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Brasil

Eletrobras privatizada: Bolsonaro celebra la privatización más grande de Brasil en 30 años

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La gigante eléctrica fue finalmente privatizada por un monto de US$ 6.855 millones. El Estado brasileño queda como accionista con un 45% del paquete accionario, y las decisiones quedan en manos privadas.

Este martes, el presidente Jair Bolsonaro se anotó una nueva victoria millonaria para la agenda de privatización y desregulación de la economía brasileña.

La histórica empresa Eletrobras, responsable de toda la generación y distribución de la energía eléctrica en Brasil, fue finalmente privatizada en la Bolsa de São Paulo después de que Bolsonaro firmara el proyecto de ley que fue previamente aprobado en el Congreso. Se trata de la empresa eléctrica más importante de América Latina, y la mayor privatización de la historia del continente en volúmenes operados.

El Estado brasileño no emprendía una venta de esta envergadura desde el año 1998, cuando el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso lograba la privatización de la minera Vale. Brasil recuperó el rumbo privatista que había sido virtualmente abandonado y truncado por la administración socialista del PT a partir de 2003.

Esta empresa es responsable del abastecimiento para cerca de la mitad de las líneas de transmisión en todo el país, una extensión equivalente a 70.000 kilómetros de tendidos. Posee, además, una capacidad instalada de generación de 50.000 megavatios, una potencia que la transforma en la más importante de la región.

Por primera vez desde 1962, la generación y distribución de la energía eléctrica para el mercado de Brasil quedará en manos privadas. Entre otras oportunidades, la privatización permitirá la recapitalización constante que el Estado brasileño no estaba en condiciones de realizar, y permitirá la mejora en la eficiencia para el suministro de servicios.

Es un momento histórico. Esta empresa agotó su modelo y ahora puede caminar por sus propias piernas”, declaro el ministro de Economía Paulo Guedes, quien encabezó el proceso.

Las tarifas eléctricas dejarán de tener “precios políticos” sujetos a los cambios de signo de los sucesivos Gobiernos, y serán verdaderas señales de precios compatibles con la captación de inversión y la absorción de shocks internacionales. Es por este motivo que tendrá lugar un primer aumento del 8% en el valor tarifario, luego de que Bolsonaro también aprobara descongelar los precios.

En total, la venta le significó al Estado un ingreso por US$ 6.855 millones, en línea con los montos esperados por los analistas y el valor bursátil de la empresa. De esta manera, el Estado conservará el 45% del paquete accionario total, cuando antes poseía el 72%, y se reservará el derecho de la “acción de oro”. Esta posición le da el poder de veto al Gobierno para decisiones estratégicas de la compañía que tengan impacto nacional.

Además del importante ingreso de capital captado por el Estado, también se producirá un ahorro acumulativo: la inversión dejará de ser una competencia estatal sobre los hombros de la sociedad, y los costos también serán privatizados

Brasil

El programa de Lula amenaza con destruir las cuentas públicas de Brasil: El FMI pronostica un brutal aumento del déficit para 2023

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El diagnóstico del Fondo Monetario sugiere que el resultado financiero de Brasil se disparará al 7,5% del PBI, y se perderá completamente el superávit primario heredado por Bolsonaro. El plan fiscal del presidente Lula propone disparar las erogaciones sin ninguna contraprestación en nuevos recursos. 

Tan solo un año de Gobierno del nuevo presidente Lula da Silva amenaza con socavar el esfuerzo fiscal de la administración de Jair Bolsonaro. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que Brasil profundizará todos los desequilibrios fiscales para 2023, lo cual arrojará una presión muy fuerte sobre la inflación y el stock de deuda pública.

El FMI pronostica que el déficit fiscal financiero del Gobierno federal brasileño se disparará al 7,5% del PBI en 2023, partiendo de una cifra que no supera el 5% del producto. Descontando el enorme peso de los intereses de la deuda pública sobre el presupuesto, el superávit primario heredado de Bolsonaro se perdería completamente y el 2023 finalizaría con un déficit de 0,82% del PBI

El stock de deuda pública bruta abandonaría su sendero bajista, y se incrementaría del 88,2% del PBI al 93,3% para el año 2027. Asimismo, la deuda pública neta (añadiendo las acreencias a favor del Estado) escalaría del 58,4% del PBI al 68,5% en 2027, un pesado endeudamiento de 10 puntos del producto.

Resultado fiscal de Brasil y proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2023.

El programa fiscal presentado por Lula da Silva

El proyecto del socialismo brasileño consiste en una brutal suba del gasto público explicada por tres partidas principales: erogaciones sociales, remuneraciones en el Estado y obra pública

Se dispone de la ampliación del programa ahora rebautizado como “Bolsa Familia”, aumentando las asignaciones básicas de R$ 400 a R$ 600 para los beneficiarios. En la misma línea, se dispuso aumentar el salario mínimo un 7,43% con respecto al valor nominal de diciembre de 2022, lo cual implica una ampliación de costos sobre la estructura salarial del sector público. 

Para llevarlo a cabo, el Gobierno del PT logró la ampliación del techo de gastos previsto para 2023 en un valor de 145.000 millones de reales, equivalentes a 28.000 millones de dólares. De esta manera se consolidó un golpe de gracia contra la disciplina fiscal, ya que se levantó la principal regla fiscal del país por primera vez desde el año 2000. 

De hecho, el programa original presentado por Lula pretendía incluso eliminar completamente el techo de gastos por un período de 4 años, y aumentar las erogaciones en 198.000 millones de reales sólo para 2023. El Congreso brasileño limitó algunas de las estrafalarias propuestas del PT. 

Pero en contrapartida no se anunció ninguna medida fiscal o tributaria que sea capaz de compensar la expansión del gasto público, más bien todo lo contrario. Este rumbo convalida el diagnóstico del Fondo Monetario para 2023.

El presidente Lula anunció que la exención del Impuesto Federal a los Combustibles seguirá teniendo vigencia en 2023, lo que significa un costo presupuestario de 52.900 millones de reales para el Estado en este período fiscal.

En la misma línea, también se incluyó el aumento de la deducción estándar básica del impuesto a las Ganancias de R$ 1.904 a R$ 5.000 para 2023 (por encima de la inflación proyectada). Todas estas medidas arrojan más presión sobre el déficit fiscal. 

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Brasil

Rotundo éxito de la reforma laboral de Bolsonaro: La desocupación cayó más de 4 puntos y desapareció la informalidad

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La desregulación del mercado laboral permitió expandir la contratación formal y disminuir la desocupación al nivel más bajo de los últimos 8 años. Sin embargo, el presidente Lula amenaza con dar marcha atrás con los cambios para volver a la legislación laboral obsoleta de 1943. 

Los resultados de la desregulación laboral vuelven a salir a la luz. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó que la tasa de desocupación abierta cayó al 8,1% de la población activa en noviembre de 2022, según la serie original del indicador.

El organismo oficial señala que el respaldo es el más bajo registrado desde abril de 2015. El IBGE relevó que la cantidad de personas desocupadas cayó en 3,7 millones en comparación con el resultado de noviembre de 2021, mientras que la tasa de desempleo acumuló una caída del 3,5% en el mismo período. 

La serie desestacionalizada del indicador de desocupación retrocedió al 8,48% en noviembre del año pasado, y de esta manera concretó una caída de 4,17 puntos porcentuales desde el lanzamiento oficial de la reforma laboral en septiembre de 2021.

La cantidad de ocupados en Brasil se remontó hasta los 99,7 millones de personas en noviembre de 2022, lo cual supone el resultado más alto de la historia desde el comienzo de la elaboración de esta estadística en marzo de 2012. 

“A pesar de que el índice de la población ocupada aumenta en un ritmo menor que los trimestres anteriores, es significativo y contribuye para la reducción del desempleo”, explicó Adriana Beringuy, coordinadora de encuestas en el IBGE. 

Otra importante conquista de la desregulación laboral fue la caída efectiva en la tasa de informalidad de Brasil, un problema endémico en el país. La informalidad retrocedió al 38,9% del total de ocupados, marcando una reducción con respecto al 40,6% observado antes del momento del lanzamiento de la reforma laboral. 

El nuevo sistema laboral demostró que es capaz de facilitar la contratación, reducir efectivamente el empleo informal, y reducir la cantidad de brasileños inmersos en la desocupación. Esto amplía la capacidad de la oferta agregada para liberar las fuerzas productivas del país. 

Los resultados no solo son reconocidos por su apoyo popular, sino que los mercados reaccionaron positivamente al proceso de desregulación. La sola idea de dar marcha atrás con el modelo provocó una importante retracción de la confianza empresarial. 

El presidente Lula amenazó con socavar las reformas, ya no tan solo las implementadas por Bolsonaro en 2021, sino también las tenues reformulaciones lanzadas por el expresidente Michel Temer en enero de 2018. El PT pretende volver a arribar a la legislación laboral de 1943, completamente obsoleta y ajena a las necesidades de la economía del siglo XXI.

La legislación de 1943 fue reformulada en numerosas oportunidades en la década de 1990, pero no supo adaptarse a requerimientos modernos. Fue con este sistema laboral que Brasil alcanzó un pico de 13,3% de desempeño en marzo de 2017 y se duplicó desde diciembre de 2013.

Tras el derrumbe bursátil y la devaluación provocada por los anuncios, el vicepresidente Geraldo Alckmin intentó llevar cierta tranquilidad a los mercados y cuestionó la idea de anular completamente las reformas, pero no fue capaz de descartar la vocación revisionista de la nueva administración. 

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Desesperación total: El Gobierno de Lula da Silva financiará por un año las importaciones argentinas

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Lejos de concretar una moneda común, el verdadero objetivo del Gobierno kirchnerista fue descomprimir una nueva línea de crédito comercial en reales para postergar el drenaje de reservas internacionales del Banco Central. Se espera que aumente el déficit comercial con Brasil. 

El presidente Alberto Fernández y el presidente Lula da Silva finalmente ratificaron un nuevo acuerdo para la financiación de líneas comerciales. Muy lejos de concretar una moneda común para combatir la inflación, las autoridades argentinas buscaron activamente algún tipo de salvaguarda financiero con el cual poder financiar las importaciones que hoy deben ser restringidas a causa del cepo cambiario.

Según lo acordado entre los abogados Sergio Massa y Fernando Haddad, quienes actúan de Ministros de Economía de Argentina y Brasil respectivamente, el gobierno brasileño proveerá financiamiento para costear las importaciones argentinas a 366 días.

El Banco do Brasil financiará las ventas de las empresas brasileñas en la Argentina. Lula dio el visto bueno para estas medidas ya que, en la práctica, las restricciones para-arancelarias de argentina limitaban el potencial exportador de Brasil e impedían el supuesto “libre comercio” en la zona del Mercosur.

Desde el punto de vista argentino, los importadores de bienes desde Brasil ya no tendrán que esperar 180 días para acceder a las divisas en el mercado oficial, sino que podrán solicitar una carta de crédito al Banco Nación para concretar la operación de importación inmediatamente.

De esta manera, se abre una nueva vía comercial con Brasil que permitirá sortear las dificultades extremas que involucra el dramático sistema SIRA para poder operar. En definitiva, un parche para un problema auto-creado por las medidas insólitas del kirchnerismo.

Para el Banco Central, este mecanismo implica la postergación del uso de reservas internacionales para financiar importaciones por un período de 12 meses, y esta es la “ganancia” en términos de tiempo para postergar el colapso del cepo cambiario y evitar acelerar la devaluación del mercado oficial aún más de lo que ya se ha hecho.

Como adelantamos en La Derecha Diario, la principal motivación del Gobierno argentino no fue la concreción de una moneda común para combatir la explosión inflacionaria, sino más bien obtener algún instrumento para aminorar la sangría de reservas que enfrenta el Banco Central en el marco del cepo cambiario impuesto desde 2019.

No se trata de la idea del ministro Paulo Guedes de una moneda única, instrumentos previstos que no funcionaron bien ni el pago en moneda local, sino ofrecer una garantía para que podamos avanzar en el comercio de la manera en que el presidente Lula y el presidente Alberto Fernández pretenden”, explicó el ministro Haddad. 

Lo que antes era un problema entre los importadores y el BCRA, ahora se transforma en una mediación entre los bancos públicos argentinos y sus homólogos en Brasil, y al cabo de 366 días las operaciones deberán ser canceladas. 

Lo que aún no está completamente definido es el monto por el cual el Banco do Brasil proveerá financiamiento para la importación argentina. Estimaciones preliminares sugieren que se compromete un monto de hasta US$ 13.000 millones para 2023, una cifra muy similar a los US$ 16.000 millones en importaciones que cada año provienen de Brasil según el INDEC. 

El acuerdo buscaría cubrir la mayor parte del volumen comercial anual entre ambos países, al menos para 2023, sin comprometer la posición de divisas del Banco Central argentino en el corto plazo. 

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