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Economía

Estas son todas las bombas que le deja Massa a Milei antes de irse: Leliqs, Pases, Ledivs, Deuda SIRA, Pago Dividendos y Juicio por YPF

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Milei heredará una bomba inflacionaria por más de US$ 86.000 millones, el doble de lo que dejó el kirchnerismo a Mauricio Macri en 2015. Además, el país está en estanflación hace más de un año y se terminó el crédito.

El fallido candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, le deja un camino minado al próximo gobierno, entre las obligaciones por los Pases, las Leliq y las Levid en el Banco Central, las reservas netas negativas, la deuda comercial con proveedores extranjeros, el pago pendiente de dividendos y los juicios por la expropiación de YPF.

Además de haber dejado una situación macroeconómica completamente desequilibrada, los cuatro años de gestión kirchnerista (y especialmente los 16 meses de Massa) dejaron una serie de "bombas" que cada una por separado podrían causar una crisis sin precedentes en Argentina, pero Javier Milei deberá lidiar con todas juntas.

El economista Fernando Marurll estima que la bomba total que el kirchnerismo le deja a Milei asciende a por lo menos US$ 86.300 millones al cierre de 2023, más del doble en comparación con la pesada herencia del año 2015, cuando la acumulación de contingencias y desequilibrios que recibió Macri llegaba a los US$ 42.200 millones.

Para llegar a este cómputo, Marull señaló que las reservas netas del Banco Central finalizarán el año marcando un rojo de US$ 11.000 millones. Esto surge por sustraer de las reservas brutas a la posición de encajes en dólares para respaldar depósitos, los seguros bancarios y el fondo de resiliencia, y los recursos del swap con China. Se hereda un Banco Central completamente quebrado.

Por otra parte, debido a la colocación de contratos de dólar futuro y más recientemente LEVIDs del BCRA se llega a una carga de por lo menos US$ 9.300 millones para fin de año. Desde el punto de vista del Banco Central, el total de la “bomba” que deja el kirchnerismo se incrementa hasta los US$ 20.300 millones, una cifra similar a los US$ 20.500 millones que dejaba la administración de Alejandro Vanoli en diciembre de 2015.

Pero esta vez la pesada herencia no finaliza solamente con estos pasivos del BCRA. En lo que respecta al Tesoro Nacional, los vencimientos acumulados por deuda dollar-linked y por bonos duales (que se ajustan o bien por el coeficiente CER o bien por la evolución del tipo de cambio) ascienden a US$ 20.000 millones.

La cuenta sigue. El juicio millonario por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York le significará a la Argentina una carga por US$ 16.000 millones, y aunque el Estado podría evitar pagar la suma total en el corto plazo, de todos modos se vería obligado a entregar activos a modo de garantía

Como si todo esto fuera poco, la deuda comercial de las empresas privadas con sus proveedores en el exterior, deuda virtualmente “congelada” por el Banco Central al no habilitar el acceso al mercado oficial, asciende a más de US$ 54.000 millones. De este monto, Marull estima que por lo menos US$ 22.000 millones se corresponden al flujo de la deuda, exigible para la próxima administración.

El BCRA no solamente intervino para boicotear los pagos de los importadores, sino que además limitó la distribución de dividendos de las empresas multinacionales operativas en el país hacia sus respectivas casas matrices en el exterior. Por esta partida se acumuló un pasivo de hasta US$ 8.000 millones, el doble que en el año 2015.

La administración de Milei tendrá la titánica tarea de sanear el Banco Central en las pésimas condiciones en las que el kirchnerismo lo entrega a partir del 10 de diciembre. La reestructuración de la institución es fundamental para llevar a cabo un plan de estabilización creíble que le ponga fin a la inflación.

Economía

Pettovello eliminó la intermediación del plan Potenciar Trabajo y se lanzan dos nuevos programas con ayuda directa

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El Ministerio de Capital Humano avanza con la racionalización y reorganización de los planes sociales, a fin de que los únicos beneficiarios sean las personas que más necesitan de ayuda estatal, y no las organizaciones violentas de la izquierda.

En línea con los anuncios que dispuso el Gobierno de Javier Milei desde su misma asunción, el Ministerio de Capital Humano al frente de Sandra Pettovello confirmó una nueva reorganización del sistema de planes sociales para poder garantizar que la ayuda del Estado le llegue a la gente de forma directa, sin intermediación ni negocios encubiertos.

Se anunció el fin del plan Potenciar Trabajo tal y como se lo conocía hasta ahora. Este programa aglutinaba hasta a una gran cantidad de organizaciones violentas y de izquierda, que utilizaban a las personas más carenciadas como un medio de financiamiento para sus propios propósitos políticos.

Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano lanzó dos nuevos programas sociales: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social" respectivamente. A diferencia de su predecesor, estos planes significarán una ayuda directa para las personas que califiquen para cobrarlo. 

Ya no habrá más lugar para ningún tipo de extorsión ni condicionamiento político por parte de ninguna organización de izquierda que pretenda chantajear a las personas que necesitan de un plan social.

El programa Volver al Trabajo dependerá directamente de la propia Secretaría de Trabajo, y la razón detrás de esto es que el Gobierno podrá realizar evaluaciones de impacto, y de este modo poder monitorear el desempeño del programa. 

Bajo el plan Potenciar Trabajo, tan solo un 1,3% de las personas beneficiarias lograron incorporarse al mercado laboral, demostrando así que no se daban las herramientas necesarias para poder lograrlo. El Gobierno 

Asimismo, el nuevo plan Acompañamiento Social dependerá de la Secretaría de Niñez y Familia. La naturaleza de este programa es distinta a la del anterior, ya que sus propósito no es la incorporación al mercado laboral, sino fundamentalmente mitigar la pobreza y las dramáticas consecuencias que esta provoca sobre los chicos menores de 14 años. 

La pobreza en los segmentos etarios más bajos es considerablemente más alta que en cualquier otro segmento de la población, y este problema condiciona alarmantemente la generación de capital humano para el futuro. Esta es la razón misma por la cual el Gobierno lanzó el propio Ministerio de Capital Humano, y sin lugar a dudas será su desafío más importante durante los próximos cuatro años.

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Tras el decreto de desregulación, la oferta de viviendas se dispara y el precio de los alquileres disminuyó en un 22% en términos reales

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Las actualizaciones de los contratos de alquiler perdieron sistemáticamente contra la inflación en los últimos dos meses, y esto se debe a la gran cantidad de viviendas que salieron a ofrecerse al mercado. La eliminación de las restricciones permite que cada vez más personas accedan al alquiler.

El mercado inmobiliario está experimentando un fuerte repunte en la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler. Tras el decreto de desregulación 70/2023 anunciado por el Presidente Javier Milei en el mes de enero, las condiciones en el mercado mejoraron notoriamente para que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda.

Solamente en enero la cantidad de viviendas en alquiler en la Capital Federal llegó a duplicarse, y lo mismo ocurrió con los principales centros urbanos del país que habían sido afectados por la ley de alquileres sancionada en 2020.

El boom en el mercado de viviendas condujo a que el precio promedio de los contratos de alquiler cayera en un 22% medido en términos reales (ajustado por inflación). En otras palabras, los alquileres se ajustaron sistemáticamente por debajo de lo que subieron los precios en los últimos dos meses. Cada salario puede cubrir, en términos relativos, una proporción cada vez mayor de un contrato de alquiler.

Desde el punto de vista de los propietarios, la mayor flexibilidad regulatoria permite garantizar una cierta rentabilidad que no será diezmada por la inflación, y de esta manera se dan más incentivos para poner una propiedad en alquiler. El nuevo marco regulatorio también otorga garantías ante eventuales contingencias, para las cuales los propietarios pueden protegerse.

Y desde el punto de vista de las millones de personas que necesitan alquilar, la mayor oferta de viviendas permite que los precios sean más competitivos. Las barreras a la entrada en el mercado inmobiliario se reducen cada día más, favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos más bajos.

Con la ley de 2020, el valor real de los contratos de alquiler no se ajustaba debidamente a la inflación y se producía una transferencia de ingresos artificial de propietarios hacia inquilinos. Pero esto solo ocurría con aquellos usuarios que tuvieron la suerte de poder alquilar.

Conforme avanzó este proceso distorsivo, cada vez más propietarios retiraron sus propiedades del alquiler (para venderlas o utilizarlas para otros fines), y esto provocó que los precios de entrada en el mercado se encarecieran constantemente. Los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación entre 2020 y 2023.

Las regulaciones sobre el mercado inmobiliario beneficiaron a los segmentos con ingresos medios y altos que pudieron acceder a pagar elevados precios de entrada, mientras que las personas con ingresos bajos perdieron toda posibilidad de acceso. 

Este es el problema troncal que el Gobierno actual se propuso atacar como una de sus primeras medidas en el poder. Los resultados del proceso de desregulación comienzan a vislumbrarse. 

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Finaliza el curro de las organizaciones piqueteras: El Gobierno redujo del 30% al 1% la financiación de piqueteros a través del Impuesto PAIS

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Se modificó el esquema de distribución de los recursos generados por el impuesto, para dar una mayor prioridad a las obras de infraestructura por el tiempo en que dure el tributo en actividad. Los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras pierden sus privilegios.

En los últimos cuatro años el Gobierno de Alberto Fernández subsidió incesantemente a las organizaciones sociales y piqueteras que interrumpieron las vías de tránsito y le significaron enormes contingencias para millones de trabajadores. Con la llegada del Gobierno de Javier Milei, los privilegios de estas organizaciones de izquierda se terminaron.

El Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis Caputo anunció una nueva modificación en la distribución de los recursos generados por el Impuesto PAIS. A partir del Decreto 193/2024 publicado en Boletín Oficial, la participación de los recursos con destino hacia las organizaciones sociales se redujo del 30% al 1%, y al mismo tiempo se llevará a cabo un proceso de fiscalización más estricto para que las organizaciones beneficiarias cumplan con la ley.

Se trata de la masa de recursos que se destina formalmente al llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La financiación arbitraria de organizaciones con intereses políticos particulares deja de ser una prioridad en la Argentina, y el Gobierno decidió incrementar del 65% al 94% de la participación de los recursos generados por el tributo para la financiación de obras de infraestructura en todo el país.

Asimismo, la participación de la financiación para el turismo como parte del Impuesto PAIS se mantiene en el 5% respectivamente, cuyos recursos son administrados por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli (quien aceptó ocupar su cargo actual de manera ad-honorem).

Si bien en sus inicios el FISU fue concebido como un instrumento para financiar proyectos en barrios carenciados, con el paso del tiempo se convirtió en una mera caja política a cuenta de organizaciones de extrema izquierda. 

Muchas de estas organizaciones se integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en donde salen a la luz personajes como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

El Gobierno prepara una mayor fiscalización y eficientización de las asignaciones sociales, ahora bajo la tutela del Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reducir al mínimo la cantidad de intermediarios entre las prestaciones sociales y las personas que las necesitan. En este sentido, el desfinanciamiento del FISU se perfila como una estrategia para avanzar por la dirección anunciada.

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