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Economía

Estado insostenible: 5 de cada 10 monotributistas trabajan para el Estado

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La cantidad de empleados públicos ascendería a los 4,3 millones de personas si se incluyen a los monitributistas asociados con el Estado. Desde 2007 el empleo público se disparó un 37% y sigue creciendo año tras año.

La cuestión del empleo siempre está en discusión en Argentina. En el año 2000, la tasa de desempleo tocó el 15% y fue elevándose hasta tocar su pico de 22% en el año 2003. Con la estabilización de la economía dado el fuerte ajuste del Gobierno de Duhalde y las buenas condiciones internacionales en el primer gobierno del matrimonio Kirchner, el desempleo fue disminuyendo al 9% en el año 2007 y se mantuvo alrededor de ese valor hasta el año 2019. 

Con las cuarentenas instauradas por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales como el fuerte aislamiento impuesto por el gobierno de CABA de Rodríguez Larreta, el desempleo terminó 2020 en 11%. Al cierre del 2021, con la recuperación del empleo asalariado y la suba del empleo público, el desempleo se ubicó en 7%.

Por otro lado, el empleo público es otro factor clave a analizar. En Argentina, el Estado ha funcionado como una agencia de empleo. Durante los últimos 22 años, ninguna administración ha realizado significativas reducciones del empleo público y, de hecho, existen 13 provincias donde el empleo público supera al empleo privado.

Si analizamos el empleo entre las últimas cuatro presidencias de Argentina, es decir, durante el período 2007-2021, nos vamos a encontrar con que:

  • El rubro “Asalariados del Sector privado” en 2021 totaliza en poco más de 6 millones de trabajadores (recupera en 2021 todo lo perdido durante la pandemia) y termina con un saldo positivo de 9,7% contra el año 2007. Un incremento de 541 mil asalariados.
  • El rubro “Autónomos” evidencia un fuerte incremento en el total de autónomos, del orden del 70% entre 2007 y 2021, totalizando poco más de 733 mil personas. Entre 2019 y 2021 el total se redujo en más de 321 mil personas.
  • El rubro “Monotributistas” en 2021, totalizó 2,01 millones de personas, casi duplicándose respecto del 2007.
  • El rubro “Asalariados del Sector Públicos” registrados, entre 2007 y 2021, se incrementó en 37%, totalizando 3,1 millones de personas.

Se remarca la categoría de “registrados”, dado que de acuerdo con proyecciones de CIPPEC (2015) “al menos un 30% de los trabajadores estatales prestan servicios a través de modalidades de contratación de obra y servicios contemplados en los decretos 1318/11 y Nº1421/02, como así también mediante los convenios de cooperación a través de las Universidades”. Los trabajadores contratados bajo la modalidad monotributo, no son contabilizados oficialmente bajo la calificación de “asalariados del sector público”

Si se toma como cierta esta estimación se llega a la conclusión de que hay que separar a los monotributistas públicos de los privados. Esto es así dado que, tomando la cantidad de empleos públicos registrados y la cantidad de monotributistas, podemos observar que 5 de cada 10 monotributistas trabajaron para el Estado en el año 2021.

Entonces, es pertinente hacer una correcta división entre el Agregado del Sector público, incluyendo a los Asalariados del Sector Público y los monotributistas Públicos; y el Agregado del Sector Privado. Así las cosas, con los números presentados previamente encontramos que, en 2021, el total de trabajadores del Sector Privado era de 7,76 millones, un incremento del 25% en 15 años (+1,5 millones de personas). Respecto al Sector Público, para 2021, el total de personas empleadas es de 4,3 millones, creciendo 37,1% desde 2007.

Si analizamos por gobierno, encontramos que, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), empleo privado se expandió en más de 855 mil trabajadores (+14%) y el público en 857 mil personas (+15,2%); y durante su segundo mandato (2011-2015) el crecimiento fue menos pronunciado, sumando 326 mil trabajadores privados (+5%) y 374 mil empleados públicos (10,3%). 

El mandato de Mauricio Macri, tuvo sus altas y bajas con el empleo privado, incorporando finalmente 625 mil trabajadores (+8%) y 158 mil trabajadores del sector público (+4%) Por último, analizando los primeros dos años del mandato de Alberto Fernández, se observa que el empleo privado se redujo en más de 245 mil trabajadores (-3%), golpeado por la fuerte caída en el rubro Autónomos que estudiamos previamente mientras que la cantidad de empleados públicos se incrementó en 158 mil personas (+3,8%).

Queda claro que la realidad del sector privado está muy lejos de la del sector público. Se observa que el empleo público, como un todo, no debió enfrentar los vaivenes de las crisis económicas. Tomemos el ejemplo de los asalariados del sector privado. Sólo crecieron poco más de 9% en 15 años y en 5 de esos años experimentaron bajas. 

Durante la pandemia se perdieron casi 200 mil empleados y, si bien es cierto que en 2021 se recuperó esa cifra con creces, el empleo público jamás cayó, sino que siguió aumentando. Con los autónomos ocurre una situación similar, aunque sin recuperación post pandemia. Si examinamos a los monotributistas, podemos observar que también existe una relación de desigualdad entre sector público y privado. No se le exige lo mismo a uno y a otro

Si a un privado se le ocurriera contratar a un trabajador bajo la modalidad de monotributo, el Estado seguramente diría que estamos frente a una precarización laboral, ya que estos trabajadores son empleados estatales, en cualquiera de sus tres niveles, pero figuran como “proveedores” en muchos casos y facturan como monotributistas.

La precarización en la que incurre el Estado no es inocente, se utiliza para ocultar a la ciudadanía el verdadero peso del empleo público que carga sobre sus hombros. Con el perverso cuento del Estado presente están absorbiendo cada vez más recursos del sector privado, que languidece.

Dado los números evidenciados aquí, podemos ver que, por cada trabajador del sector público hay menos de 2 trabajadores del sector privado. Esa relación para Estados Unidos, por ejemplo, es de más 1 trabajador del sector público por cada 5 del sector privado; en Brasil, de 1 a 11; y en España, de 1 empleado público por cada 7 trabajadores privados.

El alivio del peso del empleo público en los trabajadores privados se debe encarar de dos maneras. En primer lugar, a través de una reforma del Estado para reducir el empleo público, reduciendo la excesiva cantidad de áreas en las que el sector público quiere participar y es ineficiente. 

Se podría iniciar un plan de retiro obligatorio con la indemnización que asigna la ley laboral vigente. En paralelo, mediante una reforma laboral que baje drásticamente los costos en los que incurre un empleador a la hora de contratar y reduzca el riesgo de litigios, para así lograr ampliar la base de trabajadores del sector privado en blanco, reduciendo a su vez el empleo en negro. 

El INDEC estima que casi 5 millones de personas forman parte del empleo no registrado, cifra que subió más del 10% desde el primer trimestre del 2017, fundamentalmente por los altos costos laborales y la inestabilidad económica.

El sector privado es el motor de crecimiento del país y el sector público un mero proveedor de servicios que los privados no pueden ofrecer. Es vital avanzar con reformas de estas características, así como entender que el sector público está al servicio del sector privado y no al revés.


Jeremías Morlandi – Director de Políticas Públicas del CEEAXXI – para La Derecha Diario

Economía

El Bank of America anunció que se está preparando para el default de la deuda pública estadounidense

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El CEO de la entidad bancaria, Brian Moynihan, aseguró que no descarta un escenario de incumplimiento crediticio y la consecuente crisis financiera devenida a ello. Los republicanos ofrecen su apoyo político para subir el techo de la deuda a cambio de recortar el presupuesto, pero Biden resiste la negociación.

El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, afirmó este lunes que se prepará para un posible default de la deuda pública estadounidense. Se trata de una situación con un potencial destructivo inconmensurable sobre los mercados financieros a nivel internacional, aunque se espera que pueda evitarse tras tensas y largas negociaciones.

El CEO de la segunda firma bancaria más importante de los Estados Unidos advierte que el Gobierno demócrata no está emprendiendo medidas fiscales austeras, sino más bien todo lo contrario, y se niega a permitir una negociación constructiva con la oposición política.

Tenemos que estar preparados para eso, no solo en este país sino en otros países del mundo. Esperas que no suceda, pero la esperanza no es una estrategia, así que te preparas para ello”, afirmó Moynihan en diálogo con la CNN.

Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America.

El Gobierno del presidente Joe Biden presiona por un rápido levantamiento del techo de la deuda pública, que ya alcanzó el límite fijado en los US$ 31,4 billones (o trillones por su traducción al inglés), pero al mismo tiempo propone añadir un monto adicional por US$ 4,8 billones al déficit fiscal hasta el año 2031

Los aumentos en las erogaciones presupuestadas para los próximos años no se condicen con incrementos de la presión tributaria, o con reducciones compensatorias en otras partidas del gasto (como por ejemplo ocurrió en la década del 90). 

La oposición republicana tanto en el Senado al frente de Mitch McConnell como en la Cámara de Representantes con Kevin McCarthy, ofrece una negociación constructiva con el oficialismo: se propone aprobar el levantamiento del techo de la deuda pública a cambio de permitir el ajuste del gasto público tal y como ocurrió en la administración Clinton. Los demócratas aún se resisten a la negociación, y ponen en peligro la credibilidad del Gobierno federal. 

Dejar de pagar nuestra deuda no es una opción. Pero tampoco lo es un futuro de impuestos más altos, tasas de interés más altas y una economía que no funciona para los trabajadores estadounidenses”, anunció Kevin McCarthy.

La secretaria del Tesoro Janet Yellen adoptó medidas extraordinarias para atender vencimiento y gastos corrientes de corto plazo, y trató de llevar tranquilidad a los mercados afirmando que Estados Unidos jamás incumplió sus obligaciones financieras desde 1789.

Los dichos de Yellen son cuanto menos inexactos. El país sí incumplió sus compromisos en numerosas oportunidades, en ocasiones por razones de fuerza mayor ante conflictos bélicos (1834 y 1862), y en otras por el repudio a los regímenes de convertibilidad del dólar (como en 1933 y más recientemente desde 1971).

Lo que hasta ahora no ocurrió es la suspensión de pagos en moneda fiduciaria corriente, pero la situación fiscal de Estados Unidos es atípica desde hace 15 años. El Gobierno federal no logró nunca volver al superávit primario desde abril de 2008, y el stock de deuda pública se encuentra en máximos desde la Segunda Guerra Mundial.

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Economía

Llegan los aumentos tarifarios de Massa: La electricidad aumenta hasta un 37% en febrero

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El Gobierno confirmó que las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales del AMBA tendrán una actualización promedio del 29%, y con un máximo de 37%. La meta inflacionaria del ministro Massa quedó completamente obliterada por la realidad.

Los aumentos programados para los precios regulados, en conjunción con el drástico salto de los precios minoristas en enero, terminan por confirmar que las metas planteadas en el Presupuesto 2023 no podrán cumplirse.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó que las tarifas eléctricas tendrán un aumento promedio del 29% para los usuarios residenciales de la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la boleta de febrero. La principal variable de ajuste para cumplir con las metas fiscales del FMI sigue siendo la baja de los subsidios económicos, con lo cual las actualizaciones tarifarias deberán al menos compensar (y superar) a la inflación este año.

Asimismo, también se determinó el esquema de precios de referencia para el mercado eléctrico mayorista, formalmente los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE). Estos nuevos cuadros tarifarios deberán ser aplicados entre febrero y abril.

Los aumentos programados por tipo de usuario para febrero

  • 0% de aumento: Para usuarios no residenciales pero con algún domicilio en el AMBA, y con una demanda energética inferior a los 800 kWh por mes. Los usuarios residenciales clasificados en el “nivel 2” de la segmentación tarifaria tampoco tendrán aumentos. 
  • 26% de aumento: Aquellos usuarios residenciales catalogados en el “nivel 3”, tendrán una suba subsidiada del 26% por su demanda energética inferior a los 400 kWh al mes, y cualquier monto que supere este umbral no contará con subsidio alguno. 
  • 29% de aumento: Será aplicado para Organismos y Entes Públicos que prestan los Servicios Públicos de Salud y Educación (OSPE) en la región del AMBA. 
  • 30% de aumento: Se aplicará para usuarios residenciales con demanda excedente a 800 kWh al mes, y para usuarios no residenciales con demandas mensuales mayores a 10kW y menores a 300 kW.
  • 37% de aumento: Se aplicará para usuarios residenciales catalogados en el “nivel 1”, aquellos de mayor poder adquisitivo según la clasificación del Gobierno.

El ministro Sergio Massa pretendía arribar a una inflación promedio mensual del 4% para el primer trimestre del año, ya que es compatible con el 60% de aumento interanual plasmado en el Presupuesto 2023. 

Las estimaciones preliminares para el IPC de enero arrojaron aumentos de entre el 5,5% y hasta el 6%, y 7,3% si se toma en consideración la canasta de bienes y servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El programa económico de Massa plantea un objetivo irrealista y no ofrece ninguna herramienta creíble para cumplir las metas, en un año 2023 que se verá marcado por un mayor sinceramiento de los precios relativos de la economía (principalmente las tarifas).

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Economía

Vuelve a aumentar la inflación en Turquía: Los precios se dispararon un 6,7% en enero y Erdogan se queda sin ideas

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Pese a la moderación del ritmo de aumento interanual, los precios registraron una fuerte aceleración inflacionaria en el primer mes del año y tuvieron el salto más drástico de los últimos 9 meses. El Banco Central de Turquía sigue intervenido y no reacciona a los aumentos. 

Vuelve a brotar la inflación en Turquía pese a los numerosos controles que instaló el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Los precios minoristas registraron un aumento del 6,65% en enero de 2023, una fuerte suba de 5,5 puntos porcentuales en comparación con la variación de diciembre del año pasado.

Se observó la variación mensual más elevada de los últimos 9 meses, aunque la inflación interanual se moderó al 57,68% desde el máximo de 85,5% observado en octubre de 2022. 

La caída de la suba interanual de los precios se explica por el efecto rezago de los aumentos en la segunda mitad del año pasado, pero el ritmo de la inflación mensual de enero sugiere que esta moderación llegará a su fin

La inflación núcleo alcanzó el 7,67% entre enero de 2023 y diciembre de 2022, eliminado el efecto de bienes típicamente volátiles como los alimentos y los combustibles. Los precios mayoristas también se aceleraron en enero, denotando un aumento mensual del 4,15% frente al período anterior.

El Banco Central de Turquía se encuentra completamente paralizado ante la intervención del Gobierno de Erdogan. La tasa de política monetaria persiste en el 9% nominal anual, 49 puntos por debajo de la tasa de inflación interanual. De hecho, la autoridad monetaria permitió un recorte de 50 puntos básicos sobre la tasa de interés entre julio y diciembre del año pasado.

Los encajes legales para la mayor parte de los depósitos persisten en el 25%, y las tasas de interés del sistema financiero (activas, pasivas e interbancarias) se encuentran sin cambios pese a la brutal suba de los precios.

Inflación mensual de Turquía. Fuente: Instituto de Estadística de Turquía.

Controlando la tasa de interés nominal como herramienta de política monetaria, el banco central también es incapaz de controlar al mismo tiempo la expansión de los agregados monetarios. Y como la tasa se determina por criterios políticos, la única herramienta que queda es la política cambiaria vía inyección de reservas.

El Banco Central de Turquía perdió 9.390 millones de dólares desde el pasado 11 de diciembre, en un intento por contener la paridad del tipo de cambio. Sin embargo, la Lira turca alcanzó sus mínimos históricos frente al dólar y no se lograron estabilizar las expectativas de inflación.

El dólar escaló hasta los 18,85 unidades expresadas en Liras, el récord nominal más importante de la historia del país. Con una postura diametralmente opuesta, el constante aumento de las tasas de la Reserva Federal arroja una fuerte presión para los países emergentes y especialmente para Turquía, que ensaya una política monetaria estrafalaria y muy poco convencional.

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