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Economía

Elon Musk cruzó a Joe Biden y advierte por una inminente recesión en Estados Unidos

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El multimillonario y CEO de Tesla advirtió que la recesión es prácticamente inevitable. Asegura que los estímulos fiscales y monetarios provocaron una mala asignación del capital en la economía.

El presidente Joe Biden declaró que la economía estadounidense está atravesando el “crecimiento más rápido de la historia” y se responsabilizó a sí mismo por tal logro, pero el CEO de Tesla y SpaceX, el excéntrico multimillonario Elon Musk, salió a cruzarlo públicamente.

En el marco del Foro Económico de Qatar, al ser entrevistado Musk afirmó que la recesión en Estados Unidos es inevitable, contradiciendo a los funcionaros de la Casa Blanca que aseguran que es imposible. Según precisó, este escenario no es probable en el corto plazo, pero la probabilidad de una recesión crece conforme se consideran períodos de tiempo más largos.

Se debe tener en consideración que, para establecer formalmente una recesión, es necesario que la economía (el PBI) registre una retracción por al menos dos trimestres consecutivos. El PBI estadounidense se desplomó un 1,5% en los primeros tres meses del año, y los mercados financieros se muestran temerarios por una nueva caída al término de junio.

Las declaraciones de Musk contradijeron diametralmente a los dichos del presidente Biden en una entrevista para Associated Press, donde afirmaba que la recesión no solo no era inevitable, sino que además su programa económico lograría evitarla.

“Si observamos los principales elementos del PIB del último trimestre (cuando la actividad se contrajo), mostraron solidez en términos de gastos de consumo”, afirmó Cecilia Rouse, la vocera de Biden en asuntos económicos.

Además de dedicarse con éxito al sector empresarial y doctorarse en física aplicada, Musk es también licenciado en Economía por la Universidad de Pensilvania, lo cual lo dota de mayor rigurosidad para realizar análisis y pronósticos.

“Creo que una recesión es inevitable en algún momento. Lo que suele ocurrir es que si el boom se prolonga demasiado, se produce una mala asignación de capital. Empieza a llover dinero a sobre tontos, básicamente”, explicó Elon Musk.

Según los pronósticos del multimillonario, la recesión formal comenzará a mediados de este año y a más tardar para 2023. Esto es coincidente con las proyecciones de los analistas de Wall Street para la evolución de la economía real.

El gigante financiero Goldman Sachs duplicó su pronóstico de probabilidad de recesión, del 15% al 30% para 2023, y la bolsa de Nueva York reaccionó negativamente ante la inminente suba de tasas de la Reserva Federal, que históricamente anticipó el fin de los ciclos expansivos.  

Respaldando el diagnóstico de Musk, el economista jefe de EY-Parthenon y consultor en IHS Markit, Gregory Daco, aseguró que la economía estadounidense se encima a una recesión y las probabilidades se dispararon tras el brutal aumento inflacionario. El clima de estanflación resulta cada vez más probable. 

Economía

Los horrores que el radicalismo elige no recordar: el Corralito de Alfonsín y la pesificación forzosa de Illia

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A 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, los principales dirigentes en todo el país reivindicaron la trayectoria histórica del partido. Las presidencias radicales llevaron a cabo algunas de las medidas más polémicas y dramáticas en la historia económica del país.

Este domingo se cumplieron 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical (UCR) por Leandro N. Alem, originalmente conocida como la “Unión Cívica Anti-acuerdista” en el marco del Gobierno conservador de Miguel Juárez Celman.

Los principales dirigentes radicales en todo país destacaron el rumbo histórico del partido, pero decidieron ignorar deliberadamente algunos de los episodios más dramáticos de la historia económica argentina llevados a cabo por presidencias radicales.

La expropiación de los depósitos en dólares en la presidencia de Illia

El programa integral de Arturo Umberto Illia se caracterizaba por un feroz estatismo económico, junto con un diagnóstico muy poco convencional acerca de la situación heredada en 1963.

Hacia diciembre de 1963, el ministro de Economía radical, Eugenio Blanco, lanzaba la receta económica auspiciada por la plataforma oficial del radicalismo: control de precios y tarifas públicas, cepo cambiario con un límite de compra de hasta US$ 50 por mes, y la anulación de contratos petroleros con empresas privadas para que YPF recuperara el monopolio absoluto.

El programa dio indicios de agotamiento a mediados de 1964, cuando la inflación minorista se enquistaba en el 23% interanual y la mayorista subía hasta el 26%, 3 puntos por encima de diciembre de 1963.

Además, y como sucede en la actualidad, el país atravesaba una profunda crisis de vencimientos por el pago de deuda pública externa. Los violentos controles cambiarios impedían la acumulación de reservas, aún a pesar de que el Gobierno radical restringía severamente las importaciones.

La falta de acceso al mercado externo de divisas provocó que los bancos no pudieran estar en condiciones para afrontar los depósitos en dólares, que alcanzaban los US$ 200 millones en 1964. El Gobierno radical decidió, por decreto, pesificar compulsivamente los depósitos de los ahorristas al tipo de cambio vigente en el mercado libre (y no el oficial).

Del mismo modo en que lo hizo Eduardo Duhalde en 2002, las medidas de Illia destruyeron el poder adquisitivo de los ahorristas que habían depositado su confianza y sus ahorros en dólares al sistema bancario.

El fracaso del Plan Austral y el “Corralito” de Alfonsín

Después de una primera hiperinflación hacia fines de 1984, el entonces presidente radical Raúl Alfonsín anunciaba su Plan Austral para poner fin a la inflación. El programa incluía la reducción del déficit fiscal con un drástico aumento de impuestos y retenciones, mientras que al mismo tiempo reemplazaba al “peso argentino” por el austral, y se establecían controles de precios, salarios y tarifas públicas.

A pesar del aumento de las cargas sociales a la seguridad social, el impuesto a las Ganancias, las retenciones y los aranceles de importación, el déficit fiscal no se eliminó y para 1987 el programa se encontraba virtualmente agotado en una nueva crisis de estanflación.

Hacia abril de 1989, y después del fracaso del segundo programa de estabilización en la primavera de 1988, la inflación superaba el 460% interanual y el sistema bancario se encontraba al borde del colapso.

El presidente Alfonsín y su ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille en 1985.

A causa de la pésima reputación del Gobierno y su programa, las expectativas inflacionarias se dispararon y la demanda de australes se derrumbó. Esto provocó un pánico de los ahorristas, que dejaron de confiar en el ajuste de las tasas de interés y buscaron retirar sus fondos bancarios para rápidamente transformarlos en dólares y así protegerse de la inflación.

El Gobierno de Alfonsín estableció un estricto límite al retiro de fondos de los bancos, lo que se conoce formalmente como “Corralito”, para evitar el colapso del sistema financiero, de la misma manera en que lo hizo Fernando De la Rúa en 2001.

“Hacia fines de abril de 1989, ante la perspectiva de un estallido hiperinflacionario, las autoridades monetarias argentinas introdujeron severas restricciones al retiro en efectivo de los depósitos bancarios. Esto provocó temporalmente el surgimiento de un sistema monetario bipapélico en el que circularon dos monedas: el austral billete y el austral cheque”, explicaba el CEMA en octubre de 1990.

En medio del caos, el Presidente radical huyó del Gobierno y transfirió el poder en julio de 1989 al entonces Presidente electo Carlos Menem, que debió hacerse cargo de la conducción del Poder Ejecutivo. 

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Economía

Como lo ordenó Cristina Kirchner, el Banco Central endurece los controles para las importaciones

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La autoridad monetaria dirigida por Miguel Pesce cumplirá con todas y cada una de las pretensiones de la Vicepresidente, y presionará a las empresas para que se financien con dólares propios o crédito externo, en lugar de hacerlo por el cambio oficial.

El agotamiento del cepo cambiario es cada vez más notorio, pero el Gobierno insistirá en mantener el sistema hasta las últimas consecuencias. Por influencia de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el Banco Central llevará adelante una severa política para estrangular el volumen efectivo de importaciones.

La autoridad monetaria que dirige el radical Miguel Ángel Pesce anunció un nuevo comunicado que pretende “optimizar” el sistema de pagos del comercio exterior atentando contra las llamadas “importaciones especulativas”, y cumpliendo así con todos y cada uno de los caprichos de la Vicepresidente.

El objetivo de las medidas es evitar una mayor profundización de la caída de las reservas internacionales, aunque para eso se deba incurrir en una recesión aún más profunda sobre el nivel de actividad real. Las únicas importaciones que no se verán afectadas son las de energía, ante el peligro de una crisis energética mayor.

La autoridad monetaria endureció las regulaciones para que las empresas puedan acceder al dólar oficial para financiar importaciones. De esta manera, se insta a las empresas a que utilicen dólares propios para financiarlas, o en su defecto que adquieran crédito externo con sus respectivas casas matrices.

Para financiar importaciones, las firmas deberán adquirir créditos externos por hasta 180 días, debido a que el Central no habilitará la compra de dólares. Esto tendrá un impacto recesivo especial en la actividad industrial, altamente dependiente de la importación de insumos.

En coordinación con el Ministerio de desarrollo productivo que lidera Daniel Scioli, se resolvió la ampliación de las posiciones arancelarias para bienes importados que sean sustitutos a productos de origen local, y tendrán un plazo de 6 meses para poder acceder al mercado. Los bienes suntuarios y considerados de lujo, tendrán un plazo mayor de casi un año.

Para las pequeñas y medianas empresas el Banco Central lanzó un esquema que las exceptúa de las nuevas regulaciones, y les permite acceder al mercado de cambios oficial, siempre y cuando no se supere un límite por 1 millón de pesos y cuando las importaciones no hayan aumentado más de 15% con respecto a 2021.

De la misma manera en que ocurrió entre 2012 y 2015, la actividad económica se verá afectada dramáticamente ante la “restricción externa” autoimpuesta por el propio Gobierno

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Economía

Insólito: el Gobierno de Sánchez prepara un impuestazo a las eléctricas en medio de la histórica suba de la energía

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El presidente español prepara el lanzamiento de un nuevo gravamen para los “beneficios extraordinarios” de las empresas de energía. El impuesto será trasladado a la espalda del consumidor final y sumará otro costo más, en medio de la dramática suba de precios.

El presidente Pedro Sánchez pretende aprobar un nuevo impuesto a los beneficios no distribuidos de las empresas eléctricas en España. La iniciativa cuenta con el amplio respaldo del PSOE, el núcleo del oficialismo, y de la extrema izquierda representada por Podemos.

En un primer momento el impuesto se perfiló como un recargo adicional de 10 puntos porcentuales sobre la alícuota máxima del impuesto a las rentas corporativas no distribuidas, pero finalmente se resolvió aplicar un impuesto independiente con una perspectiva idéntica a la adoptada por Martín Guzmán y Alberto Fernández en Argentina.

La nueva iniciativa de Sánchez quiere gravar la “renta extraordinaria” que supone para las empresas eléctricas esta histórca suba de precios, a pesar de que la suba de precios no está generando rentas extraordinarias, si no que tiene que ver con una escasez de combustbles a lo largo del globo y la alta inflación. Este impuesto entrará en vigor formalmente a partir del primero de enero de 2023.

El Gobierno socialista ya había intentado tomar medidas a estos efectos por medio del impuesto a la generación de energía eléctrica, pero el tributo se trasladó sistemáticamente a los consumidores finales y la iniciativa fue suspendida por el propio Gobierno. En esta misma línea, se dispuso de una rebaja del IVA para la energía del 21% al 15%.

Nuevamente, el Presidente socialista volverá a insistir con el mismo camino, pero esta vez con un impuesto que no se aplica a la producción sino que aplica a las ganancias no distribuidas por dividendos. Sin embargo, se espera que se vuelva a repetir el mismo efecto que producía el tributo anterior y, una vez más, los consumidores deberán hacerse cargo del impuesto.

Del mismo modo que otros países europeos, el Gobierno español aplicará impuestos para financiar un nuevo aumento del gasto público. Entre otras aplicaciones presupuestarias, el socialismo anunció un nuevo bono por 200 euros para asalariados, autónomos y desocupados con ingresos catalogados como bajos. Además, se incrementarán los subsidios al transporte público y se aumentarán un 15% las pensiones por invalidez y jubilaciones no contributivas.

Sánchez prometió que sus medidas tendrán un efecto inmediato sobre la inflación, y aseguró que bajará 3 puntos porcentuales. Pero la verdadera causa de la inflación, el desequilibrio monetario y fiscal en la economía, sigue sin ser atendida por las autoridades.

La presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no fue capaz de responder cómo hará la autoridad monetaria para volver a normalizar la hoja de balance. Lagarde prometió eliminar el exceso de liquidez producida desde 2020, pero no dio ninguna precisión sobre cómo será posible hacerlo.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Sánchez se negó a cualquier ajuste no gradualista del déficit fiscal. El sector público cerró el año 2021 con un fuerte déficit financiero de 6,9% del PBI, mientras que el gasto público consolidado representaba el 50,6% de la economía en el último trimestre del año pasado. 

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