El “socialismo del siglo XXI” decidió nacionalizar y apropiarse de los fondos para el futuro de millones de personas, a fin de obtener recursos frescos con los cuales financiar el abultado déficit fiscal. Al mismo tiempo se recrudece la corrida contra el peso y la escasez de divisas.

La relativa estabilidad macroeconómica que Bolivia mantuvo en las últimas décadas parece poco a poco llegar a su fin. Completamente colmado por problemas de índole fiscal, el Gobierno del presidente Luis Arce anunció la expropiación de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de capitalización que le permitió a los bolivianos acceder al derecho a una jubilación garantizada tras la quiebra del régimen de reparto en 1996.

El Gobierno boliviano llevó adelante una política fiscal extremadamente irresponsable en los últimos años: el déficit fiscal se mantiene por encima del 7% del PBI desde el año 2016, y alcanzó un récord histórico de hasta el 12,7% del producto durante la pandemia. La mayor parte del financiamiento fue la deuda pública (interna y externa), aunque una parte significativa logró monetizarse exitosamente debido a la sólida demanda de dinero que se mantuvo gracias al sistema cambiario del país.

La violenta corrida contra el peso llevó a miles de personas a acudir a los bancos para convertir sus ahorros en dólares, temiendo una posible devaluación y un cambio de régimen en el sistema monetario del país. En esta situación, la monetización del déficit se vuelve inflacionaria (no hay demanda contra la cual contrarrestar la emisión), y el socialismo apuesta a utilizar los fondos acumulados en las cajas previsionales. 

El presidente Arce dispuso la emisión de Bonos soberanos a 20, 30 y hasta 50 años con tasas de interés que fluctúan entre el 4,8% y el 5,1% anual, los cuales serán usados para consumar progresivamente la estatización del sistema previsional hacia mayo del año 2024. 

Bolivia reanudará nuevamente el sistema de reparto estatal, con lo cual los aportes a la seguridad social dejarán de acumularse en cajas de previsión para pasar a respaldar las jubilaciones actuales de acuerdo a los estándares que disponga el Estado. 

Del mismo modo en que lo hizo el kirchnerismo en Argentina durante el año 2008, el Gobierno de Arce se vale de una importante caja de recursos con la cual podrá seguir manteniendo el financiamiento del déficit, a costa de resignar el futuro y el esfuerzo de años de aportes para millones de personas.

Sin embargo, y a pesar de las medidas, el frente cambiario todavía permanece a la deriva. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia cayeron en 11.585 millones de dólares desde el año 2015. La autoridad monetaria mantiene un tipo de cambio fijo y libre de mayores restricciones desde el año 2009, en torno a los 6,9 pesos bolivianos por dólar.

La paridad estable permitió anclar las expectativas inflacionarias, y crear una suerte de contracara en demanda de pesos por cada vez que el Gobierno debió monetizar grandes cantidades de déficit fiscal. Sin embargo, la falta de disciplina monetaria y fiscal se cubrió con reservas, y estas cayeron al nivel más bajo de los últimos 16 años.

Cada vez más ahorristas deciden dolarizarse en temor por las posibles represalias del Gobierno, entre otras operaciones temiendo una posible devaluación del tipo de cambio oficial (hasta negado por el oficialismo) o la introducción de restricciones a la compra de divisas (una respuesta similar a la que dio Argentina en 2011).

Esta semana, miles de personas se amontonan en los bancos para convertir sus ahorros de pesos a dólares. Las reservas cayeron al valor más bajo en 20 años, y se teme que el régimen socialista del MAS imponga un fuerte cepo a la divisa extranjera.

El esquema monetario y cambiario de Bolivia enfrenta la crisis más importante de los últimos años. Se multiplicó la cantidad de personas haciendo largas filas en las instituciones bancarias para reclamar la conversión de sus ahorros de pesos a dólares, en lo que se configura como un episodio de evidente corrida contra la moneda nacional.

La corrida generalizada rápidamente provocó un faltante de liquidez en moneda extranjera en la mayor parte de los bancos privados, que no esperaban lidiar con operaciones de extracción tan masivas y en tan poco tiempo. 

El Banco Central de Bolivia respondió a la situación habilitando la venta directa de dólares a través del tipo de cambio oficial y libre, a fin de agilizar las operaciones y disminuir la presión sobre los bancos privados hasta tanto puedan hacerse de liquidez. Pero este episodio saca a la luz algunas de las debilidades más importantes del sistema que mantiene el régimen de Luis Arce. 

“En ese sentido, el BCB comunica que también se pueden comprar dólares a través del Banco Unión y el resto de las entidades de intermediación financiera a lo largo y ancho del país, al tipo de cambio autorizado para el sistema financiero”, pronunció el Banco Central de Bolivia (BCB).

La inflación mensual operó en terreno negativo en el segundo mes de 2023, y promedió el 0,41% en los últimos cuatro meses del año pasado. Asimismo, la inflación interanual descendió a 2,57% en febrero de este año, y registró un pico moderado del 3,17% en noviembre del año pasado. 

Hasta ahora, la inestabilidad de precios no fue un mayor problema para Bolivia incluso a pesar del shock monetario impulsado durante la pandemia. Pero la violenta caída de la demanda de pesos (o su contracara en la demanda de divisas) podría cambiar completamente el panorama para los próximos meses. 

El sistema monetario de Bolivia y el peligro inflacionario latente

Desde el año 2008 el Banco Central del país se comprometió a sostener una paridad prácticamente fija entre el peso boliviano y el dólar a razón de 6,96 pesos por unidad, y en un marco de libertad de cambios (no existen mayores controles para la compra y venta de divisas). Este hecho sirvió como una suerte de “anclaje” de las expectativas inflacionarias y fundamentalmente la demanda de dinero, consiguiendo así disciplinar los precios y mantener la estabilidad.

Pero aún con un bajo ritmo en la “nominalidad” del país, dado un tipo de cambio fijo, se produjo una lenta pero sostenida apreciación cambiaria que facilitó el abaratamiento de importaciones y el encarecimiento de exportaciones. El BCB debió atender a la defensa del tipo de cambio consumiendo reservas internacionales, y para 2023 estas ya alcanzan su nivel más bajo desde octubre de 2004. 

La falta de liquidez en los bancos llevó al surgimiento de un muy incipiente mercado negro de divisas, en el cuál el dólar paralelo ya cotiza en los 7,15 pesos bolivianos (un brecha cambiaria del orden del 2,7%). La dureza del régimen monetario se vio contrastada por fuertes políticas monetarias y fiscales de índole expansivo, y el único canal para mantener la política cambiaria estable fue el consumo de reservas.

El sistema comienza a dar indicios de agotamiento, y los bolivianos descreen cada vez más de la sostenibilidad del mismo. Con un riesgo latente de devaluación o controles cambiarios, la corrida contra el peso y por la conversión en dólares se entiende como un mecanismo precautorio para anticiparse a las posibles decisiones del BCB en el futuro.

Bolivia confirmó oficialmente la adhesión del país a la propuesta presentada por México, que pretende agilizar transacciones comerciales para abaratar los precios. Los dramáticos desequilibrios fiscales del país amenazan la estabilidad monetaria.

El presidente de México Andrés López Obrador anunció su voluntad para establecer un acuerdo comercial con algunos países de la región sudamericana, con el fin manifiesto de “combatir la inflación” devenida de los drásticos estímulos fiscales y monetarios desplegados durante la pandemia.

“Hay muchas oportunidades para el intercambio económico-comercial. Podemos intercambiar quitando aranceles, nos complementamos, tiene aves Brasil, tiene carne Argentina, Colombia tiene cemento, Cuba tiene cemento”, aseveró el tabasqueño en la llamada”, afirmó el mandatario mexicano.

A propósito de la propuesta, el presidente Luis Arce confirmó oficialmente que Bolivia se adherirá al tratamiento de la propuesta comercial, con fecha pautada para el próximo 5 de abril. Aunque sin hacerlo explícitamente, con estas acciones Arce dio cuenta de las posibles represalias inflacionarias y recesivas como resultado del abultado déficit fiscal que aún mantiene Bolivia.

La inflación minorista de Bolivia representó el 2,57% interanual en febrero de 2023, y hasta un 3,14% durante el mes de enero. La tasa de variación mensual del IPC fue del 0,33% en el primer mes del año, y para febrero entró en terreno negativo.

Como ocurre en Brasil, Bolivia sustenta una situación de estabilidad de precios, pero a diferencia de este último país su situación fiscal es delicada y comprometida. El FMI estima que el resultado financiero del Gobierno boliviano marcó un déficit del 8,5% del PBI en 2022, mientras que sin contabilizar el pago de intereses de deuda el déficit representó el 6,64% del producto.

La deuda pública bruta del Gobierno escaló hasta el 82,58% del PBI al término de 2022, y seguirá subiendo de forma ininterrumpida durante los próximos 5 años según el diagnóstico base del Fondo Monetario.

Sin una mayor corrección fiscal, y habiendo un límite natural para el financiamiento no inflacionario de los desequilibrios, Bolivia corre el riesgo de retornar a un régimen de “dominancia fiscal” sobre la política monetaria, del mismo modo en que ocurre en Venezuela o Argentina.

Incluso en un sistema monetario tan estricto como el boliviano, que adopta pautas de expansión de agregados y no un régimen de metas inflacionarias como otros países, la no corrección del déficit fiscal podría conducir a una inflación crónica y elevada para los próximos años.

Consciente de ello, el presidente Arce pretende “disciplinar” los precios con una mayor presencia de bienes importados de la región, pero lo cierto es que solo constituye un mecanismo para el corto plazo, y los peligros inflacionarios para Bolivia no se manifiestan hoy sino que tendrán lugar en el futuro.