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Economía

El plan de Caputo para dolarizar la economía: Reestructuración del Banco Central, desregulación y ajuste fiscal de shock

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La consultora Bull Market Brokers anticipó algunas de las medidas que podrían ser adoptadas a partir del 10 de diciembre bajo el liderazgo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Se pretende acelerar los tiempos para la concreción de la dolarización del país, sin incurrir en costos traumáticos ni violación de contratos con el sector privado.

A partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa reformista bajo el Gobierno de Javier Milei, y con un objetivo muy claro: avanzar hacia la dolarización de la economía y dar muerte al proceso inflacionario.

El plan de estabilización inicial será conducido por el economista y experto en finanzas Luis Caputo, nominado al frente del Ministerio de Economía, uno de los cargos más importantes de la administración sino incluso el más importante.

La consultora Bull Market Brokers publicó, en base a comentarios trascendidos, algunos de los lineamientos que podrían llegar a desplegarse por la administración de Milei y Caputo. El “Plan Caputo” buscará acelerar los tiempos para la concreción de la dolarización, y para ello será necesario reestructurar el Banco Central, flexibilizar las regulaciones del mercado cambiario para su posterior liberalización, y llevar a cabo una estricta señal de disciplina fiscal.

Reestructuración del Banco Central

Uno de los aspectos fundamentales para que pueda llevarse a cabo una dolarización ordenada y sin violación de contratos con privados es el saneamiento del Banco Central, una institución que quedó en ruinas después de los cuatro años de gestión kirchnerista. Se calcula que el saldo de reservas netas ya habría superado un rojo de por lo menos US$ 11.000 millones.

En principio, el Plan Caputo buscará destrabar fondos del exterior en una suma de por lo menos US$ 25.000 millones. Según dejó trascender la consultora, una posibilidad consiste en articular un swap con letras intransferibles por bonos soberanos de Medio Oriente con plazos de 2 a 7 años. 

Esta operación podría implicar el ofrecimiento de algún tipo de garantía, como por ejemplo los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, siguiendo una estrategia similar a la que había ideado Emilio Ocampo. La consultora sugiere que la operación de swaps podría destrabar un monto de entre US$ 12.000 y US$ 15.000 millones de dólares.

Asimismo, el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) también podría ser de gran utilidad. A diferencia de otros programas ofrecidos en garantía al FMI, la dolarización promete resultados muy concretos en materia de estabilización. El FMI podría aportar hasta US$ 3.000 millones adicionales en una primera etapa hasta marzo de 2024, y también se estudia la posibilidad de habilitar los recursos del Fondo de Resiliencia (aproximadamente otros US$ 1.600 millones).

Por su parte, las entidades agropecuarias prometieron una liquidación de exportaciones por US$ 5.000 millones a través del cambio oficial (el cepo no se levantará inmediatamente), pero para que esto sea posible el dólar deberá ajustarse a una paridad más competitiva.

Habiéndose destrabado estos fondos la dolarización es más factible a un tipo de cambio de mercado, cercano a los $1.000 según sugiere la consultora (aunque realmente es imposible anticiparlo). Los pasivos remunerados del BCRA totalizan los US$ 25.000 millones a una cotización de $1.000, mientras que la base monetaria representa US$ 7.000 millones. 

Caputo lograría retener fondos por US$ 23.000 millones, y buscaría además un acuerdo con los bancos privados locales (principales tenedores de los pasivos remunerados) para una operación de canje voluntario con letras y bonos del Tesoro. A partir del mes de febrero de 2024 podría prepararse el lanzamiento de una ley para el cambio de régimen monetario y cambiario.

Posible “Perdón Popular de Mercado”

Dadas las características recesivas que podría conllevar los primeros meses de aplicación del programa económico de Milei, una posibilidad para contener estos efectos podría ser la puesta en marcha del llamado “Perdón Popular de Mercado” que formuló el economista Carlos Rodríguez, con el objetivo de que salgan a la circulación una gran cantidad de dólares que los argentinos mantienen guardados en el colchón. Esto podría dinamizar la inversión para compensar, al menos parcialmente, la caída del consumo publico

La propuesta consiste en ofrecer “vales” que habilitan el blanqueo (con la exención automática de pagar cualquier tipo de impuesto) por una cierta suma de dólares, y la apertura de un mercado secundario de vales para que estos puedan intercambiarse. 

Aquellos usuarios con mayor “necesidad de blanqueo” podrían remunerar a aquellas personas que no disponen de fondos en dólares para hacerlo. En otras palabras, la “ganancia” del Perdón Popular de Mercado no se la quedaría el Estado sino que iría a los estratos de la sociedad con ingresos más bajos.

Existe un gran potencial para este programa. La consultora Bull Market Brokers señaló que solamente en el país existen tenencias de dólares por US$ 113.000 millones en cash guardados en el colchón, de los cuales el 50% no están declarados por el peso confiscatorio del Estado. También existen otros US$ 72.000 millones en el exterior.

Desregulación progresiva del mercado cambiario

El Plan Caputo apuntaría a una rápida eliminación de las siguientes normativas sobre el sistema cambiario dispuestas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV):

  • A7072 Restricción a la transferencia a bancos (límites de 1 a 5 por mes)
  • A7340 Restricción a la transferencia a bancos si clientes hicieron Dólar MEP
  • RG-979 Parking de 5 días deuda ley extranjera y 30 días sin poder aplicar los USD a
  • otros instrumentos post realizar MEP.
  • RG-969 Rulo CI vs 48hs (BCRA no operaría mas, no tiene mas sentido la normativa)
  • RG-959 Restricción para comprar MEP teniendo caución tomadora / SENEBI cartera propia
  • A7609 Cobertura de empresas agrarias en MEP no afectará estrategia cambiaria.
  • A7606 Prohibición de comprar dólares para quienes reciben subsidios
  • RG-957 Permiso previo de parking
  • RG-953 Obligación para carteras propias por operar únicamente en BONAR

También se estudia un salto cambiario del dólar oficial (el que perciben los exportadores) sobre la zona de los $650, lo cual implicaría una devaluación superior al 70% con respecto al dólar exportador actual. Es una condición indispensable para asegurar la liquidación del campo. A partir de este salto inicial, se iniciaría un proceso de convergencia gradual para unificar todas las paridades cambiarias a lo largo del año 2024.

Existen una serie de obstáculos que deberán abordarse, como el efecto del Impuesto PAIS sobre la compra de divisas y el tipo de cambio efectivo para la mayor parte de las importaciones, especialmente para bienes suntuarios que son alcanzados con una tasa del 30%.

Ajuste fiscal de shock como ancla

El Plan Caputo prepara un fuerte ajuste fiscal apuntando a lograr la eliminación total del déficit primario del Sector Público Nacional para el primer año de gestión, sobre un nivel de desequilibrio estimado en los 3 puntos del PBI para el cierre de 2023. 

El objetivo integral será la concreción del déficit financiero cero (un ajuste equivalente a los 5 puntos del PBI), pero la consultora privada sugiere que aún con fuertes esfuerzos fiscales, lo más probable es que el resultado financiero continúe marcando un ligero déficit hasta 2025.

A estos efectos se propone un fuerte recorte de transferencias discrecionales, gastos en obra pública (licitación de obras en curso y privatización de obras futuras), un ambicioso programa de privatizaciones sobre las empresas deficitarias del SPN, la racionalización de la planta de personal del Estado, y la reducción de subsidios económicos a través del rediseño de los pliegues de licitación con la empresas reguladas.

Economía

El expresidente de YPF disparó contra Nacho Torres: “Acaba de introducir un factor nuevo de riesgo para las empresas petroleras”

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El Gobernador amenazó con avasallar la seguridad jurídica de la Provincia en nada menos que su principal sector productivo, el más importante en la generación de empleo. Las empresas concesionarias podrían abandonar las inversiones en la jurisdicción, para migrar a regiones más seguras.

Acorralado por el mal manejo de las finanzas públicas, el inexperto Gobernador Ignacio Torres amenazó públicamente con cerrar el suministro de petróleo y gas al resto del país, como represalia a que el Gobierno nacional le impida incurrir en un canje de deuda forzoso y grotesco.

Como reza la Constitución de 1994, los recursos naturales (el petróleo, el gas, los minerales, etc) le pertenecen a las Provincias, y en tal carácter estas pueden cobrar regalías o derechos de explotación a las empresas que los utilizan. Pero el Gobernador Torres pretende avanzar por encima de sus facultades legales, y sus declaraciones comprometen el normal funcionamiento de la industria energética chubutense.

Las Provincias tienen derecho a cobrar por el uso de los recursos naturales, pero no pueden expropiar los productos que elaboran las empresas privadas que ya pagaron oportunamente por el uso de dichos recursos. Esto es una noción básica para los derechos de propiedad en la industria del petróleo y gas, tanto en Argentina como en cualquier país de la región.

El expresidente de YPF entre 2019 y 2021, el economista Guillermo Nielsen, condenó las desafortunadas declaraciones de Torres y aseguró que solo generarán pérdidas para la inversión del sector privado. Tan solo con sus declaraciones, el Gobernador puso en duda la seguridad jurídica de nada menos que el sector más dinámico e importante de Chubut, responsable directo de la mayor cantidad de empleo privado formal de la provincia. 

Sin la inversión del petróleo y el gas, la actividad económica de Chubut se vería seriamente comprometida, y todo esto en un contexto también recesivo a nivel nacional. La Provincia podría verse afectada por una debacle aún mayor a la que atraviesa el país.

Para que una inversión con altos costos hundidos (como es el caso de la industria petrolera) pueda llevarse a cabo, es necesario un horizonte de reglas de juego estables. Lo que el gobernador Torres dejó trascender con su accionar es que ya no importan los compromisos asumidos por la Provincia ni tampoco las cláusulas firmadas en los contratos de concesión, sino que cualquier gobernador puede decretar la interrupción de la actividad a discreción.

Se sienta así un pésimo precedente para la industria local, que se agravará conforme pasen los días y no se encuentre un desenlace al conflicto que desató el Gobernador.

Esto se suma a las posiciones extremistas que adoptó Torres tan pronto llegó al poder, y probablemente la más importante de ellas sea su negativa a permitir la explotación minera en la cordillera

Solo con esta maniobra, la Provincia de Chubut renunció a la creación de miles de puestos de trabajo en el sector privado formal. Del otro lado de la cordillera, la industria minera de Chile llegó a exportar hasta US$ 9.200 millones de dólares en 2023.

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Economía

El Presidente del Banco Central desmintió públicamente a Martín Tetaz: Chubut recibe el mismo trato que cualquier otra provincia del país

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Santiago Bausili remarcó que la autoridad monetaria se limita a establecer las reglas de juego para minimizar el riesgo en el sistema bancario, y no existe ninguna actuación discrecional que perjudique deliberadamente a la Provincia de Chubut.

La imposibilidad de llevar a cabo un canje de deuda por parte de la Provincia de Chubut a cargo del gobernador Ignacio Torres desató un nuevo conflicto con el Gobierno nacional. El canje no puede ejecutarse si el Gobernador no logra poner en orden las cuentas fiscales de su jurisdicción, para trazar así un cronograma de pagos garantizados con las regalías del sector petrolero.

El Gobierno del Presidente Javier Milei, de la mano del ministro Luis Caputo, hizo uso de sus facultades para retener una parte del pago de la coparticipación hacia Chubut como pago a cuenta de la deuda pendiente que esta provincia mantiene con la Nación. Ante la falta de respuestas de gestión, Torres respondió con la amenaza de desabastecer de petróleo al país, violando la seguridad jurídica de la Provincia y poniendo en peligro al empleo de miles de personas.

En este contexto, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, trató de excusar al Gobernador afirmando que el BCRA impide la reestructuración de la deuda. Esto es falso, y el propio director de la institución, Santiago Bausili, se encargó de desmentir públicamente.

Como explicó el Presidente del BCRA, la institución se limita a regular el riesgo de exposición al que puede incurrir el sistema bancario local con las distintas esferas del sector público, y en este caso con las provincias.

Desde el estallido de la crisis bancaria de 2001 (probablemente la mayor de la historia argentina), el BCRA restringe el crédito que los bancos locales pueden suministrarle a las provincias. Esta pauta es necesaria, precisamente, para evitar que se vuelva a repetir un crack bancario como el de aquel entonces.

Pero muy a diferencia de lo que dejó trascender el diputado Tetaz, el Banco Central no establece (ni puede establecer) ningún tipo de restricción al endeudamiento de las Provincias. Las distintas jurisdicciones locales pueden endeudarse libremente con bancos o entidades extranjeras, o pueden hacerlo con el mismo Gobierno nacional. Tampoco existe ninguna regulación ni limitación a que cualquier Provincia pueda ejecutar un canje de deuda con sus respectivos acreedores.

La Provincia de Chubut podría cerrar un canje de deuda si lograra los superávits necesarios para hacer frente al pago de capital e intereses con Nación, lo que no puede hacer es endeudarse indefinidamente con los bancos locales para financiar sus desequilibrios ya que estos últimos no tienen permitido ofrecer crédito de semejante magnitud.

Por supuesto, esta regulación sobre los bancos locales es indiferente a cualquier provincia del país. No existe ningún tipo de tratamiento discrecional en favor de alguna jurisdicción por sobre otra. Chubut puede endeudarse limitadamente con el mercado de capitales local tanto como La Rioja, Buenos Aires o Mendoza.

El reclamo del gobernador Torres es bochornoso e irresponsable, pero más importante aún, esconde una cuestión de fondo: la negativa por ajustar las finanzas públicas y para honrar debidamente las deudas asumidas en tiempo y forma.

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Economía

Argentina perdió un juicio de US$ 337 millones por la falsificación de estadísticas del INDEC durante el Gobierno de Cristina Kirchner

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Así lo estableció un tribunal de Gran Bretaña en favor de la demanda del fondo Palladian Partners. La alteración de estadísticas impactó directamente sobre el pago de los bonos atados al crecimiento del PBI, y los acreedores se vieron damnificados.

La herencia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando costos aún al día de hoy. El Tribunal de Apelaciones de Londres dispuso este jueves de un fallo en contra del Estado argentino y a favor del fondo litigante Palladian Partners, en conjunto con HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International.

El fallo de la corte responde a la alteración de las estadísticas del INDEC durante el período en que fue intervenido por el kirchnerismo, y en particular en relación al pago de los bonos atados a la evolución del PBI.

Los llamados “bonos con cupón PBI” se lanzaron en Argentina durante el año 2005 con el objetivo de atraer a los inversores al canje de deuda que se ejecutó por aquel entonces. Estos bonos ofrecían pagar una retribución adicional cada vez que Argentina creciera más de un 3% anual, medido por el INDEC. Pero en el año 2013 el exministro de Economía y actual Gobernador, Axel Kicillof, alteró las estadísticas del organismo y cambió el año base de medición del PBI para alterar la tasa de crecimiento de ese año.

Cuando los bonos fueron lanzados en 2005, el INDEC tomaba como referencia al año base 1993, y a partir de 2013 comenzó a tomarse como referencia al año 2004 (algo que se mantiene hasta la actualidad). Podría haberse cambiado el año base (algo común) y al mismo tiempo haber excluido a estos bonos de la nueva referencia, pero toda la intención del Gobierno kirchnerista fue alterar las estadísticas para evitar pagar intereses de deuda.

Debido a estas modificaciones, los acreedores comenzaron a recibir una menor retribución por sus bonos. En otras palabras, hubo un cambio deliberado de las reglas de juego dispuesto con la única finalidad de pagar menos intereses de deuda. 

Para el tribunal de Londres, estas fueron razones suficientes para darle la razón a los demandantes y exigir una compensación por 310 millones de euros, equivalentes a US$ 337 millones de dólares y solo a cuenta del fondo Palladian Partners. La demanda conjunta con los fondos restantes llegaría a los US$ 1.500 millones de dólares

Este fallo producido por la herencia kirchnerista tiene lugar en un momento especialmente delicado para el país y para las reservas del Banco Central. Desde el 10 de diciembre el BCRA logró acumular cerca de US$ 8.000 millones de dólares en reservas netas, pero es necesario recordar que la administración anterior dejó un rojo de divisas de por lo menos US$ 11.000 millones y las reservas netas siendo negativas.

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