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Economía

El “Plan Motosierra” de Javier Milei para 2023: Reforma del Estado, privatizaciones y baja de impuestos

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El diputado nacional presentó su programa económico en cara a su candidatura presidencial para 2023. La agenda de Milei propone achicar el tamaño del Estado y su rol en la economía, modernizar las leyes laborales y eliminar el costo de las empresas estatales sobre la sociedad.

Como parte de su acto en la ciudad de Córdoba, el diputado nacional y referente de la corriente liberal más grande del país, Javier Milei, anticipó los puntos de su programa económico en caso de ser electo presidente para 2023.

El economista bautizó su programa como “plan motosierra” y comprende una profunda agenda de reformas estructurales que no se veían desde la década de 1990 en Argentina. El programa consta de 3 etapas secuenciales: las reformas de primera generación, las de segunda generación, y finalmente las de tercera generación donde se incluye la reforma a la salud y la educación.

En sus tres fases de gestación, el plan pretende transformar la economía argentina desde el sistema sistema dirigista, estatista e intervencionista actual, a una economía de mercado moderna.

Reforma del Estado, empresas estatales e impuestos

En esta etapa el diputado Milei propone una profunda reforma del Estado similar a la que se llevó a cabo en 1989, por iniciativa del entonces presidente Carlos Menem. La reforma del Estado implica un drástico recorte del gasto público por medio de las siguientes acciones: la privatización de empresas estatales, la eliminación de las transferencias discrecionales a provincias, ajuste a la estructura burocrática estatal, la eliminación de la mayor parte de los gastos por obra pública y eliminación de subsidios a las tarifas.

La primera reforma que tenemos que hacer es la del Estado. Necesitamos imperiosamente bajar el gasto público para poder disminuir los impuestos”, explicó Milei.

El diputado planteó un ambicioso programa de privatizaciones para la gran mayoría de las empresas expropiadas o creadas por el Estado tras la gestión kirchnerista. Aquellas empresas que no cuenten con ofertas razonables por falta de interesados, como el caso de Aerolíneas Argentinas, serían transferidas a los trabajadores de la empresa.

Se estima que el Tesoro nacional debe desembolsar cada año un 1,5% del PBI en concepto de transferencias y cobertura de costos operativos para mantener las empresas del Estado. A su vez, la estructura burocrática del sector público se encuentra por encima de su costo histórico en términos del producto. A fines de simplificar la estructura del sector público, también se propone la reducción de la cantidad de ministerios a solo ocho.

El programa contempla, además, una reforma tributaria para bajar los impuestos y simplificar el sistema tributario. A pesar de los “efectos laffer” sobre la reforma, el programa espera que se produzca una caída en el nivel de recaudación, pero inferior a la caída del gasto público reformado, eliminando así los desequilibrios fiscales.

Reforma laboral, reforma previsional y gasto social

La reforma laboral de Javier Milei propone introducir conceptos de la economía de mercado moderna sobre el sistema argentino, del mismo modo en que ocurre en los países desarrollados.

La reforma propone eliminar el sistema de indemnizaciones por despido y reemplazarlo por un seguro de desempleo, que cubra a todos aquellos trabajadores que pierdan su trabajo. Desde el punto de vista de los empleadores, se baja el costo para crear trabajo, y desde el punto de vista de los trabajadores la reforma garantiza una íntegra protección social en caso de despido.

Se incluye también una rebaja de impuestos patronales, como parte de la reforma tributaria de la primera fase de aplicación. En conjunto, la mayor flexibilidad laboral crearía condiciones óptimas para la contratación y en beneficio de ambas partes de la negociación. Todos los cambios sólo se aplicarán para las nuevas contrataciones, y no se verán afectadas pautas adquiridas anteriormente.

El modelo laboral en el sector público también está sujeto a cambios según el programa de Milei. Se propone la instalación de un esquema de retiros voluntarios y anulación de nuevas contrataciones en el Estado. Una vez producida la recuperación económica, el programa espera que existan incentivos naturales para el retiro de agentes desde el sector público hacia el sector privado.

Por su parte, la reforma previsional se formula en dos etapas: como parte de la fase de primera generación, se postula la limitación del gasto previsional y la eliminación de las jubilaciones de privilegio. En una segunda fase de aplicación, y una vez saneada la brecha presupuestaria, se plantea la privatización del sistema y la adopción de la capitalización individual.

El gasto social no sería erradicado ni recortado en la primera etapa del programa. Los planes sociales se verían gradualmente reducidos conforme se produce la recuperación de la economía, y su reemplazo por trabajo genuino.

Reforma financiera y bancaria

En la segunda fase de aplicación Milei propone una reforma financiera para liberalizar el sistema bancario y la cuenta capital. A su vez, se propone introducir una única regulación rectora: la separación total de la banca de inversión y el sistema de depósitos.

A estos efectos, la idea de un seguro para depósitos bancarios o un Banco Central propiamente dicho para actuar como prestamista de última instancia, dejarían de cobrar relevancia. Milei propone la eliminación de las funciones del Banco Central, y su reemplazo por una canasta de monedas para elegir la moneda transaccional, y se especula con que el dólar será la alternativa más factible.  

Economía

Pettovello eliminó la intermediación del plan Potenciar Trabajo y se lanzan dos nuevos programas con ayuda directa

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El Ministerio de Capital Humano avanza con la racionalización y reorganización de los planes sociales, a fin de que los únicos beneficiarios sean las personas que más necesitan de ayuda estatal, y no las organizaciones violentas de la izquierda.

En línea con los anuncios que dispuso el Gobierno de Javier Milei desde su misma asunción, el Ministerio de Capital Humano al frente de Sandra Pettovello confirmó una nueva reorganización del sistema de planes sociales para poder garantizar que la ayuda del Estado le llegue a la gente de forma directa, sin intermediación ni negocios encubiertos.

Se anunció el fin del plan Potenciar Trabajo tal y como se lo conocía hasta ahora. Este programa aglutinaba hasta a una gran cantidad de organizaciones violentas y de izquierda, que utilizaban a las personas más carenciadas como un medio de financiamiento para sus propios propósitos políticos.

Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano lanzó dos nuevos programas sociales: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social" respectivamente. A diferencia de su predecesor, estos planes significarán una ayuda directa para las personas que califiquen para cobrarlo. 

Ya no habrá más lugar para ningún tipo de extorsión ni condicionamiento político por parte de ninguna organización de izquierda que pretenda chantajear a las personas que necesitan de un plan social.

El programa Volver al Trabajo dependerá directamente de la propia Secretaría de Trabajo, y la razón detrás de esto es que el Gobierno podrá realizar evaluaciones de impacto, y de este modo poder monitorear el desempeño del programa. 

Bajo el plan Potenciar Trabajo, tan solo un 1,3% de las personas beneficiarias lograron incorporarse al mercado laboral, demostrando así que no se daban las herramientas necesarias para poder lograrlo. El Gobierno 

Asimismo, el nuevo plan Acompañamiento Social dependerá de la Secretaría de Niñez y Familia. La naturaleza de este programa es distinta a la del anterior, ya que sus propósito no es la incorporación al mercado laboral, sino fundamentalmente mitigar la pobreza y las dramáticas consecuencias que esta provoca sobre los chicos menores de 14 años. 

La pobreza en los segmentos etarios más bajos es considerablemente más alta que en cualquier otro segmento de la población, y este problema condiciona alarmantemente la generación de capital humano para el futuro. Esta es la razón misma por la cual el Gobierno lanzó el propio Ministerio de Capital Humano, y sin lugar a dudas será su desafío más importante durante los próximos cuatro años.

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Economía

Tras el decreto de desregulación, la oferta de viviendas se dispara y el precio de los alquileres disminuyó en un 22% en términos reales

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Las actualizaciones de los contratos de alquiler perdieron sistemáticamente contra la inflación en los últimos dos meses, y esto se debe a la gran cantidad de viviendas que salieron a ofrecerse al mercado. La eliminación de las restricciones permite que cada vez más personas accedan al alquiler.

El mercado inmobiliario está experimentando un fuerte repunte en la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler. Tras el decreto de desregulación 70/2023 anunciado por el Presidente Javier Milei en el mes de enero, las condiciones en el mercado mejoraron notoriamente para que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda.

Solamente en enero la cantidad de viviendas en alquiler en la Capital Federal llegó a duplicarse, y lo mismo ocurrió con los principales centros urbanos del país que habían sido afectados por la ley de alquileres sancionada en 2020.

El boom en el mercado de viviendas condujo a que el precio promedio de los contratos de alquiler cayera en un 22% medido en términos reales (ajustado por inflación). En otras palabras, los alquileres se ajustaron sistemáticamente por debajo de lo que subieron los precios en los últimos dos meses. Cada salario puede cubrir, en términos relativos, una proporción cada vez mayor de un contrato de alquiler.

Desde el punto de vista de los propietarios, la mayor flexibilidad regulatoria permite garantizar una cierta rentabilidad que no será diezmada por la inflación, y de esta manera se dan más incentivos para poner una propiedad en alquiler. El nuevo marco regulatorio también otorga garantías ante eventuales contingencias, para las cuales los propietarios pueden protegerse.

Y desde el punto de vista de las millones de personas que necesitan alquilar, la mayor oferta de viviendas permite que los precios sean más competitivos. Las barreras a la entrada en el mercado inmobiliario se reducen cada día más, favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos más bajos.

Con la ley de 2020, el valor real de los contratos de alquiler no se ajustaba debidamente a la inflación y se producía una transferencia de ingresos artificial de propietarios hacia inquilinos. Pero esto solo ocurría con aquellos usuarios que tuvieron la suerte de poder alquilar.

Conforme avanzó este proceso distorsivo, cada vez más propietarios retiraron sus propiedades del alquiler (para venderlas o utilizarlas para otros fines), y esto provocó que los precios de entrada en el mercado se encarecieran constantemente. Los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación entre 2020 y 2023.

Las regulaciones sobre el mercado inmobiliario beneficiaron a los segmentos con ingresos medios y altos que pudieron acceder a pagar elevados precios de entrada, mientras que las personas con ingresos bajos perdieron toda posibilidad de acceso. 

Este es el problema troncal que el Gobierno actual se propuso atacar como una de sus primeras medidas en el poder. Los resultados del proceso de desregulación comienzan a vislumbrarse. 

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Economía

Finaliza el curro de las organizaciones piqueteras: El Gobierno redujo del 30% al 1% la financiación de piqueteros a través del Impuesto PAIS

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Se modificó el esquema de distribución de los recursos generados por el impuesto, para dar una mayor prioridad a las obras de infraestructura por el tiempo en que dure el tributo en actividad. Los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras pierden sus privilegios.

En los últimos cuatro años el Gobierno de Alberto Fernández subsidió incesantemente a las organizaciones sociales y piqueteras que interrumpieron las vías de tránsito y le significaron enormes contingencias para millones de trabajadores. Con la llegada del Gobierno de Javier Milei, los privilegios de estas organizaciones de izquierda se terminaron.

El Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis Caputo anunció una nueva modificación en la distribución de los recursos generados por el Impuesto PAIS. A partir del Decreto 193/2024 publicado en Boletín Oficial, la participación de los recursos con destino hacia las organizaciones sociales se redujo del 30% al 1%, y al mismo tiempo se llevará a cabo un proceso de fiscalización más estricto para que las organizaciones beneficiarias cumplan con la ley.

Se trata de la masa de recursos que se destina formalmente al llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La financiación arbitraria de organizaciones con intereses políticos particulares deja de ser una prioridad en la Argentina, y el Gobierno decidió incrementar del 65% al 94% de la participación de los recursos generados por el tributo para la financiación de obras de infraestructura en todo el país.

Asimismo, la participación de la financiación para el turismo como parte del Impuesto PAIS se mantiene en el 5% respectivamente, cuyos recursos son administrados por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli (quien aceptó ocupar su cargo actual de manera ad-honorem).

Si bien en sus inicios el FISU fue concebido como un instrumento para financiar proyectos en barrios carenciados, con el paso del tiempo se convirtió en una mera caja política a cuenta de organizaciones de extrema izquierda. 

Muchas de estas organizaciones se integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en donde salen a la luz personajes como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

El Gobierno prepara una mayor fiscalización y eficientización de las asignaciones sociales, ahora bajo la tutela del Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reducir al mínimo la cantidad de intermediarios entre las prestaciones sociales y las personas que las necesitan. En este sentido, el desfinanciamiento del FISU se perfila como una estrategia para avanzar por la dirección anunciada.

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