En una entrevista realizada por un medio en la vía pública, un jubilado expresó su malestar con el sistema previsional y cuestionó duramente la desigualdad en el acceso a los haberes. “Yo no cobro jubilación mínima, sino que cobro más de dos jubilaciones, pero además tengo un juicio con ANSES, que me están pagando la mitad del sueldo que me corresponde”, afirmó.
El entrevistado también se refirió a la situación de privilegio de figuras políticas en contraste con el resto de los jubilados: “La ventaja de esto es que me van a devolver la plata que me robó el ANSES, teniendo una presidenta de la Nación, expresidenta, que gana 30 mil dólares por mes de jubilación, y yo gano dos jubilaciones mínimas. Es decir, ahí está la diferencia: yo tengo que ajustarme y la expresidenta no, porque estafó al Estado. Esto no es político, es lo que yo siento adentro: me robó mi jubilación”.
Asimismo, cuestionó el uso político de las moratorias previsionales durante los gobiernos anteriores: “Incluyo 5 millones de jubilados que eran extranjeros, además, la mayoría, todo por un voto. Nosotros estamos pagando, lamentablemente, todo eso que se hizo, y hoy no le dan tiempo a este señor (refiriéndose al Presidente Javier Milei) a que reordene”.
Gracias al DNU de Milei, los jubilados que aportaron cobran lo que les corresponde.
Luego de ocho años de litigio, según explicó, pudo acceder a lo que le correspondía gracias a un decreto firmado en julio de 2024 por el presidente Javier Milei: “El ANSES ya no interviene más cuando hay reclamo de haber del jubilado. El 24 de julio del año pasado, este señor hizo un decreto que el jubilado que tiene dos fallos cobra, y yo cobré”. El jubilado hace alusión al Decreto 594/2024, firmado el 5 de julio de 2024.
Con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2024, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei dio un paso concreto en la dirección de ordenar el sistema previsional argentino, fortaleciendo la estructura financiera y administrativa de la seguridad social.
La norma, emitida el 5 de julio de 2024 y oficializada el 8 del mismo mes, modifica el presupuesto vigente con el objetivo de asegurar la continuidad del funcionamiento del Estado, pero también revela un enfoque racional y estratégico hacia el saneamiento de los pasivos jubilatorios.
Uno de los aspectos centrales del decreto es el refuerzo significativo de partidas destinadas a jubilaciones, pensiones y sentencias judiciales previsionales, tanto en el ámbito civil como en las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas.
Estas erogaciones, que por años fueron postergadas o demoradas por distintas administraciones, ahora comienzan a saldarse con decisiones claras y fondos específicos, lo que permite comenzar a restaurar la confianza en el sistema y avanzar hacia su sustentabilidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibe un incremento presupuestario orientado al pago de prestaciones previsionales que incorporan el impacto de la Ley de Movilidad. Además, se destinan $160.751 millones para afrontar deudas reconocidas judicial y administrativamente, un punto históricamente sensible por la acumulación de juicios previsionales iniciados por miles de jubilados ante incumplimientos del Estado.
En paralelo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP/PAMI) también ve reforzado su presupuesto, especialmente para la cancelación de sentencias judiciales previsionales. Esta asignación busca garantizar la continuidad de los servicios sociales que recibe la población jubilada, uno de los sectores más vulnerables del país.
El decreto también establece fondos adicionales para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina y para el Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas, contemplando el impacto de actualizaciones salariales.
Estas medidas reflejan un cambio de enfoque, el gobierno no solo reestructura partidas, sino que comienza a corregir desequilibrios arrastrados por décadas. La voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales y sentencias judiciales representa un avance institucional y una señal clara de respeto por los derechos adquiridos.
