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Brasil

Con la suba del impuesto a los combustibles, en 6 meses Lula ya emitió siete decretos para subir impuestos en Brasil

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El socialismo ratificó el aumento del impuesto federal al combustible a partir de este jueves, y con esta última medida ya se acumulan 7 normativas que suben la presión impositiva en desmedro de las familias y las empresas.

El Gobierno socialista de Lula da Silva confirmó la aplicación de un nuevo aumento impositivo que regirá en todo el país: A partir del día de hoy entra nuevamente en vigencia el impuesto federal a los combustibles, aplicable sobre las tarifas de gasoil y etanol en todas las estaciones de servicio de Brasil.

Con la nueva normativa, las tarifas van a sufrir un aumento promedio por R$ 0,22. Se trata de la reintroducción del Impuesto del Programa de Integración Social (PIS), la Contribución de Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) y la Contribución de intervención en el ámbito económico (CIDE). Todas estas tasas impositivas habían sido eliminadas durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro.

Se estima que el impacto fiscal de las medidas supondrá un aumento recaudatorio por R$ 28.000 millones para diciembre de 2023. Constituye un severo golpe al bolsillo de la clase media brasileña.

Con esta medida impositiva, el socialismo brasileño ya acumula hasta 7 disposiciones diseñadas para aumentar la presión fiscal en compensación por el sideral aumento programado en el gasto público. El ministro Fernando Haddad prepara un verdadero hachazo fiscal para evitar un mayor desequilibrio en las finanzas del Estado, pero hacerlo genera costos en materia de actividad.

Una de las primeras medidas del oficialismo fue la reversión de las tasas PIS y COFINS aplicables sobre los ingresos de capital de grandes empresas. Lula anuló completamente los decretos que había formado Bolsonaro en diciembre del año 2022, por medio del cuál la alícuota del PIS se rebajaba del 0,65% al 0,33% y la tasa COFINS caída del 4% al 2% respectivamente. Lula volvió a duplicar estos impuestos solo en su primer mes de gestión. Se proyecta un aumento recaudatorio de entre 4.400 y 5.800 millones de reales.

Por otra parte, para el período marzo-junio el Gobierno impuso retenciones para la exportación de petróleo crudo con una tasa ad-valorem del 9,2%. Este impuesto tiene vigencia hasta este viernes, pero no se descarta una posible extensión ya que el Gobierno no está dispuesto a resignar los 6.600 millones de reales calculados en recaudación.

Haddad anunció la introducción de más impuestos aplicables a las apuestas deportivas electrónicas con una tasa del 15%, formalmente sobre los denominados Ingresos Brutos del Juego (RBR por sus siglas en portugués). La previsión de recaudación de este tributo oscila entre los 12.000 y hasta 15.000 millones de reales (una cifra verdaderamente ambiciosa),  pero todavía resta convenir su entrada en vigencia.

El ministro de Hacienda informó, además, que el Gobierno estudia la eliminación de las exenciones impositivas sobre la tributación de remesas de hasta US$ 50 entre personas. Esto afectaría principalmente a las compras en plataformas como Shein, Shopee y AliExpress, y podría derivar en aumentos de hasta el 60% para bienes que hasta ahora no se veían alcanzados por aranceles.

Próximamente se eliminarán las extensiones sobre beneficios fiscales aplicables para el pago a cuenta del impuesto a la renta de sociedades y las contribuciones a la seguridad social (CSLL), una medida que entrará en vigencia cuando lo disponga el Supremo Tribunal Federal.

La ampliación de la base imponible podría significar una recaudación adicional por 90.000 millones de reales en detrimento de la iniciativa privada. Finalmente, una de las medidas también programadas para su futuro lanzamiento es la eliminación del llamado “interés sobre el capital propio”, una forma legal de distribución de utilidades que hasta ahora tenían las empresas en Brasil. 

Por medio de este mecanismo, las empresas podían reducir la base imponible del impuesto de sociedades y las contribuciones patronales, y esta alternativa será completamente desarticulada. 

Brasil

Lula lleva al déficit fiscal de Brasil al segundo nivel más alto de la historia, solo por detrás de la pandemia

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Es el nivel más elevado registrado para cualquier administración con la sola excepción del período de emergencia sanitaria acontecido entre 2020 y 2021. Las arcas públicas brasileñas fueron completamente desequilibradas por el programa económico del socialismo, abandonando cualquier atisbo de moderación política.

La administración del presidente Lula da Silva convalidó abiertamente un importante giro hacia la izquierda extremista, muy a diferencia de lo que ocurrió durante sus primeras dos presidencias. El socialismo abandonó toda la moderación que aparentaba tener durante la campaña electoral del 2022, traicionando nuevamente al electorado brasileño.

Las finanzas públicas del Gobierno federal fueron completamente desequilibradas en cuestión de unos pocos meses. El déficit financiero ascendió a los R$ 41.325 millones de reales al término del mes de abril, y alcanzó un récord histórico de hasta R$ 182.995 millones en diciembre del año pasado.

Asimismo, el resultado acumulado de los últimos 12 meses marcó un déficit financiero en torno a los R$ 843.315 millones. Nunca antes se había visto algo así con la sola excepción del período de pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y cuarentenas organizadas por los Estados locales.

El déficit fiscal expresado en millones de reales corrientes acumuló un crecimiento del 92,1% entre enero de 2023 y abril de 2024, prácticamente se duplicó en los primeros 16 meses de gestión de la izquierda brasileña.

En otras palabras, la política fiscal del Gobierno de Lula provocó un daño a las finanzas públicas que es perfectamente comparable con el que aconteció durante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años

El Gobierno de Lula asumió la dirección de Brasil con un superávit primario que representaba el 0,56% del PBI en enero de 2023. En el mismo mes, el resultado financiero marcaba un rojo equivalente al 4,32% del PBI respectivamente.

Pero al cabo de 15 meses de administración socialista, el resultado primario se convirtió en un déficit que superó el 2,5% del PBI en abril de 2024, mientras que el déficit financiero se profundizó aún más hasta llegar a los 7,6 puntos del producto bruto. Prácticamente la totalidad del esfuerzo fiscal del Gobierno anterior fue dilapidado rápidamente por la nueva administración.

Todo esto responde a una agresiva estrategia expansiva desde el punto de vista de las erogaciones, mientras que desde el punto de vista de la recaudación los nuevos impuestos establecidos desde 2023 no representaron ninguna ganancia significativa para las arcas del Estado federal.

La pésima situación fiscal en Brasil está presionando por un nuevo deterioro de las cuentas externas y el déficit de cuenta corriente (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país). La principal vía de financiamiento del déficit fiscal es el endeudamiento, tanto interno (limitando el crédito al sector privado) como externo (agudizando el desequilibrio de cuenta corriente).

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Se profundiza la dictadura en Brasil: Alexandre de Moraes ordenó una nueva ronda de arrestos de más de 200 opositores

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Moraes ordenó a la Policía Federal detener a 208 opositores del gobierno de Lula, investigados por "actos extremistas" que incumplieron medidas cautelares.

El juez de la Corte Suprema de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenó este jueves 6 de junio la detención de 208 personas que son militantes, periodistas, empresarios o dirigentes políticos opositores al régimen de Lula da Silva.

La operación fue ejecutada por la Policía Federal (PF), que responde directamente a Moraes, quien se ha convertido en juez, jurado y verdugo en la causa que investiga los supuestos "actos extremistas del 8 de enero por incumplimiento de medidas cautelares".

De esta manera, Moraes lanzó la "Operación Lesa Pátria", cuyo objetivo es detener a extremistas, dirigentes políticos, instigadores y financistas en ojos del Tribunal Supremo sobre la masiva manifestación que ocurrió en las puertas del Capitolio el 8 de enero del 2023.

Videos que circulan en internet muestran el momento en el que algunos de los objetivos del operativo reciben a los agentes en sus casas. Entre los detenidos se encuentran el coronel de la Policía Militar del Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto, quien era responsable del sector que planificaba la seguridad de la Esplanada dos Ministérios el día de los hechos.

Además de él, fueron detenidos: el capitán Josiel Pereira César; el mayor Flávio Silvestre de Alencar; y el Teniente Rafael Pereira Martins, a quienes se los acusa de respaldar ideológicamente las protestas del 8 de enero.

También detuvieron al ex presidente de la Cámara de Gerentes de Tiendas de Rio Verde, Lucimário Benedito Camargo, conocido como "Mário Furacão". En Rondônia también fue detenido el ex candidato a diputado estatal William Ferreira da Silva, aliado de Bolsonaro.

Objetivo mayor: Aliados de Bolsonaro

Entre los principales objetivos de las detenciones ilegales de Moraes, se encuentran aliados y familiares del ex presidente. El sobrino de Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, fue detenido al mismo tiempo que detuvieron al general de reserva Ridauto Lúcio Fernandes, quien fe director del Departamento de Logística del Ministerio de Salud, en 2021.

La PF también arrestó a un pastor y a un cantante de gospel amigos de Bolsonaro, sospechosos de promover el “Festival Selma”, una protesta religiosa en contra de la presidencia de Lula.

Además, los agentes federales ejecutaron una orden de registro e incautación contra Milton de Oliveira Júnior, un propietario de una emisora ​​de radio antiguamente afiliada al medio bolsonarista Jovem Pan en la ciudad de São Paulo.

Por último, fue detenido el mayor de reserva de la Policía Militar del Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos, de 49 años. Fue acusado de gestionar dinero para financiar actos políticos para Bolsonaro.

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El Amazonas brasileño registra un récord histórico de incendios forestales y Lula ya no puede culpar a Bolsonaro

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Con más de 12.000 kilómetros de superficie de selva amazónica calcinada, la administración de Lula Da Silva consigue un nuevo récord de incendios, contradiciendo todo lo que dijo en campaña.

La selva amazónica brasileña ha batido el récord de incendios registrados en el primer cuatrimestre del año 2024, con más de 12.000 kilómetros cuadrados quemados, según datos divulgados el pasado viernes por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Estos datos indican que la superficie de selva amazónica calcinada por los incendios entre enero y abril es la mayor registrada para este período en toda la historia. Además, en febrero de este año, la Amazonia brasileña registró casi 3.000 incendios forestales, el mayor número para este mes desde que comenzaron los registros en 1999.

El INPE informó que sus satélites detectaron 2.940 incendios solo en ese mes, un 67 % más que el máximo anterior de 1.761 registrado en febrero de 2007 y cuatro veces más que en el mismo mes del año pasado.

Mientras que antes se acusaba a la “mala gestión” de Jair Bolsonaro, quien ya no está en el poder, ahora los "expertos" señalan al “cambio climático” y la sequía como los principales factores detrás del aumento de incendios, a pesar de que Lula lanzó fuertes medidas en favor de la reducción de la huella de carbono, que obviamente no tuvieron efecto.

Durante el año electoral de 2022, figuras como Leonardo Di Caprio y Mark Ruffalo, así como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entraron en el debate justo cuando se estaban por definir las elecciones entre Bolsonaro y Lula da Silva.

En ese período, los incendios en la Amazonia brasileña atrajeron la atención mundial sobre la gestión de Bolsonaro y su manejo del medio ambiente. Políticos, actores y activistas de todo el mundo acusaron a Bolsonaro de ser responsable de los incendios por sus políticas de tala de árboles, pero ahora éstas han sido frenadas por Lula y los incendios continúan.

El propio Bolsonaro logró comprobar que agrupaciones ambientalistas estaban exacerbando el problema con fines políticos e incluso sugirió que podrían haber iniciado los incendios. Posteriormente, varios de los implicados fueron detenidos.

En noviembre de 2019, Bolsonaro publicó en sus redes sociales un extracto de un noticiero que mostraba la detención de activistas climáticos vinculados a los incendios, comentando: "En octubre, declaré que muchos incendios podrían estar relacionados con las ONG. Ahora la policía de Pará arresta a algunos sospechosos por el crimen".

Por otro lado, el izquierdista Lula da Silva, en su primer periodo presidencial (2003-2007), destacaba sus logros en materia ambiental. Sin embargo, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) presentó datos que contradecían estas afirmaciones, indicando que en 2019 los incendios forestales en el país estaban en su punto más bajo en 17 años.

Al revisar los gráficos, quedó claro que la mayor cantidad de incendios en Brasil ocurrió durante la administración de Lula, pero ni en ese entonces ni ahora se ha observado a activistas climáticos realizando lobby en su contra, como si lo hacían con Bolsonaro.

En cuanto a la deforestación en la era de Bolsonaro, los datos presentan una perspectiva diferente al relato comúnmente difundido por la izquierda. Según el científico ambiental Michael Shellenberger, en un artículo de 2019 para la revista Forbes, la deforestación en la Amazonía brasileña disminuyó drásticamente en los últimos 15 años, permaneciendo en una cuarta parte de su pico de 2004 cuando el presidente de Brasil era Lula da Silva.

Durante la gestión de Bolsonaro, el gobierno brasileño estableció el Consejo Nacional de la Amazonía Legal, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos integrados para la protección, preservación y desarrollo sostenible de la selva amazónica.

Promulgado en abril de 2021, el Plan Amazonía 2021/22 estableció lineamientos estrictos para monitorear y combatir la deforestación ilegal, los incendios y otros delitos ambientales y territoriales en la selva amazónica. El 10 de junio de ese mismo año, el gobierno brasileño desplegó una “Fuerza Nacional” en la región para enfrentar el narcotráfico y los delitos ambientales organizados.

Gracias a estas acciones coordinadas del gobierno de Bolsonaro, se logró una disminución en el número de alertas de deforestación en Brasil y también se redujo el número de incendios forestales.

Ahora que el fuego en la Amazonia está en su punto más alto, la atención se ha desplazado de la gestión ambiental de Lula da Silva hacia la preocupación por el “cambio climático”, en un intento de ocultar el desastre ambiental del actual gobierno brasileño.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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