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Economía

El plan Gelbard: El bizarro programa económico preferido de Batakis que destruyó la economía argentina en los 70s

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Batakis aseguró que Ber Gelbard fue el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina y dijo que quiere copiar su plan económico. Al día de hoy su programa sigue siendo recordado por el violento estallido inflacionario, el desabastecimiento y la recesión.

En una entrevista para TN, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, recordó el programa económico que lanzaba en 1973 el militante comunista José Ber Gelbard, elegido por Héctor Campora y luego ratificado por Perón para ocupar el cargo que ahora ella tiene. Sin dudarlo ni por un segundo, Batakis aseguró que Gelbard fue el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina.

La reivindicación resulta muy bizarra: el programa del exministro no cosechó éxitos en su primera etapa de aplicación, y fue expulsado del gobierno. Pocos meses después, la situación económica que dejó causó un violento estallido inflacionario que comenzó en el primer semestre de 1975 y culminó en el famoso “Rodrigazo” en junio de ese año.

Al término del plan reivindicado públicamente por Batakis, Argentina consolidó una inflación interanual de 3 dígitos, sufrió el desabastecimiento de productos esenciales como la leche y el papel higiénico, y enfrentó una severa estanflación que no se detendría hasta 1990. ¿Eso quiere copiar?

El plan Gelbard

Tras la asunción de Héctor Cámpora en mayo de 1973, el nuevo Gobierno peronista decide formar un equipo denostado como “gorila” en la jerga de la época, compuesto por radicales y socialistas, con Gelbard a la cabeza.

El nuevo ministro de Economía lanza un programa “trienal” con medidas de shock sobre los precios, los salarios y el mercado financiero. En lugar de pautar metas específicamente ligadas al programa, Gelbard decide pautar metas físicas sobre crecimiento del PBI y empleo como ocurría en las economías planificadas.

Las principales medidas del programa de mayo de 1973:

  • Restricción de la inversión extranjera directa
  • Control de precios y tarifas públicas
  • Control de salarios y suspensión de las negociaciones colectivas por 2 años
  • Control de cambios
  • Nacionalización de depósitos bancarios
  • Reemplazo del Impuesto a los réditos por el actual Impuesto a las Ganancias
  • Aumento de los impuestos al trabajo
  • Aumento del impuesto a los dividendos del 8% al 22%
  • Aumento de la tasa corporativa máxima al 45%
  • Aumento del impuesto a las ventas del 10% al 13% (hoy conocido como IVA)
  • Aumento del gasto público y la emisión monetaria orientada al crédito privado
  • Profundización del comercio con el COMECON (las economías tras la cortina de hierro)

En su primer mes de aplicación, el programa llevó el nivel de inflación mensual 3,5% en mayo de 1973 a un promedio de sólo 0,87% mensual entre junio de ese año y enero de 1974. Por esta razón el programa inicialmente se dio a conocer como “Plan cero” en las conferencias de prensa ante periodistas y empresarios.

Pese a la emisión monetaria, sólo fue posible mantener controlada a la inflación gracias a un notable incremento de la demanda de pesos, tanto para uso transaccional como en demanda de activos financieros con retorno en pesos. Pero esto fue un fenómeno meramente transitorio e incentivado artificialmente por la represión financiera.

Tras 8 meses de relativo éxito, el programa comenzó a colapsar ante el progresivo incremento del desabastecimiento en los mercados oficiales, el rebrote inflacionario y la inminente caída en la demanda de dinero.

El promedio inflacionario subió a casi 3% por mes entre enero y octubre de 1974, y Gelbard abandonó el Ministerio de Economía con una inflación interanual en torno al 30%, 18 puntos porcentuales por encima del mínimo conseguido por el programa en mayo de 1974.

Principales variables monetarias del país entre 1970 y 1976.

Además, habiendo heredado un déficit del Tesoro en torno al 5% del PBI en mayo de 1973, Gelbard abandona el Ministerio con un desequilibrio del 6,35% del producto en el tercer trimestre de 1974, después de haber alcanzado un pico de hasta 7% en el cuatro trimestre del año anterior.

Los controles de precios se hicieron cada vez más insostenibles y la inflación superó el 80% interanual al término de la gestión de Alfredo Gómez Morales en mayo de 1975. Para el mes de junio, no solo los controles de precios sino también el control de cambios y las tarifas públicas se encontraban en un nivel de distorsión imposible de sostener.

Sin reservas para mantener el cepo, con los precios relativos completamente desalineados y con un feroz desabastecimiento, el plan Gelbard termina por colapsar en junio de 1975 con el famoso “Rodrigazo” de su sucesor, el ministro Celestino Rodrigo, pero que debería haberse llamado en honor a Gelbard, ya que fue él quien lo creó.

La inflación mensual saltó al 21% en junio de 1975 y superó el 34% en julio. Más tarde promedió el 18% mensual entre agosto de 1975 y marzo de 1976, con un pico de hasta 37% en este último mes. Argentina sufría el rebrote inflacionario más salvaje de su historia hasta ese entonces, y el plan Gelbard quedaba completamente pulverizado. 

Economía

Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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Economía

Rotundo éxito de la derogación de Ley de Alquileres: La oferta subió un 240% y los precios reales cayeron un 34%

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Contrariamente a lo que defendió el kirchnerismo y la izquierda a lo largo de la campaña electoral del 2023, la desregulación inmobiliaria está permitiendo que miles de personas puedan acceder al alquiler en Argentina. El valor real de los precios de alquiler se redujo en un 34% desde la vigencia del DNU.

El Presidente Javier Milei cumplió su promesa de campaña en relación a la desregulación del mercado de alquileres, derogando las corrosivas normativas dictadas por el Gobierno kirchnerista en 2020. 

Los resultados están a la vista: la oferta de viviendas puestas en alquiler se disparó un 240% solamente en la Capital Federal, y este efecto expansivo se registró en cada rincón del país, al ser dinamitadas las restricciones arbitrarias de la gestión anterior. El apuntalamiento de los derechos de propiedad y la mayor flexibilidad para negociar precios, permitieron que muchos propietarios vuelvan a confiar sus bienes inmuebles al mercado del alquiler.

Pero los mayores beneficiarios de la desregulación fueron los propios inquilinos: se estima que el valor real de los alquileres se desplomó en un promedio de por lo menos 34% desde la vigencia del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) establecido por el Gobierno.

Y de acuerdo a los datos publicados por el INDEC, en la región del Gran Buenos Aires el valor real de los alquileres se redujo en un 22% desde diciembre del año pasado. Se trata del rubro que más se apartó de la variación promedio de los precios desde entonces (denotada por el IPC del organismo oficial).

En otras palabras, el precio promedio de los alquileres en el mercado se incrementó sistemáticamente por debajo de la tasa de inflación de la economía, y también por debajo del crecimiento de los salarios. 

El poder adquisitivo de los argentinos se vio favorecido a la hora de lidiar con los costos de alquilar. Dada una demanda relativamente constante en el mercado, la explosión de la oferta de propiedades en alquiler permitió que los precios simplemente colapsaran en términos reales

Los sucesivos y drásticos aumentos perpetrados durante la legislación anterior simplemente dejaron de ser convalidados por los usuarios, ya que ahora disponen de una gran variedad de alternativas para poder alquilar.

La legislación anterior protegía virtualmente solo a aquellos usuarios con la suerte de disponer de un alquiler ya contratado, ya que se veía licuado el valor real del mismo con el paso del tiempo. Pero este fuerte desincentivo a la oferta de viviendas generó un alza de precios en términos reales que terminó por levantar una enorme barrera a la entrada en el mercado.

Cada vez más, los beneficios de la Ley de Alquileres del año 2020 se dirigían a los usuarios de mayores ingresos que tuvieron la suerte de poder saltear las crecientes barreras a la entrada del mercado, pero solo a costa de miles de personas que desafortunadamente fueron expulsadas de toda posibilidad de alquilar debido a los precios exorbitantes y la escasez de alternativas de vivienda.

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El Presidente Biden anunció una nueva guerra comercial contra China: Se establecieron aranceles de entre el 25% y el 100%

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Biden desató una agresiva impronta arancelaria contra China como no se veía desde el año 2019. Se espera una pronta respuesta arancelaria por parte del régimen de Xi Jinping, desatando así una nueva guerra comercial que repercutirá a nivel global.

En medio de la campaña electoral, y viéndose superado por las principales encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden anunció una oleada de represalias arancelarias en contra de las importaciones provenientes de China, muchas de las cuales afectan a sectores especialmente dinámicos y competitivos.

Biden tomó la decisión de establecer recargos drásticamente más elevados en comparación a los que había establecido su predecesor entre 2018 y 2019, pero con una lógica sustancialmente diferente: esta vez se pretende articular una protección de carácter permanente, y los aranceles ya no se ven inmiscuidos como una mera regla de negociación para que China profundice la desregulación sobre su mercado de divisas.

El Presidente Biden anunció una impronta abiertamente proteccionista, y los principales damnificados de esta política serán los propios consumidores estadounidenses que deberán enfrentarse a precios y costos más elevados. Se anunciaron las siguientes disposiciones contra las importaciones chinas:

  • Arancel del 25% sobre el acero y el aluminio
  • Arancel del 50% sobre semiconductores y paneles solares
  • Arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos

Los aranceles anunciados protegerán a la industria estadounidense frente a la competencia china, en detrimento de la calidad de sus productos y del poder adquisitivo de los consumidores locales. Muchas enfrentas enfrentarán un gran aumento de costos que sin lugar a dudas será trasladado al bolsillo del consumidor.

También constituye un fuerte desaliento para la inversión extranjera directa de largo plazo, ya que la constante alteración de las reglas de juego generan un clima de inestabilidad que hace imposible la previsión.

Pero incluso a pesar de los evidentes daños generados para los consumidores, los beneficios para la industria estadounidense podrían verse diluídos rápidamente, tan pronto como aparecieron en primer lugar.

Dado el gran tamaño de la economía estadounidense, resulta factible que la aplicación de aranceles puntales revitalicen frente a su par asiático. Sin embargo, es casi un hecho el régimen chino adoptará medidas arancelarias de represalia en la dirección opuesta, desatando una nueva y agresiva guerra comercial.

En caso de que esto ocurra, y con toda seguridad resulta el escenario más probable, entonces quedarían erradicadas todas las ganancias de competitividad que pudiera tener Estados Unidos frente a China. 

El resultado de equilibrio podría traer aparejado un nivel más alto de precios internos tanto en China como en Estados Unidos, pero ninguna ganancia de competitividad para ninguno de los dos países debido a que la relación entre aranceles permanecería relativamente constante.

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