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Economía

Guzmán no cede y se complica el canje de la deuda: se para firme en una quita del 50%

El ministro Guzmán, que desde que asumió se está encargando más del tema deuda que de la economía de todos los argentinos, se para firme en su propuesta de una quita de 50% del capital prestado, a pesar de haber llevado al país a su noveno default.

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En lo que parece ser la coronación definitiva del inevitable fracaso económico del kirchnerismo, el ministro Guzmán le ha puesto un límite técnico (al parecer, inquebrantable) a su propuesta con los acreedores: no está dispuesto a mejorar la oferta de 50 centavos por dólar al considerar que los pedidos de los tenedores de bonos son “ampliamente inconsistentes”

Esto quiere decir que la única solución a la deuda que el gobierno argentino está dispuesto a tomar es que los acreedores le “perdonen” el 50% de toda la plata prestada.

Esto se produjo en un contexto en donde el gobierno no renovó los acuerdos de confidencialidad, haciendo públicas las últimas contrapropuestas que los principales fondos acreedores le presentaron. 

De esta manera, Martín Guzmán ha fijado su oferta final a los bonistas – la cual difiere mucho de sus pretensiones – en un valor presente neto de 50 centavos por dólar de deuda emitido, adicionando un cupón atado a las exportaciones agropecuarias. Recordemos que la eventual decisión al respecto de dicha propuesta tendrá al día viernes como fecha de término. 

Los acreedores, a su vez, también fueron definitivos respecto de sus contraofertas en lo referido a un alivio de intereses de deuda de US$ 40.000 millones hasta el año 2028

Por su parte, Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, manifestó su descontento con el presidente Fernández y lo responsabilizó por el fracaso de las negociaciones, asegurando que está dispuesto a litigar contra la Argentina y llevar la demanda judicial a un “hard default”

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La propuesta del grupo Ad Hoc (que incluye fondos como Ashmore o BlackRock) pretende que los cupones de la deuda argentina lleguen al 5,75% anual en dólares, en detrimento con el 5% máximo que Martín Guzmán está dispuesto a ofrecer. 

En adición, demandan el establecimiento de un mecanismo de auto-regulación en el caso de un futuro endeudamiento argentino, en cuyo caso el país debería destinar al menos la mitad del nuevo capital exclusivamente al pago de la deuda ya existente (mecanismo denominado “roll over”), con el fin de garantizar el cobro y evitar, también así, nuevos episodios de aceleración de deuda externa

El conjunto de acreedores del canje 2005-2010, con otros bonistas, manifestaron su intención de que la contraoferta contemple también un cupón atado al PBI, cuya diferencia entre su oferta y la propuesta del gobierno fue de aproximadamente el 1,5% del PBI distribuido en la próxima década y otro 1% del PBI de 2031 a 2040.

De esta manera, el gobierno K estaría obligado a cumplir su promesa de que si el país crece, se pagará la deuda.

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A pesar de considerar que los datos de exportación de la Argentina son más transparentes que las cifras de su Producto Bruto Interno, esto no significa que no se demande dicha petición, sobre todo por el grupo de bonistas que encabeza Gramercy. En este contexto, tanto el gobierno como los acreedores coinciden en que se tomen como referencia los últimos cinco años de exportaciones para decidir si se dispara o no el pago de dicho cupón. 

El desacuerdo radica en que, para los tenedores de bonos, deben tomarse como línea base la exportaciones del año 2020 creciendo al 1% anual (lo que rondaría en US$ 47.000 millones), mientras que para el gobierno el punto de partida debe ser los US$ 67.200 millones (70% superior) con un incremento anual del 3%. En caso de que las exportaciones superasen dichos pisos, el Gobierno pagaría el 0.75% sobre el excedente, pero la intención de los acreedores es que vaya del 1% al 2.5% dependiendo de la magnitud del excedente. 

El gobierno espera para el día viernes una decisión por parte de los diferentes fondos en un contexto protagonizado por la incertidumbre y los devastadores efectos que el virus chino han provocado en la economía local, teniendo que lidiar no sólo con las negociaciones de la deuda soberana sino también con el incremento del desempleo, la desaparición de las empresas locales y la progresiva retirada de inversiones y empresas internacionales. 

La situación económica es absolutamente desesperante y un default total condenaría a la Argentina a la incapacidad de cualquier tipo de crecimiento económico, debido a la imposibilidad de acceder al crédito internacional conjuntamente con la estrepitosa caída de la actividad productiva. 

Se somete al país a un continuo de estanflación y deterioro social, producto de las decisiones heterodoxas del gobierno kirchnerista. Nada parece haber cambiado, “volvían mejores”, mejores a la hora de llevar a cabo las mismas políticas del kirchnerismo clásico revanchista y socialista.

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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Economía

Frenazo de la economía China: el banco central rebaja la tasa de interés por miedo a una recesión

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La economía china muestra resultados cada vez más insuficientes en el comercio minorista. El tambaleo de la burbuja inmobiliaria se esparce por toda la economía del gigante asiático.

Los resultados económicos de China volvieron a ser decepcionantes para los estándares de crecimiento que normalmente acostumbraba tener el país asiático en los últimos años. La economía china creció solamente un 4% anual en el cuarto trimestre del 2021, el resultado más bajo desde 1990.

Pero los datos mensuales revelan una desaceleración aún mayor. Las ventas minoristas en China, que reflejan una enorme proporción de la economía, dejaron de crecer en noviembre y cayeron un 0,2% en el mes de diciembre.

En comparación con diciembre de 2020, las ventas minoristas de China rebotaron un 12,5% de acuerdo a la serie original del índice, pero se trata de un mero efecto de arrastre estadístico después de haber registrado una brutal caída en 2020.

La industria manufacturera también registró un fuerte enfriamiento en el ritmo del crecimiento mensual, un fenómeno que se acrecentó especialmente entre julio y septiembre del año pasado. La industria china creció un 3,8% anual en diciembre de 2021, cuando en 2019 mantenía tasas superiores al 6% anual.

Ante la evidente desaceleración de la economía, el Banco Central de China decidió recortar las tasas de interés de la política monetaria, con el objetivo de estimular la economía vía liquidez y más endeudamiento.

El temor detrás de las medidas es el surgimiento de una recesión después del desplome en las ventas del mercado inmobiliario y los problemas financieros de Evergrande. El objetivo de la autoridad monetaria china es evitar una mayor expansión de la recesión sobre cada vez más sectores de la economía.

Aún sin recesión, la desaceleración de la economía china supone un gran problema para el actual esquema de política económica bajo el liderazgo del dictador Xi Jinping. En su gestión, la deuda pública de China pasó de representar el 37% del PBI en 2013 hasta llegar al 66,8% en 2020. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 2% del PBI al 4,2% en 2018, y 3,7% del PBI en 2020.

La política fiscal desequilibrada de Xi Jinping se tornaría mucho más explosiva e insostenible si China finalmente pierde el crecimiento económico que mantuvo en los últimos años y sigue enfriando su ritmo de expansión.

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