Economía
El Plan Motosierra de Javier Milei: Las 4 propuestas para achicar el Estado y llegar al déficit cero
El programa fiscal de Milei propone eliminar el déficit financiero del Sector Público Nacional en un año, como parte de un ajuste mucho más ambicioso del que propone el FMI. Se reducirán las transferencias discrecionales, el déficit de las empresas del Estado y el gasto en obra pública.

El candidato liberal Javier Milei propuso una serie de reformas estructurales para transformar la economía argentina, entre ellas la reforma del Estado en lo que denominó como “plan motosierra”. Se propone que el ajuste fiscal recaiga sobre el sector público, y minimice todos los costos para la sociedad y los sectores más vulnerables.
El programa apunta a una rápida consolidación fiscal del Sector Público Nacional (SPN), no solamente eliminando el déficit primario entre gastos operativos e ingresos tributarios, sino también logrando cubrir los costos por el pago de intereses de deuda.
Se pretende arribar a un genuino déficit cero en el primer año de Gobierno, lo cual representa un ajuste equivalente a los 5 puntos del PBI, como la primera etapa de un sendero de reducción que se mantendría en el tiempo. El ajuste propuesto alcanza a duplicar al que se llevó a cabo durante la reforma del Estado anunciada por el presidente Carlos Menem, que redujo el tamaño del SPN en un 2,5% del PBI entre 1989 y 1990.
La reforma del Estado de Milei
Ajuste sobre los gastos de obra pública
El Gobierno nacional destina un promedio equivalente al 2,5% del PBI para la financiación de múltiples proyectos de obra pública en todo el país, una partida especialmente controversial por ser objetivo de numerosos casos de corrupción (los más famosos vinculados a la actual vicepresidente Cristina Kirchner).
El programa de Milei propone instaurar un sistema de iniciativa privada similar al que funciona en Chile hace más de 20 años, con el objetivo de que cualquier obra pública de interés nacional pueda ser financiada con recursos 100% privados, a cambio de que el Gobierno otorgue garantías y concesiones sobre la explotación de esas infraestructuras (esto aplica por ejemplo a puentes, rutas, autopistas, represas, gasoductos, oleoductos, etc).
El Estado nacional solo desembolsaría recursos propios para aquellas obras en las que el sector privado no muestre interés de invertir por falta de rédito económico, como por ejemplo las obras para prevenir inundaciones. Esta maniobra podría reducir el gasto público de manera significativa, sin ningún tipo de costo perceptible para la sociedad.
Ajuste sobre las transferencias discrecionales
En un contexto de violenta inflación, resulta muy usual que los presupuestos apliquen un determinado parámetro de inflación esperada para llevar adelante la planificación de los gastos anuales, y que finalmente el parámetro no se cumpla. El Presupuesto 2023 es un ejemplo notable, ya que se fijaba una inflación del 60% cuando en realidad podría oscilar entre el 150% y el 190% para diciembre.
Esta diferencia entre inflación esperada e inflación efectiva no es trivial para el Presupuesto, genera una partida de recursos con asignación discrecional que el Gobierno de turno tiene a su disposición. Este “exceso” de recursos se crea a partir de la mayor recaudación nominal por todos los impuestos vinculados a la evolución real de la economía, exceso que no fue previsto por el Presupuesto original.
La mayor parte de estos gastos aplican para las Provincias sin ningún criterio objetivo, y representa una factura de por lo menos el 5% del PBI (dependiendo de qué tan grosera sea la diferencia entre la expectativa de inflación y la realidad). El plan económico de La Libertad Avanza propone utilizar esta partida como una fuente más para el ajuste fiscal, transfiriendo únicamente los gastos que se consideren prioritarios.
Simplificación de la estructura del sector público y plan de privatizaciones
La simplificación del “esqueleto” del Estado nacional no solamente permitiría mejorar la eficiencia en la toma de decisiones sino también bajar el gasto público. Se propone reducir la cantidad de ministerios de 21 a 8, retornando así a la misma cantidad que había en el año 1998.
También se propone la eliminación de algunos organismos dependientes de la dirección de los ministerios, como por ejemplo el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La reducción de la cantidad de ministerios o la eliminación de organismos dependientes no implica la desaparición de sus funciones, sino su absorción por una estructura más simple y más eficiente.
Por ejemplo, las funciones del Conicet serían absorbidas por el nuevo ministerio de Capital Humano, que nucleaba funciones de educación, salud y trabajo. Ocurriría exactamente lo mismo para las funciones que hoy son llevadas a cabo por los ministerios de Educación, de Salud, de Mujeres, etc.
La primera etapa del programa no contempla la reducción del personal del sector público, aunque sí se propone la introducción de un sistema de retiros voluntarios a medida que avancen las reformas estructurales restantes.
Por otra parte, la privatización de empresas estatales se propone eliminar el déficit equivalente al 1% del PBI que cada año le significan a la sociedad, además de las acreencias que el Estado podría reservarse por estas ventas. Este proceso requiere de una primera fase de reestructuración de las empresas con déficit, para posteriormente su llamado a licitación.
Reducción de los subsidios económicos
La factura por subsidios a las tarifas de los servicios públicos representan un monto que oscila entre el 2% y el 3% del PBI cada año, principalmente sobre las facturas de electricidad, gas y transporte público.
El programa económico de Milei propone modificar lo que se conoce como ecuación económico-financiera de los contratos, presente en los pliegues de licitación que regulan a cada uno de estos servicios, y de esta manera reducir la cuantía de los subsidios en términos reales.
A fin de evitar que la totalidad del ajuste se aplique sobre el precio de las tarifas, se buscarán emplear otras variables como por ejemplo ofrecer una mayor duración de los contratos de concesión, modificar el nivel de apalancamiento de las empresas, reprogramar inversiones, y ofrecer beneficios impositivos para atenuar el impacto sobre el bolsillo de la sociedad.
Economía
Desesperado por las elecciones, Massa anunció un arsenal de medidas para contener la crisis en autónomos, monotributistas y pymes
Se trata de un conjunto de medidas con aplicación automática, incluyendo nuevos alivios fiscales y la extensión de los que ya fueron anunciados. También se anunció una simplificación tributaria para pequeñas empresas.

El ministro de Economía y candidato por el oficialismo, Sergio Massa, comunicó oficialmente una serie de alivios fiscales para un umbral aproximado de 701.000 personas. Se trata de un manotazo de ahogado desesperado, en medio de la inminente debacle electoral por la crisis que deja el kirchnerismo en el país.
El paquete de medidas combina nuevas disposiciones y simplificaciones impositivas, pero también extiende todas las que ya fueron anunciadas anteriormente. Nuevamente, esto supondrá una nueva profundización del déficit fiscal y su financiación por vía inflacionaria. Todos los beneficios presentes pasarán factura en el futuro, en forma de un violento aumento de precios.
Los anuncios de Massa
Profesionales inscriptos en el régimen de autónomos
- Se extiende la prórroga del pago de aportes personales (ingresos para la seguridad social) para septiembre, octubre, noviembre y diciembre
- Se entiende la prórroga para el pago del IVA como parte de la cuota mensual hasta el mes de diciembre
- Se actualizan los importes de la escala de retención del impuesto a las ganancias, para evitar recategorizaciones solo por el hecho del aumento nominal de los ingresos
- Se eleva el monto no sujeto a retención hasta los $160.000 mensuales
Monotributistas
- Se suspenden las exclusiones por superar el límite de facturación hasta la actualización de la escala el año que próximo
- Se suspenden las bajas automáticas por falta de pago también hasta el año próximo
Empleados informales
El Gobierno confirmó que se estudia la implementación de un nuevo IFE de suma fija para un cierto umbral de trabajadores en relación de dependencia que no están registrados (que no realizan aportes personales y tampoco reciben aportes patronales).
Sin embargo, el ministro Massa todavía no dio precisiones sobre el alcance, los requisitos y el monto de la suma fija que eventualmente se lanzará en los próximos días. El sector de los informales aún no fue alcanzado por ninguna de las medidas que dispuso el Gobierno, aún siendo un universo de personas mucho más grande en comparación a los autónomos y los monotributistas.
Empresas Pyme
Se anunció un programa de pagos más flexible para regularizar deudas pendientes con el fisco, el cual sigue las siguientes disposiciones:
- Un total de 120 cuotas mensuales (hasta 10 años de plazo para pagar la deuda)
- La posibilidad de entrar en el programa vence el 31 de diciembre de 2023
- Permite incluir Obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2023
- Permite incluir planes caducos
- Se fija una tasa de interés del 4,14% mensual (equivalente al 70% anual)
- Se incluye un régimen de simplificación tributaria opcional para profesionales, por medio del cual se realiza una única declaración jurada en enero de cada año
Nuevo régimen simplificado para micro y pequeñas empresas, distinto al monotributo
El sistema operaría para autónomos comerciantes, profesionales prestan servicios, con una lógica muy similar al esquema del monotributo. Quienes perciban una suma de ingresos mensual de hasta 15 salarios mínimos podrán optar por integrarse a este sistema, con las siguientes características:
- Se establecerá un único pago mensual que incluirá el IVA, el aporte personal a la seguridad social y el impuesto a las Ganancias en caso de corresponder
- El pago se determinará como un porcentaje de la facturación, a diferencia del monotributo que constituye un impuesto de suma fija
Economía
El último presidente del Banco Central: Milei anunció que Ocampo dirigirá el proceso de dolarización si gana las elecciones
El candidato de la Libertad Avanza confirmó que el ideólogo de la dolarización será nominado a ocupar la dirección del Banco Central en caso de llegar a la Casa Rosada. Su tarea será llevar a cabo la dolarización del país, el desarme del déficit cuasi-fiscal y eventualmente poner fin a la institución.

En una entrevista exclusiva con el periodista Esteban Trebucq, el candidato a presidente Javier Milei precisó más detalles sobre algunos de sus colaboradores que lo acompañarán en caso de llegar a la presidencia de la Nación en las elecciones generales.
De esta manera, ratificó de manera oficial que Emilio Ocampo será el Presidente del Banco Central en un eventual gobierno suyo. Pero también confirmó que no solo será el próximo presidente de la entidad monetaria si no que será el último, ya que tendrá a su cargo dirigir el proceso de dolarización y luego cerrarlo.
Si bien el andamiaje técnico para poder llevar a cabo la dolarización está condicionado al punto de partida de la economía el próximo 10 de diciembre (y por lo tanto es imposible conocer con certeza cuál será la estrategia al día de hoy), Ocampo tiene un plan junto con Nicolás Cachanosky que se puede cumplir en un periodo de hasta 2 años.
Entre otras potestades, el economista será el encargado de dar una solución definitiva al problema de los pasivos remunerados en el Banco Central, una condición necesaria e indispensable para poder dolarizar la economía.
Habiéndose consumado ese proceso, Milei confirmó que Ocampo tendrá la tarea de cerrar el Banco Central como lo conocemos hoy. Es posible que la institución sobreviva con otro nombre, con otra estructura y con funciones extremadamente acotadas, como por ejemplo la superintendencia bancaria, pero se anulará la maniobrabilidad para hacer política monetaria discrecional, o sea, emitir dinero.
La meta de Milei es clara y ambiciosa: se apunta a terminar definitivamente con la inflación antes de las elecciones de medio término del 2025, consolidando así el capital político necesario para seguir impulsando el proceso de reformas estructurales que necesita el país. En este sentido, la dolarización podría concretarse en un lapso de 9 a 24 meses a partir del 10 de diciembre.
El candidato liberal aún no dio a conocer cuál será su Ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia, pero asegura que este cargo ya está definido y será comunicado oportunamente al país cuando se considere necesario.
Entre los muy probables colaboradores del equipo de Milei, se conoce que la economista del CEMA Diana Mondino ocupará un rol importante a cargo de la Cancillería argentina, el exrepresentante de Argentina ante el BID Guillermo Francos resuena para el Ministerio del Interior, y Sandra Pettovello podría estar al frente del eventual Ministerio de Capital Humano.
Economía
El kirchnerismo se une a los radicales nuevamente para aprobar un dictamen que terminará de destruir el crédito hipotecario
El proyecto propone lisa y llanamente acabar con las cláusulas del sistema UVA para reemplazarlas por el coeficiente de actualización de los salarios. Se sientan las bases para la erradicación definitiva del crédito inmobiliario en Argentina.

La bancada kirchnerista en el Senado impulsa un proyecto con el potencial de terminar de destruir el escasísimo crédito hipotecario que aún sobrevivía en el país. El proyecto apunta directamente a modificar (otra vez) los términos y condiciones de los contratos UVA, nuevamente para subsidiar a un pequeño grupo de personas en detrimento del acceso a la vivienda propia para el resto del país.
Se trata de un dictamen que propone modificar el proyecto que originalmente presentó la bancada radical dentro de Juntos por el Cambio a través del diputado Julio Cobos, un proyecto que también amenaza con acabar con el crédito hipotecario y significa una lisa y llana violación de los contratos.
Sin embargo, la versión kirchnerista del proyecto es incluso más extrema y Juntos por el Cambio se muestra dividido, sin ninguna posición oficial al respecto. Queda en evidencia una vez más que el espacio de Patricia Bullrich no tiene los consensos que dice tener, ni siquiera para algo tan básico como la regulación para un mercado en particular.
El proyecto kirchnerista consta de las siguientes disposiciones:
- Se propone virtualmente eliminar las UVA como mecanismo de actualización, y en su lugar indexar el valor de las cuotas por el índice de variación salarial que publica el INDEC. De esta manera se elimina completamente la única herramienta que permitía que este mercado sobreviviera (a duras penas) de la estampida inflacionaria
- Se modifican la tasa de interés de los créditos UVA, y se fijan valores arbitrarios que varían del 3,5% al 10% anual
- Se impone para las cuotas mensuales equivalente al 30% de los ingresos declarados del deudor, pero aún no se determina qué sucede en caso de exceder este tope. Por ejemplo la diferencia podría ser cubierta o bien por el Estado o bien de manera forzosa por los bancos (con los incentivos dañinos que todo esto implica)
El crédito hipotecario en la Argentina se encuentra en mínimos históricos, a punto de desaparecer por completo. A duras penas consiguió representar tan solo el 0,3% del PBI considerando al total de los préstamos al cierre del mes de abril, y considerando los créditos estrictamente orientados para la vivienda familiar estos tan solo llegaron a representar el 0,14% del PBI.
La Argentina llegó a tener un crédito hipotecario superior al 5% del PBI durante el Gobierno de Carlos Menem, pero tras el desastre inflacionario provocado por el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, hoy en día es más de 35 veces inferior.
Sin estabilidad y con una permanente violación de los contratos previamente establecidos, la previsión se hace imposible para las entidades financieras y, por lo tanto, el crédito hipotecario no puede desarrollarse como sí lo hace en cualquier país de la región.
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