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Economía

Justicia de EE.UU. falló en contra del Estado argentino por la expropiación ilegal de YPF: Se deberá pagar hasta US$ 20.000 millones

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La fatídica expropiación llevada adelante por la hoy vicepresidente Cristina Kirchner acaba de generar otro costo para el país, que deberá pagar entre US$ 8.500 y hasta US$ 20.000 millones por el fallo.

Como se advirtió hace años, la expropiación ilegal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 no solamente deterioró el funcionamiento del sistema energético nacional, sino que funcionó como una virtual nacionalización de deudas que mantenía la firma, y significó una catarata de denuncias contra la venta forzosa e ilegal.

La maniobra dispuesta por la hoy vicepresidente Cristina Kirchner y el hoy gobernador Axel Kicillof, en su momento presidente y ministro de Economía respectivamente, implicará que el Estado argentino deberá realizar un pago de entre US$ 8.500 y US$ 20.000 millones de dólares, de acuerdo al fallo que salió esta tarde.

La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, dictó sentencia a favor del fondo Burford, quien compró el juicio en 2014 por US$ 50 millones de dólares a Peterson y Eton Park, a quienes, según la justicia norteamericana, se les quitó su propiedad de manera ilegal.

Bajo el kirchnerismo, el Estado llevó adelante un claro incumplimiento de los términos y condiciones de los derechos contractuales con los que se había comprometido. La medida de expropiación fue adoptada simplemente por cuestiones ideológicas, y una visión compartida por una gran cantidad de diputados y senadores que hoy pertenecen al espacio de Juntos por el Cambio (JxC).

En otras palabras, el fallo de la corte estadounidense reconoce que el Estado argentino no pagó el valor que correspondía abonar por las acciones de YPF al momento de su expropiación, sino que fijó un valor arbitrario por fuera de los parámetros de mercado. 

Las acciones del fondo que compró los derechos para litigar contra el Estado argentino se dispararon hasta un 31% en el día de la fecha, este hecho refleja la confianza de los mercados en la firmeza del fallo. 

Los títulos de YPF no se vieron afectados por el fallo en la plaza bursátil local, y registraron una ligera alza del 2% después de meses de aumentos consecutivos por mejores perspectivas en la producción petrolera. Sin embargo, sufrieron una caída superior al 6% en la plaza de Wall Street

La jueza reconoció que la empresa YPF como tal no tuvo responsabilidad en la maniobra que realizó el Estado argentino, y por lo tanto sus activos están libres del riesgo de cualquier acción legal o embargo.

Por el contrario, el fallo reconoció algunos beneficios para la firma petrolera, y le echó toda la culpa al Estado argentino, recayendo el pago de este crimen, en última instancia, a los contribuyentes rehenes que son rehenes de la herencia de Cristina Kirchner.

En medio de una dramática crisis por la escasez de divisas que genera el cepo cambiario, el Estado argentino tendrá la posibilidad de apelar el fallo y postergar las obligaciones financieras que conlleva, pero deberá ofrecer algún tipo de garantía y, por otra parte, el fondo Burford fue facultado para realizar embargos

Economía

Éxito total: Toto Caputo logró un 100% de adhesión a la propuesta de reestructuración por la deuda de Cammesa

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El anuncio envía una firme señal de disciplina fiscal para los mercados, ya que el Gobierno nacional podrá evitar incurrir en mayores obligaciones por las deudas acumuladas con las energéticas. La reestructuración cerró con la aceptación de bonos en dólares pagaderos hasta el año 2038.

Las empresas más importantes del mercado energético argentino finalmente aceptaron la propuesta de reestructuración presentada por el ministro Luis Caputo para reestructurar la deuda de Cammesa. Se trata de una serie de obligaciones acumuladas por subsidios energéticos entre diciembre del año pasado y enero de este año.

Central Puerto y Pampa Energía, dos actores fundamentales en el mercado energético, decidieron apoyar la propuesta por medio de un bono en dólares a 2038, que involucra una quita implícita de hasta el 50% con respecto al valor original de la deuda. Otros actores del mercado como El Chocón, YPF, YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE) de Bulgheroni, Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG, Solargen, Pluspetrol, Albanesi y Compañía General de Combustibles (CGC), también aceptaron la propuesta del Ministro. 

En vista a la deplorable situación fiscal heredada de la administración kirchnerista, las energéticas entendieron que poseían en un activo incobrable en su cartera, ya que el Estado no poseía capacidad alguna de pago. Sin embargo, la propuesta de Caputo promete un horizonte de pagos mucho más realista y factible, con lo cual se prefirió una quita del 50% sobre la deuda en lugar de una situación de evidente impago. 

Por estas razones las empresas energéticas informaron por evidentes pérdidas ante la aceptación de la quita de deuda, pero esto no es otra cosa sino el sinceramiento de un rojo que ya existía antes como resultado de la política tarifaria irresponsable del exministro y candidato Sergio Massa.

El Gobierno envía una señal contundente a los mercados: el superávit fiscal es sólido, incluso de forma independiente al resultado de la votación de la Ley Bases en el Congreso. Sin importar el accionar de la vieja política y los sectores más adversos al cambio económico en el país, el equipo económico del oficialismo se aseguró la prórroga del superávit fiscal.

Todo esto implica que el BCRA se mantendrá firme en su posición autárquica con respecto al financiamiento del sector público, y podrá continuar con su respectivo saneamiento para finalmente desembocar en la liberalización del mercado cambiario.

La creciente apertura y liberalización del mercado energético argentino, algo presente en la Ley Bases, apunta precisamente a aprovechar el potencial productivo de las energéticas a través del tiempo. De obtenerse un resultado favorable en el recinto legislativo, la valorización de las energéticas podría reaccionar positivamente en vista de la proyección de ganancias futuras.

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Economía

Rumbo a la competencia de monedas: El BCRA eliminó las restricciones adicionales para la apertura de cajas de ahorro en dólares

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El marco normativo para abrir una caja de ahorro en dólares pasa a ser el mismo que regía para las cajas en pesos, sin ninguna distinción. Este primer paso desregulatorio permite avanzar hacia la libre competencia de monedas que propone el Gobierno.

A través de la Comunicación “A” 8027, el Banco Central presidido por Santiago Bausili anunció la desregulación de la apertura de cajas de ahorro en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Fueron completamente eliminados los requisitos adicionales que existían para la apertura de este tipo de cuentas, en detrimento y competencia desleal con respecto a las facilidades ofrecidas sobre las cuentas en pesos.

Hasta ahora, y en el marco del cepo cambiario vigente desde finales de 2019, se exigía a los bancos solicitar requisitos de información a sus clientes para corroborar que estos percibieran ningún subsidio si querían abrir una caja de ahorro en dólares. También se exigía información para demostrar una cierta capacidad de ahorro.

El objetivo de estas regulaciones arbitrarias era evitar que una gran cantidad de personas, principalmente aquellas más vulnerables y frecuentemente subsidiadas por el Estado, pudieran migrar sus pesos hacia el dólar a través del sistema bancario. De esta manera, miles de personas fueron relegadas a la operatoria en mercados alternativos y fuera del sistema.

Durante el estallido de la pandemia en 2020, el Gobierno kirchnerista emitió una insana cantidad de pesos al mismo tiempo en que endureció el cepo cambiario y las normativas para abrir cajas de ahorro en moneda extranjera, a fin de evitar que la mayor cantidad de pesos en circulación migraran al dólar como consecuencia de la caída de la demanda de dinero.

Muy por el contrario, el equipo económico actual se comprometió con una estricta disciplina fiscal y monetaria, que desmanteló por completo la emisión del BCRA para asistir al Tesoro, y arribó al superávit financiero de las arcas públicas al término del primer trimestre del año.

La flexibilización regulatoria anunciada por Bausili también implica una alivio para el acceso al dólar MEP. Esta cotización de la divisa se adquiere por medio de la intermediación de un bono, y para ello existe una norma que explicita que cada cliente suscriba dólar MEP debe enviar sus compras desde una cuenta comitente a una cuenta bancaria. En este sentido, la mayor facilidad para abrir una cuenta en dólares permite que este proceso se haga más ágil y sencillo.

Las medidas dispuestas por el BCRA permiten una mayor inclusión en el sistema financiero, y constituyen un paso fundamental para regularizar la competencia entre el peso y el dólar. Se habilita entonces un canal perfectamente legal y regularizado para afianzar el ingreso de dólares al sistema financiero.

En última instancia, la libre competencia de monedas a la que apunta el Gobierno del Presidente Javier Milei no solo quedaría determinada por la legalización de los contratos en dólares, sino también por el curso legal del dólar para todo tipo de operaciones en consonancia con el peso.

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Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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