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Economía

El socialismo de Joe Biden: su agenda oficial propone el aumento impositivo más grande desde 1930

Influenciado por Bernie Sanders, el candidato demócrata propone un programa económico que implica un histórico aumento en los impuestos, como no veía el país desde el gobierno de FDR. El “Plan Biden” incluye masivos aumentos tanto para personas como para empresas.

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Tras haberse presentado como un candidato dialoguista, centrista y moderado en el comienzo de su carrera presidencial, desde que ganó la nominación Biden escogió radicalizarse, y adoptó muchos de los lineamientos presentados por su colega y antiguo contrincante, el comunista Bernie Sanders

Con el aval de la mayor parte del Partido Demócrata, Biden ahora propone un colosal aumento en la carga fiscal, con la creación de un impuesto a la riqueza, aumentos en los impuestos a las ganancias y eliminar todos los recortes impositivos de Trump. De concretarse, sería uno de los aumentos fiscales más grandes de la historia, sólo superado por el programa de Franklin D. Roosevelt o el de Woodrow Wilson, también demócratas.

Aún con la necesidad de una rápida recuperación económica, Biden asegura que su programa no será recesivo, y que habrá como contrapartida un enorme plan de estímulo fiscal (inyección de gasto público) para “reactivar la economía y estimular la demanda agregada”. Algo totalmente innecesario cuando la economía de Trump, habiendo superado las cuarentenas, ya se está recuperando por su propia cuenta.

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El plan tributario de Joe Biden: en detalle.

El programa demócrata supone presentar un impuesto a la riqueza del 12,4%, en concepto de “seguro de vejez”, establecido para personas con ingresos anuales superiores a los USD 400.000. Este impuesto también alcanzaría empresas, donde se distribuiría mitad entre el trabajador (que vería recudido su salario en mano) y el empleador.

Además, Biden propone volver a aumentar la tasa marginal más alta del impuesto a la renta (lo que en Argentina se conoce como impuesto a las ganancias), que Trump redujo al 37% y prometió bajar incluso al 35% si es reelecto. 

Los demócratas quieren llevarlo nuevamente al 39,6%, valor en el que estaba con Obama, e incluso algunos sectores más radicales piden llevarlo al 42%. Esto implica revertir completamente la Ley de Empleos y Recortes de Impuestos, promocionada por Donald Trump y sancionada en 2017. 

Biden también aboga por la reducción en la cantidad de deducciones realizables para las personas con ingresos anuales de más de USD 400.000. En Estados Unidos, los ciudadanos con hijos a cargo, que hagan donaciones a beneficencia, que empleen a cierta cantidad de personas, entre otras cosas, reciben descuentos en la cantidad de impuestos que pagan; Biden quiere terminar con esto para “los ricos”.

Sin embargo, yendo a las propuestas concretas que están publicadas en su página web, los demócratas proponen eliminar todos los beneficios tributarios para personas que ganen más de USD 80.250 al año, muy lejos de los USD 400.000 que dijo Biden en el debate y contrario al discurso progresista, que habla de gravar sólo a los más ricos.

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Como si esto fuera poco, su agenda también propone la eliminación de la deducción de ingresos comerciales calificados para los ingresos altos, una medida de Trump del 2017 que buscaba generar competitividad frente a las empresas chinas, quitándoles carga fiscal.

Biden además propone aumentar la tasa del impuesto a la renta corporativa de 21% a 28%. Esta propuesta fue particularmente polémica pues, entre los países más desarrollados, la tendencia es bajar impuestos corporativos (como es el caso de la Unión Europea), y no subirlos. 

El programa implica crear, además, un impuesto mínimo para empresas cuyos balances contables arrojen ganancias netas superiores a los USD 100 millones. Este impuesto mínimo se establecería en torno al 15%.

Mientras los Gobiernos socialdemócratas de Europa bajan impuestos a las empresas y suben impuestos a las personas, el socialismo frenético de Joe Biden, influenciado por Sanders, propone cargar fiscalmente tanto a las empresas como a las personas.

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El “Plan Biden” también perjudicará a las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses, ya que se propone duplicar el impuesto sobre el Ingreso Global Intangible de Bajos Impuestos (GILTI), del 10,5% al 21%.

Se propone eliminar la extensión sobre aquellas empresas con menor margen de ganancias, que pasarán de no tributar nada, a pagar el doble de lo que hoy tributan las empresas alcanzadas.

Aquellas empresas que decidieran deslocalizar sus operaciones en Estados Unidos y pasarse a otro país para luego vender productos al mercado estadounidense, se verían gravadas por un impuesto adicional del 10%, lo que implica una tasa efectiva superior al 30% sobre las ganancias. 

Como contrapartida a la enorme presión sobre la generación de riqueza, Biden propone ampliar considerablemente el acceso al crédito local como herramienta expansiva, algo que formula como “la clave de la recuperación”. 

Los créditos fiscales (distribuidos entre subsidios directos y exenciones impositivas) buscarían tener impacto sobre pequeñas empresas, energías renovables, automóviles eléctricos, y ciertos rubros dentro de la industria manufacturera. 

El crédito tributario de personas se vería incrementado para trabajadores sin hijos y mayores de 65 años, para actividades por cuidado de niños y dependientes, y el crédito por hijo. Este último se incrementaría de USD 2.000 a USD 3.000 para 2021, dependiendo de las condiciones que se presenten. 

Más allá de impuestos, también Biden propone volver a incrementar el número de regulaciones sobre el mercado, especialmente las que se derogaron sobre el mercado energético y petrolero. Se plantea dar marcha atrás con el importante proceso de desregulación que había establecido la agenda de Trump sobre este tipo de sectores.

El “Plan Biden” para la situación impositiva de Estados Unidos sería el que más aumente la carga fiscal del país desde 1939.

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Estimación de los efectos del plan Biden 

Según la Tax Foundation, una organización sin fines de lucro que se dedica al estudio y la recopilación de información impositiva para los Estados Unidos, los efectos del programa de Biden serán profundamente negativos y desalentarán la inversión y la creación de puestos de trabajo. 

El aumento en las limitaciones para las deducciones y las nuevas cargas impositivas sobre las empresas, lejos de perjudicar a “un pequeño grupo de ricos”, generaría un efecto negativo sobre el total de la economía. Se estima una caída del 0,18% en la economía, sólo por introducir estos cambios. 

El retorno a la tasa marginal superior del 39,6%, generaría una muy tenue contracción de 0,02% para el país, siempre y cuando el aumento se limite exclusivamente al segmento de mayor poder adquisitivo de la población. Los republicanos aseguran que, en realidad, Biden esconde sus intenciones, y espera aplicar aumentos para otros estratos de la sociedad. 

El aumento de la alícuota impositiva sobre las empresas, del 21% al 28%, supone la mayor incidencia en el efecto recesivo de la reforma Biden. De aplicarse este aumento, la economía perdería casi 1 punto de crecimiento en la producción. El impuesto mínimo sobre los balances contables corporativos generaría una contracción adicional del 0,21%.

Si este escenario hipotético se cumpliera, y considerando que Estados Unidos se mantuvo creciendo a una tasa promedio de entre 2,5% y 3% anual, el aumento generaría “anemia económica”, y el país norteamericano crecería a tasas más parecidas a las europeas. 

Con las propuestas, la producción económica perdería un 1,47% de su tamaño a largo plazo (entre 2021 y 2030). La economía norteamericana acabaría con parte de su crecimiento potencial anual, haciendo más lenta la recuperación. 

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Economía

En plena recesión el Senado aprueba la ley de Biden para aumentar los impuestos

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Es la primera vez desde 1990 que un Gobierno estadounidense decide aumentar los impuestos en plena recesión. Los demócratas dieron media sanción al nuevo paquete fiscal, y el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su tratamiento definitivo.

El Gobierno de Joe Biden envió la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA por sus siglas en inglés), que en la práctica supone una versión simplificada y moderada del programa Build Back Better original. Estos cambios se produjeron debido a que el primer esquema era celosamente extremista y corría el riesgo de no ser aprobado por las cámaras legislativas.

La ley plantea 3 pilares principales: la expansión del gasto público, la inclusión de nuevas regulaciones climáticas y un fuerte aumento de los impuestos.

Este último es particularmente paradigmático, debido a que Biden pretende convertirse en el primer Presidente estadounidense en subir impuestos en medio de una recesión desde 1990, cuando George H. W. Bush decidió hacerlo con una reforma que entró en vigor a partir del año fiscal 1991.

Aun así, la recesión es sistemáticamente negada por la Casa Blanca, y se insiste en comunicar un proceso de “crecimiento sostenido” que no se ve reflejado en ninguna estadística oficial.

Impuestos sobre las empresas

La nueva legislación presente en la IRA propone crear un nuevo impuesto mínimo obligatorio del 15% para las sociedades que facturen ingresos de más de US$ 1 millón cada año.

La reforma tributaria aprobada por Donald Trump en 2017 eliminó el sistema de tasas marginales progresivas para las ganancias de sociedades, y unificó todas ellas en una sola tasa del 21% en lo que se conoce como un “Flat tax” para bajar la carga fiscal y maximizar la eficiencia.

Con los cambios dispuestos por Biden, se eliminan una serie de deducciones y exenciones a las cuales podían acceder las empresas para evitar tributar el 21% sobre sus ganancias, por lo que la factura tributaria mínima no podrá ser menor al 15% en ningún caso para empresas con ganancias superiores a 1 millón de dólares anuales.

Además de una carga fiscal superior, los cambios presentados por los demócratas presentan distorsiones sobre la correcta asignación de la inversión privada porque afecta de manera diametralmente diferente a cada industria gravada.

La Tax Foundation estima que la presión tributaria podría ser artificialmente menor en servicios digitales y telecomunicaciones, pero drásticamente superior en el mercado inmobiliario, la industria minera, el transporte y la construcción.

Impuestos sobre las personas físicas y al consumo

Para las personas que decidan realizar inversiones en activos financieros, depositar su dinero en bancos y percibir intereses u otro tipo de inversiones de capital, el plazo mínimo requerido para que su renta financiera sea considerada de “largo plazo” aumenta de 3 a 5 años.

Esto implica un aumento de la presión fiscal, debido a que las ganancias de capital a largo plazo están gravadas por tasas marginales inferiores a la de corto plazo, que perciben las mismas tasas que el impuesto a la renta corriente.

Por otra parte, el proyecto de los demócratas aumenta el impuesto al petróleo crudo, tanto de origen nacional como importado. El impuesto de suma fija subirá a 16,4 centavos de dólar por barril comercializado, y la cifra se indexará por la inflación de ahora en adelante.

Esta medida es una de las más polémicas porque Estados Unidos atraviesa un histórico aumento de los precios de la energía: el presidente Biden prometió bajar los precios, y no subirlos con un nuevo impuesto directo al consumo como pretende su propio proyecto.

Los efectos para la economía

La Tax Foundation utiliza un modelo teórico de equilibrio general para estimar que las medidas presentadas tendrán una recaudación neta por US$ 304.000 millones, y a cambio significará un retroceso del 0,1% en el PBI de largo plazo, la baja del 0,1% en los salarios reales y la pérdida de 30.000 empleos privados.

Estos resultados corresponden al efecto neto esperado íntegramente por el impacto de las medidas tributarias de la ley, pero no pretenden explicar la evolución futura de las variables macroeconómicas en el largo plazo debido a que estas responden a muchos otros factores no tenidos en cuenta. 

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Economía

Fondo de olla: Pesce afirmó que el Banco Central está utilizando los recursos del swap chino

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En medio de la corrida contra los depósitos en dólares, el presidente del Banco Central volvió a prometer que no se están usando los encajes, y aseguró que el swap chino ya está activo. Sin embargo, existen razones para desconfiar de las aseveraciones de Pesce.

Las reservas internacionales del Banco Central están al borde de desaparecer, incluso contabilizando la posición de oro y los Derechos Especiales de Giro (DEGs) proporcionados por el FMI. El sistema de cepo cambiario se vuelve cada vez más insostenible y demanda una urgente devaluación del tipo de cambio oficial.

El presidente del Banco Central, el radical kirchnerista Miguel Ángel Pesce informó a la prensa que el swap con China fue efectivamente activado, y que se dispondrán de estos recursos para seguir cubriendo el déficit de reservas hasta que se haya consumido el paquete por completo.

El swap chino es una posición que solo puede ser utilizada con el aval del Banco Popular Chino y cuya denominación es en yuanes, no en dólares. Para continuar financiando al déficit del cepo cambiario el BCRA deberá canjear los yuanes por dólares, en una operación que no resulta gratuita.

Además, desde el momento de su utilización el swap se convierte en una deuda formal con China que, como cualquier otra deuda, deberá pagarse y tampoco constituye una operación libre de riesgos.

Los más recientes anuncios de Pesce responden a dos cuestiones: la constante intervención deficitaria sobre el mercado cambiario y el temor de los ahorristas con respecto a los depósitos en dólares.

Solamente en las últimas 9 ruedas cambiarias el Banco Central acumuló pérdidas por US$ 1.159 millones, la peor racha en tres años de operaciones. No se registraba una pérdida de reservas tan violenta desde agosto de 2019.

En las últimas 20 jornadas perdió 1.386 millones de dólares, y el nivel de reservas netas con la posición de oro y los DEGs asciende a solo US$ 1.936 millones, mientras que las reservas netas líquidas ya están en terreno negativo sin estos elementos. La importación de energía a través del cambio oficial se torna insostenible.

En segundo lugar, las reservas también están expuestas a una reciente corrida contra los depósitos en dólares en los bancos. Ya salieron 1.000 millones de dólares de los bancos entre el 21 de junio y el 2 de agosto. Los ahorristas temen por la seguridad jurídica de sus ahorros y no confían en el Gobierno kirchnerista.

Pesce prometió que no se usarán, ni tampoco se usaron, los encajes en dólares resguardados en el Banco Central precisamente para respaldar los depósitos en dólares de los ahorristas y para cubrir cualquier tipo de corrida. Pero sus afirmaciones no son creíbles.

Los anuncios de Pesce contradicen la realidad, pues en ningún momento se explica el fuerte déficit de divisas por casi US$ 6.000 millones que surge al excluir los DEGs y la posición de oro de las reservas netas. Aún incluyendo la posición de oro como un activo líquido, ya que pueden efectuarse swaps y acuerdos REPO para facilitar su uso sin necesidad de venderlo, el desequilibrio continúa siendo descomunal.

Lo que realmente sospechan los ahorristas y los mercados es que el BCRA “tomó prestado” los encajes en dólares para respaldar depósitos, incluso hasta el 50% de los mismos, esperando que la activación del swap con China permita recomponer esos fondos tomados al cabo de un cierto tiempo, e ignorando u ocultando al público la desprotección que se produjo en ese lapso.

Las palabras de Miguel Pesce no cosecharon ni la más mínima credibilidad y la corrida contra los depósitos en dólares persiste. 

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Brasil

Bolsonaro eliminó la inflación: Los precios minoristas bajaron un 0,7% en el mes de julio

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El IBGE anunció que la inflación interanual cayó casi 2 puntos porcentuales entre junio y julio. La variación del mes fue negativa por primera vez desde 2020, y fue la deflación mensual más importante desde 1980.

El ajuste fiscal y la restricción de la oferta monetaria están concretando resultados en el combate de la inflación en Brasil. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó oficialmente que los precios minoristas relevados en el IPC tuvieron una baja del 0,68% en el mes de julio.

Es la primera vez que Brasil registra deflación mensual desde abril y mayo de 2020, pero a diferencia de aquel entonces, esta vez se produce en el marco de una expansión de la actividad económica medida por el IBC-Br (también del IBGE) en contraste con la aguda recesión inducida por la pandemia.  

Además, la deflación mensual de julio de 2022 fue la más importante registrada en toda la serie histórica del IBGE comenzada en 1980. Pero considerando las estadísticas históricas del Banco Central de Brasil, que comienzan en 1939, la deflación mensual resulta incluso la más pronunciada desde junio de 1957.

La baja registrada en julio responde, en mayor medida, a la fuerte reducción de los precios de los combustibles. Entre otras razones, el Gobierno impulsó un cambio de precios relativos mediante una quita de impuestos a la energía, lo cual contribuyó a abaratarla con respecto al resto de los precios. También se observaron rebajas importantes en el gas (-15,48%) y los precios del Etanol (-11,38%).

Pero además de las políticas coyunturales, también se registró deflación en otros sectores de la economía sin exposición a medidas puntuales. El transporte bajó un 4,5% en julio, los precios de las viviendas cayeron un 1,5% y la electricidad bajó un 5,78%.

Otros rubros continuaron registrando inflación, pero moderando sus aumentos. La indumentaria marcó una suba mensual del 0,58% contra junio, la salud subió un 0,49%, y los alimentos y bebidas aumentaron un 1,3%. Este último rubro registró la mayor variación de todas.

La inflación interanual acumulada de 12 meses cerró el mes de julio en el 10,07%, y registró una fuerte desaceleración con respecto al 11,89% medida al término del mes de junio. La inflación interanual retornó al mismo nivel que tenía en diciembre del año pasado, y los mercados esperan que continúe bajando hasta el 7% interanual para fin de año.

Inflación minorista de Brasil entre 2019 y 2022.

Las razones de la caída sostenida de la inflación en Brasil

Las variaciones mensuales del IPC siguen un camino de moderación desde abril de 2022, después del pico de hasta 1,62% registrado en marzo. Las medidas fiscales tomadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro y la política monetaria del Banco Central contribuyeron a bajar la inflación.

El déficit fiscal primario del Gobierno federal fue completamente eliminado a partir de enero de 2022, añadiendo en resultado del balance del Banco Central (el déficit cuasi-fiscal). Prácticamente la totalidad de los desequilibrios fiscales del Estado se explican por la factura de intereses (casi 5% del PBI).

Añadiendo el resultado fiscal de los Estados locales y las municipalidades de Brasil, se registra un holgado superávit primario del 1,3% del PBI en el sector público consolidado, el más elevado desde 2014.

La disciplina fiscal tiene por objetivo anclar las expectativas inflacionarias, garantizando que los desequilibrios del Estado no se van a financiar en el futuro con emisión monetaria. Esta señal es suficientemente fuerte como para reactivar la demanda de dinero y bajar la inflación. El programa económico impulsado por Paulo Guedes resulta objetivamente creíble a través del tiempo.

Por otra parte, el Banco Central de Brasil liderado por Roberto Campos Neto actúa de forma completamente independiente, y marcó un fuerte aumento de la tasa de política monetaria SELIC hasta el 13,75% desde el pasado día miércoles. La autoridad monetaria dispone de sus propias metas, y resulta creíble su promesa de no financiar al Tesoro. 

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