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Economía

Estado insostenible: 5 de cada 10 monotributistas trabajan para el Estado

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La cantidad de empleados públicos ascendería a los 4,3 millones de personas si se incluyen a los monitributistas asociados con el Estado. Desde 2007 el empleo público se disparó un 37% y sigue creciendo año tras año.

La cuestión del empleo siempre está en discusión en Argentina. En el año 2000, la tasa de desempleo tocó el 15% y fue elevándose hasta tocar su pico de 22% en el año 2003. Con la estabilización de la economía dado el fuerte ajuste del Gobierno de Duhalde y las buenas condiciones internacionales en el primer gobierno del matrimonio Kirchner, el desempleo fue disminuyendo al 9% en el año 2007 y se mantuvo alrededor de ese valor hasta el año 2019. 

Con las cuarentenas instauradas por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales como el fuerte aislamiento impuesto por el gobierno de CABA de Rodríguez Larreta, el desempleo terminó 2020 en 11%. Al cierre del 2021, con la recuperación del empleo asalariado y la suba del empleo público, el desempleo se ubicó en 7%.

Por otro lado, el empleo público es otro factor clave a analizar. En Argentina, el Estado ha funcionado como una agencia de empleo. Durante los últimos 22 años, ninguna administración ha realizado significativas reducciones del empleo público y, de hecho, existen 13 provincias donde el empleo público supera al empleo privado.

Si analizamos el empleo entre las últimas cuatro presidencias de Argentina, es decir, durante el período 2007-2021, nos vamos a encontrar con que:

  • El rubro “Asalariados del Sector privado” en 2021 totaliza en poco más de 6 millones de trabajadores (recupera en 2021 todo lo perdido durante la pandemia) y termina con un saldo positivo de 9,7% contra el año 2007. Un incremento de 541 mil asalariados.
  • El rubro “Autónomos” evidencia un fuerte incremento en el total de autónomos, del orden del 70% entre 2007 y 2021, totalizando poco más de 733 mil personas. Entre 2019 y 2021 el total se redujo en más de 321 mil personas.
  • El rubro “Monotributistas” en 2021, totalizó 2,01 millones de personas, casi duplicándose respecto del 2007.
  • El rubro “Asalariados del Sector Públicos” registrados, entre 2007 y 2021, se incrementó en 37%, totalizando 3,1 millones de personas.

Se remarca la categoría de “registrados”, dado que de acuerdo con proyecciones de CIPPEC (2015) “al menos un 30% de los trabajadores estatales prestan servicios a través de modalidades de contratación de obra y servicios contemplados en los decretos 1318/11 y Nº1421/02, como así también mediante los convenios de cooperación a través de las Universidades”. Los trabajadores contratados bajo la modalidad monotributo, no son contabilizados oficialmente bajo la calificación de “asalariados del sector público”

Si se toma como cierta esta estimación se llega a la conclusión de que hay que separar a los monotributistas públicos de los privados. Esto es así dado que, tomando la cantidad de empleos públicos registrados y la cantidad de monotributistas, podemos observar que 5 de cada 10 monotributistas trabajaron para el Estado en el año 2021.

Entonces, es pertinente hacer una correcta división entre el Agregado del Sector público, incluyendo a los Asalariados del Sector Público y los monotributistas Públicos; y el Agregado del Sector Privado. Así las cosas, con los números presentados previamente encontramos que, en 2021, el total de trabajadores del Sector Privado era de 7,76 millones, un incremento del 25% en 15 años (+1,5 millones de personas). Respecto al Sector Público, para 2021, el total de personas empleadas es de 4,3 millones, creciendo 37,1% desde 2007.

Si analizamos por gobierno, encontramos que, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), empleo privado se expandió en más de 855 mil trabajadores (+14%) y el público en 857 mil personas (+15,2%); y durante su segundo mandato (2011-2015) el crecimiento fue menos pronunciado, sumando 326 mil trabajadores privados (+5%) y 374 mil empleados públicos (10,3%). 

El mandato de Mauricio Macri, tuvo sus altas y bajas con el empleo privado, incorporando finalmente 625 mil trabajadores (+8%) y 158 mil trabajadores del sector público (+4%) Por último, analizando los primeros dos años del mandato de Alberto Fernández, se observa que el empleo privado se redujo en más de 245 mil trabajadores (-3%), golpeado por la fuerte caída en el rubro Autónomos que estudiamos previamente mientras que la cantidad de empleados públicos se incrementó en 158 mil personas (+3,8%).

Queda claro que la realidad del sector privado está muy lejos de la del sector público. Se observa que el empleo público, como un todo, no debió enfrentar los vaivenes de las crisis económicas. Tomemos el ejemplo de los asalariados del sector privado. Sólo crecieron poco más de 9% en 15 años y en 5 de esos años experimentaron bajas. 

Durante la pandemia se perdieron casi 200 mil empleados y, si bien es cierto que en 2021 se recuperó esa cifra con creces, el empleo público jamás cayó, sino que siguió aumentando. Con los autónomos ocurre una situación similar, aunque sin recuperación post pandemia. Si examinamos a los monotributistas, podemos observar que también existe una relación de desigualdad entre sector público y privado. No se le exige lo mismo a uno y a otro

Si a un privado se le ocurriera contratar a un trabajador bajo la modalidad de monotributo, el Estado seguramente diría que estamos frente a una precarización laboral, ya que estos trabajadores son empleados estatales, en cualquiera de sus tres niveles, pero figuran como “proveedores” en muchos casos y facturan como monotributistas.

La precarización en la que incurre el Estado no es inocente, se utiliza para ocultar a la ciudadanía el verdadero peso del empleo público que carga sobre sus hombros. Con el perverso cuento del Estado presente están absorbiendo cada vez más recursos del sector privado, que languidece.

Dado los números evidenciados aquí, podemos ver que, por cada trabajador del sector público hay menos de 2 trabajadores del sector privado. Esa relación para Estados Unidos, por ejemplo, es de más 1 trabajador del sector público por cada 5 del sector privado; en Brasil, de 1 a 11; y en España, de 1 empleado público por cada 7 trabajadores privados.

El alivio del peso del empleo público en los trabajadores privados se debe encarar de dos maneras. En primer lugar, a través de una reforma del Estado para reducir el empleo público, reduciendo la excesiva cantidad de áreas en las que el sector público quiere participar y es ineficiente. 

Se podría iniciar un plan de retiro obligatorio con la indemnización que asigna la ley laboral vigente. En paralelo, mediante una reforma laboral que baje drásticamente los costos en los que incurre un empleador a la hora de contratar y reduzca el riesgo de litigios, para así lograr ampliar la base de trabajadores del sector privado en blanco, reduciendo a su vez el empleo en negro. 

El INDEC estima que casi 5 millones de personas forman parte del empleo no registrado, cifra que subió más del 10% desde el primer trimestre del 2017, fundamentalmente por los altos costos laborales y la inestabilidad económica.

El sector privado es el motor de crecimiento del país y el sector público un mero proveedor de servicios que los privados no pueden ofrecer. Es vital avanzar con reformas de estas características, así como entender que el sector público está al servicio del sector privado y no al revés.


Jeremías Morlandi – Director de Políticas Públicas del CEEAXXI – para La Derecha Diario

Economía

Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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Economía

Rotundo éxito de la derogación de Ley de Alquileres: La oferta subió un 240% y los precios reales cayeron un 34%

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Contrariamente a lo que defendió el kirchnerismo y la izquierda a lo largo de la campaña electoral del 2023, la desregulación inmobiliaria está permitiendo que miles de personas puedan acceder al alquiler en Argentina. El valor real de los precios de alquiler se redujo en un 34% desde la vigencia del DNU.

El Presidente Javier Milei cumplió su promesa de campaña en relación a la desregulación del mercado de alquileres, derogando las corrosivas normativas dictadas por el Gobierno kirchnerista en 2020. 

Los resultados están a la vista: la oferta de viviendas puestas en alquiler se disparó un 240% solamente en la Capital Federal, y este efecto expansivo se registró en cada rincón del país, al ser dinamitadas las restricciones arbitrarias de la gestión anterior. El apuntalamiento de los derechos de propiedad y la mayor flexibilidad para negociar precios, permitieron que muchos propietarios vuelvan a confiar sus bienes inmuebles al mercado del alquiler.

Pero los mayores beneficiarios de la desregulación fueron los propios inquilinos: se estima que el valor real de los alquileres se desplomó en un promedio de por lo menos 34% desde la vigencia del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) establecido por el Gobierno.

Y de acuerdo a los datos publicados por el INDEC, en la región del Gran Buenos Aires el valor real de los alquileres se redujo en un 22% desde diciembre del año pasado. Se trata del rubro que más se apartó de la variación promedio de los precios desde entonces (denotada por el IPC del organismo oficial).

En otras palabras, el precio promedio de los alquileres en el mercado se incrementó sistemáticamente por debajo de la tasa de inflación de la economía, y también por debajo del crecimiento de los salarios. 

El poder adquisitivo de los argentinos se vio favorecido a la hora de lidiar con los costos de alquilar. Dada una demanda relativamente constante en el mercado, la explosión de la oferta de propiedades en alquiler permitió que los precios simplemente colapsaran en términos reales

Los sucesivos y drásticos aumentos perpetrados durante la legislación anterior simplemente dejaron de ser convalidados por los usuarios, ya que ahora disponen de una gran variedad de alternativas para poder alquilar.

La legislación anterior protegía virtualmente solo a aquellos usuarios con la suerte de disponer de un alquiler ya contratado, ya que se veía licuado el valor real del mismo con el paso del tiempo. Pero este fuerte desincentivo a la oferta de viviendas generó un alza de precios en términos reales que terminó por levantar una enorme barrera a la entrada en el mercado.

Cada vez más, los beneficios de la Ley de Alquileres del año 2020 se dirigían a los usuarios de mayores ingresos que tuvieron la suerte de poder saltear las crecientes barreras a la entrada del mercado, pero solo a costa de miles de personas que desafortunadamente fueron expulsadas de toda posibilidad de alquilar debido a los precios exorbitantes y la escasez de alternativas de vivienda.

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Economía

El Presidente Biden anunció una nueva guerra comercial contra China: Se establecieron aranceles de entre el 25% y el 100%

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Biden desató una agresiva impronta arancelaria contra China como no se veía desde el año 2019. Se espera una pronta respuesta arancelaria por parte del régimen de Xi Jinping, desatando así una nueva guerra comercial que repercutirá a nivel global.

En medio de la campaña electoral, y viéndose superado por las principales encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden anunció una oleada de represalias arancelarias en contra de las importaciones provenientes de China, muchas de las cuales afectan a sectores especialmente dinámicos y competitivos.

Biden tomó la decisión de establecer recargos drásticamente más elevados en comparación a los que había establecido su predecesor entre 2018 y 2019, pero con una lógica sustancialmente diferente: esta vez se pretende articular una protección de carácter permanente, y los aranceles ya no se ven inmiscuidos como una mera regla de negociación para que China profundice la desregulación sobre su mercado de divisas.

El Presidente Biden anunció una impronta abiertamente proteccionista, y los principales damnificados de esta política serán los propios consumidores estadounidenses que deberán enfrentarse a precios y costos más elevados. Se anunciaron las siguientes disposiciones contra las importaciones chinas:

  • Arancel del 25% sobre el acero y el aluminio
  • Arancel del 50% sobre semiconductores y paneles solares
  • Arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos

Los aranceles anunciados protegerán a la industria estadounidense frente a la competencia china, en detrimento de la calidad de sus productos y del poder adquisitivo de los consumidores locales. Muchas enfrentas enfrentarán un gran aumento de costos que sin lugar a dudas será trasladado al bolsillo del consumidor.

También constituye un fuerte desaliento para la inversión extranjera directa de largo plazo, ya que la constante alteración de las reglas de juego generan un clima de inestabilidad que hace imposible la previsión.

Pero incluso a pesar de los evidentes daños generados para los consumidores, los beneficios para la industria estadounidense podrían verse diluídos rápidamente, tan pronto como aparecieron en primer lugar.

Dado el gran tamaño de la economía estadounidense, resulta factible que la aplicación de aranceles puntales revitalicen frente a su par asiático. Sin embargo, es casi un hecho el régimen chino adoptará medidas arancelarias de represalia en la dirección opuesta, desatando una nueva y agresiva guerra comercial.

En caso de que esto ocurra, y con toda seguridad resulta el escenario más probable, entonces quedarían erradicadas todas las ganancias de competitividad que pudiera tener Estados Unidos frente a China. 

El resultado de equilibrio podría traer aparejado un nivel más alto de precios internos tanto en China como en Estados Unidos, pero ninguna ganancia de competitividad para ninguno de los dos países debido a que la relación entre aranceles permanecería relativamente constante.

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