarias cumplan con la ley.

Se trata de la masa de recursos que se destina formalmente al llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La financiación arbitraria de organizaciones con intereses políticos particulares deja de ser una prioridad en la Argentina, y el Gobierno decidió incrementar del 65% al 94% de la participación de los recursos generados por el tributo para la financiación de obras de infraestructura en todo el país.

Asimismo, la participación de la financiación para el turismo como parte del Impuesto PAIS se mantiene en el 5% respectivamente, cuyos recursos son administrados por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli (quien aceptó ocupar su cargo actual de manera ad-honorem).

Si bien en sus inicios el FISU fue concebido como un instrumento para financiar proyectos en barrios carenciados, con el paso del tiempo se convirtió en una mera caja política a cuenta de organizaciones de extrema izquierda. 

Muchas de estas organizaciones se integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en donde salen a la luz personajes como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

El Gobierno prepara una mayor fiscalización y eficientización de las asignaciones sociales, ahora bajo la tutela del Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reducir al mínimo la cantidad de intermediarios entre las prestaciones sociales y las personas que las necesitan. En este sentido, el desfinanciamiento del FISU se perfila como una estrategia para avanzar por la dirección anunciada.

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