El desempleo se desplomó al 7,3% en el mes de agosto, marcando el registro más bajo observado desde diciembre de 2008. La caída es cada vez más fuerte desde el lanzamiento de la reforma laboral, y solamente en agosto se crearon 59.000 puestos de trabajo formales.

La economía italiana sigue mostrando indicios de un sólido mercado laboral, potenciado por las políticas de liberalización regulatoria impulsadas desde el Gobierno de Giorgia Meloni. De hecho, aunque el país todavía no logra recuperar el nivel de actividad previo a la crisis de 2008, el mercado laboral muestra los mejores resultados desde aquel entonces.

Solamente en agosto se crearon un total de 59.000 puestos de trabajo formales, y en lo que va de la administración de la derecha italiana totalizan 523.000. La tasa de ocupación batió un nuevo récord y llegó hasta el 61,5% de la población de referencia en el mes de agosto, el registro más alto de la historia desde el comienzo de las mediciones estadísticas a partir del 2004.

La tasa de desocupación cayó al 7,28% al término de agosto, y es oficialmente la cifra más baja observada desde diciembre de 2008. La creación de puestos de trabajo fue tan importante, que la tasa de desempleo logró bajar incluso en un contexto en donde aumenta la población económicamente activa (que llegó al 66,4% de la población total en agosto de 2023).

La tasa de desempleo juvenil retrocedió al 22%, nuevamente marcando el registro más percudido en 14 años. Italia se acerca cada vez más a los parámetros de la zona Euro, que mantiene una tasa de desocupación en torno al 6,4% respectivamente.

Para poder lograr estos resultados Meloni llevó a cabo una serie de reformas, entre las más importantes la reforma del sistema tributario (desde finales del año pasado) y la reforma laboral, decretada a partir de mayo de 2023.

Tras la aprobación de la reforma laboral de Meloni, se profundizaron los recortes impositivos que habían sido anunciados hace un año: un recorte de la carga fiscal del 7% para ingresos de hasta 25.000 euros anuales, y del 6% para ingresos de entre 25.000 y 35.000. Esto permitió incentivar el crecimiento de la oferta laboral (la población activa) para favorecer el crecimiento.

Por otra parte, la reforma laboral avanzó fuertemente con la flexibilización de la legislación italiana. Se ampliaron las posibilidades legales para prorrogar todos los contratos de índole temporal hasta un año adicional de lo que regía anteriormente, y se establecieron incentivos fiscales para la contratación de personas menores de 30 años.

También se anunció una alícuota diferencial y reducida del 15%, que será percibida por un cierto tiempo, para las empresas que declaren una ampliación de su planta permanente de personal.

El tercer pilar de la reforma es la eliminación progresiva del programa “Renta Ciudadana” para todas las personas que están en condiciones de trabajar. La medida apunta, otra vez, a dinamizar la oferta laboral de Italia y reducir el gasto público elefantiásico. Este programa será finalmente liquidado a partir de 2024, y pasará a sustituirse por el “Cheque de Inclusión” con un carácter mucho más selectivo.

El Gobierno está usando los dólares del último desembolso del FMI para intervenir las paridades alternativas del dólar hasta las elecciones, a costa de producir un mayor estallido en el último bimestre del año. El ministro de Economía deja tierra arrasada para la próxima administración.

Las reservas brutas del Banco Central recientemente rompieron el piso de los US$ 27.000 millones de dólares en la última semana de septiembre. De esta manera, en el mes se llegaron a perder hasta 894 millones de dólares, entre las operaciones con el comercio exterior y las intervenciones sobre los dólares alternativos legales.

La brutal caída tiene una sola y única razón: el ministro Sergio Massa bajó la orden de vender dólares para contener la cotización del dólar MEP por tanto tiempo como sea posible para llegar sin otra devaluación a las elecciones, aunque esto implique virtualmente consumir una parte de los desembolsos que proveyó el FMI en la última revisión del acuerdo (alrededor de 7.500 millones de dólares).

La estrategia de Massa consiste en postergar todos y cada uno de los desequilibrios monetarios, fiscales y cambiarios del país para el próximo Gobierno, en un acto de irresponsabilidad casi sin precedentes en la democracia, algo que solo se había visto hacia el final de la presidencia de Cristina Kirchner en 2015.

El Tesoro autorizó cancelaciones de deuda pública por US$ 400 millones durante el mes de septiembre, en gran medida por préstamos pequeños con organismos multilaterales, y el Banco Central llegó a vender hasta 870 millones de dólares para intervenir la cotización del MEP y el CLL, todo esto para tratar de contener la brecha cambiaria en el mercado paralelo (que asciende a más del 117%).

Se trata de la mayor intervención mensual en el mercado financiero de divisas en lo que va de la presidencia de Alberto Fernández, y también la más drástica de la administración de Sergio Massa como ministro de Economía. De hecho, las intervenciones para contener al dólar en la campaña de Massa alcanzan a duplicar a las que permitía el exministro Martín Guzmán durante las elecciones legislativas del año 2021.

Desde diciembre de 2019 el BCRA perdió US$ 3.200 millones para intervenir las paridades del dólar MEP y CCL según las estimaciones de la consultora Quantum Finanzas, y la mayor parte de este monto (alrededor del 70%) se desembolsó desde abril de 2023 para favorecer la competitividad electoral de Massa a costa de perjudicar la ya muy delicada situación del país.

Pese a todo esto, el tipo de cambio del dólar MEP rompió la barrera de los $713 en el día lunes, y el Contado con Liquidación sigue superando cómodamente los $830. La corrida contra el peso parece imparable, más aún después de que el BCRA decidiera no volver a aumentar la tasa de política monetaria de referencia para las Leliq y los depósitos a plazo fijo regulados.

Aún abonando una tasa de interés en torno al 208% anual (en términos efectivos), cada vez más ahorristas dolarizan sus carteras en medio de la incertidumbre electoral. El equipo de Massa no inspira ni la más mínima confianza para detener el proceso.

La coalición de Juntos por el Cambio votó favorablemente al Presupuesto del año 2023 en octubre del año pasado, respaldó todas las expansiones presupuestarias en el 2020, y una gran parte respaldó el Presupuesto del 2021, todos con déficit fiscal.

La candidata Patricia Bullrich se mostró perdida en el debate presidencial del pasado domingo, y destacó por una serie de incoherencias que más tarde no se pudieron ocultar. Entre otras cosas, acusó al ministro y candidato Sergio Massa de enviar un Presupuesto con déficit fiscal en octubre del año pasado para el año fiscal 2023, una crítica válida y correcta, pero olvidó mencionar que fue precisamente el espacio de Juntos por el Cambio el que votó a favor y lo hizo posible.

El Presupuesto 2023 se aprobó con un total de 180 votos afirmativos contra solo 22 votos negativos, y 49 abstenciones. La ley de presupuesto enviada por Massa propuso un déficit fiscal programado en el 1,9% del PBI para fin de año, y un incremento del 1,6% en el nivel de gasto público nacional en términos reales (por encima de la inflación esperada).

Si bien el voto de Juntos por el Cambio no fue completamente unánime (no tiene los consensos políticos que dice tener), la excusa oficial para acompañar al kirchnerismo fue el hecho de que el Gobierno habría podido valerse de una mayor discrecionalidad, reprogramando el Presupuesto del año anterior.

Pero lo cierto es que las metas inflacionarias del proyecto de Massa eran ampliamente incumplibles, y cuanto más grosera es esta diferencia, más se incrementaron las asignaciones discrecionales a cargo del Gobierno nacional. El objetivo principal de JxC fracasó, porque el Gobierno pudo utilizar toda la discrecionalidad que quisiera para administrar las finanzas públicas, y el “plan platita” lanzado recientemente despeja cualquier tipo de duda al respecto.

Tampoco es la única vez que la supuesta “oposición” acompaña los proyectos presupuestarios del kirchnerismo (por no mencionar los tantos otros proyectos acompañados en otras áreas). Juntos por el Cambio acompañó todas las ampliaciones presupuestarias al Presupuesto de 2020, prácticamente por unanimidad, esta vez justificándose por la emergencia de la pandemia.

Para el Presupuesto del año fiscal 2021, el espacio de Patricia Bullrich se dividió y no mostró una determinación “opositora” tan definida como pretende hacer ver en campaña. El proyecto se aprobó con 139 votos afirmativos, entre los cuales se encontraban las diputadas correntinas de JxC Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, y los diputados radicales Gabriela Burgos, Osmar Monaldi y Jorge Rizzotti.

Otros diputados, como Lucila Lehmann de la Coalición Cívica, Diego Mestre de la UCR y Pablo Tonelli del PRO simplemente se ausentaron en lugar de emitir algún voto, cuando el quórum estaba más que garantizado.

Incluso dos gobernadores de Juntos por el Cambio llamaron a votar a favor del Presupuesto kirchnerista de 2021: los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés. En la actualidad, ambos gobernadores se muestran cercanos a la figura de Massa, y podrían ser convocados en un eventual Gobierno del actual Ministro.

Juntos por el Cambio únicamente rechazó con seguridad el Presupuesto del año 2022, el cual finalizó con una votación de 132 votos negativos, 121 afirmativos y una sola abstención.