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Economía

La emisión está por alcanzar los nueve millones por minuto y precipita las proyecciones de inflación

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La emisión marcó un récord en octubre y el mercado ajustó al alza la inflación esperada para 2021 y 2022. Sin acuerdo, anticipan un piso para los precios en 60%.

Mes a mes la emisión monetaria sube. En la última quincena de octubre, el Banco Central emitió $8.796.296   por minuto para cubrir el déficit fiscal que Martín Guzmán no llega a bachear con el endeudamiento que consigue en el mercado local, anotando un nuevo récord para la “maquinita”. En la primera mitad del mes eran $7.532.963 por minuto.

Lo que más asombra a analistas es el hecho de que desde que se disparó el gasto público en agosto de este año, el Banco Central emite más que el financiamiento que necesitó el Tesoro en igual mes de 2020 cuando la economía y la recaudación se hallaban por debajo de los niveles actuales: en agosto del año pasado, se emitieron $ 40.000 millones y este agosto, $200.000 millones. Las cifras de septiembre y octubre -incluso con la devolución de $427.701 millones al Banco Central gracias a la asignación de DEGs del FMI- sumaron $175.312 millones y superaron con creces los $92.720 millones emitidos en igual bimestre de 2020. Si no se le descuentan los DEGs del FMI -que precisamente fueron devueltos con el objetivo de estirar la capacidad de financiamiento con emisión- la emisión se dispara a $596.713 millones en dos meses.

Esta aceleración de la emisión sin respaldo fomenta las proyecciones de un dólar cada vez más alto en el mercado paralelo, pero también en el dólar oficial. Es que, la presión sobre la inflación también va a obligar al Banco Central a corregir tarde o temprano el tipo de cambio para compensar la pérdida competitiva de los precios internos. En este sentido, no solo las proyecciones de inflación son más altas tanto por efectos de primera ronda, como por los efectos de segunda ronda. Y también la presión cambiaria.

 Así lo advierten economistas como Rodrigo Álvarez para quien el Gobierno después de las elecciones deberá atacar la brecha cambiaria porque ninguna economía crece con un diferencia del 100% en sus tipos de cambio. Para él, subir por encima de la pauta inflacionaria para recuperar el terreno perdido durante 2021 con una “corrección suave”  y sin saltos cambiarios de un día para el otro es impracticable; y en esto coincide con Arriazu. Así, si la pauta inflacionaria se acelera, el dólar oficial deberá subir incluso más.  

“Este esquema económico no resiste dos años; podemos discutir si resiste seis meses, pero dos años, no. La historia entre 2011 y 2015 muestra que con brechas del 100% o incluso menores no se acumulan reservas y no se crece; y acá el punto de partida es con muchas menos reservas y con una brecha mucho más grande. Esto lo tiene claro el Gobierno y lo tiene claro el Fondo Monetario y el plan que tiene que poner sobre la mesa implica costos, esto es lo que el Gobierno quiere posponer y a mi juicio es imposible de hacer. El ajuste tiene que llegar porque, de lo contrario, los costos van a ser muchísimo más elevados”, dijo Álvarez a LPO.

 “Si siguen pisando las tarifas, ya el 70% del costo es subsidiado. Si deciden seguir emitiendo para mantener un déficit fiscal, esto también se traduce en aceleración inflacionaria y refuerza los demás problemas. No veo que esto aguante dos años con esa dinámica”, sintetizó. 

Mientras tanto, mes a mes, el Relevamiento de Expectativas de Mercado confirma esta percepción de que la inflación va a ser más alta: el último REM correspondiente a las estimaciones de fin de octubre reveló que las diez consultoras que mejor proyectan la inflación habían subido sus proyecciones para 2021 2,4 puntos porcentuales desde el mes previo hasta 51% anual. Y para 2022, el conjunto de los encuestados subió 2,9 puntos porcentuales sus proyecciones hasta 48,9%.

De acuerdo a este último REM, la inflación en octubre rondará el 3,4%, en noviembre cederá a 3,1% con la ayuda del congelamiento de precios y luego recuperaría la tendencia alcista hasta marco un pico de 4,1% en marzo. En otras palabras, si para 2021 un 3,5% de inflación era un “techo” o valor cercano al máximo, para 2022 será un “piso”.

Como explicó a este medio el profesor Héctor Rubini, el problema no pasa solamente porque el financiamiento con emisión monetaria sea elevado, sino porque sea percibido como “permanente” con una brecha también “permanente” entre la demanda de dólares y la alicaída demanda genuina de pesos.

En este sentido, el consenso de los economistas considera que una forma de revertir esta percepción de emisión creciente en forma permanente es con un acuerdo con el Fondo Monetario, incluso si es una versión “light”, es decir, una que no agrave la deteriorada macroeconomía, pero sí reduzca gradualmente el déficit, frene parcialmente la emisión, ajuste tarifas y achique la brecha cambiaria con una corrección del tipo de cambio oficial.

El riesgo, advierten, es que consiste en sostener por dos años la fragilidad macroeconómica con un piso de inflación más alto: si para el año próximo, el piso inflacionario va a ser del 3,5% mensual y se tocan tarifas y dólar, la inflación va a un nuevo estándar más cerca del 60% que del 49% que, por ahora, proyecta la mediana de los economistas en un contexto de absoluta incertidumbre.

El último informe de la consultora 1816 advierte acerca de los riesgos de ir a este esquema de fragilidad sostenida por el frente político, porque cualquier shock externo va a radicalizar el rumbo político. O bien hacia una ruptura con el FMI que extreme nuevamente la emisión, o bien hacia un ajuste rápido de la macroeconomía que permite hacer el “trabajo sucio” en una alianza con la oposición para que el próximo presiente reciba una macro ordenada como punto de partida.

Por eso, para Rodrigo Álvarez, “El primer elemento que está sobre la mesa es el tipo de cambio. Si piensa que hay un atraso como dice el Fondo Monetario de al menos 20 puntos al tipo de cambio real 20%, por eso el gobierno piensa en un crawling peg más acelerado. Ahora cuando vas a la historia, nunca se pudo devaluar dos meses consecutivos a un ritmo del 4 o 5 por ciento porque terminó en un salto violento del tipo de cambio. Básicamente porque los exportadores no liquidan y los importadores adelantan pagos en dólares y aceleran la demanda hasta que la pérdida de reservas hace la corrección”, dijo a LPO.

“Ahí hay un frente que el Gobierno tiene que despejar y para hacer esto claramente tiene que dejar de utilizar anclas temporarias como los controles de precios, el tipo de cambio o las tarifas; y empezar a utilizar anclas de tipo más estructurales como son la política monetaria y la política fiscal en un marco de gestión de expectativas, que tampoco es un tema menor con este equipo económico. Y lo último, lo que hay que pensar es en la capacidad de un Gobierno que podría resultar muy debilitado en las elecciones para implementar un plan de ajuste que sabemos que va a ser doloroso”, concluyó.

Economía

El Gobierno destinará 400 millones de dólares en el gasoducto de Vaca Muerta, sin financiamiento internacional

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Alberto Fernández dio el visto bueno para la ampliación presupuestaria que permite girar US$ 400 millones del Tesoro a la construcción del nuevo gasoducto, pero no habrá financiación internacional debido a la pésima reputación del kirchnerismo.

En una reunión con el secretario de Energía, Darío Martínez, el presidente Fernández decidió ampliar el presupuesto y girar US$ 400 millones desde el Tesoro para comenzar la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. El gasoducto será bautizado como “Presidente Néstor Kirchner”, siguiendo así la vieja manía de bautizar con “Kirchner” a todos los proyectos que hace el gobierno kirchnerista.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, poco y nada pudo hacer para llevar confianza al exterior en representación del Gobierno argentino. La pésima reputación del kirchnerismo sentenció al país a quedarse sin financiamiento internacional, y la obra deberá costearse enteramente con recursos propios en un momento delicado para el mercado cambiario.

La gran abundancia de dólares en el mundo, a bajos tipos de interés, no podrá ser de ninguna forma utilizada por la Argentina para financiar proyectos estratégicos como la ampliación de la infraestructura energética.

La mayor parte de los países en el mundo obtuvieron una enorme cantidad de recursos en concepto de crédito a baja tasa de interés y esta dinámica no estuvo solamente presente en los desarrollados, muchos países de la región latinoamericana como Chile, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay también consiguieron acceso al financiamiento internacional. Argentina se ve renegada junto con Venezuela.

Aun así, el Gobierno decidió utilizar los pocos recursos que le quedan para comenzar las obras, buscando relanzar nuevamente el potencial de Vaca Muerta. El gran aumento de la producción petrolera, levemente interrumpido por la pandemia, responde al ordenamiento realizado desde 2016 sobre la producción de hidrocarburos no convencionales.

El gasoducto de Vaca Muerta busca canalizar el aumento de la producción energética para poderla distribuir exitosamente. En la actualidad, y a pesar de que aumenta la capacidad productiva, no es posible comercializar la totalidad del petróleo y el gas extraídos. El proyecto busca esencialmente resolver este problema de distribución.

Se busca también generar la capacidad técnica para poder exportar hidrocarburos, especialmente al mercado de Brasil por su enorme tamaño y dinamismo. Sin embargo, las políticas del kirchnerismo provocaron la dependencia energética y el fin del saldo exportador positivo desde mediados del 2005, una posición que aún no logra ser revertida por completo.

Si bien la producción de petróleo aumentó levemente tras haberse derrumbado en la pandemia, los niveles actuales son un 41,2% inferiores a los que había en 1998, el máximo histórico registrado para la producción petrolera argentina.

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Economía

Impuestazo del kirchnerismo: la Ley de Envases podría provocar un alza de casi 5% en los alimentos

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El oficialismo pretende lanzar una Ley de Envases con un fuerte impuesto implícito sobre los alimentos envasados. El impacto social de las medidas equivaldría a subir el IVA del 21 al 24% y afectará especialmente a las familias de más bajos ingresos.

El proyecto del kirchnerismo para sancionar una nueva Ley de Envases ya cosechó un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad. La ley busca introducir un tributo sobre una amplia canasta de alimentos envasados, buscando desalentar su consumo y favoreciendo la “agenda verde” del Gobierno.

Se estima que solamente esta medida provocaría un aumento del 4,6% sobre el promedio de los productos alcanzados, según asegura el economista Fausto Spotorno. De producirse este escenario, y considerando el nivel de inflación mensual, prácticamente se conseguiría añadir un mes extra de inflación para los productos envasados sujetos al impuesto.

Tradicionalmente, y como es de esperar, los impuestos sobre los productores se trasladan en mayor o menor medida a los consumidores. La parte que recaerá sobre los productores desalentará la producción y la oferta, mientras que la penalización sobre los consumidores finales desalentará la demanda.

El resultado de las medidas será que los productos se volverán menos accesibles, especialmente para las familias de bajos ingresos que destinan la mayor parte de su consumo a la compra de alimentos. La Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep) es abiertamente regresiva y anti-productiva.

Por otro lado, este tributo generará un fuerte desincentivo para la inversión. Considerando que la inversión bruta interna fija del país no alcanza ni siquiera para compensar la reposición del capital, un intento tributario en contra de la inversión parece algo completamente descabellado.

El efecto del aumento tributario es similar a lo que ocurriría si el IVA fuera aumentado del 21% al 24%, en torno a los productos alcanzados por la Tarep. Lejos de ser un proyecto solamente “ecologista”, la ley persigue un claro objetivo recaudatorio que acompaña al ajuste fiscal por el lado de los ingresos que preparan Martín Guzmán y Alberto Fernández.

El economista Fausto Spotorno estima que la medida podría aspirar a recaudar hasta $426.000 millones, una cifra extraordinariamente alta. Estos recursos serían transferidos en un 85% al Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), un 10% al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y todo lo restante quedará para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Se espera que, tal y como está planteado el proyecto en el Congreso, sea de muy difícil aprobación incluso dentro del propio bloque del oficialismo si no se proponen cambios sobre la tasa a los alimentos.

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Economía

En respuesta al alza de precios, Estados Unidos utilizará 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas

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En medio del alza de precios más intensa en 30 años, el gobierno de Biden anunció el uso de las reservas estratégicas de petróleo, en un intento por contener los precios de los combustibles.

El presidente Joe Biden anunció que el Estado federal dispondrá de 50 millones de barriles de petróleo contenidos en las reservas estratégicas del país, que se guardan para catástrofes naturales o situaciones de guerra. Estados Unidos enfrenta el alza inflacionaria más alta desde 1990, y los aumentos se tornan más violentos en el rubro energético y de transporte.

La administración demócrata buscará generar un paliativo para el nivel de los precios energéticos, aunque la medida va en contra de su propia agenda “ecologista” que pretende encarecer los precios para energías provenientes del combustible fósil acosta de los contribuyentes.

La liberación de los barriles de petróleo constituye, además, una política coordinada a nivel global con el objetivo de evitar una mayor disparada de los precios energéticos. Medidas similares serán aplicadas en China, India, Reino Unido y Corea del Sur.

Además, la agenda de Biden avanza con presionar a la OPEC para que también aumente su oferta de petróleo. La política energética de Biden carece de sentido, pues tan solo horas después de su asunción, el Presidente dedicó todos sus esfuerzos por cancelar la construcción del Oleoducto XL Keystone, y volvió a instaurar decenas de regulaciones que habían sido eliminadas por Trump.

Las medidas en contra de la producción petrolera junto el actual incentivo activo a la oferta de hidrocarburos parecen completamente contradictorias.

Por su parte, si bien estas medidas constituyen un paliativo temporal para los precios de las tarifas públicas familiares, lo cierto es que no se han tomado mayores medidas contra la inflación, el principal problema económico que enfrenta hoy en día Estados Unidos.

El Gobierno demócrata aseguraba en los primeros meses del año que la inflación sería simplemente un fenómeno transitorio que compensaría a corregirse en el segundo semestre. Sin embargo, el índice de precios no solo no se corrigió, sino que comenzó a acelerarse en septiembre y octubre. La inflación interanual llegó al 6,2% en octubre, y solamente en ese mes los precios subieron un 0,9%.

El economista e histórico funcionario demócrata, Larry Summers, cuestionó la excesiva pasividad del Gobierno y aseguró que se está subestimando el peligro potencial que podría generar la inflación en la economía.

En la misma dirección, el premio Nobel de economía Robert Barro advirtió que, de no aplicar políticas correctivas sobre la inflación, se corre el peligro de dilapidar la reputación generada por la “Regla de Volcker”, una suerte de ancla nominal sobre las expectativas que logró consolidarse a lo largo de 3 décadas sin mayores sobresaltos.

Biden continúa insistiendo en su programa de infraestructura como una respuesta ante la escalada de precios. Según explicó el Presidente en reiteradas oportunidades, su programa reducirá los “cuellos de botella” que erróneamente responsabiliza por toda la inflación actual.

El economista y ex asesor de Ronald Reagan, Steve Hanke, se pronunció abiertamente en contra de las explicaciones de Biden y lo culpó por su falta de acción.

Hanke explicó que la inflación se debe al enorme crecimiento de la oferta monetaria con la llegada de la pandemia, bajo el liderazgo de Jerome Powell en la Reserva Federal.

A su vez, las políticas fiscales expansivas que se impulsan desde el Gobierno federal solo agregaron incluso más presión sobre los precios.

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