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Economía

La herencia de Evo Morales: los mitos detrás del milagro boliviano y la pobreza estructural del socialismo

Tras la victoria de Luis Arce en las elecciones generales bolivianas, se exacerbó el mito sobre los supuestos logros atribuidos a la figura de Evo Morales en materia económica. Un análisis detallado marca que el milagro boliviano empezó antes de Evo y terminó con él.

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Después de 13 años de gobierno de Evo Morales, Bolivia parecía perfilarse para rechazar finalmente al socialismo del siglo XXI y al Foro de Sao Paulo, pero la victoria de Luis Arce con un contundente 55% dio marcha atrás a este proceso de liberación. 

A partir de su victoria electoral, el mito sobre los logros aparentemente indiscutidos de Evo Morales, parecen alcanzar nuevas extensiones. La mayor parte de los líderes políticos de izquierda, tanto en América Latina como en Europa felicitaron a Arce, y respaldaron su plataforma ideológica.

Tanto en términos sociales como económicos, la administración de Evo Morales no gozó de resultados particularmente destacables en comparación con otros países latinoamericanos, y las reformas de su gestión tuvieron un fuerte carácter gradualista.

El principal mito alrededor de Evo Morales fue su aparente éxito económico, planteando como “un antes y un después” en la historia de Bolivia. Sin embargo, el gobierno de Morales no hizo más que mantener el mismo camino de crecimiento que ya había sido conquistado casi dos décadas antes de su llegada. 

Entre 1975 y 1985, Bolivia entró en una espiral inflacionaria generada por pésimas políticas de corte estatista y dirigista, como era común en la América Latina de aquel entonces. La crisis inflacionaria había provocado la pérdida de casi una década de crecimiento.

Tras varios intentos fallidos, el presidente Víctor Paz Estenssoro emprendió una de las reformas más importantes en la historia económica boliviana, y logró derrotar la hiperinflación después de un duro paquete de estabilización.

Desde entonces, Bolivia logró alcanzar tasas de crecimiento considerablemente altas, y logró mantenerlas a través del tiempo. Este fenómeno no comenzó con Evo Morales, sino que se explica a partir de las reformas orientadas a la privatización, la desregulación y la disciplina monetaria desde 1985. 

Fuente: Banco Mundial.

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El economista norteamericano educado en Harvard, Jeffrey Sachs, fue central en la elaboración del plan de estabilización en agosto de 1985, permitiendo así a Bolivia comenzar un proceso de crecimiento a largo plazo. 

Las políticas de Evo Morales, lejos de ser las causantes del crecimiento, acotaron parte de su potencial. Entre 1987 y 1998, Bolivia creció a un ritmo promedio anual del 4%, y en la gestión Morales este número alcanzó 4,6%. 

A pesar del enorme aumento en el precio de los bienes exportables (principalmente los hidrocarburos), la Bolivia de Evo Morales solamente logró crecer un 0,6% más de lo que se había registrado en la década anterior, cuando los precios de las commodities eran mucho más desfavorables, el país recién se recomponía después de una hiperinflación y no tenía casi aliados regionales. 

Víctor Paz Estenssoro, el auténtico artífice del milagro económico boliviano y presidente de Bolivia entre 1985 y 1989.

A su vez, la pérdida de crecimiento potencial fue responsable de efectos sumamente negativos

A pesar de mantener el crecimiento, Bolivia no logró escalar ni una sola posición en el ranking de ingreso per cápita latinoamericano entre 2006 y 2018. 

El crecimiento registrado en Bolivia fue notable, pero se mantuvo por debajo del que lograron otras economías como Perú, Chile, Panamá y Uruguay. La ganancia de bienestar, que naturalmente se debería haber producido, llegó sólo en cuotas a la realidad.

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Inflación

Por su parte, la inflación tampoco fue un logro atribuible al gobierno socialista del MAS. Nuevamente, la inflación en Bolivia ya había sido derrotada mucho tiempo antes del 2006, y tomó un envión durante algunos años de su gobierno antes de ser derrocado. 

Las reformas económicas y el plan de estabilización de Sachs lograron terminar con la hiperinflación y, posteriormente, la profundización del modelo económico en la década de 1990 logró terminar con el problema inflacionario crónico.

Morales mantuvo bajo control el alza en los precios, aunque sus políticas iniciales generaron un pico inflacionario del 17% en mayo del 2008. A partir de ese momento se retornó a cierta disciplina monetaria siguiendo los preceptos de Sachs, no los socialistas, y la inflación volvió a niveles de entre 3% y 5% anual. 

El milagro económico boliviano comenzó a mostrar resultados a partir de 1987, y no con la llegada de Evo Morales en 2006. El aumento del gasto público y el espanto al clima inversor minaron buena parte del crecimiento potencial del país, que podría sido tranquilamente entorno al 6 o 7%, número alcanzado solamente dos veces en los 13 años de gobierno del MAS.

El MAS asumió con un balance fiscal negativo en torno a los 2,2%, y condujo al superávit financiero por un total de 8 años consecutivos. A partir de 2014, el tenue superávit se transformó nuevamente en un rojo creciente, y el déficit alcanzó los 8 puntos en 2018.

De esta manera, Evo Morales tomó un pequeño déficit y luego de 13 años al frente del país, casi que duplicó la deuda boliviana. El MAS rápidamente retornó al endeudamiento externo e interno para financiar el desequilibrio fiscal de forma no inflacionaria. La deuda pública total pasó del 35,3% del PBI en 2011 a más de 53% en 2018, según las estimaciones que realiza el FMI. 

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Nacionalización de la Energía

Otro gran mito alrededor del socialismo del siglo XXI en Bolivia es el éxito en la expropiación de hidrocarburos. Esta medida es particularmente defendida por los partidarios de Morales, e incluso por muchos otros dirigentes a nivel internacional, que lo catalogaban como “una medida necesaria e imprescindible”.

Pese al mito, lo cierto es que Bolivia no solo no necesitaba de ninguna nacionalización, sino que esta última suavizó el ritmo de crecimiento en la producción de hidrocarburos, principalmente la producción de gas natural

En 1996, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada decidió continuar con las políticas de Estenssoro, y aprobó una oleada de privatizaciones, entre las cuales se encontraban los hidrocarburos. 

Los resultados fueron los esperados: según YPFB, la producción de gas natural ascendió un 192% hasta 2006, aprovechando la demanda en nuevos mercados como Argentina (que había decidido congelar tarifas públicas desde 2002) y Brasil (que se encontraba en un fuerte proceso de recuperación). 

El boom de producción se vio alterado en 2006, a partir de la llegada de Evo Morales al Gobierno y la nacionalización parcial del sector, junto a la recreación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Lejos de ser una medida necesaria o imprescindible, la producción de gas natural ralentizó su crecimiento, y empezó a caer a partir de 2015.

Además, Evo basó su economía casi exclusivamente en esta actividad, comprometiendo el bienestar de todos los bolivianos con esta caída. No es casual que desde 2015 la popularidad de Evo no paró de caer.

El deterioro progresivo y la falta de inversiones afectaron al rubro más dinámico de la economía boliviana. Además, la contracción en la demanda argentina a partir de 2016 (a causa de la eliminación gradual de los subsidios) generó un fuerte shock negativo adicional. 

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El mito de la reducción de la pobreza y la desigualdad

Los resultados sociales, por su parte, respondieron parcialmente al crecimiento económico. Según la medición del Banco Mundial a través del “programa PovCalNet”, la tasa de pobreza en Bolivia bajó en la última década, aunque este proceso ya se venía dando desde la puesta en marcha de las reformas económicas liberales de las décadas pasadas y se estima que sin las medidas de redistribución de Evo se hubieran podido sacar más gente de la pobreza.

Si bien la tendencia bajista se mantuvo en la administración de Evo Morales, se ha creado un gran mito alrededor de la cantidad de pobres que el ex Presidente levantó a la clase media. Por ejemplo, usando la misma vara de medición que usa el INDEC argentino (US$ 11,25 ppp), Bolivia en 2018 tuvo un 56,7% de la población bajo la línea de la pobreza, y casi la mitad de este número bajo la línea de indigencia.

Estos datos, que deben ser ajustados para compararse con otros países de la región y no caer en la propaganda del socialismo, indican que Bolivia es el país con más pobreza de la región sudamericana, con la única exclusión de Venezuela.

Yendo a lo concreto, entre 2006 y 2013 el país vio una reducción real de la pobreza, aunque podría haber sido más pronunciada, pero desde entonces dejó de disminuir, formando un núcleo de pobreza sin igual en el continente, estable entre 50 y 60%. 

La misma tendencia bajista se observó en la desigualdad económica, medida a partir del índice de Gini que registra el Banco Mundial. A pesar de esto, la Bolivia de Evo Morales mantenía un nivel de desigualdad similar al de Chile, el famoso modelo ampliamente denostado por la izquierda latinoamericana. 

Bolivia registró un índice Gini del 44% en 2017, mientras que Chile tenía un 44,4% en el mismo año. Uno de los grandes reclamos de la izquierda chilena es la desigualdad, pero yendo a lo concreto, el modelo bolivariano que ellos piden ni siquiera pudo resolver este tema en 13 años de gobierno con mayoría absoluta en el Congreso.

Sin lugar a dudas, el “milagro boliviano” se basó en tomar algunas de las buenas medidas de gobiernos neoliberales anteriores, enmascararlas de justicia social, y luego mentir con los números de la pobreza, con mediciones mucho más relajadas que son inútiles a la hora de compararse con otros países. En síntesis, Bolivia mejoró su economía respecto a la década del ’90, pero respecto al resto de la región, se convirtió en el país más atrasado de todos.

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Economía

La inflación de Venezuela cerró el 2021 en el 686% y continúa siendo la más alta del mundo

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El Banco Central de Venezuela reveló que los precios subieron un 7,6% solamente en diciembre, acumulando así una dramática inflación del 686,4% anual. Aun así, se registra una fuerte caída de la inflación desde 2019.

Según las cifras oficiales de la autoridad monetaria venezolana, los precios al consumidor subieron un 7,6% en el mes de diciembre, cuando ya habían aumentado un 8,4% en noviembre y un 6,8% en octubre. La situación no es estable: la inflación anual para el 2021 llegó al 686,4% y sigue siendo la más elevada del mundo.

Aún así, Venezuela registró una fuerte desaceleración de la inflación en los últimos años, pasando del 2.750.118% en 2018 a 7.374% en 2019, 3.713% en 2020 y finalmente 686,4% en 2021. El país salió de la hiperinflación si comparamos contra otros episodios históricos, pero el régimen chavista aún está lejos de contener el drama inflacionario.

Entre otras medidas, la dictadura de Nicolás Maduro se vio obligada a flexibilizar los controles cambiarios desde 2018 al verse totalmente agotadas las reservas del BCV. Se ablandaron las medidas para la circulación de diversas divisas, siendo el dólar la más utilizada por la gente, y se liberalizó mayormente el mercado de cambios.

Sin embargo, y a pesar de que la situación inflacionaria recuperó cierta vehemencia, la actividad económica de Venezuela se encuentra en un nivel crítico. Según las estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el PBI se derrumbó hasta un 89% entre julio de 2014 y junio de 2020, una tendencia que solamente se vio interrumpida por un muy débil rebote desde septiembre del 2020.

Venezuela registró una depresión económica prolongada incluso superior a la que vivió Estados Unidos en la década de 1930, pero al mismo tiempo sufrió una cruenta espiralización de precios por un período de tiempo que sobrepasó a otros episodios de la experiencia regional e internacional. La hiperinflación de Venezuela fue una de las más prolongadas en la historia económica mundial, lo cual ya la hace un caso de estudio muy particular.

Evolución de la actividad económica y la inflación mensual en Venezuela.

Por otra parte, la elevada inestabilidad fue prácticamente inmanejable para las autoridades del régimen socialista. El Estado venezolano actualmente controla de forma directa los principales sectores estratégicos de la economía, como la electricidad, el petróleo y el gas, la distribución de agua potable, el transporte público, las telecomunicaciones, la producción de cemento, la producción siderúrgica, los puertos e incluso fueron expropiados latifundios y tierras anteriormente privadas.

Al mismo tiempo, el mismo Estado venezolano mantiene férreas regulaciones sobre la mayor parte del aparato productivo del país, interviniendo en prácticamente todos los mercados y todas las actividades.

Sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional las erogaciones del Estado venezolano fueron sistemáticamente consumidas por la inflación. Esta fue la causa por la cual, de representar cerca del 50% del PBI en 2014, el Estado pasó a significar una cifra cercana a solamente el 10% en 2021, pasando por otro pico del 48% del PBI en 2018.

La inestabilidad hizo prácticamente imposible planificar los presupuestos y maniobrar las finanzas públicas con rigurosidad, además de destruir completamente la recaudación genuina de impuestos. Los precios aumentaron a una velocidad tan elevada, que los rezagos naturales que tiene cualquier Estado para percibir la recaudación tributaria fueron suficientes como para provocar una importante pérdida en términos reales de todo ese dinero recaudado.

El régimen socialista entró en una profunda situación de colapso sobre sí mismo, distorsionando e impidiendo maniobrar al núcleo económico del sistema chavista: la planificación centralizada de la economía.

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Economía

La inflación del 2021 fue la segunda más alta desde la hiperinflación de los 80s y llegó al 50,9%

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El INDEC reveló que los precios al consumidor se dispararon un 50,9% durante el año 2021, siendo el segundo brote inflacionario más elevado desde 1991. El presidente Fernández minimizó el problema y elogió el trabajo de Roberto Feletti.

Como preveían la mayoría de las consultoras privadas en el país, y acosta de las proyecciones del ministro Martín Guzmán, la inflación anual del 2021 cerró en el 50,9% y fue el segundo aumento de precios más alto desde 1991, solo por detrás del año 2019.

Solamente en el mes de diciembre los precios aumentaron un 3,8%, pese a los numerosos controles llevados a cabo por Roberto Feletti desde la Secretaría de Comercio, el congelamiento casi absoluto de las tarifas de servicios públicos, y el atraso del tipo de cambio oficial junto con el incremento de la sangría de reservas del BCRA. Ninguno de estos elementos fue capaz de contener al fenómeno inflacionario.

El grueso del aumento de precios en diciembre se produjo a partir del rubro de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron un alza mensual del 4,3%. Dentro de este grupo de productos, destacó el fuerte aumento del precio de la carne, a pesar de todas las medidas contra la exportación que impulsó Alberto Fernández.

La inflación núcleo, aquella que no tiene en cuenta a determinados bienes y servicios de alta volatilidad como la energía, fue del 4,4% en el mes de diciembre y superó al promedio general con comodidad.

Los resultados cosechados para el 2021 fueron dramáticos en relación a lo que esperaba el oficialismo. El ministro de Economía Martín Guzmán defendió enérgicamente su meta del 29% en la primera mitad del año pasado, aunque poco a poco los datos de inflación terminaron por acorralarlo y debió admitir el fracaso de la proyección oficial.

En un principio Guzmán concluía, con una aparente seguridad y parsimonia, que la caída de la tasa de depreciación en el tipo de cambio oficial terminaría impactando inexorablemente sobre el nivel de precios. La apreciación del tipo de cambio oficial se mantuvo en este esquema durante todo el año tal y como prometía Guzmán, pero en la realidad la inflación no cedió como lo prometía el Ministro.

La falta de credibilidad de las metas de Guzmán no solo se limitó al ámbito de las consultoras privadas, sino que numerosos economistas de renombre como el propio exministro de Economía Domingo Cavallo plantearon que serían completamente imposibles de alcanzar.

Cavallo pronosticó una inflación en torno al 50% anual para 2021, y su estimación fue extremadamente acertada. Incluso a pesar de la confrontación de algunos economistas fanáticamente kirchneristas, el pronóstico de Cavallo terminó siendo correcto y finalmente los economistas del kirchnerismo terminaron por quedar en ridículo.

El presidente Fernández minimizó la responsabilidad de su Gobierno por la elevada inflación, y resaltó una supuesta “senda descendiente” sobre la evolución de los precios, algo que permanece completamente ausente en todos los análisis de las consultoras privadas y organismos internacionales.

Además, el Fernández destacó el trabajo de Roberto Feletti y sus variados controles de precios sobre una amplia gama de productos de todo tipo. Sin embargo, todos los empeños reguladores de Feletti fueron completamente superficiales y no pudieron evitar que la inflación volviera a niveles récord desde la salida de la Convertibilidad.

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Economía

El Banco Central anunció la prohibición de la importación de autos de lujo a través del mercado oficial

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La nueva normativa anunciada por el Banco Central impedirá a todas las automotrices la posibilidad de importar autos de alta gama a través del tipo de cambio oficial, y esta potestad quedará limitada al Estado y sus dependencias.

La falta de reservas en el Banco Central lleva a una posición crítica para seguir sosteniendo el cepo cambiario a la paridad oficial actual. La autoridad monetaria tomó una medida extrema y desesperada con el fin de ahorrar divisas: las automotrices no podrán importar autos de alta gama por el mercado oficial.

Las autoridades del BCRA les comunicaron a las automotrices que ya prácticamente no queda ni un solo dólar para hacer frente a las importaciones pertinentes al sector, por lo que hay peligro de desabastecimiento sobre el mercado si no se encuentran mecanismos para acceder a divisas por otros medios.

La industria automotriz buscará hacerse de préstamos con sus proveedores o sus casas matrices a lo largo del mundo con el fin de conseguir, al menos en el corto plazo, el financiamiento para hacer frente a las importaciones.

Los autos de lujo solamente podrán ser importados por el Estado a través del dólar oficial, pues las normativas no afectarán a organismos dependientes de fondos públicos, entidades estatales y empresas completamente públicas o con participación mayoritaria del Estado.

De esta forma, la entrada de este tipo de vehículos quedará severamente restringida. Las medidas mantienen dos enfoques marcadamente distorsivos; por un lado, se busca postergar todo lo posible la devaluación cambiaria en el mercado minorista, y por otro se implementa una agresiva política proteccionista.

El Estado argentino considera como “auto de lujo” a todo vehículo con un valor igual o superior a los US$ 25.000 al dólar oficial desde el comienzo del año, cuando durante todo el 2021 esta cifra rondaba los US$ 35.000.  

Por su parte, se verán afectados solamente los vehículos para uso personal o para transporte de pasajeros, pero no así los vinculados a las fuerzas de seguridad, ni los bienes de capital vinculados a la industria o los vehículos diseñados para el transporte de cargas.

Como se señaló desde La Derecha Diario, el Banco Central ya no dispone de reservas líquidas para hacer frente al cepo cambiario. El desarme de la posición de oro en espera de la próxima liquidación de la cosecha gruesa es la última jugada desesperada del Gobierno para seguir postergando una devaluación que parece inminente.

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