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Economía

El socialismo de Joe Biden: su agenda oficial propone el aumento impositivo más grande desde 1930

Influenciado por Bernie Sanders, el candidato demócrata propone un programa económico que implica un histórico aumento en los impuestos, como no veía el país desde el gobierno de FDR. El “Plan Biden” incluye masivos aumentos tanto para personas como para empresas.

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Tras haberse presentado como un candidato dialoguista, centrista y moderado en el comienzo de su carrera presidencial, desde que ganó la nominación Biden escogió radicalizarse, y adoptó muchos de los lineamientos presentados por su colega y antiguo contrincante, el comunista Bernie Sanders

Con el aval de la mayor parte del Partido Demócrata, Biden ahora propone un colosal aumento en la carga fiscal, con la creación de un impuesto a la riqueza, aumentos en los impuestos a las ganancias y eliminar todos los recortes impositivos de Trump. De concretarse, sería uno de los aumentos fiscales más grandes de la historia, sólo superado por el programa de Franklin D. Roosevelt o el de Woodrow Wilson, también demócratas.

Aún con la necesidad de una rápida recuperación económica, Biden asegura que su programa no será recesivo, y que habrá como contrapartida un enorme plan de estímulo fiscal (inyección de gasto público) para “reactivar la economía y estimular la demanda agregada”. Algo totalmente innecesario cuando la economía de Trump, habiendo superado las cuarentenas, ya se está recuperando por su propia cuenta.

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El plan tributario de Joe Biden: en detalle.

El programa demócrata supone presentar un impuesto a la riqueza del 12,4%, en concepto de “seguro de vejez”, establecido para personas con ingresos anuales superiores a los USD 400.000. Este impuesto también alcanzaría empresas, donde se distribuiría mitad entre el trabajador (que vería recudido su salario en mano) y el empleador.

Además, Biden propone volver a aumentar la tasa marginal más alta del impuesto a la renta (lo que en Argentina se conoce como impuesto a las ganancias), que Trump redujo al 37% y prometió bajar incluso al 35% si es reelecto. 

Los demócratas quieren llevarlo nuevamente al 39,6%, valor en el que estaba con Obama, e incluso algunos sectores más radicales piden llevarlo al 42%. Esto implica revertir completamente la Ley de Empleos y Recortes de Impuestos, promocionada por Donald Trump y sancionada en 2017. 

Biden también aboga por la reducción en la cantidad de deducciones realizables para las personas con ingresos anuales de más de USD 400.000. En Estados Unidos, los ciudadanos con hijos a cargo, que hagan donaciones a beneficencia, que empleen a cierta cantidad de personas, entre otras cosas, reciben descuentos en la cantidad de impuestos que pagan; Biden quiere terminar con esto para “los ricos”.

Sin embargo, yendo a las propuestas concretas que están publicadas en su página web, los demócratas proponen eliminar todos los beneficios tributarios para personas que ganen más de USD 80.250 al año, muy lejos de los USD 400.000 que dijo Biden en el debate y contrario al discurso progresista, que habla de gravar sólo a los más ricos.

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Como si esto fuera poco, su agenda también propone la eliminación de la deducción de ingresos comerciales calificados para los ingresos altos, una medida de Trump del 2017 que buscaba generar competitividad frente a las empresas chinas, quitándoles carga fiscal.

Biden además propone aumentar la tasa del impuesto a la renta corporativa de 21% a 28%. Esta propuesta fue particularmente polémica pues, entre los países más desarrollados, la tendencia es bajar impuestos corporativos (como es el caso de la Unión Europea), y no subirlos. 

El programa implica crear, además, un impuesto mínimo para empresas cuyos balances contables arrojen ganancias netas superiores a los USD 100 millones. Este impuesto mínimo se establecería en torno al 15%.

Mientras los Gobiernos socialdemócratas de Europa bajan impuestos a las empresas y suben impuestos a las personas, el socialismo frenético de Joe Biden, influenciado por Sanders, propone cargar fiscalmente tanto a las empresas como a las personas.

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El “Plan Biden” también perjudicará a las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses, ya que se propone duplicar el impuesto sobre el Ingreso Global Intangible de Bajos Impuestos (GILTI), del 10,5% al 21%.

Se propone eliminar la extensión sobre aquellas empresas con menor margen de ganancias, que pasarán de no tributar nada, a pagar el doble de lo que hoy tributan las empresas alcanzadas.

Aquellas empresas que decidieran deslocalizar sus operaciones en Estados Unidos y pasarse a otro país para luego vender productos al mercado estadounidense, se verían gravadas por un impuesto adicional del 10%, lo que implica una tasa efectiva superior al 30% sobre las ganancias. 

Como contrapartida a la enorme presión sobre la generación de riqueza, Biden propone ampliar considerablemente el acceso al crédito local como herramienta expansiva, algo que formula como “la clave de la recuperación”. 

Los créditos fiscales (distribuidos entre subsidios directos y exenciones impositivas) buscarían tener impacto sobre pequeñas empresas, energías renovables, automóviles eléctricos, y ciertos rubros dentro de la industria manufacturera. 

El crédito tributario de personas se vería incrementado para trabajadores sin hijos y mayores de 65 años, para actividades por cuidado de niños y dependientes, y el crédito por hijo. Este último se incrementaría de USD 2.000 a USD 3.000 para 2021, dependiendo de las condiciones que se presenten. 

Más allá de impuestos, también Biden propone volver a incrementar el número de regulaciones sobre el mercado, especialmente las que se derogaron sobre el mercado energético y petrolero. Se plantea dar marcha atrás con el importante proceso de desregulación que había establecido la agenda de Trump sobre este tipo de sectores.

El “Plan Biden” para la situación impositiva de Estados Unidos sería el que más aumente la carga fiscal del país desde 1939.

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Estimación de los efectos del plan Biden 

Según la Tax Foundation, una organización sin fines de lucro que se dedica al estudio y la recopilación de información impositiva para los Estados Unidos, los efectos del programa de Biden serán profundamente negativos y desalentarán la inversión y la creación de puestos de trabajo. 

El aumento en las limitaciones para las deducciones y las nuevas cargas impositivas sobre las empresas, lejos de perjudicar a “un pequeño grupo de ricos”, generaría un efecto negativo sobre el total de la economía. Se estima una caída del 0,18% en la economía, sólo por introducir estos cambios. 

El retorno a la tasa marginal superior del 39,6%, generaría una muy tenue contracción de 0,02% para el país, siempre y cuando el aumento se limite exclusivamente al segmento de mayor poder adquisitivo de la población. Los republicanos aseguran que, en realidad, Biden esconde sus intenciones, y espera aplicar aumentos para otros estratos de la sociedad. 

El aumento de la alícuota impositiva sobre las empresas, del 21% al 28%, supone la mayor incidencia en el efecto recesivo de la reforma Biden. De aplicarse este aumento, la economía perdería casi 1 punto de crecimiento en la producción. El impuesto mínimo sobre los balances contables corporativos generaría una contracción adicional del 0,21%.

Si este escenario hipotético se cumpliera, y considerando que Estados Unidos se mantuvo creciendo a una tasa promedio de entre 2,5% y 3% anual, el aumento generaría “anemia económica”, y el país norteamericano crecería a tasas más parecidas a las europeas. 

Con las propuestas, la producción económica perdería un 1,47% de su tamaño a largo plazo (entre 2021 y 2030). La economía norteamericana acabaría con parte de su crecimiento potencial anual, haciendo más lenta la recuperación. 

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Economía

China al borde del colapso: Evergrande tiene 30 días para poner sus cuentas en orden o quebrar

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El gigante inmobiliario chino falló en pagar un vencimiento de intereses de bonos en dólares este jueves, y le queda solo un plazo de gracia de 30 días antes de entrar en default abiertamente. Sus acciones se derrumban en la bolsa de Hong Kong.

Después del pánico en los mercados financieros por un posible incumplimiento definitivo de Evergrande con sus acreedores, la empresa todavía no ha dado respuestas contundentes y los inversores siguen vendiendo sus posiciones en la plaza bursátil de Hong Kong.

Este jueves, el gigante inmobiliario no cumplió con el debido pago de intereses resultantes del enorme pasivo acumulado en los últimos años. Aún así, se determinó un período de gracia por 30 días. De no producirse una corrección al término de este plazo, la empresa entraría en cesación de pagos de forma abierta.

Hasta ahora, no ha mostrado ni la más mínima señal para corregir el rumbo y sus cuentas indican que si el Banco Popular Chino no le gira dinero, no podrá afrontar ningún pago más.

El pasivo que acumula Evergrande es tan masivo que incluso representa hasta el 2% de PIB chino, una cifra exorbitantemente grande por un monto aproximado de 305.000 millones de dólares.

Evergrande alegó haber llegado a un acuerdo exitoso con sus acreedores de deuda, pero lo cierto es que solamente se cubrirán los tenedores de bonos en yuanes, pero no en dólares u otras divisas. Se llega entonces a un trato completamente desleal con los inversores en el exterior.

El Banco Central Chino respondió suministrando una mayor liquidez en los mercados, pero si bien se especula con un posible rescate, aún no se han dado precisiones al respecto por parte del Gobierno chino ni de sus medios oficiales dependientes.

Sin embargo, la empresa inmobiliaria sí dispone de suficiente liquidez para afrontar el pago de intereses en el corto plazo, pero posee un dramático problema de solvencia. En otras palabras, si bien es capaz de cumplir con sus obligaciones en los próximos meses, Evergrande decidió por voluntad propia no pagar intereses a acreedores fuera de China ante su propia expectativa por un incumpliendo abierto en el futuro.

De colapsar completamente, la repercusión financiera podría rápidamente diseminarse al sector real y poner en serios problemas a la segunda economía más grande del mundo. De esta manera, también corre peligro el desempeño de la economía global.

La política monetaria de China en los últimos años jugó un rol crucial para entender el posible colapso de Evergrande. Para sostener las tasas de crecimiento después de cambiar el modelo económico en la última gran crisis internacional, el mercado chino recurrió a un masivo endeudamiento.

Considerando solamente al sector privado, la deuda China pasó de representar el 110% del PBI en 2008 al 230% en la actualidad. Sumando al enorme sector público en el país asiático, la deuda total alcanza hasta el 323% del PBI. Este endeudamiento fue constantemente incentivado y subsidiado por el efecto de la política monetaria china.

La política monetaria mantuvo por años una suerte de arbitraje entre las bajas tasas de interés en los mercados de países desarrollados, y los altos tipos vigentes dentro de China. Mientras la política monetaria norteamericana también fue laxa, se generaron incentivos para adquirir deuda a bajo costo en EE.UU para adquirir activos financieros (comprar deuda) china con mayores rendimientos. Esto promovió activamente el endeudamiento chino, en la cual empresas como Evergrande pudieron colocar sus instrumentos y conseguir financiamiento por años.

Cuando Estados Unidos volvió a apostar por una política más contractiva a partir de 2016, se revirtió el flujo de capitales de nuevo, y China dejó de adquirir financiamiento. En consecuencia, el Banco Central chino cambió de estrategia y rebajó enormemente los tipos de interés, buscando perpetuar el mismo ciclo de endeudamiento pero a nivel interno.

En consecuencia, cabe esperar que Evergrande sea solamente una primera muestra de una secuencia de malas inversiones por sobreendeudamiento del mercado chino con el resto del mundo, así como a nivel local. Evergrande podría convertirse en el primer precedente de un problema financiero mucho más relevante.

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Economía

Proponen la creación de un Seguro de Garantía para abonar las indemnizaciones

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Acorde a un reciente informe de IDESA, el pago de indemnizaciones por despido se transformó en un elemento casi prohibitivo para la contratación formal. En respuesta a ello, muchos empresarios proponen un cambio en la Ley de Contrato de Trabajo.

El debate sobre la legislación laboral en Argentina vuelve a instalarse en agenda, en cara a las elecciones legislativas de noviembre. El nivel de informalidad laboral oscila entre 37% y 45% según estimaciones oficiales, y existen mediciones alternativas que hablan de hasta un 52% de trabajadores informales.

Al respecto, un informe de IDESA reveló que la indemnización por despido constituye uno de los elementos mas distorsivos sobre la creación de empleo en el mercado laboral formal. El economista Jorge Colina catalogó como “casi prohibitivo” al exceso de restricciones a la hora de contratar trabajadores.

El informe de IDESA estima que, en promedio, el tamaño de la planta de personal de las empresas argentinas es de 14 empleados. Considerando las limitaciones al despido, un solo trabajador con 12 años de antigüedad supondría un desembolso para el empleador superior al todos los pagos salariales habituales por los 14 empleados.

De producirse este tipo de situaciones con uno o más empleados, supondría fácilmente la quiebra de cualquier emprendimiento pequeño o incluso mediano. Cabe recordar que en Argentina la mayor parte de las empresas son pymes, y no tienen la misma capacidad de respuesta que las grandes. A su vez, son las pequeñas empresas las que concentran la mayor parte del empleo privado en el país.

Por lo tanto, se generan incentivos nocivos: dadas las limitaciones para despedir, se incentiva una prudencia extrema en la contratación, buscando evitar así cualquier situación traumática para la empresa. En segundo término, las empresas buscan canalizar su proceso productivo invirtiendo en capital físico y financiero, y no en capital humano.

Jorge Colina, economista y actual Presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

Las empresas argentinas se transformaron en capital-intensivas debido a la disfuncional legislación laboral. Esto quiere decir que solamente demandarán la mínima cantidad posible del factor trabajo, incluso renunciando a una mayor producción potencial.

IDESA también expone que, en las microempresas, 3 de cada 10 trabajadores se desvinculan de la relación laboral, cuando en las grandes solamente 1 de cada 10 lo hacen. Se llega a una desproporción irrisoria en la cual son las microempresas las que usualmente deben lidiar con una mayor cantidad de despidos, aunque no todas las desvinculaciones lo son.

En respuesta a las problemáticas, cada vez es más frecuente entre los empresarios la propuesta por modificar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que data de la década de 1970 y que no pudo ser actualizada debidamente a los tiempos modernos.

En concreto, la propuesta consiste en introducir un nuevo esquema de Seguro de Garantía por el cual poder financiar el papo de indemnizaciones sin necesidad de que se convierta en un costo prohibitivo para los empleadores.

Se propone que este seguro se sustente de un fondo creado con aportes, es decir, con un mayor peso de cargas sociales. La alícuota sobre las contribuciones patronales podría establecerse entre el 8,33% y el 2% del salario bruto, dependiendo del grado de antigüedad de cada trabajador en cuestión.

Estos fondos serían vinculados directamente a la ANSES, y desde allí se podrían distribuir y asignar a los trabajadores a modo de pago por indemnización, bajo un criterio que clasifique el monto según el grado de antigüedad.

También existen propuestas mixtas que plantean implementar el sistema, pero solo a partir de un cierto monto, por ejemplo, cuando se superan los 4 salarios mensuales habituales del trabajador. En este caso, el empleador podría cubrir hasta este monto fijo, y la ANSES respondería por el excedente con los fondos del Seguro de Garantía.

Actualmente las cargas sociales representan hasta el 38,2% del salario, siendo un 17,5% en conceto de aportes por los trabajadores y el 20,7% restante por aportes patronales. Argentina mantiene una de las tasas más exigentes en el mundo, aunque esta disminuyó desde 2017 con la reforma tributaria.

A partir de esto, también existen propuestas para distribuir la carga de la alícuota por el Seguro de Garantía entre aportes patronales y personales, y también existe la posibilidad de suprimir completamente la indemnización a cambio de la articulación de un seguro de desempleo de amplia cobertura.

Las diferentes propuestas apuntan hacia una cierta modernización de la legislación laboral, en mayor o en menor medida, como respuesta al fracaso de las limitaciones sobre el despido y la proliferación del empleo informal.

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Economía

La economía de Brasil creció un 0,6% en julio y nuevamente supera las expectativas del mercado

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El Banco Central de Brasil confirmó que la actividad económica creció un 0,6% en julio con respecto al mes anterior, casi duplicando las expectativas de mercado. Brasil ya registra los niveles de actividad más altos desde la crisis financiera heredada de Dilma Rousseff.

La economía de Brasil vuelve a mostrar resultados positivos. Según las estadísticas anunciadas por el Banco Central, la actividad económica mensual creció un 0,6% en julio con respecto al mes anterior. Esta cifra superó las proyecciones de mercado, que esperaban un crecimiento mucho más tenue en torno al 0,35%.

Del mismo modo que en Argentina y la mayor parte de los países, Brasil estima una suerte de “adelanto” del PIB con frecuencia mensual, mediante el Índice de Actividad Económica (IBC-Br) que es equivalente al EMAE argentino.

En comparación con el mismo mes del año pasado, Brasil registró un fuerte rebote del 5,53% interanual, surgiendo de la comparación contra 2020 a partir de la serie original. Tomando los primeros siete meses del 2021, y comparándolos con el mismo período del año anterior, Brasil registró un repunte del 6,8%.

Por último, considerando los últimos 12 meses de la serie original del IBC-Br, y comparándolos contra el período anual inmediatamente anterior, el Banco Central de Brasil estimó una variación positiva en torno al 3,26%.

Aun así, considerando los primeros meses del año sobre la serie desestacionalizada del índice de actividad, Brasil acumuló un avance del 1,8% entre enero y julio de este año.

Estos datos reflejan que, para el caso brasileño, la recuperación no es simplemente un arrastre estadístico, sino que además el desempeño del año 2021 resulta positivo por sí mismo y no solamente en comparación contra el año pasado. Aún así, el nivel de actividad no logró recuperar el pico registrado en febrero.

Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil y autor del exitoso programa económico de Jair Bolsonaro.

A diferencia de lo que ocurrió en la segunda mitad de 2020, esta vez el sector servicios es el gran impulsor del crecimiento agregado, cuando antes lo había sido la industria manufacturera. Esto se debe al mayor grado de apertura en las restricciones sanitarias, y a la normalización en el funcionamiento de la economía.

Acorde a los resultados expuestos, el nivel de actividad promedio en lo que va del 2021 es el más elevado desde julio de 2015, y supera los niveles que había en 2019. Brasil se perfila a superar los efectos heredados por la aguda crisis económica y financiera que dejaba el Gobierno de Dilma Rousseff en 2016.

El gran desafío de la administración Bolsonaro no es recuperar a la economía de la pandemia, pues esto ya fue concretado, sino que será retornar al nivel de actividad que había en diciembre de 2013.

Acorde al IBC-Br, la economía brasileña aún opera un 5,4% por debajo del nivel que tenía a fines de 2013. El programa económico que lleva a cabo el ministro Paulo Guedes pretende avanzar con las llamadas reformas estructurales de primera y segunda generación, para revertir el estancamiento.

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