Se busca reducir la jornada laboral sin una mejora de productividad, lo cual llevará a un fuerte impacto en la informalidad, la desocupación, y una caída en el nivel general de salarios.

El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa vuelve a insistir con un proyecto para rebajar la jornada laboral legal hasta las 36 horas semanales, con la intención de seguir sumando proyectos que le caen bien a la gente de cara a las elecciones de octubre.

Este martes se tratará en el Congreso una versión del proyecto. Si bien existen una serie de borradores entre los distintos bloques del espacio oficialista, la propuesta más extremista promete rebajar la jornada semanal a 36 horas, aunque existen otros que plantean un tope en torno a las 40 horas.

Esto conforma otra medida más en el arsenal desplegado por Massa para tratar de entrar en el ballotage. La justificación oficial del proyecto consiste en argumentar que la jornada laboral es de hecho (y no solamente por una ley) más baja en los países más desarrollados del planeta. Asimismo, se postula que el proyecto eventualmente “apuntalará la productividad” aunque sin ningún sustento serio.

Si bien es correcto afirmar que en las economías desarrolladas la jornada laboral es drásticamente inferior al que tienen las economías en vías de desarrollo como la Argentina, es un error usual pensar que esto se debe a un mero tecnicismo legal ofrecido por los políticos.

La jornada laboral se reduce de manera natural en respuesta a las mayores tasas de capitalización a las que pueden acceder los trabajadores de un país. Esto es, la mayor inversión en capital físico (maquinaria, equipo pesado, avances en la tecnología) y capital humano (educación superior, capacitación profesional, etc). 

Es por medio de estas fuentes que los trabajadores se vuelven más productivos y, con ello, pueden disfrutar de una menor jornada laboral para producir más bienes y servicios. Esto no funciona al revés: forzar la reducción de la jornada laboral no incentiva la productividad, sino que por el contrario la penaliza.

La cantidad de horas semanales que trabajan en promedio los ciudadanos en Noruega asciende a un total de 34, lo mismo ocurre en países como Finlandia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Otros países como Francia, Italia, Suecia, Irlanda y España mantienen jornadas laborales semanales de 36 horas en promedio. 

Pero ninguno de estos países consiguió tales umbrales por manifestarlo en una ley, sino que hubo la necesidad de acumular décadas de inversión en capital para poder afianzar un nivel de productividad compatible con tales jornadas reducidas. El Estado no permitió afianzar este proceso, sino que fue la innovación propia de la economía de mercado la que favoreció la disminución de las horas de trabajo.

Incluso si estos países establecieran una ley obligando a las empresas a respetar una jornada laboral de 36 horas, el impacto podría ser prácticamente nulo debido a que el mercado ya inspiró estos parámetros hace mucho tiempo. El caso argentino es diferente, la productividad argentina está muy lejos de ser la que alcanza cualquier país europeo.

La disminución forzada de la jornada laboral en Argentina sólo multiplicará los incentivos para la contratación informal, y eventualmente una mayor tasa de desocupación abierta. Esto se suma a los estándares extremadamente rígidos de la legislación laboral argentina, que no sufrió reformas estructurales significativas desde el año 1974 cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo.

La propuesta incluye un drástico ajuste a los gastos del sector público y una solución definitiva a la bola de pasivos remunerados contenida en el Banco Central. La emisión monetaria sin respaldo quedaría completamente desbaratada y Argentina recuperaría una moneda para ahorrar.

Los principales asesores económicos de Javier Milei, entre ellos Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Emilio Ocampo, se pronunciaron al respecto de la propuesta para eliminar el Banco Central y eliminar el peso como instrumento de falsificación sistemática contra el poder de compra de los ciudadanos.

El programa consta de varios ejes, atacando la cuestión monetaria pero también el aspecto fiscal para garantizar consistencia. La eliminación del rol preponderante del peso (y su reemplazo por el dólar) podría desarrollarse en un lapso de 9 a 24 meses, y una vez terminado el proceso, podría avanzarse con la eliminación definitiva del Banco Central tal y como lo conocemos hoy.

La reforma desde el punto de vista monetario

El director de Research for Traders, Darío Epstein, se pronunció abiertamente en contra de cualquier tipo de posibilidad de un “plan bónex”, y aseguró que la propuesta de La Libertad Avanza no incluye ninguna ruptura de contratos previamente acordados.

También descartó de plano la necesidad de una hiperinflación para llevar a cabo la propuesta, una crítica usual de los economistas de Juntos por el Cambio y del kirchnerismo.

En cambio, el principal eje de la propuesta monetaria será la reestructuración del Banco Central, liquidando sus activos contra sus pasivos. Este ejercicio es un paso previo indispensable para pensar en su eventual eliminación.

Para efectuar el proceso, un primer rescate será sobre el circulante de pesos en la economía, y a partir de allí avanzar cada vez más en profundidad con los distintos agregados monetarios. Para que esto pueda darse a un tipo de cambio de conversión razonable, será necesario primero reestructurar la deuda remunerada del BCRA, y a estos efectos la propuesta de Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky presenta una solución.

Se propone la creación de un fideicomiso con legislación extranjera, que emitirá nuevos bonos de corto plazo con los cuales serán rescatados por pasivos del BCRA. Estos bonos estarán garantizados por los títulos acumulados de la institución (las Letras Intransferibles y los Adelantos Transitorios), además de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, una cierta participación accionaria de YPF y hasta se baraja la posibilidad de ofrecer recursos fiscales a modo de garantía.

Esta maniobra le permitiría al BCRA hacerse de los dólares necesarios para rescatar todos sus pasivos. Ocampo fue elegido para liderar y administrar este proceso, prometiendo eventualmente poner fin a la institución cuando se haya terminado. De esta manera podría convertirse en el último presidente del Banco Central, desde su fundación en el año 1935.

La reforma desde el aspecto fiscal

La pata “fiscal” de la reforma también es sumamente necesaria para garantizar la consistencia del programa económico de Milei. El ancla fiscal es necesaria para detener inmediatamente toda la nueva asistencia monetaria al Tesoro, incluyendo la asistencia directa y también las compras de títulos públicos. Por otra parte, el ajuste debe ser creíble para erradicar cualquier especulación por dominancia fiscal en el futuro.

A estos efectos se propone un ajuste inicial equivalente al 5% del PBI para el año fiscal 2024, uno de los recortes más ambiciosos de la historia argentina para un período de 12 meses. Con el paso del tiempo se propone extender el ajuste hasta los 15 puntos del PBI, pero teniendo en cuenta no sólo al ámbito nacional sino también a las Provincias y los municipios (entre todos los componentes el Estado supera los 42 puntos del PBI).

El ajuste inicial sobre el Estado nacional (que representa poco más del 22 puntos del PBI) se explicará por las siguientes partidas:

• La privatización del sistema de obra pública, para avanzar hacia un sistema de iniciativa privada similar al que opera en Chile. Esta partida es equivalente al 1,6% del PBI en el gasto nacional

• Programa de privatización de las empresas del Estado nacional, ahorrando un déficit operativo en torno al 0,7% del PBI, que asciende al 1,2% del PBI sumando las contribuciones figurativas

• Recorte a las transferencias discrecionales a las Provincias, por un monto que algunos economistas estiman en el 0,7% del PBI cada año

• Eliminación de los subsidios económicos a las tarifas de servicios públicos. Solamente los destinados a energía y transporte ascienden al 2,6% del PBI, pero también existen subsidios a la industria, producción primaria y las comunicaciones con un umbral para recortar en torno al 1% del PBI.

Bajo estos lineamientos para el ajuste fiscal inicial de 5 puntos del PBI, resulta factible. Por otra parte, las privatizaciones no solo tienen el potencial de eliminar el flujo de déficit que cada año debe costear el sector público (y la sociedad), sino también acaparar stocks por las ventas, con los cuales podrían cancelarse obligaciones o emplearse de diversas maneras.

Los ingresos por privatizaciones llegaron a promediar el 1% del PBI a lo largo de la década de 1990, con lo cual son ingresos que pueden alcanzar cifras verdaderamente significativas.

Las estimaciones del banco de inversión anticipan una violenta y caótica devaluación después de que tengan lugar las elecciones generales. La posibilidad de una hiperinflación es alarmantemente alta, y la inflación reprimida podría estallar con virulencia en el último bimestre de 2023.

El paquete de medidas del ministro Sergio Massa tendrá un costo brutal para la sociedad en los últimos dos meses del año, muy a pesar de los escasísimos beneficios que percibe la población solamente en el corto plazo.

La firma Goldman Sachs publicó sus pronósticos oficiales para los países de la región, y estimó que el tipo de cambio oficial mayorista llegará hasta los $700 para fin de año. Esta paridad fue fijada en $350 por el ministro Massa a partir de la segunda semana de agosto, tras haber decretado una devaluación del 22,5%.

Esto implica una devaluación del 100% prevista para el período noviembre-diciembre de 2023, y lo más probable es que se produzca con un salto discreto. La inflación reprimida artificialmente saldrá al descubierto de manera desordenada, sin haber un plan económico de fondo.

Massa prometió sostener la paridad sin ningún cambio hasta la segunda semana de noviembre (acumulando un peligroso atraso en términos reales), y a partir de entonces recuperar el régimen de crawling-peg hasta el fin de su administración. Pero la credibilidad del Ministro es nula, y ya se descuenta un nuevo salto cambiario de proporciones caóticas.

“Congelar el tipo de cambio oficial de acá a las elecciones es complejo porque la inflación va a haber más que erosionado la competitividad cambiaria obtenida con la devaluación realizada tras las PASO (primarias)”, señala el informe del banco de inversión.

Se debe tener en cuenta que la mayor parte del efecto real de la devaluación ya fue completamente consumido por la evolución de los precios minoristas, relevados a través del coeficiente CER que elabora el BCRA de forma diaria.

Si la paridad oficial del dólar permanece sin cambios por el período prometido por Massa, entonces podría caer muy por debajo del punto de partida en la segunda semana de agosto. Esto amenaza directamente la sostenibilidad del sistema cambiario, precipitando una crisis de balanza de pagos y eventualmente el colapso del cepo cambiario.

La inflación reprimida que salió a la luz con la devaluación de agosto provocó un efecto de “pass-through” del 12,4% sobre el IPC y más de un 18% sobre los precios mayoristas, cuando la devaluación superó el 22%.

Replicando este mismo salto cambiario pero con las previsiones de Goldman Sachs, que sugieren un incremento del 100% para el último bimestre del año, el estallido inflacionario sobre precios minoristas y mayoristas podría fácilmente alcanzar los parámetros convencionales de una hiperinflación, bastaría que el pass-through tan solo fuera de la mitad de la cuantía de la devaluación para que se cumpla el presagio.