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Economía

En medio del estallido inflacionario, el Gobierno kirchnerista aumenta los impuestos a los combustibles

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Sin ninguna mesura por la suba de precios, el Gobierno redobló la apuesta y decidió no posponer el aumento del impuesto al combustible líquido y al dióxido de carbono. Las naftas anticipan un aumento de 4% a partir del sábado 1 de octubre. 

El Gobierno de Alberto Fernández decidió emprender el rumbo diametralmente opuesto al que sigue Brasil con Jair Bolsonaro. Después de dos postergaciones desde el año 2021, finalmente se anunció un nuevo aumento sobre el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el dióxido de carbono (IDC).

Con los anuncios, las tarifas no solamente subirán por la actualización inflacionaria para reducir la carga de subsidios, sino que ahora también lo harán por la voracidad tributaria del Gobierno. 

Se espera que las naftas suban hasta un 4% a partir del próximo sábado 1 de octubre, aunque la empresa YPF, líder en el mercado de hidrocarburos, no aplicará actualizaciones inmediatas. 

La petrolera estatal representa hasta el 60% de la oferta para el mercado interno, y de esta manera se condiciona el aumento de las demás empresas “seguidoras” en el mercado argentino, que deben preservar un cierto margen de competitividad. 

Se estima que, tras el aumento de impuestos, el precio del litro de diesel aumentará en $3,1 y las naftas subirán hasta $4,2 por litro. El aumento de los combustibles arrojará una mayor presión inflacionaria para el mes de octubre, sobre un piso estimado entre 6% y 7% para el término de septiembre. 

Por tratarse de un impuesto típicamente asociado a un consumo inelástico como es el de los combustibles, cualquier recargo impositivo se traslada rápidamente a los precios finales percibidos por los consumidores.

La decisión del Gobierno considera fines fiscales para ajustar la “caja” de las finanzas públicas, ya que estas partidas representan una gran parte de la recaudación por tributos internos. Fernández impulsa el camino inverso al que aplicó Jair Bolsonaro

Mientras en Brasil la inflación fue negativa por dos meses consecutivos en julio y agosto, un hecho impulsado precisamente por la rebaja tributaria sobre los combustibles, en Argentina se acumula cerca de un 23% de inflación solamente desde julio y siguen subiendo los impuestos.

Economía

JP Morgan contra Biden: La firma pronostica que se profundizará la recesión por la reversión del consumo

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La firma financiera más importante de Estados Unidos cuestionó el diagnóstico optimista del presidente Biden, y asegura que la fortaleza en el gasto de los consumidores no podrá sostenerse, y este era el único factor que hasta ahora limitaba la recesión en el país. 

El CEO de la firma JP Morgan & Chase, Jamie Dimon, advirtió por el deterioro de las condiciones macroeconómicas de Estados Unidos de cara a los primeros trimestres de 2023. El multimillonario hombre de negocios explicó que la actividad sufrirá un impacto recesivo aún más importante del que se registró hasta ahora

Se debe tener en cuenta que si bien la economía estadounidense cayó por dos trimestre consecutivos y entró formalmente en recesión, el presidente Joe Biden decidió negar la situación y se concentró en la evolución de los pocos datos que aún sortean el ambiente recesivo, entre ellos la expansión del consumo privado. 

El diagnóstico de JP Morgan advierte que, esta vez, ni siquiera el consumo logrará salvarse de la estampida recesiva. Pese al deterioro de los salarios reales desde mediados de 2021, el consumo privado real mantuvo un ligero crecimiento en base al endeudamiento (vía tarjetas de crédito) y la caída en la tasa de ahorro. 

De hecho, en noviembre la tasa de ahorro personal de Estados Unidos cayó al 2,3% sobre la base del ingreso disponible, la cifra más baja desde julio de 2005 y una de las más reducidas desde el comienzo de la serie histórica de datos en 1959. 

Para Jamie Dimon la drástica caída en la tasa de ahorro conforma una señal temprana de recesión, ya que la persistencia de la inflación y el alza en las tasas de interés de los bancos obligarán a los consumidores a agotar completamente todos los ahorros que obtuvieron por los cheques familiares adquiridos en pandemia. 

Cabe recordar que los cheques de estímulo fiscal lanzados entre marzo de 2020 y marzo de 2021 fueron mayormente ahorrados por los consumidores, y no consumidos como se esperaba para “estimular la economía”.

Son activos que los estadounidenses decidieron atesorar para suavizar su consumo en el futuro. Se estima que los ciudadanos de EE.UU tienen hasta 1,5 billones de dólares en sus cuentas bancarias, más del triple de la suma que tenían antes del comienzo de la pandemia. 

Una vez que los consumidores hayan agotado sus posibilidades de endeudamiento con tarjetas de crédito, y hayan hecho uso de sus ahorros por los cheques gubernamentales, la única opción posible será la retracción del consumo, que deberá alinearse con la caída de los salarios reales

“El menor gasto de los consumidores puede descarrilar la economía y causar una recesión leve o dura que preocupa a la gente”, explicó Dimon.

Este efecto es el que teme JP Morgan, y de producirse la economía perdería el último “motor” de crecimiento que hasta ahora mantenía. El consumo privado representa hasta el 60% de la economía estadounidense, por lo que adquiere una relevancia trascendental.

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Economía

La economía de Hungría creció un 42% en lo que va de la gestión de Viktor Orbán y se despega del fracaso europeo

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Las reformas estructurales sobre la economía húngara fomentaron el crecimiento y el desarrollo social del país. Entre 2010 y 2022 Hungría creció casi el triple de lo que pudo crecer el promedio de los 19 países que conforman la Eurozona. 

Mientras la mayor parte de los países de la Unión Europea y la Eurozona enfrentan un peligroso estancamiento secular, la economía de Hungría se expande al ritmo más vertiginoso desde la década de 1990, despegándose así del fracaso europeo.

Bajo la administración de Viktor Orbán el país apostó por una profunda agenda de reformas estructurales. El impuesto a las Ganancias para personas físicas dejó de aplicar tasas progresivas y elevadas, y fue simplificado a partir de 2011 en un “Flat Tax” con una alícuota uniforme del 16% hasta 2015 y 15% desde 2016

Los impuestos para las sociedades fueron simplificados y rebajados del 20% al 19% de las utilidades no distribuidas en 2010, y más tarde la alícuota fue llevada a solo el 9% a partir de la reforma tributaria de 2017. Este tratamiento tributario para las empresas es uno de los más competitivos del mundo, y una de las razones por las cuales Hungría se negó a aceptar la aplicación del impuesto corporativo mínimo internacional del 15% como propuso Joe Biden

También se emprendieron reformas para la reducción del tamaño del Estado y la desregulación de la economía. Entre otras reformas, se eliminaron las barreras a la entrada y/o salida de capitales, se desreguló el mercado doméstico de transportes, se determinó la flexibilización de la legislación laboral para garantizar la competitividad del país, y se fomentó la apertura arancelaria del país adoptando la unión aduanera. 

La administración Orbán abogó por una estricta disciplina fiscal, ya que Hungría mantuvo el superávit primario sin excepción entre 2012 y 2019, habiéndose perdido durante el shock provocado por la pandemia en 2020. El déficit del Estado húngaro solamente se explica por el pago de intereses de deuda pública.  

Mientras la Unión Europea apostó por la consolidación de la socialdemocracia y un excesivo arsenal de regulaciones y tasas impositivas, la administración de Viktor Orbán apostó por la aplicación del Consenso de Washington

Los resultados fueron contundentes para cada rumbo elegido. La economía de Hungría acumuló un fuerte crecimiento del 41,5% entre el segundo trimestre de 2010 y el segundo de 2022. El crecimiento para el PBI promedio de la Eurozona alcanzó solamente el 15,1% durante el mismo período. La brecha de crecimiento entre ambas esferas económicas persiste desde el año 2000 y se profundizó a partir de 2010.

Si bien es cierto que el pobre desempeño del crecimiento poblacional es un factor relevante para la explicación del amesetamiento de la expansión económica, no lo es en la comparación entre Hungría y otros países europeos porque la población húngara no crece desde el año 1982. 

La falta de crecimiento poblacional en la Eurozona no puede ser una excusa para explicar su deterioro relativo con respecto a Hungría porque este último país estuvo expuesto al mismo problema demográfico, y al mismo tiempo consiguió elevadísimas tasas de crecimiento. El relativo de Europa es una consecuencia de la aplicación de la socialdemocracia hasta sus últimas consecuencias

La brecha de crecimiento acumulada entre Hungría y la Eurozona, medida por la expansión del PBI desde 1995 como “base 100”, se situó en el 9% para mediados del 2010 y actualmente alcanza hasta el 35% acumulado desde los 90s.

Brecha estructural de crecimiento entre Hungría y la Zona Euro.

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Economía

Se cae a pedazos el modelo kirchnerista: La UCA estima que la pobreza alcanza al 43,1% de los argentinos

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La medición de la pobreza multidimensional de la universidad advierte que 18 millones de argentinos cayeron por debajo de este umbral, y se contabilizan hasta 3,3 millones de personas en situación de indigencia. La marginalidad aumentó en casi 4 puntos desde que Cristina y Alberto asumieron la presidencia.

La organización disfuncional de la economía kirchnerista contribuyó a multiplicar la cantidad de personas que cayeron en la pobreza y la indigencia en los últimos años. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) confirmó que su medición de la pobreza alcanzó el 43,1% en 2022.

Se trata de uno de los registros más extremos del que se tenga registro, ligeramente por debajo del 44,7% alcanzado en 2020, pero superior al 42,4% registrado durante el año 2021. El estancamiento de la economía y el violento rebrote inflacionario fueron los principales factores explicativos para el aumento de la marginalidad social.

Bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández la pobreza aumentó del 39,8% al 43,1%, utilizando una medición multidimensional que no solo tiene en cuenta el comportamiento de los ingresos sino también factores estructurales como las necesidades básicas insatisfechas.

La herencia del modelo kirchnerista desembocó en que 18 millones de personas estén actualmente bajo la línea de la pobreza. Asimismo, la tasa de indigencia según la UCA ascendió al 8,1% para 2022 y afectó a 3,3 millones de personas

Estas estadísticas se calculan contabilizando los distintos programas sociales y subsidios tarifarios que reciben millones de personas cada mes, pero que en realidad esconden una situación dramática. 

La UCA estima que sin subsidios ni asistencia social la pobreza llegaría al 51,7% de la población, y hasta el 40,4% de los hogares argentinos. Esta línea de pobreza “subyacente” y propia de las verdaderas condiciones que ofrece la economía, acumuló un aumento de casi 8 puntos porcentuales desde que Cristina Kirchner y Alberto Fernández se hicieron cargo del Gobierno. 

Se acumuló un aumento de 18,8 puntos porcentuales desde el año 2010, momento en el que la economía kirchnerista dejó de crecer, dejó de crear puestos de trabajo y comenzó a experimentar tasas de inflación cada vez más violentas. 

La medición de la UCA añade elementos estructurales que son dejados de lado por los indicadores que releva el INDEC, pero aún utilizando estos últimos la tendencia por el deterioro social no se ve afectada realmente. 

Las estimaciones del economista de la Di Tella, Martín González Rozada, sugieren que la pobreza compatible con la medición del INDEC llegó al 39,7% en el semestre móvil finalizado en octubre, y la administración kirchnerista disparó este indicador un 4,7% contra noviembre de 2019. Sin importar los parámetros que se consideren, resulta evidente el deterioro social bajo la gestión oficialista.

Las características principales del modelo que indujo al fracaso económico social pueden resumirse a las siguientes: una economía proteccionista, controles de precios y distorsión de tarifas, empresas públicas deficitarias, cepo cambiario y controles de capital, desborde inflacionario, déficit fiscal crónico y asfixia regulatoria.  

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