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Economía

Impuestazo de Joe Biden: los demócratas apuntan directamente a las empresas y a la clase media

Con apoyo en la Cámara de Representantes y en el Senado, los demócratas tienen vía libre para implementar grandes aumentos impositivos. La Tax Foundation estima un duro impacto recesivo de estas políticas en el largo plazo.

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Acorde a sus promesas de campaña, una de las primeras leyes que Joe Biden enviará al Congreso es un nuevo aumento impositivo en los Estados Unidos.

El programa fiscal patrocinado por el Partido Demócrata tendría la mira puesta en las ganancias de capital y la actividad empresarial, según explicó la Tax Foundation.

En otras palabras, buscarán gravar fuertemente a las empresas y a los margenes que obtienen las empresas. Mientras el recorte impositivo del Presidente Trump había apuntado directamente en bajar las cargas en las empresas para frenar cualquier suba de precios y caída de salarios, los demócratas han elegido el camino inverso.

Por su parte, Biden había prometido en campaña no gravar los ingresos de la “clase media” y los estratos más bajos, cuyas alícuotas habían sido reducidas en la reforma fiscal de Trump en 2017. En cambio, planteó la posibilidad de elevar fuertemente los impuestos para las ganancias anuales para las personas que tienen patrimonios superiores a los US$ 400.000.  

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Según explica la Tax Foundation, los principales puntos del programa fiscal de los demócratas, son:

Renta Corporativa

Aumento del impuesto a la renta corporativa (ganancias empresariales) del 21% al 28%. Esta es la medida más fuerte dentro del programa, y supone una reversión importante dentro de las reformas implementadas anteriormente por Donald Trump. 

La tasa impositiva no volvería los niveles alcanzados en la administración Obama (con una alícuota máxima del 35% dentro de un esquema variable), pero al mantener una tasa uniforme para todas las empresas, en la práctica muchas de ellas pagarán más impuestos de lo que pagaban en la anterior administración demócrata, especialmente las pequeñas. 

Se buscará establecer un impuesto mínimo corporativo sobre los ingresos contables. Se trata de un tributo se suma fija con cláusula de actualización, que se comporta de forma totalmente independiente al dinamismo empresarial. 

Se derogarían todas las deducciones establecidas por la anterior reforma fiscal de 2017 (TCJA, por sus siglas en inglés) para altos ingresos dentro del esquema del impuesto sobre la renta individual. Esto implica ampliar las bases imponibles.

Seguro Social

Se buscará imponer un nuevo impuesto sobre la nómina de la Seguro Social del 12,4% sobre los ingresos anuales superiores a los US$ 400.000. 

Esta medida se tomaría para complementar las promesas de los demócratas en torno a la expansión del Estado en el control del sistema sanitario norteamericano.

Ingresos de las empresas

El programa de Biden supone duplicar el impuesto sobre los ingresos de empresas subsidiarias norteamericanas en el exterior (el llamado GILTI Tax). Incluye la transferencia de activos intangibles, derechos de autor, patentes, marcas comerciales, etc. 

Además, se buscará generalizar la tasa impositiva para todos los países, independientemente de los que tenían tratos preferenciales por cuestiones comerciales o de índole estratégico. Se propone una masiva generalización del tributo.

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El objetivo de la reforma es, además de conseguir más recaudación para el fisco, buscar algún tipo de incentivo a la repatriación de fondos. Estas políticas ya estaban siendo llevadas adelante por Trump, aunque por vías voluntarias (incentivos positivos) y no con impuestos (castigos). 

Como única medida aparentemente expansiva, el programa fiscal demócrata propone aumentar (de forma estrictamente temporal) las facilidades para el acceso a créditos fiscales por hijos y dependientes. En la práctica, implica mayores deducciones a la hora de tributar cargas individuales, pero se aplicará de forma temporal. 

Para la Tax Foundation, el programa fiscal de Biden tendrá un efecto recesivo en el largo plazo (entendiendo por largo plazo al período 2021-2030). 

En este sentido, la fundación sugiere una contracción de 1,62% del crecimiento potencial en la economía norteamericana para el 2030. 

Los gravámenes sobre la acumulación e inversión de capital tendrán un efecto igualmente negativo. En el largo plazo estipulado, el capital social perdería un 3,75% del tamaño al que podría aspirar para 2030

Joe Biden, la nueva cara del socialismo demócrata.

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Los trabajadores, a pesar del supuesto impacto redistributivo de las reformas, sufrirían una contracción en sus salarios potenciales. Para 2030, los salarios promedio en la economía perderían hasta un 1,15% del nivel potencial al que podrían aspirar

El informe también señala un impacto sobre la recuperación de empleo formal, alertando que se podrían perder más de 540.000 plazas laborales en el largo plazo. 

Normalmente, los aumentos impositivos implementados en gobiernos de signo “progresista” se establecieron en períodos de crecimiento y recuperación. 

Por el contrario, Estados Unidos aún no logró recuperarse completamente del impacto de la pandemia, y podría afrontar un nuevo shock tributario de corte recesivo.  


Por Germán Pérez Dalmau, para La Derecha Diario.

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Economía

Evergrande, el “Lehman chino” se desploma un 11% y muestra signos de una nueva crisis financiera mundial

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El segundo promotor inmobiliario más grande de China adelantó que no podrá cumplir los vencimientos a fin de mes y tiene una deuda equivalente al 2% del PBI chino, que en caso de defaultearla generaría una crisis con condimentos similares a la del 2008 en Estados Unidos

El gigante inmobiliario chino Evergrande se desploma un 11% este lunes en la Bolsa de Hong Kong, registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años ante el miedo de que la firma no pueda hacer frente a sus compromisos financieros.

El segundo promotor inmobiliario más grande de China está a punto de colapsar: la semana pasada la empresa aseguró que probablemente no pueda honrar la deuda de alrededor de 254.000 millones de euros que tiene con los acreedores que equivalen aproximadamente el 2% del PBI del país asiático.

Los títulos de la firma inmobiliaria cayeron hasta los 2,28 dólares hongkoneses y es el peor registro desde mayo de 2010. Además, la valoración bursátil de la empresa se ha desplomado un 93% en ese periodo. En los últimos dos meses, el desplome superó el 80%.

La quiebra de Evergrande no solo significaría la destrucción de millones de empleos directos e indirectos, sino una catástrofe económica que los especialistas ya están calificando como un potencial “Lehman Brothers” chino, en referencia a la compañía norteamericana de servicios financieros que estaba sobreinvertida en hipotecas subprime, y su quiebra fue el síntoma más grande de la severidad de la crisis que estaba azotando a Estados Unidos en 2008.

Uno de los grandes temores es el posible “efecto contagio”. Los principales acreedores de Evergrande son bancos e inversionistas chinos, que perderían miles de millones si el gigante defaulteara sus obligaciones financieras. Por otra parte, Standard and Poor’s indicó en agosto que la empresa tenía deudas pendientes con los proveedores y contratistas de sus proyectos, a quienes debe aproximadamente 37.160 millones de dólares.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloombergeste jueves la firma deberá afrontar el vencimiento de un bono de cinco años de 71,3 millones de euros, y si defaultea este compromiso, podría ser el primer paso de un crash financiero en China. Hasta finales del año, la firma tiene que afrontar pago de intereses por 571,3 millones de euros, que casi seguro que no podrá hacer.

Esta caída tiene que ver con la brutal cuarentena que impuso China durante el 2020 por la pandemia. En agosto de 2021, la empresa reportó una disminución interanual del 29% en las ganancias netas y advirtió que la falta de liquidez podía poner en riesgo la conclusión de proyectos inmobiliarios que había paralizado por la pandemia.

El Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo, el mayor regulador financiero de China, ha dado luz verde para que la empresa libre sus pagos y renegocie los términos de sus deudas con sus acreedores, pero sin una ayuda estatal sin precedenes, Evergande colapsará.

Y aquí es donde el Partido Comunista Chino debe tomar una decisión, así como la Casa Blanca la tuvo que tomar en 2008. ¿Le conviene inyectar liquidez en la empresa para rescatarla del colapso, sabiendo que así como Evergande van a estar otras miles de empresas en todo el país y va a tener que rescatar a todas, o le conviene dejar que colapse y que la misma economía haga el ajuste necesario para liberar los recursos mal invertidos?

Bush en 2008 decidió en un primer momento salvar a Bear Sterns, la primera empresa del sector financiero que empezó mostrando signos de colapso, con un préstamo sin precedentes del Banco de Nueva York para financiar sus deudas, y luego fue adquirida a un precio extremadamente bajo por JP Morgan Chase.

Sin embargo, después de Bear empezó a colapsar Lehman, y Bush tomó la decisión de no ayudar a Lehman ya que si no tendrían que ayudar a todos los bancos de inversión del país. Sin embargo, tras la quiebra y desaparición de Lehman, más empresas siguieron colapsando y finalmente Ben Bernanke, el director de la Reserva Federal en ese entonces, tuvo que inyectar 700.000 millones de dólares para salvar a empresas como Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup, y tantas otras más.

Por el momento no se sabe si el régimen de Xi Jingping permitirá que la inmobiliaria colapse o si la rescatará. El Banco Popular de China se ha visto obligado este viernes a inyectar 14.000 millones de dólares para tranquilizar al mercado, que se mostraba nervioso por la posible caída del gigante y había empezado a deshacerse de sus inversiones más riesgosas.

Si China no maneja bien esta situación, utilizando la experiencia de Estados Unidos en 2008, todo indicaría que haber promovido la pandemia no los habría beneficiado como esperaban. El Partido Comunista Chino aprovechó la crisis del coronavirus para poner gobiernos afines a ellos en todo el mundo, conquistando territorios como Hong Kong y sacándole distancia al resto del mundo en asuntos comerciales luego de la guerra de tarifas con Trump. Pero la crisis financiera que se desprende de semejante crisis mundial se llevará puesto a China antes que al resto.

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Economía

Paquetazo de medidas: el Gobierno anunció un aumento del salario mínimo, bonos a jubilados y créditos subsidiados

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El Gobierno kirchnerista lanzó un nuevo paquete de medidas sin ninguna mesura por el desequilibrio fiscal, en busca de recuperarse después de la amplia derrota electoral en las PASO.

La relativa pasividad fiscal impulsada por el ministro Martín Guzmán llega a su fin dada la intervención de Cristina Kirchner sobre la política económica. El Gobierno vuelve a radicalizarse hacia la izquierda e impulsa un nuevo paquete de medidas para tratar de comprar votos en cara a las elecciones de noviembre.

En primer lugar, el oficialismo resolvió una revisión del salario mínimo pactado para fin de año. El cronograma original preveía un aumento del 35%, pero la suba efectiva llegará hasta el 45%, un aumento notable en términos reales. Los efectos negativos de esta medida sobre el mercado laboral podrían decantar incluso en el corto plazo.

El segundo punto fuerte de los anuncios es el lanzamiento de un nuevo “bono de emergencia” por $6.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos. Dado el oportunismo de las medidas, el carácter de emergencia de los bonos no parece ligado a un aspecto social sino más bien una emergencia electoral.

En la misma dirección, el Gobierno actualmente analiza la posibilidad de no aplicar el tope que establecía la fórmula previsional fijada por el propio Martín Guzmán el año pasado. La reforma de la fórmula jubilatoria incluye un cierto límite sujeto a la recaudación efectiva de la ANSES, cuando antes simplemente se aplicaba una fórmula matemática sobre la evolución de los salarios o la inflación.

Aunque Alberto Fernández trató de defenderse de las críticas durante todo el 2020, afirmando que su nueva fórmula previsional no constituía un ajuste, ahora las críticas desde su propio espacio político volvieron a contradecirlo, críticas que provienen de la propia Vicepresidente y la diputada Fernanda Vallejos.

En tercer lugar, el Gobierno se prepara para extender la red de créditos subsidiados a tasa cero, con el fin de estimular el consumo en el corto plazo a costa de mayores desequilibrios futuros. En este sentido, se evalúa un esquema similar al del “Ahora 12” para casi un millón de asalariados.

La medida más extremista en términos de desequilibrio fiscal posiblemente sea la propuesta para un nuevo IFE a nivel generalizado, similar a los que hubo en 2020. Esta propuesta fue especialmente resistida por el ministro Guzmán, ya que es prácticamente infinanciable y podría terminar de desequilibrar la economía.

Aún sin haber las mismas restricciones a la circulación como había el año pasado, la izquierda kirchnerista presiona por la vuelta de un nuevo paquete IFE antes de las elecciones de noviembre, nuevamente buscando comprar votos.

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Economía

Guzmán se queda pero con la condición de usar los dólares del FMI para la campaña

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Tras el colapso del Frente de Todos en las urnas, la Vicepresidente se impuso al propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, y decidió emplear una maniobra para utilizar recursos brindados por el FMI para disparar el gasto público en cara a la campaña electoral.

En las últimas horas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner demostró nuevamente tener el control real de la coalición oficialista, e impuso su voluntad por sobre la del ministro de Economía y la del propio Alberto Fernández.

A través de un decreto, el Gobierno utilizará los dólares del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central para encarar una violenta expansión del gasto público como campaña para las elecciones de noviembre. El kirchnerismo apuesta por el despilfarro de recursos para mejorar su posición política hasta las últimas consecuencias y bajo cualquier costo.

De la misma manera en que se hizo en 2009, el Gobierno colocó Letras intransferibles al Banco Central por las cuales podrán hacerse de unos US$ 4.334 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), una suerte de divisa internacional convertible con el dólar y establecida por el FMI.

Estas medidas fueron establecidas para eludir las restricciones que establece la Carta Orgánica del BCRA, las cuáles indican que la autoridad monetaria solo puede girar a Tesorería hasta un 20% de la recaudación acumulada en 12 meses y hasta un 12% de la base monetaria si es preciso.

Al emplear las Letras intransferibles, las restricciones no se ven violentadas en términos contables y legales, pero en términos económicos el BCRA pierde recursos propios que habían sido otorgados por el FMI para fines muy específicos, y el Tesoro adquiere recursos para fomentar políticas socialistas.

Pero esta maniobra no resulta fortuita para el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, el ministro Martín Guzmán se había negado a utilizar estos recursos e intervenir el Banco Central debido a la presión inflacionaria que deriva directamente de este tipo de políticas arbitrarias.

Para concretar las operaciones, y dado que los DEGs depositados en el Banco Central son del Tesoro y que este debe emplear gastos en pesos, el BCRA compra esos DEGs con una agresiva emisión monetaria y estos recursos son finalmente lanzados a la economía mediante una política fiscal extremadamente expansiva.

Las consecuencias esperables de estas medidas son claras: una mayor presión sobre el dólar en el mercado paralelo, mayor desequilibrio externo, mayor brecha cambiaria, y finalmente una mayor presión inflacionaria.

El kirchnerismo podría desarticular completamente toda la corrección fiscal realizada desde diciembre del año pasado y desequilibrar la economía, pues el sobrante monetario es actualmente el principal problema que enfrenta Argentina.

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