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Economía

La economía argentina cayó 10,6% en junio: una tímida recuperación con respecto a mayo

La consultora de Orlando J. Ferreres (OJF) dio a conocer el miércoles pasado los datos sobre la actividad económica del mes de junio, mostrando que la misma tuvo una caída del 10,6%, recuperándose tan sólo un 1,9% respecto de mayo.

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Según los datos de la consultora privada Orlando. J. Ferreres & Asociados, la economía muestra un pequeño rebote en el mes de julio, pero está muy lejos de llegar a los niveles en los que estaba antes de la cuarentena. Sólo en el segundo trimestre del año la actividad tocó cifras récord, llegando a derrumbarse un 15,4%.
Por su parte, esta expansión de la actividad del 1,9% respecto del mes anterior, es un número insignificante e insuficiente para subsanar la caída que tuvo la economía durante los primeros seis meses del año, acumulando una contracción del 10,7%.

“La actividad económica continuó durante junio retomando lentamente la marcha, pero no logra salir del pozo en el que entró en marzo y que tocó piso en abril”, señaló la consultora. 

Los sectores que denotan una mayor incidencia en la caída general son la industria, el comercio y la construcción, aunque las variaciones negativas fueron menores a las de los meses anteriores.
La llamada “recuperación en V” está demorando en la Argentina, y la actividad económica está estabilizándose en niveles más parecidos a los del pasado mes de mayo, en detrimento de los niveles que alcanzaba en febrero de este año. 

El presidente Alberto Fernández anunció el viernes pasado la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto, fecha en la cual se cumplirán 150 días de aislamiento social obligatorio. El año, por lo menos visto desde el aspecto económico, es un año perdido. 

Según el informe presentado por OJF & Asociados, el sector agropecuario registró una caída del 8,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que la industria se desplomó un 12,5% en el mismo período de referencia.

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En general, las consultoras privadas estiman que la caída del PIB rondará entre el 12-13% en 2020 y será la mayor de la historia moderna, superando a la del 2001-2002, cuya contracción había sido del 10,9%.

“En efecto, la medición desestacionalizada o serva una recuperación de 1,9% respecto de mayo, pero el nivel de actividad se encuentra aún por debajo del observado durante marzo, mostrando las dificultades de nuestra economía para lidiar con esta prolongada crisis sanitaria”, agregó Ferreres.

A pesar del plan de contención económica que pretende anunciar el presidente, la confianza en los distintos agentes continúa en su sendero declinante. Los consumidores seguirían bajo una enorme incertidumbre sobre la sostenibilidad de sus ingresos. 

En un informe semanal publicado por la propia consultora de Ferreres, se anunció una merma persistente en el nivel de confianza de los consumidores argentinos, correspondiente al mes de julio. 

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Los últimos días del mes de julio se caracterizaron por el pésimo nivel en el cual permanece la economía, el rechazo por parte del gobierno a la última contrapropuesta de los bonistas, y el alza en el déficit primario del Sector Público Nacional, que alcanzó el 3,2% del PBI.

El índice de confianza del consumidor, elaborado por la consultora, se mantuvo cayendo constantemente desde septiembre del 2019, momento en el cual Fernández consolidaba su victoria y se abrió paso al gobierno. 

A pesar de que se trata de datos preliminares, se vislumbra el rumbo general de la economía, mostrando lo que parecería ser una recuperación que se queda a medio camino, mientras el nivel de vida continúa bajando.

El país que se niega a crecer. Argentina mantiene el mismo nivel de riqueza que tenía a mediados del 2001.

Según los datos oficiales del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que proporciona el INDEC, y aplicando un ajuste poblacional, se torna cada vez más evidente le pérdida en la calidad de vida de los argentinos. 

La tendencia bajista, que ya estaba presente desde el año 2011 con la consolidación de la estanflación, se transformó en una profunda depresión que retrotrajo al país a los mismos niveles que tenía a mediados del 2001. 

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Economía

Las nuevas medidas del Gobierno no dan resultados: La inflación tendrá un piso del 6% para el mes de agosto

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Los precios de los alimentos aumentaron un 3% solamente en las primeras dos semanas del mes, y las consultoras privadas estiman que el aumento del IPC no podrá ser inferior al 6%. La media de las expectativas de mercado espera que la inflación alcance el 90% para fin de año.

La llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía generó un cierto clima de estabilidad en torno a las variaciones del dólar en los segmentos paralelos, e incluso en la prima de Riesgo País, pero los precios siguen subiendo violentamente.

El INDEC confirmó que los precios minoristas saltaron un 7,4% solamente en el mes de julio, la variación más drástica desde abril de 2002. El proceso inflacionario no se detuvo, y en las primeras dos semanas correspondientes al mes de agosto se registró un aumento del 2,9% en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, según estima la consultora LCG que dirige Lorenzo Guido.

La inflación para el nivel general de los precios minoristas marcó un aumento intermensual del 6,8% en las dos primeras semanas de agosto, en comparación con el mismo período semanal de julio. A partir de estos datos, la consultora concluye que la variación del IPC para fin de mes difícilmente pueda ser menor al 6%.

La estimación del IPC para la región del Gran Buenos Aires, elaborada por Ecolatina, tuvo un drástico aumento intermensual del 6,3% en los primeros 15 días de agosto. Se marca una ligera desaceleración de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la variación del mes pasado, pero el ritmo al que aumentan los precios sigue siendo el más violento desde 2002.

Para Ecolatina el IPC tendrá una variación final del 6,2% al término de agosto, y de confirmarse este dato la inflación interanual aumentaría al 74,6% en comparación al nivel de precios registrado en agosto de 2021.

Esta cifra no solamente incluye a los alimentos, sino también al valor de las tarifas públicas de referencia, entre ellas la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, las prepagas y los alquileres, entre muchos otros sectores.

Para la consultora Eco Go el pronóstico es similar, y se proyecta un aumento mensual de hasta el 6,5% entre julio y agosto. Estimó que solamente en los primeros 7 días de agosto los precios subieron un 1,5%, el equivalente a la inflación anual en muchos países. Se proyecta que cada semana tendrá un aumento promedio del 1,4% para el nivel general de precios.

La inflación mensual no baja a pesar de las medidas anunciadas por Sergio Massa, y las expectativas para fin de año son cada vez peores. El Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM), que realiza y avala el propio Banco Central, espera que la inflación interanual alcance el 90,2% para diciembre.

Un nivel semejante de inflación acumulada para un periodo de 12 meses no se registraba desde noviembre de 1991. Por otra parte, para el promedio del año 2022 se espera una variación del 83,7% en comparación al año 2021, nuevamente la cifra más alta desde 1991. 

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Economía

Las pérdidas de las empresas estatales de Estados Unidos aumentaron en US$ 6.800 millones desde que Biden es presidente

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El resultado financiero de las empresas bajo la órbita del Estado federal registró el rojo más importante desde 2014. Los demócratas bloquearon la agenda privatista del presidente Trump y no presentan ninguna alternativa.

El desequilibrio fiscal de Estados Unidos a nivel federal continúa reduciéndose a partir de un importante aumento de la recaudación (un efecto que en parte se debe a la inflación), pero el resultado de las empresas patrocinadas por el Gobierno es cada vez peor.

El déficit financiero de las empresas estatales alcanzó los US$ 7.656 millones al término del segundo trimestre de 2022, cuando al inicio de la administración de Joe Biden había prácticamente equilibrio fiscal sobre este sector del Estado. El desequilibrio aumentó en 6.800 millones de dólares en 18 meses.

Este conglomerado de empresas estatales registró superávit por última vez en el primer trimestre del año 2018, y más tarde se convergió al equilibrio en la segunda mitad de 2019, durante la gestión del presidente Donald Trump.

Resultado financiero de las empresas estatales del Gobierno federal estadounidense.

Si bien Estado Unidos no se caracteriza, ni jamás se caracterizó, por una gran cantidad de empresas nacionalizadas, el Gobierno federal posee participación total o mayoritaria sobre empresas de transporte urbano, servicios de distribución eléctrica, bancos, servicio postal, aeropuertos y compañías destinadas a estimular el crédito, entre otras posesiones.

El desequilibrio registrado al término del primer semestre del año equivale a un modesto 0,03% del PBI, pero ya es la cifra más importante desde el segundo trimestre de 2015. Desde la década de 1980 los gobiernos federales se preocuparon por evitar, en la medida de lo posible, la ineficiencia y la pérdida de utilidades por parte de las empresas patrocinadas por el Gobierno, pero Biden promete ser una excepción.

Los demócratas bloquearon todas y cada una de las iniciativas del presidente Trump para privatizar un gran número de empresas estatales. Entre otras propuestas, Trump pretendía privatizar aeropuertos internacionales, el control del tráfico aéreo, el servicio postal más importante del país, la Autoridad del Valle de Tennessee, e incluso Fannie Mae y Freddie Mac.

A diferencia de lo que ocurrió en la presidencia de Barack Obama en 2009, cuando el Gobierno federal emprendía la estatización de bancos y empresas automotrices y solo de manera transitoria hasta 2012, el creciente déficit registrado en 2022 no se debe a estatizaciones temporales por la crisis económica, sino que obedece a las empresas ya existentes. 

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Cuba

La dictadura castrista anunció la flexibilización del auto-bloqueo y levanta restricciones a la inversión extranjera

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En respuesta al progresivo colapso de la economía socialista, la dictadura de Miguel Díaz-Canel impulsó la apertura a la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, sectores que hasta ahora se encontraban auto-bloqueados por la isla desde 1959.

La crisis económica en Cuba genera una fuerte presión para llevar adelante una agenda reformista. La dictadura socialista de Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba permitirá la inversión extranjera directa sobre el comercio minorista y el mayorista.

Hasta ahora, el Estado cubano guardaba un celoso control de estos sectores y monopolizaba la oferta de bienes y servicios a nivel minorista y mayorista. La reforma levanta el auto-bloqueo que imponía la dictadura sobre su propio país, permitiendo que puedan ingresar firmas extranjeras para así ampliar la disponibilidad de oferta de bienes.

Es la primera vez desde 1959 en que empresas privadas internacionales podrán realizar inversiones en la isla, siendo que el propio Fidel Castro se ocupó de boicotear el flujo de capitales y aisló el país con respecto al mundo.

“La inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, con regulación estatal, permitirá la ampliación y diversificación de la oferta a la población y contribuirá a la recuperación de la industria nacional”, explicó el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil.

La nueva flexibilización regulatoria sigue la misma línea adoptada en la década de 1990, cuando la dictadura atravesaba una situación de colapso en lo que se denominó “período especial”, y en el cual se aplicaron ciertas reformas parciales.

Las empresas extranjeras adquirieron la posibilidad de invertir en el sector manufacturero de Cuba a partir de 1995, y más tarde se levantaron las prohibiciones para la inversión en la oferta de servicios.

La emergencia económica nuevamente se vuelve a convertir en un foco de presión para las reformas. El régimen maximizó los desequilibrios fiscales y monetarios a partir del año 2020, una situación que desencadenó la peor crisis en 27 años.

El déficit fiscal aumentó al 17,7% del PBI, una cifra financiable con recursos genuinos o deuda pública, por lo que la única herramienta fue la emisión monetaria. El Gobierno se vio obligado a abandonar la convertibilidad entre la moneda local y el dólar, y unificó el mercado cambiario.

La inflación “oficial” alcanzó el 77,3% interanual en diciembre de 2021, pero esta cifra no resulta representativa porque la dictadura cubana establece un férreo control de precios que agotó la oferta de productos en las góndolas. En respuesta al desabastecimiento generalizado, los precios de los bienes en los mercados informales registraron una inflación que superó el 6.900% en 2021.

El espiral inflacionario generó un profundo malestar social que obligó a la dictadura a ofrecer algún tipo de respuesta desesperada para ampliar la oferta de bienes en la isla, y aminorar el desabastecimiento.

La emisión monetaria descontrolada y la represión financiera ejercida por la dictadura socialista generaron escasez sobre alimentos básicos de primera necesidad e incluso sobre los productos para uso medicinal, dejando en tela de juicio el supuesto prestigio de la medicina en Cuba. 

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