Siguiendo el ejemplo de la década del 90, el oficialismo prepara un paquete de concesiones para impulsar la inversión hidroeléctrica en todo el país, abriendo la posibilidad de inversión para actores nacionales y extranjeros.
La administración del Presidente Javier Milei vuelve a poner el eje en la concesión y privatización de los servicios públicos, desarmando la idea del “Estado empresario” que tanta ineficiencia generó en la historia del país.
En el corto plazo, el oficialismo resolvió ampliar por 1 año las concesiones sobre las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, que de otro modo hubieran pasado a manos del Estado (el cual no está en condiciones ni técnicas ni financieras para poder hacerse cargo).
Esta decisión le da más tiempo al Gobierno para hacer un amplio llamado a licitación, un amplio concurso en el cual podrán participar tanto firmas nacionales como internacionales para hacerse cargo de la explotación de los servicios.
No solo se ofrece la garantía de inversión prevista por el RIGI debidamente aprobado por el Congreso, sino que además se busca extender los contratos de concesión por otros 30 años, de igual forma en que se hizo durante la primera privatización llevada a cabo en el Gobierno de Carlos Menem.
De hecho, el propio secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, proveyó de su amplia experiencia en materia energética como funcionario del menemismo y de aquel proceso de transformación que atravesó el país.
La administración privada de los servicios, en un marco respetuoso con los derechos de propiedad y el incentivo a la inversión, permitirá evitar el proceso de descapitalización que hubiese acontecido con la estatización del sector, una maniobra que intentó ejecutar el exministro de Economía Sergio Massa en los últimos meses de su gestión.
El control definitivo del sector privado sobre estas centrales hidroeléctricas es sumamente relevante, ya que en su conjunto alcanzan a representar hasta el 15% de toda la generación de energía del país.
Evitar la obsolescencia del capital es una prioridad fundamental para combatir la falta de energía, un fenómeno que aqueja a la población especialmente durante los períodos de altas temperaturas.
