El pasado sábado, el FMI anunció la suspensión temporal de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantenía con Colombia, una herramienta que el país sudamericano había obtenido en 2009 gracias a su entonces sólida política económica. El organismo comunicó que la permanencia de Colombia en la LCF está ahora sujeta a la finalización de la consulta del Artículo IV y a una posterior revisión intermedia. Aunque la suspensión no implica un retiro definitivo del respaldo, sí refleja una creciente preocupación por la estabilidad macroeconómica colombiana.
El FMI advirtió que “las restricciones de liquidez contribuyeron a una acumulación de grandes rezagos presupuestales (2,8% del PIB)”, lo que equivale a unos 48 billones de pesos considerando un PIB colombiano de 1.700 billones de pesos en 2023. Adicionalmente, el informe reveló que “los déficits y la deuda pública han aumentado más de lo previsto”, señalando que el déficit fiscal global del gobierno central alcanzó el 6,7% del PIB en 2024, frente al 4,2% del PIB en 2023 y 1,1 puntos porcentuales por encima de la meta oficial establecida en el marco fiscal de mediano plazo. Todo esto a pesar de esfuerzos de ajuste fiscal hacia finales del año pasado.
