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Economía

“La palabra del Presidente está devaluada”, advirtió Juan Carlos de Pablo

En una entrevista para La Nación, De Pablo se refirió a la coyuntura argentina y concluyó que Alberto Fernández enfrenta una gran crisis de credibilidad. Apuntó contra la expropiación de Vicentin, y asegura que el costo será mucho mayor al que estima el gobierno.

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El economista y escritor Juan Carlos de Pablo fue entrevistado por el diario La Nación y apuntó contra el gabinete de Alberto Fernández; planteó que no será posible mantener a las figuras actuales, pues el Presidente deberá congratularse con nuevas personas para afrontar los graves problemas del país. 

Aseguró que el principal problema de Fernández es su falta credibilidad, y que esta es fundamental para salir adelante, pues los agentes en la economía toman sus decisiones en base a la confianza. 

El problema que tiene el gobierno de Alberto Fernández es que se ha perdido toda credibilidad, la palabra del presidente está devaluada. Y, sin credibilidad, es difícil que hagas las cosas, aunque las intentes hacer bien, desde el punto de vista técnico, porque te van a decir ´si, me parece bien pero como no te creo nada, entiendo que me están mostrando la zanahoria y después me van a cortar la cabeza´. Recuperar la credibilidad es fundamental”.

También analizó la negociación de la deuda externa entre el gobierno y los acreedores. El gobierno sigue en una postura rígida, y los acreedores no dan el brazo a torcer. Mientras tanto, el país permanece en el noveno default de su historia. 

 De Pablo afirmó que, desde el punto de vista del Estado argentino, el default no es demasiado relevante. Los mercados de capitales, aunque no estuvieran paralizados por el contexto de la pandemia global, se negarían sistemáticamente a seguir financiando al mercado argentino y, de hecho, esa fue la razón por la cual Argentina acudió al FMI en 2018. 

Por esta razón, planteó que el verdadero problema radica en el impacto sobre el sector privado.
El default afecta a todos aquellos argentinos que mantengan obligaciones negociables con el exterior, independiente de sus actos y su credibilidad individual. El economista se refirió a la cuestión como “a vos te creo, pero la Argentina is not reliable”

Los defaults significan tantos costos para el país, sobre todo teniendo en cuenta la tan esperada recuperación. 

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Criticó duramente la intención del gobierno en expropiar la empresa Vicentin. Según su visión, los reiterados discursos del gobierno, cada vez más desesperado por justificarse, son poco serios

Ni la necesidad de tener una “empresa testigo” en el mercado de granos, ni la idea de “defender los intereses de los productores”, parecen respuestas decentes cuando se trata de justificar la expropiación de Vicentin, y el economista manifestó que los argumentos cada vez lo convencen menos. 

“Tenemos décadas de gobiernos peronistas, militares, radicales, etc., de cosas mal hechas y ahora la próxima estatización ¿Va a salir bien? No lo cree nadie”. 

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Aseguró que es preferible pagar un costo político a pagar un costo económico, sobre todo en el contexto actual de suma necesidad. Afirmó que retroceder en una política siempre implica un costo político, pero no hacerlo podría significar una carga muchísimo mayor para los argentinos. Para De Pablo “se está por cometer un macanazo”, que, desde el punto de vista cuantitativo, sería muy costoso para el país. 

 Por su parte, calificó de vergonzoso el procedimiento que tuvo la Argentina para con la empresa aeronáutica Latam, ahora en plena retirada del país. Habló del pésimo manejo al que se tuvo que someter la empresa desde los años del kirchnerismo, así como la ridícula actuación de los sindicatos. 

Hiciste todo lo posible para que esto sucediera y al dirigente sindical hay que decirle: ahora usted va a tener que responder por las 1.700 personas y sus familias que quedan en la calle”, sentenció De Pablo. 

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Economía

Las nuevas medidas del Gobierno no dan resultados: La inflación tendrá un piso del 6% para el mes de agosto

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Los precios de los alimentos aumentaron un 3% solamente en las primeras dos semanas del mes, y las consultoras privadas estiman que el aumento del IPC no podrá ser inferior al 6%. La media de las expectativas de mercado espera que la inflación alcance el 90% para fin de año.

La llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía generó un cierto clima de estabilidad en torno a las variaciones del dólar en los segmentos paralelos, e incluso en la prima de Riesgo País, pero los precios siguen subiendo violentamente.

El INDEC confirmó que los precios minoristas saltaron un 7,4% solamente en el mes de julio, la variación más drástica desde abril de 2002. El proceso inflacionario no se detuvo, y en las primeras dos semanas correspondientes al mes de agosto se registró un aumento del 2,9% en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, según estima la consultora LCG que dirige Lorenzo Guido.

La inflación para el nivel general de los precios minoristas marcó un aumento intermensual del 6,8% en las dos primeras semanas de agosto, en comparación con el mismo período semanal de julio. A partir de estos datos, la consultora concluye que la variación del IPC para fin de mes difícilmente pueda ser menor al 6%.

La estimación del IPC para la región del Gran Buenos Aires, elaborada por Ecolatina, tuvo un drástico aumento intermensual del 6,3% en los primeros 15 días de agosto. Se marca una ligera desaceleración de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la variación del mes pasado, pero el ritmo al que aumentan los precios sigue siendo el más violento desde 2002.

Para Ecolatina el IPC tendrá una variación final del 6,2% al término de agosto, y de confirmarse este dato la inflación interanual aumentaría al 74,6% en comparación al nivel de precios registrado en agosto de 2021.

Esta cifra no solamente incluye a los alimentos, sino también al valor de las tarifas públicas de referencia, entre ellas la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, las prepagas y los alquileres, entre muchos otros sectores.

Para la consultora Eco Go el pronóstico es similar, y se proyecta un aumento mensual de hasta el 6,5% entre julio y agosto. Estimó que solamente en los primeros 7 días de agosto los precios subieron un 1,5%, el equivalente a la inflación anual en muchos países. Se proyecta que cada semana tendrá un aumento promedio del 1,4% para el nivel general de precios.

La inflación mensual no baja a pesar de las medidas anunciadas por Sergio Massa, y las expectativas para fin de año son cada vez peores. El Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM), que realiza y avala el propio Banco Central, espera que la inflación interanual alcance el 90,2% para diciembre.

Un nivel semejante de inflación acumulada para un periodo de 12 meses no se registraba desde noviembre de 1991. Por otra parte, para el promedio del año 2022 se espera una variación del 83,7% en comparación al año 2021, nuevamente la cifra más alta desde 1991. 

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Economía

Las pérdidas de las empresas estatales de Estados Unidos aumentaron en US$ 6.800 millones desde que Biden es presidente

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El resultado financiero de las empresas bajo la órbita del Estado federal registró el rojo más importante desde 2014. Los demócratas bloquearon la agenda privatista del presidente Trump y no presentan ninguna alternativa.

El desequilibrio fiscal de Estados Unidos a nivel federal continúa reduciéndose a partir de un importante aumento de la recaudación (un efecto que en parte se debe a la inflación), pero el resultado de las empresas patrocinadas por el Gobierno es cada vez peor.

El déficit financiero de las empresas estatales alcanzó los US$ 7.656 millones al término del segundo trimestre de 2022, cuando al inicio de la administración de Joe Biden había prácticamente equilibrio fiscal sobre este sector del Estado. El desequilibrio aumentó en 6.800 millones de dólares en 18 meses.

Este conglomerado de empresas estatales registró superávit por última vez en el primer trimestre del año 2018, y más tarde se convergió al equilibrio en la segunda mitad de 2019, durante la gestión del presidente Donald Trump.

Resultado financiero de las empresas estatales del Gobierno federal estadounidense.

Si bien Estado Unidos no se caracteriza, ni jamás se caracterizó, por una gran cantidad de empresas nacionalizadas, el Gobierno federal posee participación total o mayoritaria sobre empresas de transporte urbano, servicios de distribución eléctrica, bancos, servicio postal, aeropuertos y compañías destinadas a estimular el crédito, entre otras posesiones.

El desequilibrio registrado al término del primer semestre del año equivale a un modesto 0,03% del PBI, pero ya es la cifra más importante desde el segundo trimestre de 2015. Desde la década de 1980 los gobiernos federales se preocuparon por evitar, en la medida de lo posible, la ineficiencia y la pérdida de utilidades por parte de las empresas patrocinadas por el Gobierno, pero Biden promete ser una excepción.

Los demócratas bloquearon todas y cada una de las iniciativas del presidente Trump para privatizar un gran número de empresas estatales. Entre otras propuestas, Trump pretendía privatizar aeropuertos internacionales, el control del tráfico aéreo, el servicio postal más importante del país, la Autoridad del Valle de Tennessee, e incluso Fannie Mae y Freddie Mac.

A diferencia de lo que ocurrió en la presidencia de Barack Obama en 2009, cuando el Gobierno federal emprendía la estatización de bancos y empresas automotrices y solo de manera transitoria hasta 2012, el creciente déficit registrado en 2022 no se debe a estatizaciones temporales por la crisis económica, sino que obedece a las empresas ya existentes. 

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Cuba

La dictadura castrista anunció la flexibilización del auto-bloqueo y levanta restricciones a la inversión extranjera

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En respuesta al progresivo colapso de la economía socialista, la dictadura de Miguel Díaz-Canel impulsó la apertura a la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, sectores que hasta ahora se encontraban auto-bloqueados por la isla desde 1959.

La crisis económica en Cuba genera una fuerte presión para llevar adelante una agenda reformista. La dictadura socialista de Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba permitirá la inversión extranjera directa sobre el comercio minorista y el mayorista.

Hasta ahora, el Estado cubano guardaba un celoso control de estos sectores y monopolizaba la oferta de bienes y servicios a nivel minorista y mayorista. La reforma levanta el auto-bloqueo que imponía la dictadura sobre su propio país, permitiendo que puedan ingresar firmas extranjeras para así ampliar la disponibilidad de oferta de bienes.

Es la primera vez desde 1959 en que empresas privadas internacionales podrán realizar inversiones en la isla, siendo que el propio Fidel Castro se ocupó de boicotear el flujo de capitales y aisló el país con respecto al mundo.

“La inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, con regulación estatal, permitirá la ampliación y diversificación de la oferta a la población y contribuirá a la recuperación de la industria nacional”, explicó el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil.

La nueva flexibilización regulatoria sigue la misma línea adoptada en la década de 1990, cuando la dictadura atravesaba una situación de colapso en lo que se denominó “período especial”, y en el cual se aplicaron ciertas reformas parciales.

Las empresas extranjeras adquirieron la posibilidad de invertir en el sector manufacturero de Cuba a partir de 1995, y más tarde se levantaron las prohibiciones para la inversión en la oferta de servicios.

La emergencia económica nuevamente se vuelve a convertir en un foco de presión para las reformas. El régimen maximizó los desequilibrios fiscales y monetarios a partir del año 2020, una situación que desencadenó la peor crisis en 27 años.

El déficit fiscal aumentó al 17,7% del PBI, una cifra financiable con recursos genuinos o deuda pública, por lo que la única herramienta fue la emisión monetaria. El Gobierno se vio obligado a abandonar la convertibilidad entre la moneda local y el dólar, y unificó el mercado cambiario.

La inflación “oficial” alcanzó el 77,3% interanual en diciembre de 2021, pero esta cifra no resulta representativa porque la dictadura cubana establece un férreo control de precios que agotó la oferta de productos en las góndolas. En respuesta al desabastecimiento generalizado, los precios de los bienes en los mercados informales registraron una inflación que superó el 6.900% en 2021.

El espiral inflacionario generó un profundo malestar social que obligó a la dictadura a ofrecer algún tipo de respuesta desesperada para ampliar la oferta de bienes en la isla, y aminorar el desabastecimiento.

La emisión monetaria descontrolada y la represión financiera ejercida por la dictadura socialista generaron escasez sobre alimentos básicos de primera necesidad e incluso sobre los productos para uso medicinal, dejando en tela de juicio el supuesto prestigio de la medicina en Cuba. 

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