El Gobierno y la oposición se aproximan a un inminente acuerdo definitivo para evitar el default de la deuda. El programa incluye un fuerte recorte de gastos y no habrá ningún aumento impositivo, pero fueron tenidas en cuenta algunas consideraciones del oficialismo.

Tras tensas semanas de negociaciones, finalmente el Gobierno de Joe Biden y la oposición encabezada por McCarthy llegaron a una tentativa de acuerdo, el primer paso para la redacción de un documento definitivo que evitaría un histórico default en Estados Unidos (algo que ninguna de las dos partes está dispuesta a permitir).

El acuerdo significa una contundente victoria para los republicanos, ya que las líneas generales del programa de consenso se acercan más a posiciones fiscalmente conservadoras y no se establecerá ningún tipo de aumento impositivo, una de las condiciones más celosamente respaldadas por el ala trumpista de la oposición.

Sin embargo, y aunque Biden dio el brazo a torcer ante la inminente llegada del incumplimiento, el acuerdo deberá ser respaldado por las distintas facciones de ambos partidos en el Congreso y no se descartan nuevos cambios para que finalmente pueda ser aprobado.

Los puntos más importantes del acuerdo

En primer lugar, los republicanos darán el visto bueno para aumentar el techo legal de la deuda pública federal por encima de los 31,4 billones de dólares tal y como lo exigía el presidente Biden. Esto permitirá refinanciar las operaciones del Gobierno federal y evitar cualquier incumplimiento.

Asimismo, los recortes al gasto público sólo se efectuarán sobre el gasto no relacionado con la defensa. Por lo tanto, las partidas presupuestarias asignadas para gasto militar, controles fronterizos, policía y la atención médica a veteranos de guerra, no se verán afectadas de ningún modo y mantendrán las pautas de crecimiento fijadas previamente.

Las erogaciones restantes en el presupuesto (la gran mayoría del mismo) tendrán un crecimiento nominal cercano al 0% para el año 2024, y a partir de 2025 habrá un límite de aumento del 1% nominal anual para los próximos seis años. Esta regla fiscal es más laxa de lo que originalmente proponía el proyecto republicano, pero garantiza que el gasto público en relación al PBI se vea constantemente recortado.

Para lograr la moderación de la expansión nominal del presupuesto, fueron establecidos una serie de recortes sobre partidas que son significativas para el total. Se ampliaron los requisitos para acceder a los programas sociales, en particular sobre el plan de cupones alimentarios.

La ley vigente establece que los adultos sanos y sin hijos de 18 a 49 años pueden acceder a cupones alimentarios de manera restringida y solo durante tres meses de cada tres años, siempre y cuando no hayan estado empleados al menos 20 horas a la semana. Con el nuevo acuerdo, estas restricciones también afectarán a las personas de hasta 54 años. Se incluyen excepciones para el caso de veteranos.

También se establecen requisitos mínimos de trabajo (búsqueda activa de empleo y la obligación de realizar capacitaciones) para aquellas personas que quieran entrar en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Sin embargo, estos requisitos no se incluirán para el acceso al Medicaid como lo establecía el proyecto republicano original, y en este aspecto también debieron ceder ante la posición de los demócratas.

El acuerdo establece la recuperación de los fondos por el Covid-19 que no fueron gastados efectivamente, aproximadamente 4,5 billones de dólares que se recortarán automáticamente de los gastos presupuestarios.

Washington is sitting on tens of billions of dollars in unspent COVID funds, even though the pandemic is over. Republicans are leading the charge to claw back this money for taxpayers—marking the largest rescission in history.

Here are just some of the slush funds included: pic.twitter.com/1sRKY5MbpK

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023

Sin lugar a dudas uno de los principales puntos fuertes del acuerdo será la marcha atrás con los rescates de préstamos estudiantiles, una medida que desequilibró completamente las finanzas públicas desde agosto del año pasado. Los prestatarios volverán a pagar los préstamos que suscribieron sin el auxilio del Gobierno federal (siendo que la inmensa mayoría jamás necesitaron de ningún rescate).

Sin embargo, los demócratas lograron retener un paquete de hasta 20.000 millones de dólares en programas de alivio para deudas estudiantiles que finalmente no serán recortados. Pero aún así, se debe tener en cuenta que los rescates involucraban un gasto de US$ 315.000 millones solo en 2023, con lo cual la balanza se terminó inclinando en favor del conservadurismo fiscal.

Los republicanos también lograron imponer su posición para recortar la financiación adicional al Servicio de Impuestos Internos, una normativa establecida en la Ley de Reducción de la inflación de 2022. Esto implica un ahorro neto de hasta US$ 80.000 millones solamente para el año fiscal 2023.

Las jubilaciones y pensiones aumentaron muy por debajo de la suba de los precios a lo largo del Gobierno kirchnerista. Aún con los bonos adicionales, se registró una caída acumulada de casi 7 puntos porcentuales.

El desarrollo del proceso inflacionario es cada vez más desesperante. El haber mínimo jubilatorio bajo la fórmula previsional kirchnerista se desplomó hasta un 27,4% en términos reales desde diciembre de 2019, una caída inédita y a un ritmo similar al de los últimos dos años de la administración Macri. Para este cálculo se tiene en cuenta una inflación cercana al 9% en mayo, aunque las previsiones sugieren que podría cerrar en un número en torno a dos dígitos por primera vez desde abril de 2002.

Bajo la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los haberes más bajos aumentaron un 317% mientras que los precios subieron un 474,35% en el mismo período, diezmando brutalmente el poder de compra de los jubilados.

La actualización de los haberes fue tan insuficiente que en la práctica el Gobierno debió hacer uso de bonos adicionales de naturaleza transitoria, y no atados a la fórmula previsional. De esta manera y contabilizado estos ingresos, la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2019 alcanzó el 6,8%. Sin importar cómo se lo mida, el deterioro del poder de compra de los jubilados es un hecho innegable.

La próxima actualización trimestral del haber mínimo jubilatorio tendrá lugar a partir del 1° de junio y pasará de los $58.665 hasta los $70.937, un aumento del 20,92% de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria. También se pagará un bono extra de $15.000 en junio, $17.000 en julio y $20.000 en agosto. Pero ni así se le puede ganar a la estampida inflacionaria. 

De acuerdo a las proyecciones de inflación plasmadas en el sondeo de expectativas REM del Banco Central, para junio el valor efectivo real de la jubilación mínima será aproximadamente el mismo que había en diciembre de 2019 y para el mes de agosto se estima una caída del 10% sobre el poder adquisitivo. De no ser por los bonos adicionales, que ya están demandando un esfuerzo fiscal considerable para el fisco, las caídas serían del 18% y 30% respectivamente.

El deterioro del poder adquisitivo afecta a la totalidad de las transferencias que mensualmente realiza el Estado, incluyendo el pago de salarios, subsidios, planes sociales, becas, etc. Todo se deteriora progresivamente en términos reales y esto lleva a una conflictividad creciente que el modelo asistencialista del kirchnerismo no es capaz de resolver.

El componente de “ingresos” actualmente conforma el principal factor explicativo para el aumento de la pobreza. La Universidad Torcuato Di Tella sugiere que con la metodología del INDEC la pobreza ya habría superado el 42% en el semestre móvil finalizado en abril, siendo que la última medición del organismo oficial informó de una tasa del 39% correspondiente a diciembre del año pasado.

Por otra parte, la tasa de pobreza en el segmento de personas ocupadas alcanzó al 30% del total en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia se habría profundizado aún más en los primeros tres meses de este año, algo esperable dado la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios en el sector privado informal.

El Gobierno kirchnerista aumentó el umbral de la pobreza general en más de 7 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2019, y hasta 5 puntos considerando al segmento de personas que tienen un trabajo.

El sexenio de López Obrador se encamina a ser el de más bajo crecimiento en los últimos 100 años. Aunque la actividad escaló un 1,1% en el primer trimestre de 2023, no logró crecer prácticamente nada desde 2018 y los ingresos registran una caída de casi el 3% en términos reales.

La economía mexicana abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo y enfrenta una tensa situación de estancamiento. El PBI trimestral registró un modesto crecimiento de hasta el 1,1% durante los primeros tres meses de 2023, pero aún con este rebote la actividad sigue en los mismos niveles que tenía en 2018. No se logró ningún avance significativo desde aquel entonces.

Se observó un rebote interanual del 3,7%, ligeramente superior al 3,6% del trimestre anterior pero muy por debajo del 4,4% observado al término de septiembre del año pasado. La recuperación mexicana en la pos-pandemia es una de las peores del mundo, comparable al desempeño de la economía española.

Aún así, para el mes de marzo la actividad observó una caída del 0,3% y el crecimiento interanual se moderó al 2,7% con respecto al mismo mes del año pasado. Las actividades primarias se desplomaron un 1,6% mensual, las secundarias cayeron un 0,9% y el sector de los servicios mostró una disminución del 0,1% en términos reales.

La economía solamente creció un 1% desde diciembre de 2018, la cifra más baja para cualquier sexenio registrado en los últimos 100 años. Ningún presidente mexicano independientemente de su signo político terminó su mandato con un crecimiento tan pobre como el que registrara Manuel López Obrador al final de su mandato.

Pero como la población sigue creciendo y el PBI se encuentra estancado, el ingreso real por habitante es cada vez menor y con ello el nivel de vida promedio de los mexicanos. Desde la llegada del socialismo al poder el PBI per cápita real retrocedió un 2,36%, y quebró la tendencia alcista de los últimos 30 años.

Al difícil contexto internacional por la revisión del acuerdo NAFTA y el alza de las tasas de interés se sumaron factores internos que torpedearon constantemente la inversión privada en el país. Las medidas de López Obrador espantan a los inversores y desplazan la iniciativa privada por un rol cada vez más aplastante del Estado.

El presidente socialista dispuso la expropiación de todas las explotaciones de litio, estableció un virtual monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los contratos energéticos del país, y anuló todas las Zonas Económicas Especiales de México (zonas francas con un régimen impositivo preferencial).

Por otra parte, la gestión sobre el frente fiscal fue aún peor. El déficit primario del Gobierno federal (sin contabilizar las partidas de los Estados locales) partió de una situación de equilibrio en diciembre de 2018 a un rojo de 1,13% del PBI para principios de 2023. El resultado financiero incluyendo la factura por intereses marcó un déficit superior al 3,5% del PBI en el acumulado anual de enero, el más grande desde 1989.