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Economía

El Plan Motosierra de Javier Milei: Las 4 propuestas para achicar el Estado y llegar al déficit cero

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El programa fiscal de Milei propone eliminar el déficit financiero del Sector Público Nacional en un año, como parte de un ajuste mucho más ambicioso del que propone el FMI. Se reducirán las transferencias discrecionales, el déficit de las empresas del Estado y el gasto en obra pública.

El candidato liberal Javier Milei propuso una serie de reformas estructurales para transformar la economía argentina, entre ellas la reforma del Estado en lo que denominó como “plan motosierra”. Se propone que el ajuste fiscal recaiga sobre el sector público, y minimice todos los costos para la sociedad y los sectores más vulnerables.

El programa apunta a una rápida consolidación fiscal del Sector Público Nacional (SPN), no solamente eliminando el déficit primario entre gastos operativos e ingresos tributarios, sino también logrando cubrir los costos por el pago de intereses de deuda.

Se pretende arribar a un genuino déficit cero en el primer año de Gobierno, lo cual representa un ajuste equivalente a los 5 puntos del PBI, como la primera etapa de un sendero de reducción que se mantendría en el tiempo. El ajuste propuesto alcanza a duplicar al que se llevó a cabo durante la reforma del Estado anunciada por el presidente Carlos Menem, que redujo el tamaño del SPN en un 2,5% del PBI entre 1989 y 1990.

La reforma del Estado de Milei

Ajuste sobre los gastos de obra pública

El Gobierno nacional destina un promedio equivalente al 2,5% del PBI para la financiación de múltiples proyectos de obra pública en todo el país, una partida especialmente controversial por ser objetivo de numerosos casos de corrupción (los más famosos vinculados a la actual vicepresidente Cristina Kirchner).

El programa de Milei propone instaurar un sistema de iniciativa privada similar al que funciona en Chile hace más de 20 años, con el objetivo de que cualquier obra pública de interés nacional pueda ser financiada con recursos 100% privados, a cambio de que el Gobierno otorgue garantías y concesiones sobre la explotación de esas infraestructuras (esto aplica por ejemplo a puentes, rutas, autopistas, represas, gasoductos, oleoductos, etc).

El Estado nacional solo desembolsaría recursos propios para aquellas obras en las que el sector privado no muestre interés de invertir por falta de rédito económico, como por ejemplo las obras para prevenir inundaciones. Esta maniobra podría reducir el gasto público de manera significativa, sin ningún tipo de costo perceptible para la sociedad.

Ajuste sobre las transferencias discrecionales

En un contexto de violenta inflación, resulta muy usual que los presupuestos apliquen un determinado parámetro de inflación esperada para llevar adelante la planificación de los gastos anuales, y que finalmente el parámetro no se cumpla. El Presupuesto 2023 es un ejemplo notable, ya que se fijaba una inflación del 60% cuando en realidad podría oscilar entre el 150% y el 190% para diciembre.

Esta diferencia entre inflación esperada e inflación efectiva no es trivial para el Presupuesto, genera una partida de recursos con asignación discrecional que el Gobierno de turno tiene a su disposición. Este “exceso” de recursos se crea a partir de la mayor recaudación nominal por todos los impuestos vinculados a la evolución real de la economía, exceso que no fue previsto por el Presupuesto original.

La mayor parte de estos gastos aplican para las Provincias sin ningún criterio objetivo, y representa una factura de por lo menos el 5% del PBI (dependiendo de qué tan grosera sea la diferencia entre la expectativa de inflación y la realidad). El plan económico de La Libertad Avanza propone utilizar esta partida como una fuente más para el ajuste fiscal, transfiriendo únicamente los gastos que se consideren prioritarios.

Simplificación de la estructura del sector público y plan de privatizaciones

La simplificación del “esqueleto” del Estado nacional no solamente permitiría mejorar la eficiencia en la toma de decisiones sino también bajar el gasto público. Se propone reducir la cantidad de ministerios de 21 a 8, retornando así a la misma cantidad que había en el año 1998.

También se propone la eliminación de algunos organismos dependientes de la dirección de los ministerios, como por ejemplo el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La reducción de la cantidad de ministerios o la eliminación de organismos dependientes no implica la desaparición de sus funciones, sino su absorción por una estructura más simple y más eficiente. 

Por ejemplo, las funciones del Conicet serían absorbidas por el nuevo ministerio de Capital Humano, que nucleaba funciones de educación, salud y trabajo. Ocurriría exactamente lo mismo para las funciones que hoy son llevadas a cabo por los ministerios de Educación, de Salud, de Mujeres, etc.

La primera etapa del programa no contempla la reducción del personal del sector público, aunque sí se propone la introducción de un sistema de retiros voluntarios a medida que avancen las reformas estructurales restantes.

Por otra parte, la privatización de empresas estatales se propone eliminar el déficit equivalente al 1% del PBI que cada año le significan a la sociedad, además de las acreencias que el Estado podría reservarse por estas ventas. Este proceso requiere de una primera fase de reestructuración de las empresas con déficit, para posteriormente su llamado a licitación.

Reducción de los subsidios económicos

La factura por subsidios a las tarifas de los servicios públicos representan un monto que oscila entre el 2% y el 3% del PBI cada año, principalmente sobre las facturas de electricidad, gas y transporte público. 

El programa económico de Milei propone modificar lo que se conoce como ecuación económico-financiera de los contratos, presente en los pliegues de licitación que regulan a cada uno de estos servicios, y de esta manera reducir la cuantía de los subsidios en términos reales.

A fin de evitar que la totalidad del ajuste se aplique sobre el precio de las tarifas, se buscarán emplear otras variables como por ejemplo ofrecer una mayor duración de los contratos de concesión, modificar el nivel de apalancamiento de las empresas, reprogramar inversiones, y ofrecer beneficios impositivos para atenuar el impacto sobre el bolsillo de la sociedad.

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Éxito total: Toto Caputo logró un 100% de adhesión a la propuesta de reestructuración por la deuda de Cammesa

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El anuncio envía una firme señal de disciplina fiscal para los mercados, ya que el Gobierno nacional podrá evitar incurrir en mayores obligaciones por las deudas acumuladas con las energéticas. La reestructuración cerró con la aceptación de bonos en dólares pagaderos hasta el año 2038.

Las empresas más importantes del mercado energético argentino finalmente aceptaron la propuesta de reestructuración presentada por el ministro Luis Caputo para reestructurar la deuda de Cammesa. Se trata de una serie de obligaciones acumuladas por subsidios energéticos entre diciembre del año pasado y enero de este año.

Central Puerto y Pampa Energía, dos actores fundamentales en el mercado energético, decidieron apoyar la propuesta por medio de un bono en dólares a 2038, que involucra una quita implícita de hasta el 50% con respecto al valor original de la deuda. Otros actores del mercado como El Chocón, YPF, YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE) de Bulgheroni, Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG, Solargen, Pluspetrol, Albanesi y Compañía General de Combustibles (CGC), también aceptaron la propuesta del Ministro. 

En vista a la deplorable situación fiscal heredada de la administración kirchnerista, las energéticas entendieron que poseían en un activo incobrable en su cartera, ya que el Estado no poseía capacidad alguna de pago. Sin embargo, la propuesta de Caputo promete un horizonte de pagos mucho más realista y factible, con lo cual se prefirió una quita del 50% sobre la deuda en lugar de una situación de evidente impago. 

Por estas razones las empresas energéticas informaron por evidentes pérdidas ante la aceptación de la quita de deuda, pero esto no es otra cosa sino el sinceramiento de un rojo que ya existía antes como resultado de la política tarifaria irresponsable del exministro y candidato Sergio Massa.

El Gobierno envía una señal contundente a los mercados: el superávit fiscal es sólido, incluso de forma independiente al resultado de la votación de la Ley Bases en el Congreso. Sin importar el accionar de la vieja política y los sectores más adversos al cambio económico en el país, el equipo económico del oficialismo se aseguró la prórroga del superávit fiscal.

Todo esto implica que el BCRA se mantendrá firme en su posición autárquica con respecto al financiamiento del sector público, y podrá continuar con su respectivo saneamiento para finalmente desembocar en la liberalización del mercado cambiario.

La creciente apertura y liberalización del mercado energético argentino, algo presente en la Ley Bases, apunta precisamente a aprovechar el potencial productivo de las energéticas a través del tiempo. De obtenerse un resultado favorable en el recinto legislativo, la valorización de las energéticas podría reaccionar positivamente en vista de la proyección de ganancias futuras.

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Rumbo a la competencia de monedas: El BCRA eliminó las restricciones adicionales para la apertura de cajas de ahorro en dólares

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El marco normativo para abrir una caja de ahorro en dólares pasa a ser el mismo que regía para las cajas en pesos, sin ninguna distinción. Este primer paso desregulatorio permite avanzar hacia la libre competencia de monedas que propone el Gobierno.

A través de la Comunicación “A” 8027, el Banco Central presidido por Santiago Bausili anunció la desregulación de la apertura de cajas de ahorro en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Fueron completamente eliminados los requisitos adicionales que existían para la apertura de este tipo de cuentas, en detrimento y competencia desleal con respecto a las facilidades ofrecidas sobre las cuentas en pesos.

Hasta ahora, y en el marco del cepo cambiario vigente desde finales de 2019, se exigía a los bancos solicitar requisitos de información a sus clientes para corroborar que estos percibieran ningún subsidio si querían abrir una caja de ahorro en dólares. También se exigía información para demostrar una cierta capacidad de ahorro.

El objetivo de estas regulaciones arbitrarias era evitar que una gran cantidad de personas, principalmente aquellas más vulnerables y frecuentemente subsidiadas por el Estado, pudieran migrar sus pesos hacia el dólar a través del sistema bancario. De esta manera, miles de personas fueron relegadas a la operatoria en mercados alternativos y fuera del sistema.

Durante el estallido de la pandemia en 2020, el Gobierno kirchnerista emitió una insana cantidad de pesos al mismo tiempo en que endureció el cepo cambiario y las normativas para abrir cajas de ahorro en moneda extranjera, a fin de evitar que la mayor cantidad de pesos en circulación migraran al dólar como consecuencia de la caída de la demanda de dinero.

Muy por el contrario, el equipo económico actual se comprometió con una estricta disciplina fiscal y monetaria, que desmanteló por completo la emisión del BCRA para asistir al Tesoro, y arribó al superávit financiero de las arcas públicas al término del primer trimestre del año.

La flexibilización regulatoria anunciada por Bausili también implica una alivio para el acceso al dólar MEP. Esta cotización de la divisa se adquiere por medio de la intermediación de un bono, y para ello existe una norma que explicita que cada cliente suscriba dólar MEP debe enviar sus compras desde una cuenta comitente a una cuenta bancaria. En este sentido, la mayor facilidad para abrir una cuenta en dólares permite que este proceso se haga más ágil y sencillo.

Las medidas dispuestas por el BCRA permiten una mayor inclusión en el sistema financiero, y constituyen un paso fundamental para regularizar la competencia entre el peso y el dólar. Se habilita entonces un canal perfectamente legal y regularizado para afianzar el ingreso de dólares al sistema financiero.

En última instancia, la libre competencia de monedas a la que apunta el Gobierno del Presidente Javier Milei no solo quedaría determinada por la legalización de los contratos en dólares, sino también por el curso legal del dólar para todo tipo de operaciones en consonancia con el peso.

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Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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