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Economía

En plena crisis económica y social, el Gobierno quiere subir los impuestos a las empresas

El equipo económico del ministro Martín Guzmán afirmó que la reforma está orientada a gravar “aquellos sectores con mayor capacidad contributiva”, pero se teme que las nuevas normativas impacten a la larga sobre el bolsillo de la gente.

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El kirchnerismo instaló una agenda en el Congreso para aumentar alícuotas sobre las ganancias más altas. Este fue el caso del proyecto impulsado por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner. Sin embargo, el equipo de Martín Guzmán está preparando, además, una reforma tributaria integral sobre todo el sistema.

Tras los rumores de nuevos aumentos en la tasa marginal máxima sobre el impuesto de las ganancias (de personas físicas) del 35% al 41%, fuentes en el Gobierno aseguran que no se está contemplando una suba de tal magnitud, aunque admitieron que la reforma busca subir los impuestos. 

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Marcó del Pont, anunció que la reforma plantea revertir el curso implementado a nivel internacional, que estaba orientado en bajar impuestos laborales y las cargas sobre las empresas. 

Marcó del Pont aclaró que la intención es gravar a los ingresos más altos, pero de manera contradictoria, aseguró que el gobierno estudia también la posibilidad de ampliar aún más la base tributaria del impuesto a las ganancias. 

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La expansión en la base imponible fue una medida que también se tomó durante el gobierno del ex presidente Macri, en lo que fue un aumento “implícito” en los impuestos directos del país. 

De no modificarse la estructura en el régimen de ganancias, simplemente más personas podrían ser alcanzadas por la base imponible mínima, lo cual no es precisamente una carga “sobre las grandes fortunas”, sino sobre la clase media. 

Otro gran rumor que despertó polémica alrededor de las ideas del gobierno, es la posible eliminación de los incentivos a las ganancias reinvertidas que tienen las empresas, a partir de la reforma tributaria del 2017. 

La reforma de Macri estipulaba una baja gradual en el impuesto a las ganancias para los resultados contables de las empresas, del 35% en 2017 al 25% para este año. Como contrapartida, se imponía un gravamen sobre los dividendos, del 7% para los períodos fiscales 2018 y 2019, y del 13% para este año. 

El gobierno de Fernández postergó los cambios estipulados por la reforma tributaria anterior para el período fiscal 2020, con lo cual las empresas siguieron pagando un 30% de impuesto a las ganancias, y un 7% a la hora de distribuir dividendos. 

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La reforma de Macri no bajaba la carga sobre las empresas, pues la tasa consolidada efectiva seguía en torno al 35%, pero pretendía incidir sobre los incentivos de reinversión para cada empresa (no se cobraban impuestos a la capitalización de los resultados no asignados). 

El oficialismo aclaró que no busca cambiar este sistema, en el sentido de que manifestó su voluntad en continuar con el incentivo para que las empresas reinviertan sus ganancias. 

Sin embargo, trascendieron rumores en torno a un posible aumento en la tasa del impuesto a las ganancias corporativas, llevándola nuevamente al 35% como era en 2015. De producirse ese cambio, la tasa consolidada sería incluso superior a la de aquel año, ya que hay que sumarle la carga sobre los dividendos. 

Además, se plantea la posibilidad de un cambio en los impuestos internos, como comúnmente ocurre cuando los gobiernos no quieren realizar mayores modificaciones sobre las dos principales partidas que nutres a las arcas públicas: el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. 

Al margen de la reforma tributaria en estudio, el gobierno persiste en su agenda para aumentar los impuestos. El  proyecto de aumento en el impuesto de Bienes Personales, llevando su alícuota a niveles entre 2 y 3,5% (de las más altas en el mundo), trascendió en un pésimo ánimo inversor en el país. 

El campo también se vio afectado duramente a partir del alza en las retenciones de los productos más importantes de las exportaciones argentinas, como fue el caso de la soja. Tan solo en 2019, los impuestos a las exportaciones promediaron el 10%, y este año se alcanzaría un nivel superior.  

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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Economía

Frenazo de la economía China: el banco central rebaja la tasa de interés por miedo a una recesión

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La economía china muestra resultados cada vez más insuficientes en el comercio minorista. El tambaleo de la burbuja inmobiliaria se esparce por toda la economía del gigante asiático.

Los resultados económicos de China volvieron a ser decepcionantes para los estándares de crecimiento que normalmente acostumbraba tener el país asiático en los últimos años. La economía china creció solamente un 4% anual en el cuarto trimestre del 2021, el resultado más bajo desde 1990.

Pero los datos mensuales revelan una desaceleración aún mayor. Las ventas minoristas en China, que reflejan una enorme proporción de la economía, dejaron de crecer en noviembre y cayeron un 0,2% en el mes de diciembre.

En comparación con diciembre de 2020, las ventas minoristas de China rebotaron un 12,5% de acuerdo a la serie original del índice, pero se trata de un mero efecto de arrastre estadístico después de haber registrado una brutal caída en 2020.

La industria manufacturera también registró un fuerte enfriamiento en el ritmo del crecimiento mensual, un fenómeno que se acrecentó especialmente entre julio y septiembre del año pasado. La industria china creció un 3,8% anual en diciembre de 2021, cuando en 2019 mantenía tasas superiores al 6% anual.

Ante la evidente desaceleración de la economía, el Banco Central de China decidió recortar las tasas de interés de la política monetaria, con el objetivo de estimular la economía vía liquidez y más endeudamiento.

El temor detrás de las medidas es el surgimiento de una recesión después del desplome en las ventas del mercado inmobiliario y los problemas financieros de Evergrande. El objetivo de la autoridad monetaria china es evitar una mayor expansión de la recesión sobre cada vez más sectores de la economía.

Aún sin recesión, la desaceleración de la economía china supone un gran problema para el actual esquema de política económica bajo el liderazgo del dictador Xi Jinping. En su gestión, la deuda pública de China pasó de representar el 37% del PBI en 2013 hasta llegar al 66,8% en 2020. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 2% del PBI al 4,2% en 2018, y 3,7% del PBI en 2020.

La política fiscal desequilibrada de Xi Jinping se tornaría mucho más explosiva e insostenible si China finalmente pierde el crecimiento económico que mantuvo en los últimos años y sigue enfriando su ritmo de expansión.

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