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Economía

El peso colombiano y el real brasileño fueron las monedas más devaluadas en la última semana, superando incluso al peso argentino

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Las dos divisas lideraron el ranking de devaluación en Sudamérica, con la excepción del tipo de cambio paralelo en Argentina y la devaluación del bolívar venezonalo. Se refleja el clima de desconfianza que generan los Gobierno de izquierda.

La apreciación relativa del dólar a nivel global impactó más que proporcionalmente en las economías más afectadas por la falta de confianza, entre ellas Colombia y Brasil, ambos países gobernados por presidentes socialistas. El peso colombiano acumuló una devaluación del 2,2% frente a la cotización del dólar desde el día 14 de abril, mientras que el real brasileño se depreció un 2,8%.

Fueron los desempeños más ruinosos de la región en los últimos siete días, ya que incluso superaron la devaluación acumulada del tipo de cambio oficial argentino en el mismo período (estimada en el 1,6% de acuerdo al régimen de crawling-peg del Banco Central) y excluyendo al caótico caso venezonalo.

El análisis se realiza sobre la base del tipo de cambio oficial de cada país, y se debe tener en cuenta que ni Colombia ni Brasil establecen restricciones para la compra y venta de divisas. Distinto es el caso de Argentina, ya que durante la última semana el tipo de cambio paralelo escaló de los $400 hasta los $448, con un récord de $450 en el momento más caótico de la jornada del viernes pasado.

Se debe tener en cuenta, además, que una devaluación de estas características es holgadamente superior en términos reales de lo que significa para Argentina, que mantiene una tasa de inflación anual 10 veces superior a la de Colombia y 20 veces más grande que Brasil.

La devaluación de la moneda en Colombia y Brasil refleja el clima de desconfianza en los Gobiernos de la izquierda, ya que se descuentan dos cosas fundamentales: una menor entrada de capitales, ya sea por restricciones o por una menor oferta de proyectos de interés en sectores estratégicos (como la energía), y en segundo lugar las perspectivas por un mayor desequilibrio de las finanzas públicas.

El Gobierno de Lula da Silva dispuso la eliminación de las reglas fiscales para el período 2023, elevó el techo del gasto público en 198.000 millones de reales hasta fin de año, aplicó retenciones a las exportaciones de petróleo y anuló por completo todas y cada una de las privatizaciones programadas por Bolsonaro (siendo Petrobras el caso más importante). Todas estas medidas desalientan la llegada de capitales y arrojan presión sobre el déficit fiscal. 

El caso colombiano no fue diferente. El presidente Gustavo Petro decidió congelar deliberadamente el precio nominal de las tarifas de los servicios públicos, dispuso una reforma previsional que minimiza el rol del sector privado (la principal fuente de capitalización del país), y lanzó una reforma tributaria que penaliza especialmente la exportación y producción del sector petrolero (mediante regalías y cargas sobre dividendos).

La reducción esperada en el volumen de exportaciones petroleras en ambos países, así como la menor inversión extranjera directa (IED) y el mayor déficit fiscal son factores que presionan hacia la devaluación de las monedas domésticas.

Economía

Éxito total: Toto Caputo logró un 100% de adhesión a la propuesta de reestructuración por la deuda de Cammesa

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El anuncio envía una firme señal de disciplina fiscal para los mercados, ya que el Gobierno nacional podrá evitar incurrir en mayores obligaciones por las deudas acumuladas con las energéticas. La reestructuración cerró con la aceptación de bonos en dólares pagaderos hasta el año 2038.

Las empresas más importantes del mercado energético argentino finalmente aceptaron la propuesta de reestructuración presentada por el ministro Luis Caputo para reestructurar la deuda de Cammesa. Se trata de una serie de obligaciones acumuladas por subsidios energéticos entre diciembre del año pasado y enero de este año.

Central Puerto y Pampa Energía, dos actores fundamentales en el mercado energético, decidieron apoyar la propuesta por medio de un bono en dólares a 2038, que involucra una quita implícita de hasta el 50% con respecto al valor original de la deuda. Otros actores del mercado como El Chocón, YPF, YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE) de Bulgheroni, Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG, Solargen, Pluspetrol, Albanesi y Compañía General de Combustibles (CGC), también aceptaron la propuesta del Ministro. 

En vista a la deplorable situación fiscal heredada de la administración kirchnerista, las energéticas entendieron que poseían en un activo incobrable en su cartera, ya que el Estado no poseía capacidad alguna de pago. Sin embargo, la propuesta de Caputo promete un horizonte de pagos mucho más realista y factible, con lo cual se prefirió una quita del 50% sobre la deuda en lugar de una situación de evidente impago. 

Por estas razones las empresas energéticas informaron por evidentes pérdidas ante la aceptación de la quita de deuda, pero esto no es otra cosa sino el sinceramiento de un rojo que ya existía antes como resultado de la política tarifaria irresponsable del exministro y candidato Sergio Massa.

El Gobierno envía una señal contundente a los mercados: el superávit fiscal es sólido, incluso de forma independiente al resultado de la votación de la Ley Bases en el Congreso. Sin importar el accionar de la vieja política y los sectores más adversos al cambio económico en el país, el equipo económico del oficialismo se aseguró la prórroga del superávit fiscal.

Todo esto implica que el BCRA se mantendrá firme en su posición autárquica con respecto al financiamiento del sector público, y podrá continuar con su respectivo saneamiento para finalmente desembocar en la liberalización del mercado cambiario.

La creciente apertura y liberalización del mercado energético argentino, algo presente en la Ley Bases, apunta precisamente a aprovechar el potencial productivo de las energéticas a través del tiempo. De obtenerse un resultado favorable en el recinto legislativo, la valorización de las energéticas podría reaccionar positivamente en vista de la proyección de ganancias futuras.

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Economía

Rumbo a la competencia de monedas: El BCRA eliminó las restricciones adicionales para la apertura de cajas de ahorro en dólares

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El marco normativo para abrir una caja de ahorro en dólares pasa a ser el mismo que regía para las cajas en pesos, sin ninguna distinción. Este primer paso desregulatorio permite avanzar hacia la libre competencia de monedas que propone el Gobierno.

A través de la Comunicación “A” 8027, el Banco Central presidido por Santiago Bausili anunció la desregulación de la apertura de cajas de ahorro en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Fueron completamente eliminados los requisitos adicionales que existían para la apertura de este tipo de cuentas, en detrimento y competencia desleal con respecto a las facilidades ofrecidas sobre las cuentas en pesos.

Hasta ahora, y en el marco del cepo cambiario vigente desde finales de 2019, se exigía a los bancos solicitar requisitos de información a sus clientes para corroborar que estos percibieran ningún subsidio si querían abrir una caja de ahorro en dólares. También se exigía información para demostrar una cierta capacidad de ahorro.

El objetivo de estas regulaciones arbitrarias era evitar que una gran cantidad de personas, principalmente aquellas más vulnerables y frecuentemente subsidiadas por el Estado, pudieran migrar sus pesos hacia el dólar a través del sistema bancario. De esta manera, miles de personas fueron relegadas a la operatoria en mercados alternativos y fuera del sistema.

Durante el estallido de la pandemia en 2020, el Gobierno kirchnerista emitió una insana cantidad de pesos al mismo tiempo en que endureció el cepo cambiario y las normativas para abrir cajas de ahorro en moneda extranjera, a fin de evitar que la mayor cantidad de pesos en circulación migraran al dólar como consecuencia de la caída de la demanda de dinero.

Muy por el contrario, el equipo económico actual se comprometió con una estricta disciplina fiscal y monetaria, que desmanteló por completo la emisión del BCRA para asistir al Tesoro, y arribó al superávit financiero de las arcas públicas al término del primer trimestre del año.

La flexibilización regulatoria anunciada por Bausili también implica una alivio para el acceso al dólar MEP. Esta cotización de la divisa se adquiere por medio de la intermediación de un bono, y para ello existe una norma que explicita que cada cliente suscriba dólar MEP debe enviar sus compras desde una cuenta comitente a una cuenta bancaria. En este sentido, la mayor facilidad para abrir una cuenta en dólares permite que este proceso se haga más ágil y sencillo.

Las medidas dispuestas por el BCRA permiten una mayor inclusión en el sistema financiero, y constituyen un paso fundamental para regularizar la competencia entre el peso y el dólar. Se habilita entonces un canal perfectamente legal y regularizado para afianzar el ingreso de dólares al sistema financiero.

En última instancia, la libre competencia de monedas a la que apunta el Gobierno del Presidente Javier Milei no solo quedaría determinada por la legalización de los contratos en dólares, sino también por el curso legal del dólar para todo tipo de operaciones en consonancia con el peso.

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Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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