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Economía

La economía kirchnerista sin rumbo ni plan económico: se cuadruplicó el rojo financiero

El primer año de gestión de Alberto Fernández promete batir nuevos récords de fracaso económico. El déficit financiero del Sector Público Nacional se incrementó un 326% con respecto a junio del 2019, según los últimos datos del Ministerio de Economía.

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El informe del resultado fiscal base caja para el mes de junio responde a las consecuencias de la disparatada y atípica política fiscal del gobierno. Las medidas de aislamiento y la destrucción en el nivel de actividad económica supusieron una enorme expansión en el Estado y una mochila cada vez más pesada sobre la sociedad. 

El resultado primario (sin contabilizar los intereses de deuda), alcanzó los 253.706 millones de pesos. El aislamiento social no es gratis, y el enorme costo social está siendo contenido con un enorme esfuerzo fiscal, aunque no parece ser un equilibrio estable por mucho tiempo más. 

En conjunto con los intereses de deuda pública, el resultado financiero del Sector Público Nacional (SPN) marcó un rojo de 288.565 millones de pesos. En comparación con el mismo mes del año pasado, el déficit financiero aumentó un 326% en términos corrientes, y se elevó notablemente en términos del producto bruto. El déficit financiero se más que cuadruplicó, pasando de los 67.712 millones de pesos en junio de 2019, a más de 288 mil millones en este año.

Se estima que tan solo el resultado primario (con metodología base caja), podría ser casi 16 veces más alto, pasando de un 0,44% a finales de la gestión Macri, a un 7% en diciembre. 

Los ingresos del SPN sumaron un total de 402.899 millones de pesos. A pesar de la enorme carga impositiva y los nuevos impuestos que implementó la gestión Fernández, el aumento en la recaudación cerró con un magro 7%, comparando junio de 2020 con junio de 2019. En el mismo período, la inflación alcanzó el 42,8%, lo que demuestra el gran deterioro de las arcas públicas en términos reales. 

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La caída en materia de actividad, hizo totalmente inútil cualquier esfuerzo en pretender aumentar la recaudación vía impuestos, y el gobierno se vio obligado a recurrir al auxilio del Banco Central.
Teniendo en cuenta un piso en la actividad para el mes de abril, el repunte mensual que experimentó la economía desde entonces, posibilitó un incremento sustancial en la recaudación de algunas partidas específicas. 

Este fue el caso de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, que aumentaron un 23%, y marcaron un fuerte impulso sobre el total de los ingresos tributarios efectivamente percibidos.
La recaudación por el impuesto a los débitos y créditos aumentó un 52% interanual, mientras que, en la partida de bienes personales, el aumento registrado alcanzó el 293%. 

El gasto público primario ascendió a los 656.605 millones de pesos, lo que equivale a un aumento del 73% interanual. Desde el lado de los gastos, los aumentos superaron cómodamente al nivel de la inflación. Con la introducción de la cuarentena, el Estado se vio obligado a desembolsar una serie de paquetes fiscales sobre familias y empresas. 

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Se abre el panorama para las contradicciones dentro del propio gobierno, pues mientras el sector público entra en una profunda crisis de financiación, el núcleo duro del kirchnerismo insiste en dilapidar recursos. 

De la mano de la vicepresidente, se instauró una agenda expropiatoria que prometió llegar para quedarse, al mismo tiempo que se reparten transferencias provinciales con criterios políticos, sin atender los lineamientos económicos y sanitarios como se debería. Estas transferencias aumentaron un 304% interanual. 

Las transferencias corrientes aumentaron un 204%, y ascendieron a 175.296 millones de pesos en junio. Este incremento responde a las medidas de contención anunciadas por el gobierno. Casi el 86% del monto total de las transferencias fueron percibidas por agentes en el sector privado. 

Por su parte, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) concentró cerca de 99.750 millones de pesos, el Programa Alimentar incrementó sus gastos en 8.050 millones de pesos, y las asignaciones en concepto de apoyo al empleo registraron un aumento de 2.950 millones de pesos. Las partidas destinadas a la contención sanitaria, gastos característicos de la coyuntura actual, aumentaron en casi 12.500 millones de pesos. 

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Ante la negación del gobierno en implementar un programa de corrección sobre el nivel de las tarifas públicas, se registró un incremento notable en materia de subsidios económicos, y se corre el riesgo de derrumbar todo el esfuerzo realizado entre 2016 y 2018. Los subsidios aumentaron un 115% interanual, un número muy superior a la inflación para el mismo período. 

A partir de la derogación en la movilidad jubilatoria y los sucesivos decretos en torno al sistema de pensiones, los gastos previsionales alcanzaron los 291.375 millones de pesos, lo que implica un incremento del 45,4% con respecto a junio de 2019. 

El incremento se sitúa ligeramente por encima de la inflación, pero la suspensión de la fórmula anterior supone un gran recorte sobre las jubilaciones intermedias.
La “pirámide previsional” cambió su estructura, de tal forma que los haberes mínimos tienden a mantener su valor (y a estancarse), mientras que el resto de los haberes pierden parte de su poder adquisitivo, y convergen al haber mínimo.

El sistema se torna progresivamente más injusto con aquellos que decidieron aportar un mayor esfuerzo para su jubilación futura, un cambio en el que muchos pierden y nadie gana.  

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Economía

La peor política energética de la historia: Edenor perdió hasta $9.859 millones en el primer semestre

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El congelamiento tarifario dispuesto por Fernández provocó pérdidas millonarias y mayor descapitalización en el sector eléctrico. Las acciones de Edenor se derrumbaron un 4,25% en el día lunes.

La situación en el mercado energético es cada vez más delicada. Los más recientes balances contables de la distribuidora Edenor, presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), presentan una pérdida acumulada de $9.859 millones entre enero y junio de 2022.

De acuerdo a su jurisdicción asignada por el Estado, la empresa cuenta con 3,2 millones de clientes y abastece hasta el 20% de la demanda energética del país, tanto para uso residencial como para la industria y el comercio. Esto permite tomar dimensión sobre su importancia relativa dentro del mercado.

El patrimonio total de la empresa eléctrica ascendió a los $90.608 millones, registró un resultado operativo negativo por $10.681 millones en el primer semestre, y se totalizaron $8.655 millones en concepto de inversión para atender la calidad de los servicios ofrecidos y la demanda de los usuarios.

La inversión registrada fue, en su mayoría, un monto destinado a compensar al menos una parte de la depreciación del capital, pero no existió un mayor margen para capitalizar el sistema.

El congelamiento de tarifas, primero decretado en febrero de 2019 por el presidente Macri y más tarde mantenido y extendido por Alberto Fernández, fue la causa principal para explicar los fuertes desequilibrios financieros del primer semestre.

La ecuación económico-financiera de la empresa se deterioró brutalmente a causa del estancamiento de los ingresos percibidos por los consumidores, que en última instancia es el resultado natural del incremento insuficiente en el valor nominal de las tarifas (cayendo su valor en términos reales).

Los costos operativos definidos en el mercado eléctrico mayorista no cesaron sus aumentos, y de hecho fue imposible su congelamiento debido a que hacerlo implicaría paralizar la producción energética y propagar desabastecimiento.

Los subsidios económicos suministrados por el Estado se tornaron crecientes a lo largo de la gestión kirchnerista, pero estos no cubrieron el aumento de los costos mayoristas y no compensaron el deterioro de las tarifas percibidas por los consumidores en términos reales.

Los aumentos tarifarios permitidos solamente respondieron a factores de estacionalidad, y no a la evolución real de los ingresos de la empresa distribuidora. Los balances contables ajustados por inflación determinaron que el margen bruto de la empresa cayó un 16% en comparación al primer semestre del año pasado.

Por otra parte, el mayor estrangulamiento del cepo cambiario limita la capacidad de Edenor para hacer frente a sus obligaciones financieras con el exterior. El acceso al mercado único de cambios (el cambio oficial) es cada vez más restringido por el BCRA, al borde del colapso de las reservas internacionales netas.

La actualización tarifaria dispuesta por Sergio Massa a partir de agosto supone un alivio para la ecuación económico-financiera de la empresa, pero se requieren mayores ajustes para evitar la descapitalización de los servicios. Sin la capitalización requerida, se corre el riesgo de atravesar apagones como los vividos entre 2012 y 2015 en el último Gobierno de Cristina Kirchner

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Economía

Massa desplaza a funcionarios kirchneristas y nombra a Flavia Royón al frente de la secretaría de Energía

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El ministro de Economía forzó la renuncia de Darío Martínez y Federico Basualdo para poder aplicar los aumentos tarifarios sin oposición. La ingeniera Royón se desempeñará como secretaria de Energía.

Se afianza el cronograma para la segmentación y los aumentos tarifarios. El ministro de Economía Sergio Massa logró imponerse en las internas del oficialismo y forzó la renuncia de Darío Martínez y Federico Basualdo, una movida que no había podido ser concretada por su predecesor Martín Guzmán en 2021.

Massa precipitó una purga de funcionarios kirchneristas de la secretaría de Energía, con el fin de eliminar la oposición interna y evitar cualquier tipo de boicot contra la reducción de subsidios económicos. Estos movimientos eran necesarios para cumplir con los lineamientos presentados el 3 de agosto.

La nueva secretaria de Energía será Flavia Royón en reemplazo a Martínez, quien hasta ahora se desempeñaba como ministra de Energía y Minería en la Provincia de Salta, nombrada por el gobernador justicialista Gustavo Sáenz. Paralelamente, Royón lideraba el Consejo Económico y Social de Salta, y servía como representante de su Provincia ante organismos nacionales.

Royón es comúnmente asociada a posturas políticas pragmáticas en materia de energía y medioambiente. Defendió y promovió el desarrollo de la actividad minera en su jurisdicción, y se mostró como una partidaria de la explotación privada del litio para la exportación.

También se desempeñó como consultora en mercados ganaderos, trabajó como gerente general en el Frigorífico Bermejo, y desarrolló funciones en la Comisión Directiva de Entidades Gremiales Empresarias de su Provincia.

Junto con nueva Secretaria, Santiago Yanotti será el próximo subsecretario de Energía en sustitución a Federico Basualdo, un hombre que también responde al armado político de Massa y que se desempeñó como vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Se añadirán al equipo Federico Bernal como nuevo subsecretario de Hidrocarburos, y Cecilia Garibotti como la nueva subsecretaria de Planificación.

Los anuncios dispuestos por Massa implican un ajuste del 0,2% del PBI proyectado para 2022, en materia de subsidios energéticos. Los nuevos funcionarios en la secretaría de Energía se proponen garantizar dicho ajuste.

Sin embargo, la proyección de déficit primario para fin de año cae del 3,1% del PBI al 2,9%, y resulta aún es necesario determinar el ajuste adicional por al menos 0,4% del PBI para arribar a la meta del FMI. 

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Economía

Se hunde la economía argentina: Las ventas minoristas se desplomaron un 6% en julio

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Un reciente informe de CAME estima que las ventas de las empresas pymes se derrumbaron un 6% entre junio y julio, y acumulan una caída del 3,5% contra 2021. Las ventas de alimentos cayeron un 6,2% y la indumentaria registró una violenta contracción de casi 13%.

El estallido inflacionario del mes de julio y las constantes remarcaciones terminaron por impactar en el nivel de consumo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de julio cayeron fuertemente un 6% en comparación al mes anterior, y acumulan una caída anual del 3,5% en comparación a julio de 2021.

CAME realiza un relevamiento sobre un umbral de 1.087 pequeñas empresas en todo el país y en los primeros días del mes de agosto, buscando obtener datos acerca del desempeño de julio. En lo que va de 2022 las ventas minoristas acumularon una caída del 3,8% en comparación a los primeros 7 meses de 2021.

La renuncia de Martín Guzmán y el ascenso de Silvina Batakis como ministra de Economía a lo largo del mes de julio, despertaron un tenso clima de desconfianza que precipitó una caída en la demanda de pesos y un alza en la cotización del dólar en los segmentos alternativos. El abrupto shock de expectativas tuvo un impacto en los precios casi instantáneamente.

Los indicadores de consumo resultan de gran importancia para anticipar el rumbo de la totalidad de la actividad económica, debido al enorme peso de esta variable en relación al PBI. Con un nivel de inversión y exportaciones en estancamiento, y un consumo en caída, las señales de recesión son cada vez más claras.

CAME confirmó que la caída interanual promedio alcanzó el 3,5% contra 2021, pero esto es significativamente variable según qué rubro se analice. Las ventas minoristas en artículos de bazar, textiles de hogar y muebles se derrumbaron un 4,6% contra julio de 2021, en alimentos cayeron un 6,2%, y las ventas en el rubro textil disminuyeron hasta un 12,7%.

El rubro textil fue, con diferencia, el más golpeado de todos en materia de consumo y alza de precios. Solamente contra junio de 2022, las ventas minoristas de productos textiles cayeron violentamente casi 5%. Los proveedores mayoristas de indumentaria llegaron a remarcar hasta un 15% en las dos primeras semanas de julio, el momento de mayor incertidumbre sobre el rumbo de la economía.

La caída de la demanda de pesos propagó el sobrante de dinero en la economía, produciendo así un primer aumento sobre los activos financieros y el tipo de cambio con el dólar. Pero no tardó en generar más tarde un impacto sobre los costos de reposición mayoristas, los alquileres y los costos de transporte, iniciando así un efecto en cadena por el exceso de pesos.

Los bienes de origen importado demostraron una mayor reticencia para evitar los aumentos, no solamente por la variación del dólar sino también por las restricciones de índole cuantitativo que establecen el Banco Central y las autoridades de aduana. Las restricciones sobre las importaciones limitaron la oferta percibida por los consumidores, y encarecieron los precios en términos reales.

A diferencia de lo que ocurrió en los primeros dos trimestres de 2022, el creciente nivel de la inflación se torna cada vez más incompatible con el estancamiento de la actividad económica y el consumo, y empuja a una recesión abierta

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