El Gobierno elimina retenciones al agro para captar US$7000 millones

Desde el campo, el esquema fue recibido como un alivio, aunque los productores reclamaron que se convierta en una medida permanente. “La eliminación de retenciones debe ser estructural, no sólo una respuesta coyuntural”, señalaron desde el sector agroexportador, que ya había advertido sobre el impacto de la presión fiscal en la competitividad.

El Gobierno espera que, con este incentivo, se liquiden las existencias de granos aún no comercializadas, que suman un volumen significativo. En el caso de la soja, los productores vendieron hasta ahora cerca de 32 millones de toneladas de una cosecha estimada en 50 millones, quedando por comercializar unas 18 millones de toneladas.

A valores actuales de Chicago (US$371 por tonelada), eso representa aproximadamente US$6678 millones. En maíz, en tanto, ya se colocaron 27,3 millones de toneladas sobre una producción total de 49 millones. Restan 21,7 millones por vender, equivalentes a unos US$3500 millones.

Hasta antes de este decreto, la soja tributaba un 26% en estado natural y un 24,5% en sus derivados, mientras que el maíz estaba alcanzado por un 9,5%. La suspensión de esos derechos de exportación tendrá un costo fiscal estimado en US$1200 millones. Los analistas advierten que, si el gasto no se ajusta en otras partidas, el objetivo oficial de mantener superávit podría verse comprometido.

El Gobierno oficializó un esquema temporal de retenciones cero para las exportaciones de soja, maíz y otros granos con el objetivo de asegurar ingresos por hasta US$7000 millones antes de las elecciones.

La decisión se formalizó a través del decreto 682, publicado en un suplemento especial del Boletín Oficial, y estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que se alcancen las divisas estipuladas, lo que ocurra primero.

La medida llega en medio de una fuerte tensión cambiaria y un escenario financiero marcado por la caída de bonos y acciones, además de la creciente demanda de dólares. El Ejecutivo busca reforzar las reservas del Banco Central y garantizar los pagos de deuda en el corto plazo, que incluyen compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), otros organismos multilaterales y bonistas por casi US$8000 millones hasta el verano.

El decreto también establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Esto abarca cobros de exportaciones, anticipos de liquidación y operaciones de financiamiento externo.

La política de retenciones cero se da en un contexto donde el Banco Central ya utilizó más de US$1100 millones de reservas desde el 17 de septiembre para contener al dólar. La cotización mayorista opera en el techo de la banda de flotación, mientras que el minorista superó los $1500.

En los primeros ocho meses del año, el agro liquidó US$21.400 millones, con un récord en julio de US$4100 millones, impulsado por un régimen anterior de reducción temporal de retenciones. Sin embargo, septiembre y octubre son considerados meses de baja estacional en la liquidación de divisas.

La estrategia del Gobierno apunta a captar divisas frescas en un momento crítico y despejar dudas de los mercados respecto a la capacidad de cumplir con los compromisos externos. La reacción inmediata del sector privado será determinante para evaluar el alcance de la medida.