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Economía

Estado insostenible: 5 de cada 10 monotributistas trabajan para el Estado

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La cantidad de empleados públicos ascendería a los 4,3 millones de personas si se incluyen a los monitributistas asociados con el Estado. Desde 2007 el empleo público se disparó un 37% y sigue creciendo año tras año.

La cuestión del empleo siempre está en discusión en Argentina. En el año 2000, la tasa de desempleo tocó el 15% y fue elevándose hasta tocar su pico de 22% en el año 2003. Con la estabilización de la economía dado el fuerte ajuste del Gobierno de Duhalde y las buenas condiciones internacionales en el primer gobierno del matrimonio Kirchner, el desempleo fue disminuyendo al 9% en el año 2007 y se mantuvo alrededor de ese valor hasta el año 2019. 

Con las cuarentenas instauradas por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales como el fuerte aislamiento impuesto por el gobierno de CABA de Rodríguez Larreta, el desempleo terminó 2020 en 11%. Al cierre del 2021, con la recuperación del empleo asalariado y la suba del empleo público, el desempleo se ubicó en 7%.

Por otro lado, el empleo público es otro factor clave a analizar. En Argentina, el Estado ha funcionado como una agencia de empleo. Durante los últimos 22 años, ninguna administración ha realizado significativas reducciones del empleo público y, de hecho, existen 13 provincias donde el empleo público supera al empleo privado.

Si analizamos el empleo entre las últimas cuatro presidencias de Argentina, es decir, durante el período 2007-2021, nos vamos a encontrar con que:

  • El rubro “Asalariados del Sector privado” en 2021 totaliza en poco más de 6 millones de trabajadores (recupera en 2021 todo lo perdido durante la pandemia) y termina con un saldo positivo de 9,7% contra el año 2007. Un incremento de 541 mil asalariados.
  • El rubro “Autónomos” evidencia un fuerte incremento en el total de autónomos, del orden del 70% entre 2007 y 2021, totalizando poco más de 733 mil personas. Entre 2019 y 2021 el total se redujo en más de 321 mil personas.
  • El rubro “Monotributistas” en 2021, totalizó 2,01 millones de personas, casi duplicándose respecto del 2007.
  • El rubro “Asalariados del Sector Públicos” registrados, entre 2007 y 2021, se incrementó en 37%, totalizando 3,1 millones de personas.

Se remarca la categoría de “registrados”, dado que de acuerdo con proyecciones de CIPPEC (2015) “al menos un 30% de los trabajadores estatales prestan servicios a través de modalidades de contratación de obra y servicios contemplados en los decretos 1318/11 y Nº1421/02, como así también mediante los convenios de cooperación a través de las Universidades”. Los trabajadores contratados bajo la modalidad monotributo, no son contabilizados oficialmente bajo la calificación de “asalariados del sector público”

Si se toma como cierta esta estimación se llega a la conclusión de que hay que separar a los monotributistas públicos de los privados. Esto es así dado que, tomando la cantidad de empleos públicos registrados y la cantidad de monotributistas, podemos observar que 5 de cada 10 monotributistas trabajaron para el Estado en el año 2021.

Entonces, es pertinente hacer una correcta división entre el Agregado del Sector público, incluyendo a los Asalariados del Sector Público y los monotributistas Públicos; y el Agregado del Sector Privado. Así las cosas, con los números presentados previamente encontramos que, en 2021, el total de trabajadores del Sector Privado era de 7,76 millones, un incremento del 25% en 15 años (+1,5 millones de personas). Respecto al Sector Público, para 2021, el total de personas empleadas es de 4,3 millones, creciendo 37,1% desde 2007.

Si analizamos por gobierno, encontramos que, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), empleo privado se expandió en más de 855 mil trabajadores (+14%) y el público en 857 mil personas (+15,2%); y durante su segundo mandato (2011-2015) el crecimiento fue menos pronunciado, sumando 326 mil trabajadores privados (+5%) y 374 mil empleados públicos (10,3%). 

El mandato de Mauricio Macri, tuvo sus altas y bajas con el empleo privado, incorporando finalmente 625 mil trabajadores (+8%) y 158 mil trabajadores del sector público (+4%) Por último, analizando los primeros dos años del mandato de Alberto Fernández, se observa que el empleo privado se redujo en más de 245 mil trabajadores (-3%), golpeado por la fuerte caída en el rubro Autónomos que estudiamos previamente mientras que la cantidad de empleados públicos se incrementó en 158 mil personas (+3,8%).

Queda claro que la realidad del sector privado está muy lejos de la del sector público. Se observa que el empleo público, como un todo, no debió enfrentar los vaivenes de las crisis económicas. Tomemos el ejemplo de los asalariados del sector privado. Sólo crecieron poco más de 9% en 15 años y en 5 de esos años experimentaron bajas. 

Durante la pandemia se perdieron casi 200 mil empleados y, si bien es cierto que en 2021 se recuperó esa cifra con creces, el empleo público jamás cayó, sino que siguió aumentando. Con los autónomos ocurre una situación similar, aunque sin recuperación post pandemia. Si examinamos a los monotributistas, podemos observar que también existe una relación de desigualdad entre sector público y privado. No se le exige lo mismo a uno y a otro

Si a un privado se le ocurriera contratar a un trabajador bajo la modalidad de monotributo, el Estado seguramente diría que estamos frente a una precarización laboral, ya que estos trabajadores son empleados estatales, en cualquiera de sus tres niveles, pero figuran como “proveedores” en muchos casos y facturan como monotributistas.

La precarización en la que incurre el Estado no es inocente, se utiliza para ocultar a la ciudadanía el verdadero peso del empleo público que carga sobre sus hombros. Con el perverso cuento del Estado presente están absorbiendo cada vez más recursos del sector privado, que languidece.

Dado los números evidenciados aquí, podemos ver que, por cada trabajador del sector público hay menos de 2 trabajadores del sector privado. Esa relación para Estados Unidos, por ejemplo, es de más 1 trabajador del sector público por cada 5 del sector privado; en Brasil, de 1 a 11; y en España, de 1 empleado público por cada 7 trabajadores privados.

El alivio del peso del empleo público en los trabajadores privados se debe encarar de dos maneras. En primer lugar, a través de una reforma del Estado para reducir el empleo público, reduciendo la excesiva cantidad de áreas en las que el sector público quiere participar y es ineficiente. 

Se podría iniciar un plan de retiro obligatorio con la indemnización que asigna la ley laboral vigente. En paralelo, mediante una reforma laboral que baje drásticamente los costos en los que incurre un empleador a la hora de contratar y reduzca el riesgo de litigios, para así lograr ampliar la base de trabajadores del sector privado en blanco, reduciendo a su vez el empleo en negro. 

El INDEC estima que casi 5 millones de personas forman parte del empleo no registrado, cifra que subió más del 10% desde el primer trimestre del 2017, fundamentalmente por los altos costos laborales y la inestabilidad económica.

El sector privado es el motor de crecimiento del país y el sector público un mero proveedor de servicios que los privados no pueden ofrecer. Es vital avanzar con reformas de estas características, así como entender que el sector público está al servicio del sector privado y no al revés.


Jeremías Morlandi – Director de Políticas Públicas del CEEAXXI – para La Derecha Diario

Argentina

Ya no esconden su socialismo: Facundo Manes criticó al Campo, propuso más proteccionismo y sustituir importaciones

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El referente de la Unión Cívica Radical se mostró como un ferviente partidario de las recetas económicas del siglo XX y minimizó la importancia de la exportación de materia prima. En su lugar, apuesta por las teorías económicas heterodoxas y el “desarrollismo”.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y referente del partido en Buenos Aires, Facundo Manes, volvió a insistir en su impronta en contra de la exportación de materias primas.

A pesar de que el campo argentino constituye actualmente la principal fuente de divisas para el país, y mantiene un nivel de competitividad incluso superior a la media internacional en la comercialización de granos, para Manes implica un desperdicio de potencial en materia de crecimiento.

El radicalismo pretende reinstalar el debate para la aplicación de las viejas políticas “desarrollistas” aplicadas en la Argentina a mediados del siglo XX. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) encuentra adeptos no solamente en el kirchnerismo sino también en la UCR.

Este análisis contradice las posturas convencionales de la teoría económica más aceptadas por el consenso científico a nivel mundial. El consenso ortodoxo concluye tajantemente que el libre comercio impulsa activamente el crecimiento económico de los países, sin importar la especialización de cada país, e incluso sin importar la existencia (o ausencia) de ventajas comparativas entre ellos.

A pesar de una cierta vocación aperturista durante la administración de Mauricio Macri a partir del avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el radicalismo defendió y suscribió el aumento de la llamada “tasa estadística de importación” del 0,5% al 2,5% a principios de 2019.

Más tarde, Alberto Fernández elevó la tasa del tributo hasta el 3% a partir de diciembre de 2019, y lo prorrogó sistemáticamente hasta la actualidad. Se trata de una alícuota general y uniforme a las importaciones.

Manes no ocultó su simpatía por el viejo estructuralismo latinoamericano del siglo pasado, e incluso participó de un acto en potestad del “día del amigo desarrollista”, en conmemoración del natalicio de Rogelio Julio Frigerio. También se sumaron otras personalidades de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Margarita Stolbizer y Rogelio Frigerio (nieto), entre otros.

¿Qué pasó en Argentina cuando se aplicaron las ideas de Manes?

Aunque el proteccionismo en Argentina tiene larga data, el primer precedente “desarrollista” se dio con la presidencia del radical Arturo Frondizi. Bajo su gestión, y en facultad de las mismas ideas que propone Facundo Manes, el Gobierno radical aprobó una reforma arancelaria creando cuatro listas de productos:

Lista N° 1: Suponía un arancel del 0% para una limitada variedad de materias primas, entre ellas el petróleo, el carbón y el hierro.

Lista N° 2: Imponía un arancel del 20% para productos alimenticios, oro, aluminio, arrabio y productos químicos. Muchos de estos productos se encontraban anteriormente exentos del pago de impuestos.

Lista N° 3: Establecía un arancel del 40% para cubiertas, chapas de acero, flejes de hierro, maderas, herramientas, tejidos, instrumentos para cirugía, máquinas y motores.

Lista N° 4: Todas y cada una de las importaciones que no estuvieran comprendidas en las listas anteriores se vieron sujetas a un brutal arancel del 300% sobre el precio CIF de importación. Estos aranceles resultaron prohibitivos en la práctica, haciendo completamente inviable la importación de los productos alcanzados.

Al mismo tiempo, se gravó la exportación de materias primas con una retención del 20% para productos ganaderos, agrícolas y mineros, y un 10% para el caso de ciertos productos especiales. Además, se aplicó un recargo adicional del 15% para la exportación de cereales, llevando la tasa consolidada sobre estos productos hasta el 35%.

Aunque los consumidores se vieron obligados a pagar bienes más caros en el marco de una competencia reducida, los beneficios prometidos por el desarrollismo nunca llegaron. Las industrias desarrolladas artificialmente por la protección no pudieron alcanzar en ningún momento estándares internacionales, y a pesar de permanecer protegidas por décadas, enfrentaron severas dificultades en cada proceso de apertura arancelaria gradual.

La economía cerrada tampoco logró resultados prometedores en materia de crecimiento, y el ingreso por habitante de la Argentina se divorció del tren de los países desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX

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Economía

Tarifazo K: Habrá aumentos de hasta el 167% para el gas, 200% para la electricidad y 200% para el agua

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La secretaría de Energía bajo la tutela de Sergio Massa dispuso la actualización de las tarifas para la electricidad, el gas y el agua. El equipo económico apuesta a poder cumplir con las metas fiscales del FMI para fin de año.

El Gobierno de Alberto Fernández oficializó un tarifazo sobre los servicios públicos. Los aumentos dispuestos tendrán un fuerte impacto en la medición mensual del IPC, del mismo modo en que ocurría durante la gestión del Gobierno anterior.

La conferencia contó con la presencia de la ingeniera Flavia Royón al frente de la secretaría de Energía y Malena Galmarini como titular de Aysa, entre otros funcionarios. La segmentación tarifaria está en línea con el programa presentado por el ministro de Economía Sergio Massa el pasado 3 de agosto.

El ajuste a los subsidios económicos pretende contener el explosivo incremento del gasto público, aunque los anuncios dispuestos hasta la fecha no explican la totalidad de los ahorros necesarios para cumplir efectivamente con la meta fiscal del Fondo Monetario Internacional para diciembre.

Tarifas de gas

El nuevo titular de Enargas nombrado por Massa, Federico Bernal, explicó que desde ahora las tarifas de gas tendrán en consideración factores de índole estacional sobre la demanda energética, así como un trato diferencial para compensar situaciones adversas en las provincias del sur del país.

A estos factores se añadió la típica segmentación tarifaria por nivel de ingresos, que constituye la columna vertebral del ajuste presentado por el Gobierno kirchnerista. Se establecieron 3 niveles de aumentos:

Nivel 1: incluye a 269.725 usuarios sobre los cuales se aplicará la totalidad de la tarifa sin ningún subsidio. La factura del gas sobre este segmento aumentará un 167% y tendrá vigor a partir de septiembre.

Nivel 2: comprende a 2.599.550 usuarios, los cuales para el Gobierno significan la “clase media”. El subsidio cubrirá hasta el 70% del promedio entre el umbral más alto y el más bajo, que será distinto dependiendo la jurisdicción del usuario.

Si se supera este tope, el Estado aplicará un aumento del 167% pero solo sobre el excedente y no sobre la totalidad de la tarifa. Los aumentos tendrán carácter semestral y se aplicarán a partir de septiembre.

Nivel 3: un total de 2.880.090 usuarios no tendrán aumentos tarifarios hasta previo aviso.

Tarifas de electricidad

Como explicó Sergio Massa el 3 de agosto, el Estado subsidiará hasta los 400 kWh mensuales por hogar a nivel estándar, excepto en ciertas localidades que no cuentan con gas natural por redes, en cuyo caso el umbral subsidiado aumenta a los 550 kWh por mes. 

Del mismo modo que ocurre con el gas, cualquier consumo por encima de estos límites no implica la quita del subsidio para la totalidad de la tarifa, sino que sólo se aplicará el aumento sobre el excedente.

Sobre los 8.890.998 de energía eléctrica, un total de 399.156 tendrán un aumento estimado en torno al 200% en la factura eléctrica mensual, 3.451.722 no tendrán aumentos, y el resto estará sujeto al excedente de su consumo por encima de los topes anunciados.

Tarifas de agua

Malena Galmarini confirmó que el Estado se hace cargo de hasta el 70% del valor real del servicio por la distribución de agua potable. La reducción del subsidio comprenderá 3 niveles de ingresos: altos, medios y bajos.

El subsidio para el consumo residencial de agua para los ingresos más altos caerá al 0% a partir de noviembre de 2022, lo que implica un aumento del 200% sobre la factura mensual. Este aumento será percibido por cerca de 532.029 usuarios residenciales.

Para los ingresos definidos como “medios” la proporción de subsidios bajará hasta el 40% de la tarifa mensual a partir de noviembre, 20% en enero de 2023, y 0% a partir de marzo. Se estima que estos usuarios representan hasta el 27% del total.  

Para los 1.794.466 hogares catalogados en el nivel “bajo” de ingresos, la proporción del subsidio bajará del 70% al 45% a partir de noviembre, 30% a partir de enero de 2023, bajará a un 15% a partir de marzo y permanecerá en ese nivel hasta previo aviso.

Para el caso de los comercios y las industrias que también demandan los servicios, pero para uso lucrativo, percibirán el mismo sistema de actualización tarifaria que los ingresos del nivel “medio”. Se estima que la demanda de agua por parte de usuarios no residenciales representa hasta el 9% del total. 

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Argentina

El Gobierno de Larreta decidió estatizar el sistema de acarreo de vehículos por tiempo indefinido

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Tras las denuncias de corrupción entre las empresas de acarreo y el Gobierno local, Rodríguez Larreta decidió intervenir los servicios y el Gobierno porteño se hará cargo del sistema hasta que se defina una nueva licitación.

El denominado “Frente Anti-Grúas” finalmente consiguió sentar un precedente en contra el sistema de acarreo de vehículos que operaba en la Ciudad de Buenos Aires. La inusual alianza entre el Frente de Todos, los liberales, la izquierda y la Coalición Cívica denunció un entramado de corrupción entre el Gobierno porteño y las empresas de servicio de grúas.

En un principio el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta se negó a tratar el tema o siquiera darle un mínimo de importancia, pero tras la amenaza de la oposición para alcanzar el quórum propio y romper el blindaje del PRO, finalmente decidió intervenir en la materia.

El Gobierno de Larreta dispondrá la estatización de los servicios de acarreo de vehículos, determinando así el fin del contrato de concesión que tenían las empresas Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, el cual habían obtenido en la década de 1990 y con un primer vencimiento en el año 2001.

Según fuentes trascendidas, el Gobierno porteño no pretendería hacerse cargo de los servicios de manera definitiva, sino que buscaría definir un nuevo llamado a licitación para encontrar empresas interesadas en la administración del sistema, pero no han dado ningún plazo al respecto y por ahora la única respuesta que han dado es que el acarreo será estatal “por tiempo indefinido”.

A pesar de haber formado el frente en contra de la actual administración de los servicios, el referente de Milei de la Ciudad de Bueno Aires y uno de los impulsores del fin de la concesión, Ramiro Marra, criticó la falta de acción de Rodríguez Larreta.

Marra apuntó nuevamente contra el Gobierno del PRO y lo increpó por la falta de capacidad para concretar una licitación lo más rápido posible, en lugar de estatizar los servicios y dejar indefinido los plazos para nuevas licitaciones (en caso de haberlas).

A diferencia de los otros partidos políticos del “Frente Anti-Grúas”, los liberales destacaron la importancia de que los servicios permanezcan en manos privadas, se limitaron a solicitar un cambio de concesión y rechazan tajantemente la administración estatal del sistema de acarreo. 

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