La caída de la prima de riesgo argentina cuadriplicó a la de la región desde diciembre del año pasado, demostrando el giro total en la política macroeconómica del país. Poco a poco, Argentina se convierte en un país creíble nuevamente.

La reapertura del mercado de crédito internacional está cada vez más cerca de ser una realidad para Argentina. La tasa de Riesgo País que mide el banco JP Morgan se estabilizó en torno a los 1.148 puntos básicos al cierre de la jornada del lunes, cuando en los primeros días del mes de abril oscilaba los 1.400 puntos respectivamente.

Esta métrica implica que los bonos argentinos, debido al riesgo de default y la exposición a la devaluación de la moneda local, deben abonar una tasa de hasta 11 puntos por encima de la que pagan los bonos del Tesoro estadounidense (considerados como un activo seguro por excelencia por los inversores internacionales).

La última vez que estuvo por debajo de los 1.200 puntos, fue en el día previo a las PASO del año 2019, cuando el país rondaba los 900 puntos básicos de Riesgo País y tras la inesperada victoria de Alberto Fernández, se fue a casi 2.000.

Desde que el Presidente Javier Milei asumió la presidencia del país en diciembre de 2023, la tasa de riesgo se derrumbó hasta un 40%, mientras que en el promedio de los países de la región la reducción de las primas de riesgo fue del 10%.

Como contrapartida, los títulos soberanos experimentaron alzas de entre el 30% y el 50% solamente en lo que va del 2024, y acumularon un aumento de hasta el 130% en los últimos 12 meses. Ningún instrumento de deuda emitido por cualquier país de la región llegó a registrar un incremento semejante de su cotización. 

Y pese a que los papeles argentinos continúan rindiendo muy por encima de cualquier título de los países de la región (fuerte señal de riesgo), el Gobierno reconstruye gradualmente la confianza en el país. 

Todo esto implica que la mayor parte de la reducción del riesgo se explicó por causas endógenas, y no por un viento de cola externo (que de hecho jugó en contra a partir de los datos de la política monetaria restrictiva de la FED).

La brecha cambiaria oscila en niveles reducidos y estables entre el 10% y el 20% (dependiendo el tipo de cambio de referencia), y el sólido resultado fiscal del Sector Público Nacional sirve como ancla para mitigar las expectativas de devaluación.

Asimismo, el Banco Central logró cancelar un stock de por lo menos US$ 3.117 millones de dólares con el Banco Internacional de Pagos, dando así un paso fundamental para volver a reanudar el acceso al mercado de crédito mundial.

El Gobierno nacional logró un resultado superavitario de las cuentas públicas al término de los primeros 3 meses de 2024, incluso por encima del pago de intereses de deuda. El Presidente ratificó el rumbo económico y confirmó que la disciplina fiscal es innegociable.

Haciendo uso de la cadena nacional, el Presidente Javier Milei anunció públicamente que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero por $276.638 millones de pesos al cierre del mes de marzo, dando así comienzo al tercer mes consecutivo con un resultado positivo después del pago de intereses. El resultado primario del SPN alcanzó un superávit de hasta $625.034 millones de pesos en el mismo período, según confirmó el propio Ministerio de Economía. 

La consolidación fiscal fue tan contundente que el saldo acumulado para el primer trimestre del año arrojó un superávit equivalente al 0,2% del PBI, algo que no se veía en la Argentina desde el año 2008. Por su parte, el resultado del superávit primario en relación al PBI ascendió al 0,6% en el primer trimestre de 2024.

El plan de ajuste que está llevando a cabo el equipo económico del oficialismo está atacando a la única fuente real detrás de la suba generalizada de los precios: el déficit fiscal y su financiamiento monetario. De entre las principales partidas recortadas para arribar a estos resultados, cabe destacar las siguientes:

• Gastos de capital en obra pública
• Transferencias al sector privado (subsidios económicos a las tarifas)
• Transferencias discrecionales a las Provincias
• Racionalización de la planta de personal del sector público
• Reducción y simplificación de la estructura de la Administración Nacional
• Eliminación de organismos descentralizados ineficientes y de dudosa justificación (como por ejemplo el INADI)
• Eliminación de la pauta publicitaria para todos los medios de comunicación

Desde su lanzamiento el 10 de diciembre del año pasado, el ancla del programa económico del Gobierno es la disciplina fiscal. Se trata de la principal herramienta para contener el crecimiento de los agregados monetarios, el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro (eliminado completamente), y las expectativas inflacionarias para los próximos meses. Todos estos elementos se ven afectados irremediablemente por los sucesivos anuncios de superávit presupuestario.

Desde el 10 de diciembre, el Banco Central encabezado por Santiago Bausili eliminó completamente la transferencia de Adelantos Transitorios (AT) y/o utilidades ganadas al Tesoro Nacional. 

Se cortó abruptamente cualquier tipo de asistencia monetaria. Al mismo tiempo, se implementó un plan de saneamiento con el objetivo de reducir el peso de los pasivos remunerados en relación al PBI. Se logró acumular una suma de divisas por más de US$ 14.000 millones, y las reservas netas de la autoridad monetaria volvieron a números positivos por primera vez desde abril del año pasado.

Asimismo, desde el brazo ejecutor de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, se emprendió un estricto ajuste que redujo el déficit fiscal del 4,4% del PBI en diciembre de 2023 al 2,8% al cierre de febrero, y este proceso se habría acentuado aún más tras los anuncios del Presidente Milei para el ejercicio del mes de marzo.

El resultado primario del Gobierno nacional alcanzaba un rojo equivalente al 2,7% del PBI según las estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), y gracias a las medidas de emergencia adoptadas por el Ministro Caputo el déficit acumulado de 12 meses se redujo solamente al 0,6% del PBI al término de febrero. No se veía un ajuste de semejante magnitud desde los primeros años del Gobierno de Carlos Menem.

Los primeros resultados del programa

El plan de ajuste ortodoxo se plasmó como la única alternativa frente al descalabro hiperinflacionario que había dejado plantado el Gobierno kirchnerista y el exministro Massa. Según la consultora LCG, la tasa de inflación semanal en alimentos y bebidas oscilaba el 7,4% durante la primera semana de diciembre, sobre un relevamiento de más de 8.000 productos en grandes cadenas de supermercados.

La variación semanal no tardó en escalar al 11,5% durante la tercera semana de diciembre, con un promedio de aumentos diarios de hasta el 1%. Esto era consistente con una tasa de inflación anual del 7.500%, según explicó el Presidente en su exposición. Fue en este difícil escenario en el cual se lanzó el programa de ajuste para tumbar la dinámica hiperinflacionaria.

Mientras que el promedio de inflación semanal de diciembre fue aproximadamente del 8% según la consultora, en enero cayó rápidamente al 3,48%, 2,78% en febrero, 1,94% para el promedio de marzo, y en lo que va del mes de abril solamente se registró una suba semanal promedio del 0,7% en alimentos y bebidas.

El aumento intermensual correspondiente a la última semana de diciembre superó el 36% según registró consultora, y tomando un promedio móvil de 5 semanas el salto fue de casi el 24% respectivamente. Al término de la tercera semana de abril de 2024, el aumento intermensual de los precios se redujo a sólo el 3% (en comparación con la tercera semana de marzo), y el aumento semanal promedio de las últimas 5 semanas se redujo al 4,25%.

Los datos mensuales que publica el INDEC informaron por una tasa de inflación minorista del 25% para diciembre, y más de un 54% en el segmento de precios mayoristas. Pero tras haberse aplicado la primera etapa del plan de estabilización, el aumento del IPC se redujo a un 11% para marzo, y en los precios mayoristas la variación cayó al 5% respectivamente. Sin importar cómo se la mida, la inflación se está derrumbando a un ritmo sin precedentes desde la Convertibilidad. 

Cada vez más personas pueden acceder al alquiler gracias al decreto de desregulación anunciado por el Presidente Milei en diciembre del año pasado. Se registró un explosivo crecimiento de la oferta inmobiliaria, el más drástico del que se tenga algún registro en los últimos años.

El proceso de desregulación del mercado inmobiliario cosechó un éxito contundente y arrollador, cada vez más difícil de negar incluso entre los más reaccionarios a las medidas que impulsó el oficialismo.

Desde que el Presidente Javier Milei decretó la desregulación inmobiliaria y el fin de la Ley de Alquileres del 2020, la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler se disparó hasta un 189% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según un reciente informe de la Universidad de San Andrés al término del mes de marzo.

La cantidad de inmuebles ofrecidos saltó drásticamente de las 6.696 unidades a un total de 19.069 en cuestión de solo unos pocos meses. Bajo el marco regulatorio anterior esto podría haber parecido una utopía, pero la mayor libertad de transacciones está permitiendo que miles de personas puedan acceder a la vivienda.

Asimismo, el sondeo de visualizaciones de Zonaprop registró que la cantidad de viviendas ofrecidas se duplicó desde diciembre del año pasado, convalidando así el éxito de la desregulación. Este fenómeno se explicó principalmente por los alquileres de índole permanente, en detrimento de los temporarios.

De acuerdo a Zonaprop, en el mes de marzo el precio promedio de los alquileres aumentó tan solo un 2,5% en el Gran Buenos Aires, mientras que la tasa de inflación informada por el INDEC cerró por encima del 11% en el mismo período.

En lo que va del año el precio promedio de los alquileres acumuló un aumento del 28,7%, una cifra muy inferior al 49,1% que se había acumulando durante el primer trimestre de 2023 (bajo el esquema regulatorio del kirchnerismo).

Se debe tener en cuenta, además, que la tasa de inflación minorista acumulada entre enero y marzo fue del 51,6%, y los precios mayoristas subieron un 37% en el mismo período. Sin importar contra qué métrica inflacionaria se los compare, el valor real de los alquileres cayó drásticamente en términos reales.

Este fue precisamente el efecto que se esperaba tras la aplicación del proceso de desregulación. Dada una demanda relativamente estable (sin ninguna perturbación particular), el explosivo crecimiento de la oferta permitió que cada vez más personas puedan permitirse pagar un alquiler al verse beneficiados de su drástico abaratamiento.

El éxito de la desregulación se convalida desde el punto de vista de las cantidades ofrecidas en el mercado, y también desde el punto de vista de los precios en términos reales. Hasta la fecha, no se registró ni una sola variable en el mercado inmobiliario que se haya visto afectada negativamente tras el levantamiento de los controles impuestos en 2020, más bien todo lo contrario. La propaganda kirchnerista encontró un amargo final al verse refutada por la realidad.