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Economía

Gradualismo sin reformas: Alberto Fernández confirmó que no habrá reforma laboral ni previsional

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El Presidente defendió los lineamientos de su programa económico en su discurso de apertura frente a la Asamblea General. No habrá ninguna reforma estructural de la economía, y se volverá a apostar por el gradualismo fiscal.

El presidente Alberto Fernández pronunció su discurso de apertura para la Asamblea General y confirmó que el Gobierno seguirá apostando por el actual rumbo económico sin mayores modificaciones.

La propuesta de Fernández se vuelve a sostener sobre una característica principal en los programas económicos kirchneristas: la completa ausencia de las reformas estructurales que hacen a una economía moderna. El Presidente se propone mantener y profundizar todas y cada una de las “contra-reformas” llevadas adelante bajo los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En primer lugar, el Gobierno no llevará adelante ningún tipo de cambio en la legislación laboral vigente. Según las estimaciones de FIEL, más de 4 millones de asalariados argentinos se encuentran bajo un régimen de trabajo informal, lo que representa al 31,5% del total de los asalariados. A su vez, bajo el actual régimen laboral, se estima que 2,4 millones de cuentapropistas trabajan en condiciones de informalidad, representando al 50,1% de los trabajadores autónomos.

Considerando tanto empleos autónomos como en relación de dependencia, el 36,6% de los ocupados en Argentina trabajan en la informalidad. La legislación laboral vigente demostró ser un amplio fracaso, pero el Gobierno de Fernández insiste en el modelo laboral kirchnerista.

También en su discurso inaugural, Fernández prometió que no habrá ningún tipo de reforma previsional. Esto implica no modificar los actuales parámetros de la fórmula jubilatoria o los requisitos para acceder a una jubilación. Sin embargo, el sistema de reparto argentino se encuentra prácticamente quebrado.

Según los últimos datos del informe mensual del Sector Público Nacional elaborados por el Ministerio de Economía, el déficit del sistema previsional llegó a representar el 2,8% del PBI en los últimos meses del 2021, lo cual representa casi el 80% del déficit primario del Gobierno nacional.

Este resultado negativo no solamente constituye un problema de corto plazo, sino que además es un problema dinámico vinculado al envejecimiento natural de la población. Sin nuevas parametrizaciones y reformas previsionales propiamente dichas, no se garantiza la solvencia fiscal en cara a los próximos años.

Además, y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente aseguró que seguirá un extremo gradualismo fiscal que solamente permitirá el superávit primario para 2025, sin considerar el pago de intereses de deuda y las amortizaciones de capital. La estrategia gradualista guarda una estrecha similitud con el rumbo elegido por el Gobierno anterior, aunque Martín Guzmán se propuso metas aún más permisivas.

Para concretar las metas fiscales, el Gobierno hará uso de una política de actualización tarifaria y la implementación de nuevos impuestos. El Ministerio de Economía negó cualquier intención por privatizar las empresas del Estado, que generan un rojo financiero cada vez más grande sobre la espalda de la sociedad.

El gradualismo sin reformas estructurales se propone garantizar, en cierta medida, un cronograma de pagos concreto con el FMI, pero no apunta a una solución definitiva para los problemas centrales de la economía argentina: la inflación y el estancamiento económico.  

Brasil

Cuentas en orden: Las privatizaciones de Bolsonaro generaron un fuerte superávit fiscal en Brasil

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El Gobierno federal registró un fuerte superávit primario del 0,9% del PBI, superando holgadamente las metas fiscales previstas para fin de año. La privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público fueron los principales factores explicativos para la mejoría de las finanzas públicas. 

La administración de Jair Bolsonaro logró sobrecumplir las metas fiscales pautadas para fin de año. Las estadísticas provistas por el Banco Central de Brasil y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sugieren que el Gobierno federal alcanzó un superávit primario del 0,88% del PBI al término del mes de octubre, uno de los resultados más equilibrados registrados desde mediados del 2014.

Asimismo, y contabilizando la partida por intereses de deuda pública, el sector público federal tuvo un déficit acumulado de 12 meses en torno al 4,15% del PBI para el término del mes de octubre. El resultado financiero del fisco fue el más equilibrado desde septiembre de 2014.

El superávit primario es un factor fundamental para preservar la disciplina fiscal, ya que permite trazar un sendero sostenible para la deuda pública, abonar los intereses asociados y conseguir fondos para refinanciar permanentemente las obligaciones. 

El sector público consolidado (el Gobierno federal y los Estados locales) obtuvo un superávit primario del 1,8% del PBI en octubre de 2022. El resultado superó ampliamente a la meta del -0,6% propuesta por el ministro Paulo Guedes a principios del año, ya que se esperaba que la reducción en el impuesto a los productos industrializados tuviera un impacto mayor sobre la caída de la recaudación.

La disciplina fiscal fue liderada por la administración central que encabeza Bolsonaro, ya que este sector del Estado registró un fuerte superávit de hasta R$ 30,3 mil millones en octubre, contra un resultado deficitario de R$ 3,9 mil millones por parte de los Gobiernos locales y las municipalidades. 

La mayor parte del superávit federal fue explicado por el ingreso extraordinario de las privatizaciones. El proceso de transferencia de activos y pasivos desde el sector público hacia el sector privado que atravesó Brasil en los últimos años fue el más importante desde la década de 1990. 

Las privatizaciones no solo permitieron mejorar la calidad de los servicios brindados a los usuarios y desmonopolizar actividades, sino que también significaron importantes ingresos para las arcas públicas. Las empresas estatales que aún se conservan dentro de la esfera estatal acumularon un superávit del 0,1% del PBI en el acumulado anual de octubre.

El mayor crecimiento del PBI durante el tercer trimestre del año también dinamizó la captación de recursos tributarios entre los impuestos que responden directamente al comportamiento de la actividad económica, siendo el IVA el más importante de ellos.

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Economía

De las ganancias por privatizaciones a las pérdidas por las estatizaciones: La herencia de 20 años de modelo kirchnerista

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Las incesantes nacionalizaciones y apertura de nuevas empresas estatales dejaron como saldo un profundo déficit sobre la espalda de la sociedad. El Estado empresario se multiplicó desde 2003 y se abandonaron los beneficios por las privatizaciones de los 90s. 

20 años de crecimiento constante en el conglomerado de empresas bajo la órbita estatal provocaron la vuelta de los desequilibrios que se creían ya superados en la década de 1990. El déficit operativo de las empresas estatales representó el 0,8% del PBI en el acumulado anual de octubre, el resultado más desequilibrado en 30 años.

El instituto IDESA estima que el costo de las empresas estatales para la sociedad es aún mayor si se contabilizan las transferencias corrientes del sector público, que no se incluyen en el déficit operativo. 

Solamente para el Presupuesto 2023 los subsidios totales a las empresas públicas ascenderán al 1,2% del PBI, una cifra que supera al gasto federal en asignaciones familiares (AUH) y el Programa Alimentar, puestos juntos. Las prioridades del sector público se encuentran completamente desencajadas de la realidad.

Contrariamente al escenario actual, las privatizaciones de los años 90 no solamente le devolvieron los servicios públicos a la sociedad y lograron eliminar los déficits, sino que además permitieron la captación de ingresos significativos para las arcas públicas. Los ingresos por privatizaciones promediaron el 0,3% del PBI entre 1993 y 1999, y superaron el 0,8% del producto al momento de la venta de YPF en 1999

El efecto de las privatizaciones y las estatizaciones entre 1993 y 2022.

Una a una, las más importantes empresas estatales creadas o nacionalizadas desde 2003

Gestión Néstor Kirchner

  • 2004: Correo argentino, Energía Argentina (ENARSA)
  • 2006: Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), AR-SAT
  • 2007: Astilleros TANDANOR

Gestión Cristina Fernández de Kirchner

  • 2008: Aerolíneas Argentinas, Operadora Ferroviaria, Administración de infraestructuras ferroviarias
  • 2009: Ferrocarril Trasandino Central, Radio y Televisión Argentina SA
  • 2010: Centro de Ensayos de alta tecnología (CEATSA), Fábrica Argentina de Aviones (FADEA)
  • 2012: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por el 51% del paquete accionario
  • 2013: Belgrano Cargas y Logística, Administración de RRHH ferroviarios
  • 2014: Playas ferroviarias de Buenos Aires
  • 2015: Ferrocarriles Argentinos, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)

Gestión Mauricio Macri

  • 2016: Contenidos Públicos S.E
  • 2017: Corredores viales
  • 2019: Fabricaciones Militares S.E

Gestión Alberto Fernández

  • 2020: Estatización de rutas nacionales con peaje, intento de nacionalización de Vicentin
  • 2021: Hidrovía Paraná-Paraguay, Transporte de ferrocarril de cargas
  • 2022: Eliminación de las concesiones privadas por contratos de obra pública PPP

La más reciente ofensiva del kirchnerismo apunta a la estatización de las represas de energía hidroeléctrica tras el vencimiento de los contratos de concesión en agosto de 2023, un proyecto del ala dura del oficialismo presentado por el fanático kirchnerista Oscar Parrilli. 

La profundización del modelo kirchnerista revitalizó los mismos problemas que atravesó el país durante la segunda mitad del siglo XX. Las empresas del Estado no fueron administradas eficientemente por ningún Gobierno, y cada vez se hace más necesario la reinstalación del debate por la privatización

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Economía

JP Morgan le suelta la mano a Biden: La financiera pronostica una fuerte recesión en Estados Unidos

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La firma financiera más importante de Estados Unidos cuestionó el diagnóstico optimista del presidente Biden, y asegura que la fortaleza en el gasto de los consumidores no podrá sostenerse, y este era el único factor que hasta ahora limitaba la recesión en el país. 

El CEO de la firma JP Morgan & Chase, Jamie Dimon, advirtió por el deterioro de las condiciones macroeconómicas de Estados Unidos de cara a los primeros trimestres de 2023, en una dura crítica a la política económica de Joe Biden.

El multimillonario hombre de negocios explicó que la actividad sufrirá un impacto recesivo aún más importante del que se registró hasta ahora, y pidió un cambió en el rumbo económico de la Casa Blanca de manera “urgente” para evitar una recesión más profunda.

Se debe tener en cuenta que si bien la economía estadounidense cayó por dos trimestre consecutivos y entró formalmente en recesión, el presidente Biden decidió negar públicamente que el país atraviesa una recesión y se concentró en la evolución de los pocos datos que aún sortean el ambiente recesivo, entre ellos la expansión del consumo privado

Pero el diagnóstico de JP Morgan advierte que, esta vez, ni siquiera el consumo logrará salvarse de la estampida recesiva. Pese al deterioro de los salarios reales desde mediados de 2021, el consumo privado real mantuvo un ligero crecimiento en base al endeudamiento (vía tarjetas de crédito) y la caída en la tasa de ahorro. 

De hecho, en noviembre la tasa de ahorro personal de Estados Unidos cayó al 2,3% sobre la base del ingreso disponible, la cifra más baja desde julio de 2005 y una de las más reducidas desde el comienzo de la serie histórica de datos en 1959. 

Para Jamie Dimon la drástica caída en la tasa de ahorro conforma una señal temprana de recesión, ya que la persistencia de la inflación y el alza en las tasas de interés de los bancos obligarán a los consumidores a agotar completamente todos los ahorros que obtuvieron por los cheques familiares adquiridos en pandemia. 

Cabe recordar que los cheques de estímulo fiscal lanzados entre marzo de 2020 y marzo de 2021 fueron mayormente ahorrados por los consumidores, y no consumidos como se esperaba para “estimular la economía”.

Son activos que los estadounidenses decidieron atesorar para suavizar su consumo en el futuro. Se estima que los ciudadanos de EE.UU tienen hasta 1,5 billones de dólares en sus cuentas bancarias, más del triple de la suma que tenían antes del comienzo de la pandemia. 

Una vez que los consumidores hayan agotado sus posibilidades de endeudamiento con tarjetas de crédito, y hayan hecho uso de sus ahorros por los cheques gubernamentales, la única opción posible será la retracción del consumo, que deberá alinearse con la caída de los salarios reales

“El menor gasto de los consumidores puede descarrilar la economía y causar una recesión leve o dura que preocupa a la gente”, explicó Dimon.

Este efecto es el que teme JP Morgan, y de producirse la economía perdería el último “motor” de crecimiento que hasta ahora mantenía. El consumo privado representa hasta el 60% de la economía estadounidense, por lo que adquiere una relevancia trascendental.

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