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Economía

Joe Biden arruina la economía que dejó Trump: sube los impuestos, regula el mercado laboral y estalla el gasto público

El presidente Biden se prepara para establecer una agenda antitética con respecto a la que había llevado a cabo su predecesor republicano, poniendo en jaque el desempeño de la economía más importante del mundo.

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El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, apunta a consolidar reformas sobre el rol del Estado en la economía y las reglas de juego para los mercados. En tan solo pocas horas, Biden comenzó una cruzada por desmantelar los cambios realizados por Donald Trump

A pesar de haberse presentado como un moderado, Biden consiguió amplio apoyo dentro del Partido Demócrata para las reformas que se propone llevar a cabo, tanto del establishment como del ala radical de extrema izquierda. 

En primer lugar, el nuevo Presidente norteamericano se plantea un cambio en materia fiscal, elevando los impuestos sobre los ingresos medios y altos de forma considerable

Las reformas buscan que los ingresos marginales superiores a los US$ 400.000 anuales vuelvan a tributar un 39,6% en concepto de impuesto sobre la renta, tal y como regía antes de los “tax cuts” de Trump. 

Lo mismo ocurre con el gravamen sobre las ganancias de capital, que había sido reducido hasta llegar al 20% durante la administración republicana, y Biden propone volver a ubicar el tributo en torno al 39,6%

Las empresas deberán enfrentar el mayor golpe de las reformas. En concreto, se propone aumentar la tasa para las ganancias corporativas anuales hasta el 28%.

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Bajo la gestión de Donald Trump, el impuesto para las empresas fue modificado y se estableció una tasa única y reducida en torno al 21%, dejando a muchas empresas exentas de pagar el tributo, y fomentando la inversión de las empresas más grandes. 

Biden no planteó, hasta ahora, un cambio en el esquema, sino que se limitó a modificar la alícuota del impuesto. Esto implica que muchas empresas pequeñas empezarán a pagar incluso más de lo que pagaban en la era Obama, puesto que en ese entonces existía un esquema progresivo. 

Por si esto no fuera suficiente, Biden pretende aprobar un nuevo impuesto del 15% para aquellas empresas que no estaban contempladas en el pago de ganancias corporativas, como PyMEs o con algún tipo de condición particular. 

El efecto recesivo de la reforma Biden sería acompañado de un fuerte y progresivo deterioro en la competitividad, costando miles de puestos de trabajo entre las plazas laborales que ya existen y las potenciales. 

Así lo determinó la Tax Foundation, que se dedicó a estudiar minuciosamente el programa fiscal de los demócratas y su impacto socio-económico en el largo plazo, en vista a 2030 aproximadamente. 

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Los defensores de las medidas alegaron que se dispondrá de mayores recursos fiscales para reducir el déficit del Gobierno federal, pero lo cierto es que Biden impulsará un extenso y ambicioso programa expansivo desde el gasto gubernamental, que no contempla ninguna disciplina fiscal (a diferencia de lo que ocurrió bajo la primer periodo de Obama). 

En un escenario de fuerte dominio demócrata sobre el poder legislativo (con mayoría en diputados y senadores), se dio vía libre para un aumento explosivo de US$ 1,9 billones en el gasto federal. 

El ala radical del Partido Demócrata, con fuerte influencia de personalidades como Alexandria Ocasio-Cortez, lograron incluir ciertas pretensiones en el programa de estímulo fiscal, dando lugar a un enfoque de corte ecologista y emulando el “Green New Deal” que proponían.

En esta línea, se incluyeron numerosas medidas tempranas para regular y hasta anular una gran cantidad de proyectos energéticos. Las iniciativas anulan inversiones millonarias y conllevan a servicios más caros para los usuarios afectados.   

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Joe Biden además busca imponer un salario mínimo de US$ 15 por hora, duplicando el valor actual. Sin ningún aval científico para defender esta medida, el Presidente demócrata asegura que “es lo moralmente correcto”, pero se olvida (como es costumbre para el nuevo mandatario) de la enorme cantidad de nuevos desempleados que creará esta medida.

Finalmente, Biden buscará hacer posible una ampliación del Obamacare y la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). La medida pone en peligro al desarrollo de los seguros de salud privados para los hogares más vulnerables. 

El ACA generó importantes problemas de “cresta de subsidios”, es decir, las personas que se encuentran justo por encima del límite superior de ingresos para los créditos fiscales resultan perjudicados por el sistema. 

Para evitarlo, los demócratas propusieron una ampliación (que Biden pretende cumplir), pero la decisión conllevaría una trayectoria fiscal poco sostenible al requerir una cantidad creciente de recursos para financiarla

Con todos los aumentos impositivos introducidos no se llegaría a cubrir ni una décima parte del masivo gasto público que los demócratas están impulsando desde el Ejecutivo y el Congreso.

Los nuevos impuestos no buscarían reducir necesariamente el déficit fiscal federal, sino que se impondrán para compensar los gastos más elevados. 

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Economía

La tasa de desocupación cayó al 11,6% en Brasil y es la más baja desde enero de 2020

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El IBGE informó que el desempleo en Brasil volvió bajar y se estabilizó en el 11,6% durante el trimestre finalizado en noviembre de 2021, superando las estimaciones de los analistas privados. La cantidad de personas desocupadas cayó un 14,5% desde noviembre de 2020.

Brasil sigue encarando la recuperación laboral en el medio de un fuerte marco reformista. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) informó este viernes que la tasa de desocupación cayó al 11,6% en el trimestre finalizado en noviembre de 2021.

Esta cifra es la más baja registrada desde antes de la pandemia, cuando en enero del 2020 había un 11,4% de desocupación en Brasil. El efecto de la pandemia sobre el mercado laboral va quedando progresivamente atrás conforme se recupera la economía.

El IBGE resaltó el fuerte efecto de la estacionalidad en el índice, ya que en los últimos meses de cada año tiene lugar un importante dinamismo en el sector del comercio y los servicios, por lo que el aumento de las contrataciones era algo esperable. Sin embargo, el dato real superó las expectativas de mercado, pues los analistas de Bloomberg preveían alcanzar un 11,7% de desempleo para noviembre. Aún con la estacionalidad característica del período analizado, la cifra relevada por el IBGE fue satisfactoria.

En comparación con los tres meses anteriores, la tasa de desocupación cayó en 1,6 puntos porcentuales. A su vez, en comparación con el mismo trimestre móvil del año 2020, la cantidad de personas desocupadas cayó en 2,1 millones, una caída equivalente 14,5%.

Analizando los componentes de la recuperación laboral, jugó un papel especialmente preponderante el sector privado formal de la economía. En comparación con el trimestre móvil finalizado en agosto de 2021, los contratos laborares privados en el sector formal crecieron un 4%, el equivalente a 1,3 millones de puestos de trabajo.

Durante el trimestre terminado en el mes de octubre del año pasado, el IBGE informaba un que un total de 12,9 millones de personas buscaron trabajo activamente pero no pudieron encontrarlo, es decir, la desocupación abierta. Para el mes de noviembre, esta cantidad retrocedió a 12,4 millones de personas.

Las reformas para la desregulación laboral serán el eje central de la administración Bolsonaro como respuesta ante la grave situación de informalidad que atraviesa Brasil desde hace décadas. El IBGE estima que el 40,1% de los empleos en Brasil actualmente pertenecen a la esfera de la informalidad, afectando a cerca de 38,6 millones de personas.

El Gobierno de Bolsonaro desde un inicio se mostró disconforme con los tenues avances hacia la flexibilización laboral que habían sido introducidos en la gestión de Michel Temer. El ministro Paulo Guedes promete continuar la agenda reformista y posibilitar cada vez más modalidades laborales flexibles, con el fin de combatir la informalidad.

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Economía

Argentina vuelve a pedir un préstamo al FMI: Guzmán entró en un acuerdo stand-by por 2 años sin reformas estructurales

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Durante ese lapso habrá revisiones trimestrales y desembolsos que el país utilizará para pagar el crédito tomado por el gobierno de Mauricio Macri y fortalecer las reservas. Habrá diez años para cancelarlo.

Martín Guzmán anunció a días del vencimiento de deuda que hubiera dejado a la Argentina en default un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar los US$ 44.000 millones que pidió prestados Mauricio Macri en 2018.

En una conferencia de prensa, junto al jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro de Economía explicó las claves del nuevo programa. El entendimiento implica un nuevo programa de dos años y medio durante el cual el FMI hará revisiones trimestrales de las metas acordadas y desembolsos de dinero. Luego habrá un período de 10 años para cancelar la refinanciación, que comenzaría en 2026.

Todo el dinero irá a parar a las reservas del Banco Central, dándole espalda al organismo para contener el tipo de cambio y evitar una corrida al dólar, algo a lo que habría quedado totalmente expuesto el Gobierno si hacía el pago de febrero sin refinanciación.

Las negociaciones habían empezado a mediados del 2020 y después de un año y medio de negociaciones finalmente Guzmán consiguió llegar a un acuerdo formal con el Fondo justo antes de que comenzara el calendario más exigente de devolución de deuda. El diálogo se había intensificado en las últimas semanas y se aceleró estos últimos días, con la presión del pago de casi US$ 720 millones pisándole los talones al Poder Ejecutivo.

Los detalles del acuerdo

Duración del programa

Guzmán aclaró que el programa será un Extended Fund Facility (EFF) que tiene una duración de dos años y medio. Durante ese primer período el FMI “cubrirá” los vencimientos establecidos en el stand by firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri.

En 2026 comenzaría a correr ese plazo de 10 años para que el país devuelva el monto. El formato definitivo de esa segunda etapa del programa se negociará en las próximas semanas, adelantó Guzmán, en lo que se conoce como los memorandos con el FMI.

Metas fiscales

Habrá un sendero de reducción del déficit fiscal, muy gradual, hasta 2026. Para el año 2022 se prevé un déficit del 2,5% (desde el 3% con el que arrancó el año); en 2023 del 1,9% del y 2024 del 0,9% para llegar al déficit cero en 2025.

Es importante destacar que el Fondo acordó permitir aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y proteger programas sociales focalizados, mientras habrá una importante reducción en los subsidios a la energía.

Emisión monetaria

Habrá una reducción gradual de la asistencia del Banco Central al Tesoro, al menos eso fue lo pactado. Mientras en 2021 fue del 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, en 2023 0,6% y en 2024 que se aproxime a cero, indicó Guzmán.

Política cambiaria

Con el dinero que entrará a las arcas del Banco Central, el Gobierno podrá intervenir el mercado cambiario y prevenir algún tipo de salto devaluatorio.

Este efecto ya se empezó a sentir, y en la primer hora después del anuncio, el dólar blue bajó de $223 a $215.

Inflación

Según el ministro, el FMI concedió que la inflación es un fenómeno “multicausal”, y que se deberá combatir con un esquema fiscal, monetario y de control de precios.

Este es el punto que más preocupa a los mercados, y la falta de reformas estructurales quiere decir que la inflación va a seguir siendo un problema en Argentina. El pago al FMI se hará a costa de los salarios de los argentinos, que seguirán perdiendo poder adquisitivo para solventar un Estado gigante quebrado.

Acumulación de reservas

El 2022 tendrá como objetivo sumar reservas internacionales al Banco Central por unos US$ 5.000 millones. Prácticmanete todo esto se lograría usando los propios desembolsos del FMI a lo largo del año.

“En 2021 tuvimos un superávit comercial de 14.000 millones de dólares. Lo que ocurrió es que hubo factores financieros que explicaron la diferencia entre superávit y acumulación de reservas. Se pagó más de 5.000 millones entre capital e intereses. Ahora tenemos un conjunto de condiciones que nos hacen ver que esto es factible”, dijo el funcionario.

Reformas estructurales

A diferencia del acuerdo al que llegó Macri en 2018 y otros gobiernos en el pasado, en esta oportunidad el Fondo no pidió ninguna reforma estructural. Ni reforma laboral para reducir el sector informal, ni privatizaciones de las empresas públicas mega-deficitarias, ni un ajuste a la fórmula previsional.

El programa no incluirá ese tipo de políticas, aseguró Guzmán. “Apunta a resolver los problemas que nuestra estructura productiva vino padeciendo. Apunta a medidas que favorezcan a los sectores que puedan generar divisas y a fortalecer la administración tributaria”, dijo.

En otras palabras, se puede esperar una suba de impuestos para tratar de aumentar la recaudación. Junto a la reducción de los subsidios a la energía, así Guzmán espera llegar a ese déficit cero en 2026.

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Economía

Acuerdo con el FMI: Sin equilibrio fiscal hasta 2026 y sin reformas estructurales, el que pierde es Argentina

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El Gobierno finalmente consolidó un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo durará dos años y medio, e implica un monto por US$ 44.500 millones para refinanciar la deuda anterior. No se abordará ningún tipo de reforma estructural.

Después de meses de negociaciones, finalmente el Gobierno de Alberto Fernández acercó posiciones con el Fondo Monetario Internacional y concretó un principio de acuerdo con el organismo multilateral.

En concreto, el acuerdo firmado por Argentina supone programa de dos años y medio de duración, recibiendo un monto por US$ 44.000 millones para la refinanciación de la deuda anterior. En otras palabras, el Gobierno acordó la toma de más deuda para poder así hacer frente a los vencimientos de la deuda tomada anteriormente por un monto similar.

De forma sorpresiva, finalmente la posición más extremista del oficialismo prevaleció ante las negociaciones con el Fondo, y el Gobierno solamente planteó una corrección completa del déficit fiscal primario para 2026. Argentina mantendrá un rojo fiscal corriente por 4 años más, sin siquiera poder compensar el pago de intereses para ese entonces.

Aún así, los mercados respondieron al acuerdo después de las fuertes turbulencias cambiarias en la jornada del día jueves. El dólar volvió a bajar casi $6 desde entonces y el precio de los bonos registró aumentos de hasta el 9%, pero más tarde se estancó el alza debido a la falta de reformas estructurales sobre la economía del país, algo que fue confirmado explícitamente por la bocera del oficialismo Gabriela Cerruti.

Los detalles acercados por el Gobierno apuntan a consolidar un déficit del 2,5% del PBI para este año, 2% del PBI en 2023, 1% en 2024, 0,5% para 2025 y finalmente equilibrio primario en 2026. Es notable que la mayor parte del ajuste fiscal primario es planificada a partir del 2024, casualmente cuando se descuenta un posible cambio de Gobierno.

Se debe tener en consideración, además, que la estrategia sobre el pago de intereses de deuda también cobra mayor relevancia a partir del 2024, como resultado de la restructuración celebrada a mediados del 2020. La gestión de la deuda apunta a trasladar vencimientos y obligaciones a un futuro Gobierno en 2024.

Según precisó Guzmán en conferencia de prensa, si bien el acuerdo el acuerdo de políticas económicas es superior a los 2 años, el pago de los debidos vencimientos de la deuda comienzan al cabo de 4 años y medio, lo que podría volver a caer dentro la responsabilidad de un nuevo Gobierno distinto al actual.

El ministro Martín Guzmán aseguró que el programa actual no es un Stand-by como el que se había tomado en 2018, sino que es formalmente un acuerdo de facilidades extendidas. Sin embargo, lo cierto es que tampoco puede encasillarse rigurosamente en esta última categoría, porque normalmente los acuerdos de facilidades extendidas exigen reformas estructurales que están completamente ausentes en el programa.

El presidente Fernández celebró públicamente la negativa del país por realizar cualquier tipo de reforma estructural. El Gobierno se niega sistemáticamente a permitir la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, la desregulación de la economía, la apertura arancelaria, privatizaciones, o cualquier otro tipo de reforma que no encaje en el libreto kirchnerista.

La dramática ausencia de reformas no solamente forma un vacío alrededor de la capacidad de pago de la Argentina, sino que también perjudica la situación interna. Sin una reforma laboral, el tamaño de la economía informal pone en riesgo a la recaudación tributaria y, con ello, la sostenibilidad del sistema de pensiones en última instancia.

Por otra parte, sin una seria reforma previsional, el déficit del sistema jubilatorio estará lejos de erradicarse, algo que pondrá una especial presión en las cuentas públicas en el largo plazo porque afecta directamente la solvencia del país.

El FMI finalmente no tuvo más remedio que acatar lineamientos que, en otras circunstancias históricas, parecerían completamente imposibles de lograr. Esta situación no se explica por alguna habilidad del Gobierno, sino más bien porque Argentina ocupa una situación deudora exorbitantemente alta como parte de la cartera total del Fondo Monetario, poniendo al organismo en una situación extremadamente compleja.

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