Economía
Industricidio: La utilización de capacidad instalada cayó un 11% desde que Mendiguren volvió a Producción
La dinámica de la industria manufacturera recayó mes tras mes desde la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía y José de Mendiguren en Producción. El cierre de importaciones hace cada vez más difícil la adquisición de los insumos necesarios para sostener el nivel de actividad.

La producción industrial sigue marcando precedentes de recesión, una tendencia que parece ya completamente inexorable en vista a 2023. El INDEC anunció que el uso de capacidad instalada de la actividad industrial manufacturera alcanzó solamente el 62% en enero de 2023.
La industria automotriz fue el sector más golpeado por la recesión y las restricciones a importar, y solamente pudo operar en el 31% de su capacidad durante el mes de enero. Operó con la más baja utilización de capacidad desde enero del año pasado.
Por su parte, la producción textil alcanzó escasamente el 41% de su capacidad ociosa, la industria metalmecánica el 45,3%, la producción de caucho y plástico hasta 52,2%, la industria tabacalera un 55,7% y la producción de alimentos llegó al 60,4%.
El oficialismo se jacta de su visión “industrialista” como pilar del modelo económico, pero lo cierto es que no existe la tan publicada reactivación. Se acumuló una brutal caída de 11 puntos porcentuales en el uso de capacidad instalada desde agosto de 2022, momento en el cual asumió Sergio Massa como ministro de Economía y José de Mendirugen como secretario de Industria y Desarrollo productivo.
El secretario de Producción resaltó la comparación interanual del uso de capacidad industrial entre el 57,5% de enero de 2022 y el 62% del mismo mes en 2023, pero esta comparación resulta irrisoria porque no considera la recesión productiva que sufre el país desde la segunda mitad del año pasado.
Las cláusulas proteccionistas fueron completamente inútiles a la hora de reactivar la producción industrial, así como aumentar la intensidad en la explotación de factores. La sangría de divisas generada por el cepo cambiario requirió (tanto a las autoridades de aduana como al propio BCRA) aplicar severas limitaciones cuantitativas a las importaciones.
Sin mayor acceso a los insumos importados necesarios para sostener el nivel de actividad, la producción fabril acumuló un retroceso del 2,66% entre agosto de 2022 y enero de este año, los meses de administración del ministro Massa.
El Gobierno kirchnerista desplegó una batería completa de medidas aislacionistas y autárquicas para el comercio exterior, entre ellas los impuestos internos diferenciales para importaciones, la generalización de las licencias no automáticas (LNA) y el aumento de los aranceles aplicados a la tecnología (principalmente computadoras y tablets).
Además, la aplicación de fuertes gravámenes a las exportaciones también condiciona el volumen importador. No es posible importar sin también exportar, existe una relación muy pronunciada entre ambas métricas.
Economía
El Gobierno kirchnerista admite que dejará un déficit fiscal superior a los 5 puntos del PBI y un descomunal desequilibrio de deuda en el Banco Central
El equipo de economistas de Javier Milei se reunió con el equipo saliente del Gobierno, y constataron que el déficit primario cerrará el año en torno al 3% del PBI, mientras que el rojo financiero superará fácilmente el 5%. Nuevamente fueron incumplidas todas las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Economía saliente, el excandidato Sergio Massa, dejará un país al borde de la hiperinflación y con brutales desequilibrios fiscales y monetarios sin resolver. Fueron incumplidas sistemáticamente todas y cada una de las metas trazadas con el Fondo Monetario Internacional para este año.
El equipo económico de Javier Milei, liderado por el futuro ministro Luis Caputo, tomó contacto con las autoridades del equipo saliente al frente del secretario de Hacienda Raúl Rigo. El oficialismo admitió que el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) muy difícilmente pueda ubicarse por debajo del 3% del PBI para fin de año.
Por su parte, el déficit financiero a nivel nacional superaría fácilmente el 5% del PBI añadiendo el costo por servicios de deuda pública. Es el resultado más desequilibrado en los últimos 6 años.
Por otra parte la deuda remunerada del Banco Central (entre Leliq, Notaliq, la posición neta de Pases y Levids, entre otros instrumentos) alcanza a representar más de 3 bases monetarias y media adicionales a los pesos que ya están en circulación.
Esto implica una descomunal carga de intereses que asciende al 10% del PBI en el acumulado de 12 meses, lo que se conoce como “déficit cuasi-fiscal”. Esta será una de las bombas con las cuales el próximo Gobierno de Javier Milei tendrá que lidiar para avanzar con la dolarización de la economía.
La situación fiscal de las Provincias tampoco es alentadora. Si bien en los últimos años su saldo fue más bien neutral con respecto a la situación fiscal consolidada del país, a partir de 2023 el déficit de las Provincias volvió a crecer y llegó a representar el 0,7% del PBI (manteniendo un muy ligero superávit primario).
Las Provincias se vieron afectadas por las disposiciones del “plan platita” de Massa, no solo por los gastos sino también por la quita de recursos coparticipables como el IVA (por el impacto de la devolución) y Ganancias (por la reducción sobre la cuarta categoría).
Asimismo, el kirchnerismo asignó las transferencias discrecionales con criterios políticos, beneficiando a dedo a sus aliados y perjudicando a las jurisdicciones opositoras como Córdoba o la Capital Federal.
El equipo de Milei prepara un ajuste de por lo menos 5 puntos del PBI para ser ejecutado, en la medida de lo posible, para el año fiscal 2024. En otras palabras, se apunta a cerrar la brecha fiscal en el Sector Público Nacional (incluyendo intereses), algo que no se ve en el país desde el año 2008.
Economía
La Argentina que deja el kirchnerismo: la pobreza medida por la UCA escaló al 45% y ya es la más alta desde la crisis de 2001
Se trata de un indicador multidimensional que difiere de la metodología que emplea el INDEC. Se contabilizan las necesidades básicas insatisfechas, el efecto del gasto social y la pobreza por ingresos, entre otras variables. No se veía un nivel de semejante marginalidad social desde la crisis de 2001-2002.

La Universidad Católica Argentina (UCA) confirmó que su medición particular de la pobreza se ubicó en el 44,7% al término del tercer trimestre de 2023, muy similar al pico observado durante el peor momento de la pandemia en 2020.
Se trata de un indicador multidimensional que discrepa de la metodología del INDEC, e incluye otros factores que no son capturados por la encuesta EPH. Pese a que el Presidente Alberto Fernández se mostró escéptico del nivel de pobreza y llegó a negar públicamente las estadísticas del INDEC, lo cierto es que cuando se mide el indicador desde un punto de vista más amplio que aquella encuesta los datos resultan aún peores.
Siguiendo un enfoque basado en las necesidades básicas insatisfechas, la UCA concluyó que el 67% de los argentinos sufren al menos una carencia económica o habitacional, un dato que refleja el nivel de deterioro en el cual incurrió el país después de una década de estanflación.
Y si bien la tasa de pobreza general con la metodología de la UCA llegó al 44,7%, cabe resaltar que casi el 36% de los hogares reciben algún tipo de ayuda social o transferencia del Estado. Sin estas transferencias, la pobreza llegaría a casi el 50% de la población, una cifra verdaderamente inédita para un país que alguna vez fue comparado con el estándar de vida de Europa a principios del siglo XX.
La cobertura por planes sociales superó el 61% entre los hogares que conforman el 25% de los ingresos más bajos del total. Asimismo, la pobreza multidimensional entre los menores de 17 años de edad se disparó al 62,9% en el tercer trimestre del año.
La “recuperación” del mercado laboral prometida por Sergio Massa y Alberto Fernández solo fue posible por el efecto del brutal deterioro del salario real, especialmente en el segmento privado no registrado.
La caída real de los ingresos (salarios, jubilaciones y ventas) es actualmente el principal factor explicativo detrás del aumento de la pobreza coyuntural. Por otra parte, el delicado contexto macroeconómico y la estanflación acumulada de la última década contribuyó a incrementar el piso para la pobreza estructural.
El Presidente electo Javier Milei anunció que la contención social será una de sus principales prioridades de su Gobierno, y será un elemento indispensable durante el transcurso de las reformas estructurales que debe afrontar el país.
El Ministerio de Capital Humano tendrá vía libre para desarrollar los gastos que considere necesarios para atender la cuestión social, siendo esta la única cartera de fondos que permanecerá abierta dentro del Gobierno de Milei. El resto de los ministerios, secretarías y dependencias del Estado tendrán que ajustarse en consecuencia.
Economía
El Fondo Monetario Internacional analiza un nuevo apoyo a la Argentina para la dolarización de Javier Milei
El organismo multilateral podría ofrecer un cierto apoyo a través del Fondo de Resiliencia, pero el equipo económico de Milei apuesta a poder destrabar los recursos pendientes del crédito Stand By de 2018 que finalmente no fueron entregados a la Argentina.

El equipo del Presidente electo Javier Milei se encuentra en la búsqueda de recursos para poder paliar la oleada de desequilibrios que deja el kirchnerismo en el Banco Central. Uno de los desafíos más importantes para llevar a cabo al dolarización sin ningún efecto traumático es la reestructuración de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria, y en particular la posición de Pases, lo que aún quedan de las Leliq y las nuevas Levids.
En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la posibilidad de expandir el apoyo financiero para la Argentina. A diferencia de los intentos de estabilización anteriores, como por ejemplo los que llevó adelante el expresidente Macri entre 2018 y 2019, la dolarización garantiza el cese de la inflación de manera definitiva.
En principio, el FMI podría ofrecer los recursos del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, un fondo que originalmente fue concebido como una suerte de ayuda contracíclica para atenuar el impacto de posibles pandemias y problemáticas vinculadas al cambio climático, pero en el caso argentino podrían ser aprovechados para mejorar el balance del Banco Central por al menos US$ 1.300 millones.
La suma del Fondo de Resiliencia resulta muy poco significativa y el equipo económico del nuevo Gobierno apuesta a un objetivo más grande: existen fondos adicionales de hasta US$ 13.000 millones que quedaron pendientes de ser depositados a la Argentina por el crédito Stand By de 2018.
Los desembolsos de este crédito Stand By fueron eventualmente paralizados a partir de agosto de 2019, en medio de la incertidumbre por el retorno del kirchnerismo al poder. Cuando la situación política se tornó más clara, el FMI ofreció nuevamente estos desembolsos pero Alberto Fernández decidió rechazar la operación y, a través del ministro Martín Guzmán, ordenó una larga e inútil renegociación para reestructurar la deuda argentina.
Si el Fondo Monetario llegó incluso a ofrecer hasta US$ 13.000 millones para un Gobierno sin programa económico, fiscalmente irresponsable y abiertamente inconsciente como lo fue el que presidió Alberto Fernández, la apuesta del equipo de Milei para conseguir financiamiento adicional a cambio de un programa fiscalmente ortodoxo no parece descabellada, y más aún si garantiza la estabilización al cabo de 2 años.
De poderse concentrar estos desembolsos a una tasa de interés más baja de la que cualquier privado podría ofrecer para la operación en el mercado externo, Argentina podría disminuir drásticamente los costos necesarios para dolarizar, facilitando el rescate de los pasivos remunerados a través de una solución voluntaria con los bancos locales.
En principio, el FMI dio su visto bueno sobre los principales lineamientos del programa económico de Milei, entre ellos la consolidación de las finanzas públicas, la apertura comercial, la desregulación de la economía y la simplificación del sistema tributario.
Otra posibilidad será la negociación de un nuevo programa desde cero con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, en lugar de destrabar los recursos pendientes del programa Stand-By anterior, habilitar nuevas líneas de crédito independientemente de este programa a cambio de trazar nuevos lineamientos fiscales y monetarios.
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