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Economía

Empresas alimenticias le avisan a Alberto Fernández que ya no pueden soportar el congelamiento de precios y que la gran mayoría está al borde de la quiebra

Un informe de la COPAL sacó a la luz la dura situación de las empresas alimenticias, donde manifestó la necesitad de reformas estructurales ante la situación que atraviesa la industria.

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A través de un comunicado, la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios de Argentina) le reclamó al Gobierno medidas de carácter estructural
para poder
afrontar la situación crítica que atraviesa el sector, luego del estricto congelamiento de precios. 

Si bien la semana pasada se reunieron gremios y empresas del sector para negociar con el
Ministerio de Desarrollo Productivo un posible acuerdo de precios y salarios, hicieron hincapié
en las consecuencias que podría tener seguir extendiendo el congelamiento de precios. 

Los empresarios del sector alimenticio explicaron que soportaron el congelamiento de precios al
comienzo de la pandemia
porque el Gobierno les había asegurado que se trataba de una
situación excepcional, pero ahora el kirchnerismo lo plantea como una “nueva normalidad” y las compañías están exhaustas de recursos.

Luego de seis renovaciones al congelamiento de precios, el sector advirtió sobre el
riesgo que seguir con esta práctica regulatoria significaba para la sustentabilidad de las empresas,
debido al
aumento constante de los costos de todo tipo. 

En este sentido, desde el sector aseguran que el Gobierno solamente autorizó incrementos de
4% a 10,8% en promedio
, mientras que el incremento de los costos durante el año pasado
superó generosamente estos porcentajes, casi un 50% en todo el año

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En concreto, los costos en materias primas
aumentaron entre un 45% y 50% y en logística un 35%
, a lo que se le suma un 40% debido a
la depreciación del tipo de cambio oficial, y un 20% debido a los costos asociados a la
pandemia. 

A su vez, los incrementos salariales para los trabajadores del sector alimenticio promediaron
entre 36% y 44%
, un porcentaje que supera ampliamente los insuficientes aumentos de
precios autorizados por el Gobierno. 

De esta manera, desde la COPAL aseguraron que la
industria de alimentos y bebidas no es responsable de la inflación
, sino que sufre sus
consecuencias

En este contexto, desde la entidad que nuclea a más de 34 cámaras sectoriales pidieron al
Gobierno medidas que apunten a solucionar los problemas estructurales. El enfoque del Gobierno estima una “puja distributiva”, pero cada vez se hace más evidente que esta explicación carece de sustento real.

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Por otra parte, consideraron que los precios congelados, la falta de consenso fiscal, los
aumentos en los derechos de exportación, la doble indemnización y la prohibición de despidos
son ejemplos de medidas que desfinancian a las empresas y generan una caída en el stock que
pone en riesgo la competitividad y sustentabilidad

El comunicado de la COPAL se engloba dentro del malestar generalizado del sector luego de la
decisión de la Secretaría de Comercio Interior de imputar a 11 grandes empresas proveedoras
de artículos de consumo masivo por supuestas retenciones de volúmenes de producción o
falta de entrega. 

La justificación del Gobierno se centró en que encontraron casos de
desabastecimientos puntuales en algunos comercios y supermercados
.
Esta decisión del Gobierno generó mucho malestar en el sector y sorprendió a muchas
empresas que habían sido invitadas a participar en el acuerdo social y ahora se ven
involucradas en una imputación por desabastecimiento. 

En concordancia con lo expuesto por el sector alimenticio, muchos especialistas aseguran que
el congelamiento de precios, que el Gobierno ha implementado como solución mágica para la
inflación, no se podrá sostener por mucho tiempo más si se quiere evitar el desabastecimiento
generalizado de productos
.

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Economía

Guzmán se queda pero con la condición de usar los dólares del FMI para la campaña

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Tras el colapso del Frente de Todos en las urnas, la Vicepresidente se impuso al propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, y decidió emplear una maniobra para utilizar recursos brindados por el FMI para disparar el gasto público en cara a la campaña electoral.

En las últimas horas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner demostró nuevamente tener el control real de la coalición oficialista, e impuso su voluntad por sobre la del ministro de Economía y la del propio Alberto Fernández.

A través de un decreto, el Gobierno utilizará los dólares del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central para encarar una violenta expansión del gasto público como campaña para las elecciones de noviembre. El kirchnerismo apuesta por el despilfarro de recursos para mejorar su posición política hasta las últimas consecuencias y bajo cualquier costo.

De la misma manera en que se hizo en 2009, el Gobierno colocó Letras intransferibles al Banco Central por las cuales podrán hacerse de unos US$ 4.334 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), una suerte de divisa internacional convertible con el dólar y establecida por el FMI.

Estas medidas fueron establecidas para eludir las restricciones que establece la Carta Orgánica del BCRA, las cuáles indican que la autoridad monetaria solo puede girar a Tesorería hasta un 20% de la recaudación acumulada en 12 meses y hasta un 12% de la base monetaria si es preciso.

Al emplear las Letras intransferibles, las restricciones no se ven violentadas en términos contables y legales, pero en términos económicos el BCRA pierde recursos propios que habían sido otorgados por el FMI para fines muy específicos, y el Tesoro adquiere recursos para fomentar políticas socialistas.

Pero esta maniobra no resulta fortuita para el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, el ministro Martín Guzmán se había negado a utilizar estos recursos e intervenir el Banco Central debido a la presión inflacionaria que deriva directamente de este tipo de políticas arbitrarias.

Para concretar las operaciones, y dado que los DEGs depositados en el Banco Central son del Tesoro y que este debe emplear gastos en pesos, el BCRA compra esos DEGs con una agresiva emisión monetaria y estos recursos son finalmente lanzados a la economía mediante una política fiscal extremadamente expansiva.

Las consecuencias esperables de estas medidas son claras: una mayor presión sobre el dólar en el mercado paralelo, mayor desequilibrio externo, mayor brecha cambiaria, y finalmente una mayor presión inflacionaria.

El kirchnerismo podría desarticular completamente toda la corrección fiscal realizada desde diciembre del año pasado y desequilibrar la economía, pues el sobrante monetario es actualmente el principal problema que enfrenta Argentina.

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Economía

El director del Banco Nación propuso crear un sistema monetario similar al de Cuba

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El economista ultra-kirchnerista Claudio Lozano, nombrado presidente del Banco Nación por Alberto Fernández, propone crear un sistema monetario similar al que tiene Cuba y limitar severamente la compra de dólares en el país.

En el marco de la amplia derrota del kirchnerismo, Claudio Lozano, economista fanáticamente kirchnerista y actual director del Banco Nación, propuso en diálogo con C5N una polémica reforma monetaria en la cual los argentinos perderían la posibilidad de defender sus ahorros comprando dólares.

Lozano propuso instaurar en el país un sistema monetario socialista, similar al que tiene Cuba, donde los ciudadanos pierden el derecho a adquirir divisas extranjeras cuando dispongan de hacerlo, y el Estado se garantiza la base imponible para recaudar el impuesto inflacionario. En otras palabras, propuso la inconvertibilidad más absoluta del peso argentino en cualquier divisa y bajo cualquier tipo de cambio, bajo cualquier instancia.

Dentro del esquema descripto por el economista, se propuso imponer nuevas regulaciones sobre el mercado cambiario para terminar de desdoblar la compra de divisas de la misma forma que en Cuba: una parte legal exclusivamente para el Estado o un cierto grupo minoritario, y el resto de las personas obligadas a operar con una divisa no convertible y de dudoso valor para realizar sus transacciones cotidianas.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación nombrado por Alberto Fernández en enero de 2020.

El principal objetivo de la reforma propuesta es dotar al Estado de una forma de financiamiento compulsiva aún más estricta de la que existe hoy. De esta manera, el Lozano criticó la tenue corrección fiscal que lleva adelante el ministro Martín Guzmán.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, sentenció Claudio Lozano en referencia a la política fiscal de Guzmán.

Lozano aseguró que los subsidios económicos a los servicios públicos “no pueden debatirse” y que se deberá profundizar la política de “transferencias sociales” a partir de un ingreso universal. Este tipo de medidas se tornan prácticamente infinanciables sin un violento incremento de la asistencia monetaria del Banco Central.

Este planteo no es novedoso dentro de las filas del cristinismo fanático, pues la reconocida referente de la izquierda kirchnerista, Fernanda Vallejos, ya anticipó en reiteradas oportunidades que la corrección fiscal de Guzmán es ampliamente incompatible con las preferencias ideológicas de la Vicepresidente.

La debacle electoral del oficialismo impulsó un nuevo cimbronazo interno a nivel ideológico, y cada vez más voces que responden directamente a Cristina Fernández pujan por una nueva radicalización del Gobierno que podría tornarse peligrosa.

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Economía

¿Crisis institucional? El dólar se disparó hasta los $187 y se derrumban las acciones argentinas en Wall Street

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Tras la implosión en el gabinete nacional, y ante las dudas por la continuidad del programa económico, los mercados reaccionaron desfavorablemente y se derramaban los ADRs argentinos en la plaza de Wall Street.

Después de la estrepitosa derrota electoral, el kirchnerismo sigue sin tocar fondo y la implosión del gabinete nacional supone un nuevo cimbronazo. Las dudas sobre la continuidad del programa económico o un cambio en la estrategia con el FMI sembraron pánico en los mercados financieros.

El dólar paralelo llegó hasta los $187, subiendo prácticamente $5 en un solo día. La brecha cambiaria llegó al 78,5% y se vuelve cada vez más incontenible. El alza del dólar también alcanzó a los mercados alternativos, aunque el Banco Central se negó a permitir mayores correcciones sobre el segmento oficial.

Desde el plano financiero, los títulos nacionales en Wall Street registraron pérdidas importantes. La amenaza por una posible radicalización del kirchnerismo sentó las bases para una implosión bursátil de los ADRs.

Edenor registró pérdidas por un 10%, y la misma suerte corrieron las principales entidades bancarias del país, como el Grupo Galicia (-3,3%), Banco Supervielle (-3,6%) y Banco Macro (-4,4%).

La incertidumbre sobre los mercados refleja la falta de determinación del Gobierno de Fernández. Hasta ahora, el ministro Guzmán planteaba una corrección tarifaria para el año próximo, aunque de carácter tenue. Dado el actual caos institucional, estas garantías dejan de ser tan robustas y muchos inversores temen que el Gobierno se incline por medidas abiertamente extremistas.

El Riesgo País también se vio afectado y subió hasta los 1.505 puntos básicos. Tras el endurecimiento de la postura del Fondo Monetario Internacional y la falta de definiciones del Gobierno, la posibilidad de un acuerdo parece algo cada vez más lejano.

Los cambios en el gabinete podrían ser transcendentales para la política económica en materia de tarifas públicas y la gestión de la deuda externa con el FMI, lo cual mantiene en un absoluto estado de alerta a todos los mercados.

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