El Presupuesto 2023 presentado por el ministro Massa proyecta un déficit sugerente de 5.735 millones de pesos. La gestión kirchnerista volvió a desequilibrar la planta de personal desde 2020 y asigna gastos millonarios para el rubro “bienes y servicios”.

La agencia de noticias estatal Télam, uno de los tantos medios oficiales que tiene el gobierno kirchnerista, sigue dando de qué hablar por la falta de saneamiento financiero y la carga que supone para la sociedad.

De acuerdo al Presupuesto 2023, presentado por el ministro Sergio Massa, la agencia tendrá ingresos por $12.288 millones de pesos a lo largo del año, mientras que los gastos programados ascenderán a los $18.023 millones.

Oficialmente, , la empresa está quebrada y sobrevive en base al apoyo del Tesoro Nacional. La proyección estrictamente oficial del balance de Télam sugiere un déficit operativo de por lo menos 5.735 millones de pesos para el cierre de 2023.

Estas cifras fueron confirmadas a través de la Resolución N°323 publicada en el Boletín Oficial, y el saldo será compensado por transferencias directas del Tesoro para permitir la operatividad normal de la empresa.

El déficit de Télam le costará a cada argentino el equivalente a 13 millones de pesos todos los días. El rojo de la agencia, en principio, tendría un aumento de hasta el 73,5% anual en comparación al déficit efectivamente registrado para 2022.

La proyección del Ministerio de Economía es consistente con la meta inflacionaria para fin de año (en torno al 60% interanual), pero el eventual incumplimiento de los lineamientos básicos del Presupuesto podría obligar a realizar ciertas actualizaciones sobre los ingresos y gastos consignados.

Con la vuelta del kirchnerismo al poder en diciembre de 2019, la administración cristinista de la agencia decidió reincorporar a la mayor parte del personal despedido entre 2016 y 2019. A través de fallos judiciales, se dio marcha atrás con hasta el 56% de la racionalización de la planta de empleados llevada a cabo en 2018.

La agencia mantiene una planta sobredimensionada con hasta 767 personas, aunque de acuerdo al plan de acción para este año se prevé una ligera reducción a 755 empleados para fin de año.

Pero para 2023, la mayor parte de los gastos operativos programados no se explican por el pago de salarios (estos sólo consumen alrededor de un tercio del total) sino por “gastos en bienes y servicios”, entre los cuales se encuentra gastos para cafetería, refacciones y/o remodelaciones de la infraestructura.

En realidad el déficit es más grande, ya que la principal fuente de ingresos de Télam no es su propio desempeño como agencia de noticias sino simplemente la pauta por publicidad estatal. Esta fue y sigue siendo la principal fuente de recursos para la agencia desde su fundación, y sin ésta el déficit operativo sería mucho mayor.

A lo largo de los años, hubo importantes intentos para reorganizar las prioridades de gasto en el sector público y cerrar o intervenir la agencia. Los desequilibrios operativos de Télam desembocaron en la decisión del presidente Carlos Menem por aprobar una intervención oficial a partir del año 1992.

Incluso se analizó la posibilidad de aprobar un decreto de liquidación en 1996, aunque nunca fue ratificado y se desechó. Sin embargo, la administración menemista intentó desmantelar el monopolio de Télam sobre la publicidad oficial, pero nuevamente las disposiciones quedaron sin efecto.

En cara a un muy posible Gobierno de distinto signo político en diciembre de 2023, urge la necesidad de reorientar las prioridades en el sector público, y reanudar muchas de las iniciativas que quedaron truncas en la década de 1990. En pocas palabras: Télam debe cerrar.

Las consultoras privadas miden una inflación de por lo menos el 7% en marzo, y ya estiman que podría subir hasta el 140% para fin de año. Además, descuentan un escenario de profunda recesión para 2023.

La herencia que dejará la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner promete ser, y con diferencia, aún más delicada y dramática con respecto a la situación de diciembre de 2015. Los desequilibrios fiscales y monetarios, así como las expectativas hacia futuro, componen una situación extremadamente crítica.

Las consultoras privadas sugieren que el nivel general de precios tendrá un aumento de por lo menos el 7% para el mes de marzo, siguiendo una peligrosa trayectoria alcista desde la variación de diciembre (5,1%), enero (6%) y febrero (6,6%). Si se concreta efectivamente este resultado, la inflación interanual podría alcanzar y superar el 103% interanual en marzo.

El Gobierno admitió el fracaso de la meta inflacionaria prevista para el primer trimestre del año (en alrededor del 4% de aumento como promedio mensual), y estima que el IPC tendrá una suba de entre 6,5% y 7% para este mes. Sólo a partir de abril se prevé una muy ligera desaceleración, en mayor medida explicada por la caída de ciertos precios estacionales y no por un proceso de desinflación genuino.

La estabilidad prometida jamás apareció. Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) advierte por la intensidad de los aumentos en el rubro de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Según las mediciones de la institución, solo en 7 días el precio de los alimentos frescos y huevos se disparó hasta un 11,4% y aumentó un 30,5% frente a la misma semana del mes anterior.

Para el economista y consultor económico Esteban Domecq, desde el punto de vista del mejor escenario previsto para la economía argentina en 2023, el IPC sufrirá un aumento con un piso de entre 115% y 120% anual contra el año pasado. Este escenario relativamente “optimista” asume ciertos supuestos que deben cumplirse para llegar a la métrica sugerida: la continuidad del régimen de crawling-peg sin saltos cambiarios discrecionales, una brecha cambiaria relativamente estable y una transición política relativamente ordenada. 

Pero estos supuestos parecen debilitarse un poco todos los días. El Banco Central perdió cerca de 6.000 millones de dólares en reservas internacionales netas desde enero, la brecha cambiaria opera estable de acuerdo a la paridades legales alternativas pero no así con respecto al dólar paralelo, y el índice de Riesgo País sobrepasó los 2.500 puntos básicos y retornó a los valores más elevados desde octubre del año pasado.

El economista en jefe de la consultora Invecq explicó que, de producirse una sorpresa negativa sobre el tipo de cambio o la brecha entre paridades, la inflación podría dispararse hasta el 140% para fin de año, más que duplicando la meta prevista por el Presupuesto 2023 en torno al 60% anual.

Las proyecciones más frecuentes sugieren que el país entrará en un escenario típico de estanflación. La actividad económica se resintió un 1,5% en el último trimestre de 2022, y se espera que esta tendencia se acentúe aún más en los dos primeros trimestres de 2023.

Con estas expectativas, se espera que la economía argentina se derrumbe entre un 3% y un 4% para la tonalidad del año, entrando así oficialmente en recesión. De convalidarse este escenario, el país sufrirá la caída del nivel de actividad más violenta en los últimos 14 años sin considerar el shock por la pandemia en 2020.

#DatoINDEC
El producto interno bruto (#PIB) creció 1,9% interanual en el 4° trimestre de 2022 y acumuló una suba de 5,2% en el año https://t.co/FVnJi163io pic.twitter.com/byXbb4M8kB

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 22, 2023

El tipo de cambio subió a niveles récord en las últimas semanas a medida que las reservas internacionales se redujeron en casi 13.000 millones de dólares desde 2015. La tensión cambiaria comienza a desestabilizar la situación financiera del país.

La economía de Bolivia se ve cada vez más afectada por la corrida contra la moneda doméstica, la falta de credibilidad del Gobierno y el desequilibrio sideral en las cuentas públicas. La relativa estabilidad percibida en los últimos años podría llegar a su fin, dando cuenta de un nuevo fracaso para el “socialismo del siglo XXI”.

Cientos de miles de personas se suman a las largas filas en bancos e instituciones financieras para canjear sus fondos de pesos a dólares. El país enfrenta la corrida más profunda de las últimas dos décadas, la mayor parte de la población anticipa que el sistema cambiario no podrá sostenerse indefinidamente y que se aproxima una caótica devaluación. 

El régimen cambiario que actualmente opera en Bolivia fue establecido en 2008, concebido como un esquema de tipo de cambio fijo y con una paridad de aproximadamente 6,93 pesos por dólar (ligeramente fluctuante entre 6,98 y 6,77). 

No se adoptó un plan de estabilización propiamente dicho, sino que se instruyó al Banco Central a comprometerse con la defensa de un tipo de cambio preestablecido para tratar de aminorar las expectativas inflacionarias a mediano y largo plazo.

El programa permitió atenuar la inflación del 14,5% en septiembre de 2008 a un promedio del 3,55% entre 2009 y 2022, pero en ausencia de responsabilidad fiscal y monetaria (se decidió monetizar una gran parte de los desequilibrios del sector público), la demanda de pesos patrocinada por el régimen cambiario no logró compensar la expansión de la oferta monetaria y la inflación remanente (incluso habiéndose atenuado) deterioró sistemáticamente el valor real del tipo de cambio.

El tipo de cambio real se apreció en un 62% entre 2008 y 2023, manteniéndose prácticamente fijo en términos nominales contra el dólar pero sufriendo el efecto de una inflación mensual que promedió el 0,3%, generando un efecto corrosivo que poco a poco incentivó el abaratamiento de las importaciones y el encarecimiento de las exportaciones. 

La apreciación cambiaria terminó por desequilibrar la oferta y la demanda en el mercado de divisas y esta brecha debió ser asumida por el propio Banco Central, que perdió hasta 13.000 millones de dólares de sus reservas para intervenir el mercado y mantener la paridad nominal estable.

A la fecha, la autoridad monetaria de Bolivia retiene menos de 400 millones de dólares en sus reservas, habiendo perdido hasta el 97% de las tenencias que tenía en 2015. Sin suficientes divisas para seguir interviniendo el tipo de cambio, el Gobierno se vería obligado a permitir una devaluación (con su debido impacto en expectativas y precios), o bien introducir controles cambiarios como los que se aplicaron en Argentina y Venezuela (dirigiendo la actividad económica hacia la recesión).

La tensión cambiaria y la posible devaluación sembró serias dudas acerca de la capacidad de pago del Estado boliviano con respecto a sus obligaciones externas (y en dólares). Los bonos soberanos del país se desplomaron hasta un 10,3% en el último mes y el índice de Riesgo País se duplicó, escalando por encima de los 1.000 puntos básicos. 

La calificadora de riesgo estadounidense Moody’s se refirió a la situación económica de Bolivia de la siguiente manera: “La decisión de rebajar la calificación refleja la evaluación de Moody’s de que una serie de factores relacionado con una gobernabilidad muy débil han contribuido a disminuir la disponibilidad de moneda fuerte, y elevaron las presiones de liquidez externa hasta un punto que amenaza la estabilidad macroeconómica”. 

Moody’s advirtió por la “defensa insostenible” del tipo de cambio, y las dramáticas implicaciones económicas para la estabilidad como resultado de años sin responsabilidad fiscal y monetaria.