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Economía

El socialismo de Joe Biden: su agenda oficial propone el aumento impositivo más grande desde 1930

Influenciado por Bernie Sanders, el candidato demócrata propone un programa económico que implica un histórico aumento en los impuestos, como no veía el país desde el gobierno de FDR. El “Plan Biden” incluye masivos aumentos tanto para personas como para empresas.

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Tras haberse presentado como un candidato dialoguista, centrista y moderado en el comienzo de su carrera presidencial, desde que ganó la nominación Biden escogió radicalizarse, y adoptó muchos de los lineamientos presentados por su colega y antiguo contrincante, el comunista Bernie Sanders

Con el aval de la mayor parte del Partido Demócrata, Biden ahora propone un colosal aumento en la carga fiscal, con la creación de un impuesto a la riqueza, aumentos en los impuestos a las ganancias y eliminar todos los recortes impositivos de Trump. De concretarse, sería uno de los aumentos fiscales más grandes de la historia, sólo superado por el programa de Franklin D. Roosevelt o el de Woodrow Wilson, también demócratas.

Aún con la necesidad de una rápida recuperación económica, Biden asegura que su programa no será recesivo, y que habrá como contrapartida un enorme plan de estímulo fiscal (inyección de gasto público) para “reactivar la economía y estimular la demanda agregada”. Algo totalmente innecesario cuando la economía de Trump, habiendo superado las cuarentenas, ya se está recuperando por su propia cuenta.

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El plan tributario de Joe Biden: en detalle.

El programa demócrata supone presentar un impuesto a la riqueza del 12,4%, en concepto de “seguro de vejez”, establecido para personas con ingresos anuales superiores a los USD 400.000. Este impuesto también alcanzaría empresas, donde se distribuiría mitad entre el trabajador (que vería recudido su salario en mano) y el empleador.

Además, Biden propone volver a aumentar la tasa marginal más alta del impuesto a la renta (lo que en Argentina se conoce como impuesto a las ganancias), que Trump redujo al 37% y prometió bajar incluso al 35% si es reelecto. 

Los demócratas quieren llevarlo nuevamente al 39,6%, valor en el que estaba con Obama, e incluso algunos sectores más radicales piden llevarlo al 42%. Esto implica revertir completamente la Ley de Empleos y Recortes de Impuestos, promocionada por Donald Trump y sancionada en 2017. 

Biden también aboga por la reducción en la cantidad de deducciones realizables para las personas con ingresos anuales de más de USD 400.000. En Estados Unidos, los ciudadanos con hijos a cargo, que hagan donaciones a beneficencia, que empleen a cierta cantidad de personas, entre otras cosas, reciben descuentos en la cantidad de impuestos que pagan; Biden quiere terminar con esto para “los ricos”.

Sin embargo, yendo a las propuestas concretas que están publicadas en su página web, los demócratas proponen eliminar todos los beneficios tributarios para personas que ganen más de USD 80.250 al año, muy lejos de los USD 400.000 que dijo Biden en el debate y contrario al discurso progresista, que habla de gravar sólo a los más ricos.

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Como si esto fuera poco, su agenda también propone la eliminación de la deducción de ingresos comerciales calificados para los ingresos altos, una medida de Trump del 2017 que buscaba generar competitividad frente a las empresas chinas, quitándoles carga fiscal.

Biden además propone aumentar la tasa del impuesto a la renta corporativa de 21% a 28%. Esta propuesta fue particularmente polémica pues, entre los países más desarrollados, la tendencia es bajar impuestos corporativos (como es el caso de la Unión Europea), y no subirlos. 

El programa implica crear, además, un impuesto mínimo para empresas cuyos balances contables arrojen ganancias netas superiores a los USD 100 millones. Este impuesto mínimo se establecería en torno al 15%.

Mientras los Gobiernos socialdemócratas de Europa bajan impuestos a las empresas y suben impuestos a las personas, el socialismo frenético de Joe Biden, influenciado por Sanders, propone cargar fiscalmente tanto a las empresas como a las personas.

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El “Plan Biden” también perjudicará a las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses, ya que se propone duplicar el impuesto sobre el Ingreso Global Intangible de Bajos Impuestos (GILTI), del 10,5% al 21%.

Se propone eliminar la extensión sobre aquellas empresas con menor margen de ganancias, que pasarán de no tributar nada, a pagar el doble de lo que hoy tributan las empresas alcanzadas.

Aquellas empresas que decidieran deslocalizar sus operaciones en Estados Unidos y pasarse a otro país para luego vender productos al mercado estadounidense, se verían gravadas por un impuesto adicional del 10%, lo que implica una tasa efectiva superior al 30% sobre las ganancias. 

Como contrapartida a la enorme presión sobre la generación de riqueza, Biden propone ampliar considerablemente el acceso al crédito local como herramienta expansiva, algo que formula como “la clave de la recuperación”. 

Los créditos fiscales (distribuidos entre subsidios directos y exenciones impositivas) buscarían tener impacto sobre pequeñas empresas, energías renovables, automóviles eléctricos, y ciertos rubros dentro de la industria manufacturera. 

El crédito tributario de personas se vería incrementado para trabajadores sin hijos y mayores de 65 años, para actividades por cuidado de niños y dependientes, y el crédito por hijo. Este último se incrementaría de USD 2.000 a USD 3.000 para 2021, dependiendo de las condiciones que se presenten. 

Más allá de impuestos, también Biden propone volver a incrementar el número de regulaciones sobre el mercado, especialmente las que se derogaron sobre el mercado energético y petrolero. Se plantea dar marcha atrás con el importante proceso de desregulación que había establecido la agenda de Trump sobre este tipo de sectores.

El “Plan Biden” para la situación impositiva de Estados Unidos sería el que más aumente la carga fiscal del país desde 1939.

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Estimación de los efectos del plan Biden 

Según la Tax Foundation, una organización sin fines de lucro que se dedica al estudio y la recopilación de información impositiva para los Estados Unidos, los efectos del programa de Biden serán profundamente negativos y desalentarán la inversión y la creación de puestos de trabajo. 

El aumento en las limitaciones para las deducciones y las nuevas cargas impositivas sobre las empresas, lejos de perjudicar a “un pequeño grupo de ricos”, generaría un efecto negativo sobre el total de la economía. Se estima una caída del 0,18% en la economía, sólo por introducir estos cambios. 

El retorno a la tasa marginal superior del 39,6%, generaría una muy tenue contracción de 0,02% para el país, siempre y cuando el aumento se limite exclusivamente al segmento de mayor poder adquisitivo de la población. Los republicanos aseguran que, en realidad, Biden esconde sus intenciones, y espera aplicar aumentos para otros estratos de la sociedad. 

El aumento de la alícuota impositiva sobre las empresas, del 21% al 28%, supone la mayor incidencia en el efecto recesivo de la reforma Biden. De aplicarse este aumento, la economía perdería casi 1 punto de crecimiento en la producción. El impuesto mínimo sobre los balances contables corporativos generaría una contracción adicional del 0,21%.

Si este escenario hipotético se cumpliera, y considerando que Estados Unidos se mantuvo creciendo a una tasa promedio de entre 2,5% y 3% anual, el aumento generaría “anemia económica”, y el país norteamericano crecería a tasas más parecidas a las europeas. 

Con las propuestas, la producción económica perdería un 1,47% de su tamaño a largo plazo (entre 2021 y 2030). La economía norteamericana acabaría con parte de su crecimiento potencial anual, haciendo más lenta la recuperación. 

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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Economía

Frenazo de la economía China: el banco central rebaja la tasa de interés por miedo a una recesión

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La economía china muestra resultados cada vez más insuficientes en el comercio minorista. El tambaleo de la burbuja inmobiliaria se esparce por toda la economía del gigante asiático.

Los resultados económicos de China volvieron a ser decepcionantes para los estándares de crecimiento que normalmente acostumbraba tener el país asiático en los últimos años. La economía china creció solamente un 4% anual en el cuarto trimestre del 2021, el resultado más bajo desde 1990.

Pero los datos mensuales revelan una desaceleración aún mayor. Las ventas minoristas en China, que reflejan una enorme proporción de la economía, dejaron de crecer en noviembre y cayeron un 0,2% en el mes de diciembre.

En comparación con diciembre de 2020, las ventas minoristas de China rebotaron un 12,5% de acuerdo a la serie original del índice, pero se trata de un mero efecto de arrastre estadístico después de haber registrado una brutal caída en 2020.

La industria manufacturera también registró un fuerte enfriamiento en el ritmo del crecimiento mensual, un fenómeno que se acrecentó especialmente entre julio y septiembre del año pasado. La industria china creció un 3,8% anual en diciembre de 2021, cuando en 2019 mantenía tasas superiores al 6% anual.

Ante la evidente desaceleración de la economía, el Banco Central de China decidió recortar las tasas de interés de la política monetaria, con el objetivo de estimular la economía vía liquidez y más endeudamiento.

El temor detrás de las medidas es el surgimiento de una recesión después del desplome en las ventas del mercado inmobiliario y los problemas financieros de Evergrande. El objetivo de la autoridad monetaria china es evitar una mayor expansión de la recesión sobre cada vez más sectores de la economía.

Aún sin recesión, la desaceleración de la economía china supone un gran problema para el actual esquema de política económica bajo el liderazgo del dictador Xi Jinping. En su gestión, la deuda pública de China pasó de representar el 37% del PBI en 2013 hasta llegar al 66,8% en 2020. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 2% del PBI al 4,2% en 2018, y 3,7% del PBI en 2020.

La política fiscal desequilibrada de Xi Jinping se tornaría mucho más explosiva e insostenible si China finalmente pierde el crecimiento económico que mantuvo en los últimos años y sigue enfriando su ritmo de expansión.

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