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Economía

La IGJ le prohibió a RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria en todo el país en otro ataque al mercado

La medida tomada por la Inspección General de Justicia habría sido reclamada por el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Un duro golpe al sector inmobiliario argentino que ya está en una preocupante situación por la cuarentena y la Ley de Alquileres.

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Según una resolución que se firmó y se público este miércoles, la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula las sociedades comerciales en el país, le prohibió a la empresa multinacional RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria. 
A pesar de que el mercado inmobiliario fue uno de los sectores más fuertemente afectados por la pandemia y las restricciones del Gobierno, este nuevo golpe de la IGJ podría poner en jaque al normal funcionamiento del rubro y podría derribar a uno de los gigantes del mercado que emplea a cientos de personas y provee servicios a cientos de miles de argentinos en todo el país.
La medida fue consecuencia de un reclamo hecho por el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), el cuál considera que la actividad inmobiliaria no debe ser franquiciable.

Rechazamos enfáticamente la denuncia del CUCICBA ante la IGJ, por ser infundada y mal intencionada, contra la red inmobiliaria con más corredores y martilleros del país. Las oficinas de la red RE/MAX seguirán atendiendo a sus clientes como lo vienen haciendo desde hace 15 años“, manifestó la firma inmobiliaria.

Uno de los principales puntos de la resolución emitida por la IGJ es la “competencia desleal” que vendría llevando a cabo la firma internacional, razón por la cual los juicios no paran de multiplicarse. 

Este reclamo es similar a lo ocurrido con otros rubros como las empresas de entregas a domicilio, o servicios alternativos al transporte público

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Por su parte, RE/MAX aseguró que el organismo regulador no tiene las facultades necesarias para aprobar lo que aprobó, y que recurrirá a sus derechos para mantener las operaciones de la compañía. La firma asegura que el objetivo de la resolución dictada esconde una cuestión comercial  y política, y no hay una cuestión ético-profesional como se manifestó.

Representantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Bonaerense remarcaron que 20 colegios departamentales de la Provincia sostienen un juicio colectivo contra RE/MAX SRL Argentina.

La empresa, que se había instalado en la Argentina en el año 2004, ahora se ve impedida de continuar con sus operaciones. Sin embargo, anticiparon que presentarán una suerte de amparo o apelación a la resolución del organismo regulador y que mientras tanto seguirán operando con normalidad.

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“En la actualidad hay acciones judiciales contra la empresa de franquicias en prácticamente todas las provincias del país. Los juicios contra los profesionales están a un paso de llegar a las cortes. Hay procesos contra apelaciones, es un contexto de judicialización total contra los movimientos de la compañía. La decisión es impedir que siga adelante con prácticas predatorias y al margen de cualquier ética“, indicó la entidad.

La cámara de Martilleros de Mar del Plata manifestó su adhesión a la resolución de la IGJ, y aseguró que este trabajo no se debería hacer en el marco de la relación de dependencia, sino que son de carácter monotributista. Aseguraron que “no hay ética, y se destruye la profesión”

Por otra parte, Carlos Prono, Secretario del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se refirió al ejercicio ilegal de la profesión. Prono aseguró que este tipo de operaciones están sujetas, por ley, a mantenerse con un nombre propio, y que no hay excepciones, ni siquiera para sociedades. En este marco, todos los integrantes de la asociación deben estar matriculados. 

Planteó que esto no ocurre con las empresas de franquicias, y que se ‘prestan’ nombres de matriculados para poder llevar a cabo las operaciones correspondientes, aunque no presentó pruebas.

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Economía

Evergrande, el “Lehman chino” se desploma un 11% y muestra signos de una nueva crisis financiera mundial

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El segundo promotor inmobiliario más grande de China adelantó que no podrá cumplir los vencimientos a fin de mes y tiene una deuda equivalente al 2% del PBI chino, que en caso de defaultearla generaría una crisis con condimentos similares a la del 2008 en Estados Unidos

El gigante inmobiliario chino Evergrande se desploma un 11% este lunes en la Bolsa de Hong Kong, registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años ante el miedo de que la firma no pueda hacer frente a sus compromisos financieros.

El segundo promotor inmobiliario más grande de China está a punto de colapsar: la semana pasada la empresa aseguró que probablemente no pueda honrar la deuda de alrededor de 254.000 millones de euros que tiene con los acreedores que equivalen aproximadamente el 2% del PBI del país asiático.

Los títulos de la firma inmobiliaria cayeron hasta los 2,28 dólares hongkoneses y es el peor registro desde mayo de 2010. Además, la valoración bursátil de la empresa se ha desplomado un 93% en ese periodo. En los últimos dos meses, el desplome superó el 80%.

La quiebra de Evergrande no solo significaría la destrucción de millones de empleos directos e indirectos, sino una catástrofe económica que los especialistas ya están calificando como un potencial “Lehman Brothers” chino, en referencia a la compañía norteamericana de servicios financieros que estaba sobreinvertida en hipotecas subprime, y su quiebra fue el síntoma más grande de la severidad de la crisis que estaba azotando a Estados Unidos en 2008.

Uno de los grandes temores es el posible “efecto contagio”. Los principales acreedores de Evergrande son bancos e inversionistas chinos, que perderían miles de millones si el gigante defaulteara sus obligaciones financieras. Por otra parte, Standard and Poor’s indicó en agosto que la empresa tenía deudas pendientes con los proveedores y contratistas de sus proyectos, a quienes debe aproximadamente 37.160 millones de dólares.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloombergeste jueves la firma deberá afrontar el vencimiento de un bono de cinco años de 71,3 millones de euros, y si defaultea este compromiso, podría ser el primer paso de un crash financiero en China. Hasta finales del año, la firma tiene que afrontar pago de intereses por 571,3 millones de euros, que casi seguro que no podrá hacer.

Esta caída tiene que ver con la brutal cuarentena que impuso China durante el 2020 por la pandemia. En agosto de 2021, la empresa reportó una disminución interanual del 29% en las ganancias netas y advirtió que la falta de liquidez podía poner en riesgo la conclusión de proyectos inmobiliarios que había paralizado por la pandemia.

El Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo, el mayor regulador financiero de China, ha dado luz verde para que la empresa libre sus pagos y renegocie los términos de sus deudas con sus acreedores, pero sin una ayuda estatal sin precedenes, Evergande colapsará.

Y aquí es donde el Partido Comunista Chino debe tomar una decisión, así como la Casa Blanca la tuvo que tomar en 2008. ¿Le conviene inyectar liquidez en la empresa para rescatarla del colapso, sabiendo que así como Evergande van a estar otras miles de empresas en todo el país y va a tener que rescatar a todas, o le conviene dejar que colapse y que la misma economía haga el ajuste necesario para liberar los recursos mal invertidos?

Bush en 2008 decidió en un primer momento salvar a Bear Sterns, la primera empresa del sector financiero que empezó mostrando signos de colapso, con un préstamo sin precedentes del Banco de Nueva York para financiar sus deudas, y luego fue adquirida a un precio extremadamente bajo por JP Morgan Chase.

Sin embargo, después de Bear empezó a colapsar Lehman, y Bush tomó la decisión de no ayudar a Lehman ya que si no tendrían que ayudar a todos los bancos de inversión del país. Sin embargo, tras la quiebra y desaparición de Lehman, más empresas siguieron colapsando y finalmente Ben Bernanke, el director de la Reserva Federal en ese entonces, tuvo que inyectar 700.000 millones de dólares para salvar a empresas como Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup, y tantas otras más.

Por el momento no se sabe si el régimen de Xi Jingping permitirá que la inmobiliaria colapse o si la rescatará. El Banco Popular de China se ha visto obligado este viernes a inyectar 14.000 millones de dólares para tranquilizar al mercado, que se mostraba nervioso por la posible caída del gigante y había empezado a deshacerse de sus inversiones más riesgosas.

Si China no maneja bien esta situación, utilizando la experiencia de Estados Unidos en 2008, todo indicaría que haber promovido la pandemia no los habría beneficiado como esperaban. El Partido Comunista Chino aprovechó la crisis del coronavirus para poner gobiernos afines a ellos en todo el mundo, conquistando territorios como Hong Kong y sacándole distancia al resto del mundo en asuntos comerciales luego de la guerra de tarifas con Trump. Pero la crisis financiera que se desprende de semejante crisis mundial se llevará puesto a China antes que al resto.

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Paquetazo de medidas: el Gobierno anunció un aumento del salario mínimo, bonos a jubilados y créditos subsidiados

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El Gobierno kirchnerista lanzó un nuevo paquete de medidas sin ninguna mesura por el desequilibrio fiscal, en busca de recuperarse después de la amplia derrota electoral en las PASO.

La relativa pasividad fiscal impulsada por el ministro Martín Guzmán llega a su fin dada la intervención de Cristina Kirchner sobre la política económica. El Gobierno vuelve a radicalizarse hacia la izquierda e impulsa un nuevo paquete de medidas para tratar de comprar votos en cara a las elecciones de noviembre.

En primer lugar, el oficialismo resolvió una revisión del salario mínimo pactado para fin de año. El cronograma original preveía un aumento del 35%, pero la suba efectiva llegará hasta el 45%, un aumento notable en términos reales. Los efectos negativos de esta medida sobre el mercado laboral podrían decantar incluso en el corto plazo.

El segundo punto fuerte de los anuncios es el lanzamiento de un nuevo “bono de emergencia” por $6.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos. Dado el oportunismo de las medidas, el carácter de emergencia de los bonos no parece ligado a un aspecto social sino más bien una emergencia electoral.

En la misma dirección, el Gobierno actualmente analiza la posibilidad de no aplicar el tope que establecía la fórmula previsional fijada por el propio Martín Guzmán el año pasado. La reforma de la fórmula jubilatoria incluye un cierto límite sujeto a la recaudación efectiva de la ANSES, cuando antes simplemente se aplicaba una fórmula matemática sobre la evolución de los salarios o la inflación.

Aunque Alberto Fernández trató de defenderse de las críticas durante todo el 2020, afirmando que su nueva fórmula previsional no constituía un ajuste, ahora las críticas desde su propio espacio político volvieron a contradecirlo, críticas que provienen de la propia Vicepresidente y la diputada Fernanda Vallejos.

En tercer lugar, el Gobierno se prepara para extender la red de créditos subsidiados a tasa cero, con el fin de estimular el consumo en el corto plazo a costa de mayores desequilibrios futuros. En este sentido, se evalúa un esquema similar al del “Ahora 12” para casi un millón de asalariados.

La medida más extremista en términos de desequilibrio fiscal posiblemente sea la propuesta para un nuevo IFE a nivel generalizado, similar a los que hubo en 2020. Esta propuesta fue especialmente resistida por el ministro Guzmán, ya que es prácticamente infinanciable y podría terminar de desequilibrar la economía.

Aún sin haber las mismas restricciones a la circulación como había el año pasado, la izquierda kirchnerista presiona por la vuelta de un nuevo paquete IFE antes de las elecciones de noviembre, nuevamente buscando comprar votos.

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Economía

Guzmán se queda pero con la condición de usar los dólares del FMI para la campaña

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Tras el colapso del Frente de Todos en las urnas, la Vicepresidente se impuso al propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, y decidió emplear una maniobra para utilizar recursos brindados por el FMI para disparar el gasto público en cara a la campaña electoral.

En las últimas horas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner demostró nuevamente tener el control real de la coalición oficialista, e impuso su voluntad por sobre la del ministro de Economía y la del propio Alberto Fernández.

A través de un decreto, el Gobierno utilizará los dólares del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central para encarar una violenta expansión del gasto público como campaña para las elecciones de noviembre. El kirchnerismo apuesta por el despilfarro de recursos para mejorar su posición política hasta las últimas consecuencias y bajo cualquier costo.

De la misma manera en que se hizo en 2009, el Gobierno colocó Letras intransferibles al Banco Central por las cuales podrán hacerse de unos US$ 4.334 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), una suerte de divisa internacional convertible con el dólar y establecida por el FMI.

Estas medidas fueron establecidas para eludir las restricciones que establece la Carta Orgánica del BCRA, las cuáles indican que la autoridad monetaria solo puede girar a Tesorería hasta un 20% de la recaudación acumulada en 12 meses y hasta un 12% de la base monetaria si es preciso.

Al emplear las Letras intransferibles, las restricciones no se ven violentadas en términos contables y legales, pero en términos económicos el BCRA pierde recursos propios que habían sido otorgados por el FMI para fines muy específicos, y el Tesoro adquiere recursos para fomentar políticas socialistas.

Pero esta maniobra no resulta fortuita para el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, el ministro Martín Guzmán se había negado a utilizar estos recursos e intervenir el Banco Central debido a la presión inflacionaria que deriva directamente de este tipo de políticas arbitrarias.

Para concretar las operaciones, y dado que los DEGs depositados en el Banco Central son del Tesoro y que este debe emplear gastos en pesos, el BCRA compra esos DEGs con una agresiva emisión monetaria y estos recursos son finalmente lanzados a la economía mediante una política fiscal extremadamente expansiva.

Las consecuencias esperables de estas medidas son claras: una mayor presión sobre el dólar en el mercado paralelo, mayor desequilibrio externo, mayor brecha cambiaria, y finalmente una mayor presión inflacionaria.

El kirchnerismo podría desarticular completamente toda la corrección fiscal realizada desde diciembre del año pasado y desequilibrar la economía, pues el sobrante monetario es actualmente el principal problema que enfrenta Argentina.

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