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Economía

Guzmán, sobre la deuda: descartó una devaluación y pidió terminar con la dependencia del FMI

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El ministro de Economía aseguró que se está trabajando para llegar a un acuerdo de reestructuración del crédito por US$ 45.000 millones.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló sobre aseguró el crédito por US$ 45.000 millones que el gobierno conducido por Mauricio Macri selló con Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario considero que “que esté el FMI en la Argentina es un gran problema”. Además dijo que “acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía”, y que se está trabajando para llegar a un acuerdo de reestructuración en el cual el principio de soberanía económica sea “absolutamente innegociable”.

Al respecto, recordó que el exdirector por Estados Unidos en el FMI (Mauricio Clave Carone) en aquel entonces reconoció públicamente que aquel programa fue un “apoyo político” a su campaña electoral y que es “ahora el pueblo argentinos el que lo está pagando”.

“Nosotros estamos tratando de refinanciar esa deuda en cuotas, de modo que que no impida el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo”, apuntó Guzmán este domingo sobre las negociaciones que se están llevando con el organismo, en el marco de un panel titulado “Cómo salir de la trampa de la deuda eterna” del que participaron el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el economista y exministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Andrés Arauz.

Guzmán: «Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía» |  Diario Primera Linea

“Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía. Que esté el FMI en la Argentina es un gran problema desde la construcción de la política económica desde la soberanía. Por eso negociamos una solución de una forma que ese principio sea absolutamente innegociable”, señaló el funcionario.

Guzmán recordó las dificultades que debió atravesar el Gobierno actual para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con lo acreedores privados en 2020, dado que “cuando uno negocia con Wall Street está negociando con los acreedores más poderosos del mundo”.

“Hay un campo muy complicado donde lo que abunda es el lobby y se ve todo el tiempo en al comunicación pública. Todo el mundo está empujando al acuerdo rápido a cualquier valor, que busca asustar y que contribuye a que los acuerdos no sean buenos”, afirmó.

En ese sentido, dijo que gracias a resistir las presiones se pudo alcanzar un acuerdo “sano” para el país que le permitió ahorrar unos US$ 35.000 millones en el plazo de 10 años, además de un recorte de capital de casi el 2%.

De cara a lo que se está negociando con el organismo internacional, Guzmán aseveró que “el problema de la balanza de pagos hoy es el FMI y lo trajo Macri” y que, para saldar ese problema, “estamos buscando un acuerdo sobre nuestra programación económica”.

“Buscamos un acuerdo que a la larga sea sostenible. Ahora, es tan grande la deuda que va a llevar distintos pasos poder ir resolviendo este problema”, destacó.

Y se preguntó: “¿Se puede patear el tablero? ¿Decir la deuda se acabó, fuera el FMI? Hay que entender que el rival también juega y estamos hablando de una relación entre un Estado nación y el resto de los estados nación del mundo, de la integración de la Argentina al mundo, que favorezca las oportunidades de desarrollo de nuestra economía real”.

“Un mal acuerdo, que socave las posibilidades del pueblo argentino y que le generen un problema de credibilidad al Estado sería lo que le pasó al gobierno de Juntos por el Cambio. Hubo tanto optimismo en 2016 en parte del mundo que después, con el colapso del modelo económico, la decepción fue proporcional al daño que le provocó al pueblo argentino”, dijo Guzmán.

Sobre el cierre de su exposición, Guzmán recordó que “el Gobierno conduce pero es importante que los distintos sectores del poder económico acepten la premisa de nuestro gobierno de buscar un acuerdo que funcione, no cualquier acuerdo”.

Economía

El Gobierno destinará 400 millones de dólares en el gasoducto de Vaca Muerta, sin financiamiento internacional

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Alberto Fernández dio el visto bueno para la ampliación presupuestaria que permite girar US$ 400 millones del Tesoro a la construcción del nuevo gasoducto, pero no habrá financiación internacional debido a la pésima reputación del kirchnerismo.

En una reunión con el secretario de Energía, Darío Martínez, el presidente Fernández decidió ampliar el presupuesto y girar US$ 400 millones desde el Tesoro para comenzar la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. El gasoducto será bautizado como “Presidente Néstor Kirchner”, siguiendo así la vieja manía de bautizar con “Kirchner” a todos los proyectos que hace el gobierno kirchnerista.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, poco y nada pudo hacer para llevar confianza al exterior en representación del Gobierno argentino. La pésima reputación del kirchnerismo sentenció al país a quedarse sin financiamiento internacional, y la obra deberá costearse enteramente con recursos propios en un momento delicado para el mercado cambiario.

La gran abundancia de dólares en el mundo, a bajos tipos de interés, no podrá ser de ninguna forma utilizada por la Argentina para financiar proyectos estratégicos como la ampliación de la infraestructura energética.

La mayor parte de los países en el mundo obtuvieron una enorme cantidad de recursos en concepto de crédito a baja tasa de interés y esta dinámica no estuvo solamente presente en los desarrollados, muchos países de la región latinoamericana como Chile, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay también consiguieron acceso al financiamiento internacional. Argentina se ve renegada junto con Venezuela.

Aun así, el Gobierno decidió utilizar los pocos recursos que le quedan para comenzar las obras, buscando relanzar nuevamente el potencial de Vaca Muerta. El gran aumento de la producción petrolera, levemente interrumpido por la pandemia, responde al ordenamiento realizado desde 2016 sobre la producción de hidrocarburos no convencionales.

El gasoducto de Vaca Muerta busca canalizar el aumento de la producción energética para poderla distribuir exitosamente. En la actualidad, y a pesar de que aumenta la capacidad productiva, no es posible comercializar la totalidad del petróleo y el gas extraídos. El proyecto busca esencialmente resolver este problema de distribución.

Se busca también generar la capacidad técnica para poder exportar hidrocarburos, especialmente al mercado de Brasil por su enorme tamaño y dinamismo. Sin embargo, las políticas del kirchnerismo provocaron la dependencia energética y el fin del saldo exportador positivo desde mediados del 2005, una posición que aún no logra ser revertida por completo.

Si bien la producción de petróleo aumentó levemente tras haberse derrumbado en la pandemia, los niveles actuales son un 41,2% inferiores a los que había en 1998, el máximo histórico registrado para la producción petrolera argentina.

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Economía

Impuestazo del kirchnerismo: la Ley de Envases podría provocar un alza de casi 5% en los alimentos

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El oficialismo pretende lanzar una Ley de Envases con un fuerte impuesto implícito sobre los alimentos envasados. El impacto social de las medidas equivaldría a subir el IVA del 21 al 24% y afectará especialmente a las familias de más bajos ingresos.

El proyecto del kirchnerismo para sancionar una nueva Ley de Envases ya cosechó un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad. La ley busca introducir un tributo sobre una amplia canasta de alimentos envasados, buscando desalentar su consumo y favoreciendo la “agenda verde” del Gobierno.

Se estima que solamente esta medida provocaría un aumento del 4,6% sobre el promedio de los productos alcanzados, según asegura el economista Fausto Spotorno. De producirse este escenario, y considerando el nivel de inflación mensual, prácticamente se conseguiría añadir un mes extra de inflación para los productos envasados sujetos al impuesto.

Tradicionalmente, y como es de esperar, los impuestos sobre los productores se trasladan en mayor o menor medida a los consumidores. La parte que recaerá sobre los productores desalentará la producción y la oferta, mientras que la penalización sobre los consumidores finales desalentará la demanda.

El resultado de las medidas será que los productos se volverán menos accesibles, especialmente para las familias de bajos ingresos que destinan la mayor parte de su consumo a la compra de alimentos. La Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep) es abiertamente regresiva y anti-productiva.

Por otro lado, este tributo generará un fuerte desincentivo para la inversión. Considerando que la inversión bruta interna fija del país no alcanza ni siquiera para compensar la reposición del capital, un intento tributario en contra de la inversión parece algo completamente descabellado.

El efecto del aumento tributario es similar a lo que ocurriría si el IVA fuera aumentado del 21% al 24%, en torno a los productos alcanzados por la Tarep. Lejos de ser un proyecto solamente “ecologista”, la ley persigue un claro objetivo recaudatorio que acompaña al ajuste fiscal por el lado de los ingresos que preparan Martín Guzmán y Alberto Fernández.

El economista Fausto Spotorno estima que la medida podría aspirar a recaudar hasta $426.000 millones, una cifra extraordinariamente alta. Estos recursos serían transferidos en un 85% al Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), un 10% al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y todo lo restante quedará para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Se espera que, tal y como está planteado el proyecto en el Congreso, sea de muy difícil aprobación incluso dentro del propio bloque del oficialismo si no se proponen cambios sobre la tasa a los alimentos.

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Economía

En respuesta al alza de precios, Estados Unidos utilizará 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas

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En medio del alza de precios más intensa en 30 años, el gobierno de Biden anunció el uso de las reservas estratégicas de petróleo, en un intento por contener los precios de los combustibles.

El presidente Joe Biden anunció que el Estado federal dispondrá de 50 millones de barriles de petróleo contenidos en las reservas estratégicas del país, que se guardan para catástrofes naturales o situaciones de guerra. Estados Unidos enfrenta el alza inflacionaria más alta desde 1990, y los aumentos se tornan más violentos en el rubro energético y de transporte.

La administración demócrata buscará generar un paliativo para el nivel de los precios energéticos, aunque la medida va en contra de su propia agenda “ecologista” que pretende encarecer los precios para energías provenientes del combustible fósil acosta de los contribuyentes.

La liberación de los barriles de petróleo constituye, además, una política coordinada a nivel global con el objetivo de evitar una mayor disparada de los precios energéticos. Medidas similares serán aplicadas en China, India, Reino Unido y Corea del Sur.

Además, la agenda de Biden avanza con presionar a la OPEC para que también aumente su oferta de petróleo. La política energética de Biden carece de sentido, pues tan solo horas después de su asunción, el Presidente dedicó todos sus esfuerzos por cancelar la construcción del Oleoducto XL Keystone, y volvió a instaurar decenas de regulaciones que habían sido eliminadas por Trump.

Las medidas en contra de la producción petrolera junto el actual incentivo activo a la oferta de hidrocarburos parecen completamente contradictorias.

Por su parte, si bien estas medidas constituyen un paliativo temporal para los precios de las tarifas públicas familiares, lo cierto es que no se han tomado mayores medidas contra la inflación, el principal problema económico que enfrenta hoy en día Estados Unidos.

El Gobierno demócrata aseguraba en los primeros meses del año que la inflación sería simplemente un fenómeno transitorio que compensaría a corregirse en el segundo semestre. Sin embargo, el índice de precios no solo no se corrigió, sino que comenzó a acelerarse en septiembre y octubre. La inflación interanual llegó al 6,2% en octubre, y solamente en ese mes los precios subieron un 0,9%.

El economista e histórico funcionario demócrata, Larry Summers, cuestionó la excesiva pasividad del Gobierno y aseguró que se está subestimando el peligro potencial que podría generar la inflación en la economía.

En la misma dirección, el premio Nobel de economía Robert Barro advirtió que, de no aplicar políticas correctivas sobre la inflación, se corre el peligro de dilapidar la reputación generada por la “Regla de Volcker”, una suerte de ancla nominal sobre las expectativas que logró consolidarse a lo largo de 3 décadas sin mayores sobresaltos.

Biden continúa insistiendo en su programa de infraestructura como una respuesta ante la escalada de precios. Según explicó el Presidente en reiteradas oportunidades, su programa reducirá los “cuellos de botella” que erróneamente responsabiliza por toda la inflación actual.

El economista y ex asesor de Ronald Reagan, Steve Hanke, se pronunció abiertamente en contra de las explicaciones de Biden y lo culpó por su falta de acción.

Hanke explicó que la inflación se debe al enorme crecimiento de la oferta monetaria con la llegada de la pandemia, bajo el liderazgo de Jerome Powell en la Reserva Federal.

A su vez, las políticas fiscales expansivas que se impulsan desde el Gobierno federal solo agregaron incluso más presión sobre los precios.

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