Bolivia confirmó oficialmente la adhesión del país a la propuesta presentada por México, que pretende agilizar transacciones comerciales para abaratar los precios. Los dramáticos desequilibrios fiscales del país amenazan la estabilidad monetaria.

El presidente de México Andrés López Obrador anunció su voluntad para establecer un acuerdo comercial con algunos países de la región sudamericana, con el fin manifiesto de “combatir la inflación” devenida de los drásticos estímulos fiscales y monetarios desplegados durante la pandemia.

“Hay muchas oportunidades para el intercambio económico-comercial. Podemos intercambiar quitando aranceles, nos complementamos, tiene aves Brasil, tiene carne Argentina, Colombia tiene cemento, Cuba tiene cemento”, aseveró el tabasqueño en la llamada”, afirmó el mandatario mexicano.

A propósito de la propuesta, el presidente Luis Arce confirmó oficialmente que Bolivia se adherirá al tratamiento de la propuesta comercial, con fecha pautada para el próximo 5 de abril. Aunque sin hacerlo explícitamente, con estas acciones Arce dio cuenta de las posibles represalias inflacionarias y recesivas como resultado del abultado déficit fiscal que aún mantiene Bolivia.

La inflación minorista de Bolivia representó el 2,57% interanual en febrero de 2023, y hasta un 3,14% durante el mes de enero. La tasa de variación mensual del IPC fue del 0,33% en el primer mes del año, y para febrero entró en terreno negativo.

Como ocurre en Brasil, Bolivia sustenta una situación de estabilidad de precios, pero a diferencia de este último país su situación fiscal es delicada y comprometida. El FMI estima que el resultado financiero del Gobierno boliviano marcó un déficit del 8,5% del PBI en 2022, mientras que sin contabilizar el pago de intereses de deuda el déficit representó el 6,64% del producto.

La deuda pública bruta del Gobierno escaló hasta el 82,58% del PBI al término de 2022, y seguirá subiendo de forma ininterrumpida durante los próximos 5 años según el diagnóstico base del Fondo Monetario.

Sin una mayor corrección fiscal, y habiendo un límite natural para el financiamiento no inflacionario de los desequilibrios, Bolivia corre el riesgo de retornar a un régimen de “dominancia fiscal” sobre la política monetaria, del mismo modo en que ocurre en Venezuela o Argentina.

Incluso en un sistema monetario tan estricto como el boliviano, que adopta pautas de expansión de agregados y no un régimen de metas inflacionarias como otros países, la no corrección del déficit fiscal podría conducir a una inflación crónica y elevada para los próximos años.

Consciente de ello, el presidente Arce pretende “disciplinar” los precios con una mayor presencia de bienes importados de la región, pero lo cierto es que solo constituye un mecanismo para el corto plazo, y los peligros inflacionarios para Bolivia no se manifiestan hoy sino que tendrán lugar en el futuro.

Un excanciller peruano, un europarlamentario español y un diputado argentino se pronunciaron sobre la persecución política que ahora sufre Carolina Ribera, la hija de Jeanine Añez.

Este martes, el medio opositor Página Siete Digital dio a conocer que la Fiscalía investiga en secreto a Carolina Ribera, hija de la expresidente arrestada Jeanine Añez, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Para ello, el Ministerio Público está recolectando información de 32 entidades, entre públicas y privadas, para rastrear sus llamadas, viajes, inmuebles y, además, pide congelar sus cuentas bancarias.

Tras conocerse esta clarísima persecución política a un nuevo opositor del régimen del MAS, el europarlamentario de VOX, Hermann Tertsch, el excanciller de Perú, Luis Gonzales Posada, y el diputado argentino, Francisco Sánchez, expresaron su preocupación por este hecho, al que calificaron de “persecución política”.

“El gobierno de Luis Arce es ya una dictadura y nada de lo que haga en persecución de ciudadanos bolivianos tiene la mínima credibilidad. Es una mafia narcocomunista similar a la de Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Miguel Díaz-Canel, se inventa en La Paz cargos contra todo el que diga la verdad”, señaló Tertsch.

El europarlamentario expresó que desde la Eurocámara estarán pendientes a lo que ocurra con el proceso de investigación en contra de Ribera, para tratar de proteger los derechos humanos en un país de la Iberósfera. Además, calificó de “miserable” esta acción porque “ahora quieren meter también a la cárcel a la hija” de su presa más preciada.

Gonzales manifestó que la acción que activan en contra de Ribera es un proceso vengativo, típico de las “izquierdas radicales” en la región. Añadió que le abren un proceso para indagarla porque “tuvo el coraje” de denunciar a nivel internacional los abusos del actual gobierno contra su madre y otros presos políticos.

“La izquierda radical es vengativa, ahora van por la hija de la expresidenta Añez, porque ella tiene una gran presencia a nivel internacional y ha tenido el coraje de denunciar todos estos hecho de barbarie que ocurren en Bolivia. Sabemos que la justicia de Bolivia responde al poder, se utiliza este mecanismo para reprimir a la hija de la expresidenta. Este mecanismo de persecución es aplicado en Cuba y Nicaragua”, enfatizó.

El argentino Sánchez, por su parte, manifestó que esta investigación en contra de la hija de Añez debe conllevar a que se ponga mayor atención acerca de lo ocurre en Bolivia, porque continúa “la persecución política” contra los opositores a Evo Morales. Agregó que los informes que pide la Fiscalía boliviana a entidades no son para hacer justicia.

“No está bien que ocurra una investigación arbitraria, se investiga con fines de perseguir a la hija de una presa política, muestra la característica que tienen los gobiernos radicales de izquierda de la región, de la cual son parte Luis Arce y Evo Morales. Por supuesto que esto nos preocupa muchísimo porque hay una persecución política”, complementó.

La jueza aliada de Evo Morales, Rosmery Pabón, cortó la declaración de Camacho en la audiencia de apelación y el TDJ rechazó su pedido de libertad.

La dictadura en Bolivia continúa en todo su esplendor. Este jueves, se le negó la libertad condicional al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arrestado ilegalmente por el régimen de Luis Arce y Evo Morales el mes pasado.

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) rechazó el pedido de apelación luego de que Camacho se negara a jurar lealtad al régimen socialista. En la audiencia, aseguró que está preso “porque formó parte de la lucha histórica del pueblo contra el fraude cometido por Evo Morales en 2019”.

“Han utilizado en varias ocasiones el argumento que como gobernador yo pudiera usar influencias para lograr muchas cosas, esta denuncia fue sentada en 2020, cuando yo no era presidente del comité ni gobernador, pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”, dijo Camacho.

El gobernador cruceño expresó preocupación por su derecho a la defensa y enfatizó que en ninguna de las citaciones que le hicieron evadió la convocatoria, recalcando que jamás interfirió en las investigaciones, las dos causales que justificarían su arresto.

“En ningún momento intenté querer salirme del país, dos semanas antes de mi aprehensión muchos diputados denunciaron que ya venía este caso y tampoco huí, ese tampoco es mi ser. Aclarar en qué forma dicen que puedo influir como gobernador, en estos casi dos años que digan en qué influí”, agregó.

Cabe aclarar que además Camacho fue arrestado en plenas funciones como gobernador, tras ser electo en el Departamento de Santa Cruz por una amplia mayoría. El arresto de gobernadores va en contra de la ley, ya que cuentas con fueros políticos que impiden su detención mientras está en el cargo.

Fueron escasos minutos los que se le permitió hablar libremente al actual mandatario del Departamento cruceño, debido a que la jueza Rosmery Pabón le cortó la palabra y le pidió que sea “más concreto” en sus declaraciones.

“Estoy tratando de ser lo más objetivo, trataré de resumir para que usted no se moleste. Voy a esperar, no puedo expresarme como quisiera, pero espero que hoy su autoridad sea la excepción de la justicia, para que todos sepan que todavía hay autoridades que hacen justicia”, dijo Camacho con la preocupación reflejada en su rostro por el momento que está atravesando.

La administradora de justicia volvió a cortarlo, esta vez definitivamente, tras reafirmar que “únicamente se concedió la palabra en vía informativa, por eso se recomendó que sea concreto, su defensa argumentó los agravios”.

Camacho está imputado por haber organizado las protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Sin embargo, juristas aseguran que si bien es irrefutable el rol que tuvo el ahora gobernador incitando las protestas luego de que estallara el escándalo de fraude electoral, no existe ningún delito en Bolivia que prohíba liderar manifestaciones pacíficas.

Evo Morales renunció a su cargo luego de que el Tribunal Electoral admitiera que fue coercionado por el entonces presidente para cambiar los resultados de la elección general para evitar un ballotage con Carlos Mesa, y que las Fuerzas Armadas digan públicamente que no seguirían las órdenes de reprimir las protestas.

Tras el desastroso gobierno de Jeanine Añez, quien asumió de manera constitucional tras el cobarde exilio de Morales, los socialistas regresaron al poder en las elecciones de de 2020, y rápidamente instalaron un régimen vengativo para suprimir completamente la oposición, en una movida calcada a la de Daniel Ortega en Nicaragua, quien también regresó al poder de manera democrática pero aprovechó el Ejecutivo para instalar una dictadura.