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Economía

En plena crisis económica y social, el Gobierno quiere subir los impuestos a las empresas

El equipo económico del ministro Martín Guzmán afirmó que la reforma está orientada a gravar “aquellos sectores con mayor capacidad contributiva”, pero se teme que las nuevas normativas impacten a la larga sobre el bolsillo de la gente.

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El kirchnerismo instaló una agenda en el Congreso para aumentar alícuotas sobre las ganancias más altas. Este fue el caso del proyecto impulsado por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner. Sin embargo, el equipo de Martín Guzmán está preparando, además, una reforma tributaria integral sobre todo el sistema.

Tras los rumores de nuevos aumentos en la tasa marginal máxima sobre el impuesto de las ganancias (de personas físicas) del 35% al 41%, fuentes en el Gobierno aseguran que no se está contemplando una suba de tal magnitud, aunque admitieron que la reforma busca subir los impuestos. 

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Marcó del Pont, anunció que la reforma plantea revertir el curso implementado a nivel internacional, que estaba orientado en bajar impuestos laborales y las cargas sobre las empresas. 

Marcó del Pont aclaró que la intención es gravar a los ingresos más altos, pero de manera contradictoria, aseguró que el gobierno estudia también la posibilidad de ampliar aún más la base tributaria del impuesto a las ganancias. 

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La expansión en la base imponible fue una medida que también se tomó durante el gobierno del ex presidente Macri, en lo que fue un aumento “implícito” en los impuestos directos del país. 

De no modificarse la estructura en el régimen de ganancias, simplemente más personas podrían ser alcanzadas por la base imponible mínima, lo cual no es precisamente una carga “sobre las grandes fortunas”, sino sobre la clase media. 

Otro gran rumor que despertó polémica alrededor de las ideas del gobierno, es la posible eliminación de los incentivos a las ganancias reinvertidas que tienen las empresas, a partir de la reforma tributaria del 2017. 

La reforma de Macri estipulaba una baja gradual en el impuesto a las ganancias para los resultados contables de las empresas, del 35% en 2017 al 25% para este año. Como contrapartida, se imponía un gravamen sobre los dividendos, del 7% para los períodos fiscales 2018 y 2019, y del 13% para este año. 

El gobierno de Fernández postergó los cambios estipulados por la reforma tributaria anterior para el período fiscal 2020, con lo cual las empresas siguieron pagando un 30% de impuesto a las ganancias, y un 7% a la hora de distribuir dividendos. 

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La reforma de Macri no bajaba la carga sobre las empresas, pues la tasa consolidada efectiva seguía en torno al 35%, pero pretendía incidir sobre los incentivos de reinversión para cada empresa (no se cobraban impuestos a la capitalización de los resultados no asignados). 

El oficialismo aclaró que no busca cambiar este sistema, en el sentido de que manifestó su voluntad en continuar con el incentivo para que las empresas reinviertan sus ganancias. 

Sin embargo, trascendieron rumores en torno a un posible aumento en la tasa del impuesto a las ganancias corporativas, llevándola nuevamente al 35% como era en 2015. De producirse ese cambio, la tasa consolidada sería incluso superior a la de aquel año, ya que hay que sumarle la carga sobre los dividendos. 

Además, se plantea la posibilidad de un cambio en los impuestos internos, como comúnmente ocurre cuando los gobiernos no quieren realizar mayores modificaciones sobre las dos principales partidas que nutres a las arcas públicas: el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. 

Al margen de la reforma tributaria en estudio, el gobierno persiste en su agenda para aumentar los impuestos. El  proyecto de aumento en el impuesto de Bienes Personales, llevando su alícuota a niveles entre 2 y 3,5% (de las más altas en el mundo), trascendió en un pésimo ánimo inversor en el país. 

El campo también se vio afectado duramente a partir del alza en las retenciones de los productos más importantes de las exportaciones argentinas, como fue el caso de la soja. Tan solo en 2019, los impuestos a las exportaciones promediaron el 10%, y este año se alcanzaría un nivel superior.  

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Economía

Javier Milei advierte que las medidas de Massa van a fracasar y propone alternativas

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Anticipó que las medidas del ministro de Economía solamente apuntan a consolidar un pequeño ajuste del 1% del PBI, un valor irrisorio en comparación a los desequilibrios fiscales. En contraposición, propuso recortar gasto en obra pública y transferencias discrecionales.

El diputado liberal Javier Milei criticó tajantemente el reciente paquete de medidas anunciado por Sergio Massa, el nuevo “super-ministro” al mando del equipo económico del Gobierno.

Los anuncios de Massa se limitan a ofrecer alternativas con pequeños ajustes para garantizar el cumplimiento de las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de año. Entre todas ellas, el ministro ratificó la que probablemente sea la más importante: la meta del 2,5% del PBI para diciembre de 2022.

Milei advierte que el programa no va a funcionar para estabilizar la economía argentina. El diputado señaló que la totalidad del ajuste anunciado recae exclusivamente sobre el sector privado, mediante una reducción de los subsidios a la electricidad, el gas y el agua. Al mismo tiempo, desde el sector público no fueron anunciados ajustes.

Aún cumpliendo exitosamente la meta del FMI, el economista explicó que el déficit consolidado entre el Estado nacional y el Banco Central alcanza los 9 puntos del PBI, un 5% explicado por el déficit nacional, y 4% explicado por el pago de intereses del BCRA. Esta magnitud es similar a la hubo en las grandes crisis sufridas por el país, entre ellas el “Rodrigazo” con 15 puntos de déficit fiscal, y la hiperinflación con 8 puntos.

“Si Sergio Massa cumple el ajuste que anunció sería solo 1% del PBI, seguimos en zona de peligro. Se necesita un ajuste hiperortodoxo“, explicó.

Incluso el cumplimiento efectivo de las metas con el Fondo no está garantizado por las medidas anunciadas, al contrario de lo que sugiere Massa. El ajuste tarifario anunciado representa un ahorro anual del 0,2% del PBI según proyecciones del economista Fernando Marull, y de no realizar ajustes el déficit primario proyectado alcanzaría el 3,1% del producto.

Dado que la meta exige alcanzar el 2,5% del PBI en déficit primario, y el ajuste anunciado por Massa solamente recorta un 0,2%, aún queda por explicar de dónde se reducirá el 0,4% restante (equivalente a $320.000 millones). El congelamiento de personal al Sector Público Nacional no explica el ajuste remanente, constituye una regla para evitar la expansión de nuevos gastos y no para producir ajustes.

Por otra parte, Milei cuestionó la capacidad del programa para consolidar el crecimiento y la estabilidad cambiaria. Según su visión, las medidas anunciadas depositan su confianza en un modelo teórico basado en el “crecimiento orientado por las exportaciones”, de tinte heterodoxo.

Este modelo es similar al que expuso Juan Vital Sourrouille en el Gobierno de Raúl Alfonsín, sin ningún tipo de resultados favorables en materia de crecimiento, estabilidad y desarrollo socioeconómico. Milei cuestionó severamente el marco teórico elegido y aseguró que resulta falaz pretender crecer impulsando la demanda agregada (en este caso por exportaciones).

También anticipó que la estabilidad cambiaria no está garantizada. En este sentido, remarcó el importante excedente de pesos circulando en la economía argentina, una situación sobre la cual no se anunció ninguna medida.  

“El veranito del dólar bajando duró dos días, fue puro humo. El dólar no se movió hacia abajo porque venía Massa a arreglar algo”, sentenció. 

El economista no se quedó en la crítica y presentó medidas concretas: privatizar la realización de obra pública aplicando un sistema similar al de Chile, y recortar las transferencias discrecionales desde el Tesoro hacia las Provincias

Estos ajustes no pretenden acotarse al programa del Fondo Moentario, que según el propio Milei es inconsistente, sino que buscan producir un cambio de régimen creíble para combatir la inflación y eliminar la dominancia fiscal. 

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Economía

La casta política no sufre la crisis: El gasto público se disparó casi 3 puntos desde septiembre de 2021

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Las erogaciones primarias del Sector Público Nacional aumentaron drásticamente, e incluso por encima del severo aumento de la presión tributaria. La factura por intereses de deuda también vuelve a ser creciente.

El desequilibrio fiscal del Sector Público Nacional (SPN) creció sin interrupción entre septiembre de 2021 y junio de 2022, el último mes bajo la dirección del exministro Martín Guzmán. Las erogaciones crecieron sistemáticamente por encima de la inflación, al mismo tiempo en que fueron suspendidas todas las reglas fiscales dispuestas en 2017.

El gasto primario del Gobierno federal aumentó del 20,5% del PBI en septiembre de 2021 hasta superar el 23,2% en junio de 2022, sin pandemia de por medio y sin las erogaciones extraordinarias que esta demandaba a lo largo de 2020. A diferencia de lo que ocurrió en 2020, el actual incremento del gasto público responde íntegramente a la irresponsabilidad fiscal del Gobierno kirchnerista.

Entre muchas partidas explicativas, se produjo un aumento de los subsidios económicos, mayores déficits operativos de las empresas estatales, mayor “gasto social” y más empleo público.

Gasto primario y total del Sector Público Nacional (SPN) entre 2011 y 2022.

El Gobierno apostó por una estrategia obsoleta del tipo “keynesiana”, buscando estimular la demanda agregada y el consumo como un mecanismo para reactivar la economía. La economía no respondió al estímulo y, lejos de aumentar su crecimiento, se estancó desde enero. A partir de estas políticas, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández se consumió la mayor parte del ajuste fiscal que se había producido entre 2018 y 2019.

No se percibió ningún tipo de ajuste en el gasto público, y su expansión fue incluso superior al aumento de la recaudación nacional. Fernández impulsó un drástico aumentó de impuestos desde diciembre de 2019, subiendo retenciones de exportación, impuestos a las Ganancias corporativas no distribuidas, aumento de alícuotas de Bienes Personales, aumento de impuestos internos, creación impuestos a la compra de divisas, recargos sobre alícuotas patrimoniales, etc.

La recaudación nacional llegó al 19,7% del PBI en junio de 2022, la cifra más elevada desde octubre de 2017. Sin embargo, entre septiembre de 2021 y junio de este año el déficit primario aumentó un punto del producto y alcanzó el 3,5% del PBI en junio. Sumando la factura de intereses por la deuda pública, el déficit financiero total supera el 5% del PBI.

El déficit verdadero del sector público ya supera los 9 puntos del PBI considerando el pago de intereses por la deuda remunerada del Banco Central, que alcanza los 3,5% del PBI. Este desequilibrio es el más drástico desde 1989, cuando estalló la hiperinflación en la economía argentina.

Déficit fiscal del Gobierno nacional entre 2018 y 2022.

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Economía

Recesión total: Se estanca el consumo privado en Estados Unidos y Biden recibe presiones para admitir la crisis económica

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La economía estadounidense muestra signos de agotamiento y recesión, a pesar de la constante negación de la Casa Blanca. El consumo privado, la producción industrial y el empleo permanecen estancados, mientras que el PBI cayó por dos trimestres consecutivos.

A pesar de las reiteradas negaciones por parte del presidente Joe Biden, la economía de los Estados Unidos entró en recesión por causas macroeconómicas por primera vez desde 2008, exceptuando el shock exógeno generado por la pandemia en 2020.

El PBI cayó por dos trimestres consecutivos, explicitando así el advenimiento de una recesión técnica. Esta misma definición fue usada, sin ninguna excepción, para determinar recesiones desde 1947, todas y cada una de ellas admitidas por como tales por los respectivos Presidentes en funciones.

Pero cada vez son más los indicadores que muestran signos de agotamiento. El consumo privado estadounidense cayó levemente en el mes de junio y no crece desde octubre de 2021, el mismo mes en donde el PBI con frecuencia mensual dejó de crecer.

El PBI de Estados Unidos entre 2018 y 2022.

De hecho, se estima que el consumo privado en términos reales perdió la tendencia de crecimiento que mantuvo entre 2015 y 2019, a pesar de los masivos estímulos fiscales aprobados en marzo de 2021.  

El Instituto Peterson, una institución de investigación económica independiente y apartidaria, concluyó que los principales indicadores que había expuesto la Casa Blanca para negar la recesión están, de hecho, entrando en un peligroso estancamiento. La producción industrial, el consumo privado, la cantidad de puestos de trabajo domésticos y la relación empleo-población dejaron de crecer.

Consumo privado de los Estados Unidos entre 2015 y 2022.

La recesión actual es liderada por una drástica caída de la inversión y la acumulación de stock en inventarios, así como la disminución de las exportaciones. Pero los únicos “motores” que hasta ahora habían amortiguado estos efectos, parecen apagarse cada vez más.

Presidentes demócratas como Bill Clinton en el año 2000, Harry S. Truman en 1949, o Jimmy Carter en 1980, todos y cada uno de ellos no negaron ni pretendieron negar la llegada de una recesión bajo sus respectivas administraciones, y en su lugar anunciaron medidas contra la misma. En sentido opuesto, Biden decidió negar enfáticamente cualquier tipo de recesión o cualquier información que se contradiga con un “crecimiento sostenido”

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