Tras la salida de la Convertibilidad en 2002, el poder de compra del peso perdió terreno sistemáticamente. Actualmente un monto por 1.000.000 de pesos solamente es capaz de adquirir 4.566 dólares en el mercado sin intervención.

La emisión de dinero sin respaldo volvió a internalizarse en la política económica argentina desde la salida de la Convertibilidad el 6 de enero de 2002. Año tras año, el poder adquisitivo del peso argentino fue perdiendo terreno tanto en términos de bienes y servicios (inflación), como en relación a otras divisas.

Mientras que en la administración del presidente Carlos Menem era posible adquirir 1.000.000 de dólares por la suma de 1.000.000 de pesos, actualmente solo es posible comprar a duras penas un monto por 4.566 dólares en el mercado paralelo. Estas cifras ponen en evidencia la fuerte devaluación del peso desde 2002 y en adelante.

Aún considerando el tipo de cambio oficial minorista, solamente sería posible adquirir un monto de 9.600 dólares, pero esto se torna casi imposible debido a las fuertes restricciones que impone en cepo cambiario del Banco Central. Además, este valor resulta completamente ficticio pues no tiene en consideración al impuesto PAIS del 30%, ni tampoco la percepción del impuesto a las Ganancias por una alícuota del 35%.

Teniendo en cuenta estos dos impuestos, al valor de corriente del llamado “dólar solidario”, solamente resulta posible adquirir 5.530 dólares con 1.000.000 de pesos. Sea cual sea el criterio que se tome como referencia, la devaluación del peso argentino es una realidad innegable que se produjo tras el abandono de la Convertibilidad.

Bajo la gestión del presidente Eduardo Duhalde la emisión de dinero volvió a financiar el déficit fiscal, y la masiva pesificación de depósitos y deudas privadas provocó una rápida y violenta expansión monetaria.

Más tarde, y pese al fuerte superávit en la administración de Néstor Kirchner, la emisión de papel moneda se destinó a la depreciación artificial del tipo de cambio nominal, pretendiendo así ganar competitividad a costa de reintroducir la inflación en la economía argentina.

Los fuertes desequilibrios fiscales producidos en las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner fueron la piedra angular para consolidar la dominancia fiscal del sector público sobre el accionar del Banco Central. La reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria en 2012 permitió la adopción definitiva de una política monetaria anómala.

Finalmente, bajo la gestión de Mauricio Macri el BCRA no modificó su carta orgánica y las inconsistencias internas del programa económico, marcando una dicotomía entre la política monetaria y la fiscal, terminaron por seguir profundizando el proceso inflacionario.

Sin poder erradicar la dominancia fiscal, las políticas monetarias relativamente restrictivas impulsadas por el macrismo no dieron resultados debido a que los agentes descontaron una mayor emisión futura para financiar al fisco, y simplemente se produjo una drástica contracción de la demanda de pesos desde 2018 precisamente previendo esta situación.

Desde diciembre de 2019 y bajo el liderazgo de Alberto Fernández, no solo se continuó con un marco de fuerte dominancia fiscal, sino que además se descartó cualquier mesura en la emisión de dinero sin respaldo. Las medidas de aislamiento estrangularon la economía y pusieron una suerte de “techo” al proceso inflacionario en 2020, pero esta situación fue meramente temporal y actualmente Argentina enfrenta otra aceleración de la inflación.

En los primeros 15 días del mes de enero, los reclamos por seguros de desempleo registraron la cifra más alta desde octubre del año pasado, marcando una fuerte desaceleración de la recuperación laboral en la economía más importante del mundo.

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reveló que fueron registradas un total de 286.000 solicitudes contra la desocupación hasta la semana que finalizó el 15 de enero. Esto marca un nuevo récord desde octubre de 2021, y supone un freno al rápido rebote del mercado laboral que se venía produciendo desde la segunda mitad del 2020.

Nuevamente, las estimaciones de Bloomberg fallaron por ser exageradamente optimistas, pues se esperaba alcanzar una cifra desestacionalizada en torno a las 225.000 solicitudes. Las proyecciones con exceso de optimismo se producen mes tras mes desde la asunción de Joe Biden, aunque jamás pudieron materializarse en la práctica.

Cabe resaltar que durante la presidencia de Donald Trump ocurría un fenómeno radicalmente opuesto: las proyecciones eran habitualmente pesimistas, pero las cifras oficiales las superaban recurrentemente.

Los datos para enero de 2021 fueron ajustados por estacionalidad, debido a que de esta forma resulta posible comparar entre distintos meses de forma rigurosa. Sin tener en cuenta este ajuste estacional, el número efectivo de personas que solicitaron un seguro por desempleo fue de 337.417 hasta el 15 de enero.

De todas maneras, y aún sin ajuste estacional, la desaceleración del rebote laboral puede observarse también en las proyecciones propias que realizó el Departamento de Trabajo. La estacionalidad característica del mes de enero induce siempre a una fuerte caída de los seguros por desempleo, pero mientras el Gobierno esperaba una caída del 33%, la cifra efectiva llegó a solo el 19,8% con respecto a la semana anterior.

La cantidad de personas que reclamaron su seguro por desocupación aumentó en 55.000 con respecto a la primera semana del mes de enero. La tendencia alcista también puede percibirse si se compara contra los datos de la última semana de diciembre, por lo que la desaceleración laboral ya acumula tres semanas.

La tasa de desocupación de los Estados Unidos volvió a caer por debajo del 4% al término del mes de diciembre, como resultado de la fuerte flexibilidad laboral que existe en ese país y la rápida recuperación económica en “forma de V” desarrollada mayormente en los últimos meses de la gestión de Trump.

Sin embargo, el crecimiento del fenómeno inflacionario se perfila como el principal problema económico que actualmente enfrenta la economía estadounidense. La administración de Biden aún no dio respuestas contundentes y, como ocurre con el poder adquisitivo, la inflación también erosiona poco a poco la imagen política del Presidente.

Dentro de los siguientes nueve días vencen alrededor de 1.100 millones de dólares y el Central se podría quedar casi sin reservas líquidas. Aumentan los rumores de un default con el Fondo.

Para el viernes próximo Argentina tendrá que pagar 719 millones de dólares al FMI y tres días después serán otros 369 millones de dólares. Este será el último pago que Argentina pueda hacerle al Fondo con las reservas que se encuentran en el Banco Central para poder continuar con la negociación sin entrar en atrasos. El ministro Guzmán insiste ante la prensa internacional en que necesita más tiempo para llegar a un acuerdo.

Además aumentan las especulaciones que el Gobierno podría no pagar para no perder los últimos 1100 millones de dólares que le quedan de reservas líquidas. Al fin y al cabo, esa suma es algo más del doble que las reservas que el Banco Central perdió en la primera mitad de enero y en febrero se deben pagar 195 millones de dólares de intereses al Club de París.

Dentro del oficialismo hay quienes creen que debería necesario mostrarse duros y dejar de pagar para enviar una señal de intransigencia frente a la exigencia de un ajuste recesivo, mientras que en el entorno del ministro niegan que patear el tablero a altura de las negociaciones esté en los planes de Guzmán.

Por otro lado, en Economía insisten en que, si bien hay tensión, se debe mantener la cordialidad con los técnicos del staff del FMI. Y enfatizan que los avances son lentos, pero los hay y habrá que continuar con la negociación.

La diferencia entre pagar y no pagar no es solamente contable en materia de reservas internacionales, sino de tiempos. Dejar de pagar casi 1.100 millones de dólares implica adelantar dos meses el ingreso formal en atrasos con el Fondo, que se concretaría entonces a finales de julio y no a finales de septiembre. Al fin y al cabo el siguiente vencimiento no es sino hasta el 21 de marzo. Con eso conseguiría comprar algo más de un mes de reservas, aunque la aceleración de la demanda de divisas puede volverlo incluso un período más corto.

No necesariamente entrar en impagos implica el fin de las negociaciones, de hecho en general los países que entraron en atrasos continuaron negociando y solo fueron un puñado los que llegaron a los seis meses, a la fecha límite de los “protracted arrears”, es decir de los atrasos que el Fondo Monetario no puede volver a financiar.

Con depósitos bancarios del sector privado de casi 8 billones de pesos con tasas de interés para los plazos fijos de 3,25% mensual sensiblemente menores a la inflación esperada para comienzos de año, un desarme de depósitos puede rápidamente presionar sobre la brecha cambiaria y volverse contra las reservas incluso sin que el Banco Central destine divisas a los mercados bursátiles.