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Economía

La peligrosa radicalización a la izquierda de Joe Biden preocupa a cada vez más dirigentes dentro del Partido Demócrata

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Muchos desencantados por las posiciones extremistas del Presidente en ejercicio encuentran en Trump una alternativa. La administración Biden condujo al déficit fiscal más drástico de la historia del país en tiempos de paz, multiplicó las regulaciones y apostó por el proteccionismo.

Las posiciones políticas del Presidente Joe Biden se radicalizan cada vez más hacia la izquierda, retrocediendo a la vieja visión que mantenía el Partido Demócrata a mediados del siglo pasado, y rompiendo con la tradición más bien reformista de los expresidentes Jimmy Carter, Bill Clinton e incluso Barack Obama.

El consenso detrás de las “Bidenomics” están erosionando muchos de los cimientos que garantizaron años de crecimiento para la economía estadounidense.

El histórico funcionario demócrata y exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, se pronunció sobre la política económica del Presidente Biden con las siguientes palabras: “Estoy profundamente preocupado por la doctrina del nacionalismo económico centrado en la manufactura que se presenta cada vez más como un principio general para guiar la política. Es cada vez más peligrosa e inflacionaria”.

Regulaciones que comprometen millones de puestos de trabajo

La administración Biden está conduciendo una de las mayores y más agresivas acciones regulatorias en contra del sector privado que haya visto la economía estadounidense en décadas.

A través de la Orden Ejecutiva 14.067 endureció el marco regulatorio general sobre las criptomonedas, y al mismo tiempo firmó una orden instruyendo a la Reserva Federal para comenzar el desarrollo de una moneda digital centralizada del Estado. De llevarse a cabo con éxito, esta herramienta profundizaría notoriamente el control y el monitoreo del Gobierno sobre el accionar de los ciudadanos.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo la presidencia de Biden anunció una resolución que endurece estrictamente todas las regulaciones que debe cumplir la industria manufacturera. Se endurecen los Estándares Nacionales de Calidad del Aire (NAAQS por sus siglas en inglés), encareciendo el costo de las empresas industriales con la amenaza de perder hasta 1 millón de puestos de trabajo en los próximos años.

El Gobierno incrementó su voracidad dirigista sobre el sistema financiero y bancario, revirtiendo muchas normativas desregulatorias dispuestas por Carter y Clinton

Se endurecieron los requisitos de la Ley de Reinversión Comunitaria de 1977 para las entidades bancarias, se incrementaron las exigencias para la presentación de informes trimestrales (agregando más costos) para los fondos comunes de inversión privados, y se incrementaron los requisitos de capital para las entidades bancarias del 16% al 20%. Todo esto entorpece el crecimiento de la actividad económica. 

Déficit fiscal récord en tiempos de paz

Desde el punto de vista de las “Bidenomics” los elevados déficits fiscales no representan un problema, y de hecho apuntan a compensar un supuesto “exceso de ahorro” en la economía. Esta visión rompe completamente con los postulados adoptados por el Partido Demócrata en los últimos 50 años, marcando una especial discrepancia con los históricos superávits que concretó la administración de Bill Clinton.

La cancelación irresponsable de billones de dólares en préstamos estudiantiles para la clase media y alta, y los excesivos programas de “estímulo” vía obras de infraestructura y subsidios, dispararon el déficit financiero de Estados Unidos hasta el 8,3% del PBI a mediados de 2023. Nunca antes se había visto una cifra de semejante magnitud en tiempos de paz o fuera de una grave recesión.

El último resultado fiscal publicado por el Gobierno evidencia un déficit de por lo menos el 6,2% del PBI, y un rojo primario (sin intereses) del 3,8% del producto. Antes del rescate de préstamos estudiantiles a mediados de 2022, el déficit federal no superaba el 3,7% aún con intereses.

Proteccionismo

La visión comercial de la administración Biden se centra en el incremento de las barreras arancelarias y cuantitativas sobre las importaciones, tanto de China como de la Unión Europea, México y Canadá.

Se inició una política de “subsidios cruzados” para fomentar la sustitución de importaciones y potenciar el comercio desleal (catalogado falsamente como comercio justo) con los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Además, Joe Biden pasó a la posteridad como el primer Presidente que se rehúsa a firmar o promulgar un acuerdo de libre comercio en los últimos 40 años, muy a diferencia de sus predecesores demócratas.

El expresidente Clinton inició las negociaciones para el libre comercio con Jordania, Chile, Singapur, y los países nucleados por el TPP, además de implementar el acuerdo NAFTA. Por su parte, el expresidente Obama implementó los acuerdos de libre comercio con Perú, Colombia, Panamá y Corea del Sur. Al día de la fecha, Biden descartó implementar cualquier acuerdo, como por ejemplo el que se encuentra pendiente con el Reino Unido desde el año 2020 (negociado originalmente por Donald Trump).

Masivos aumentos de impuestos

La gran promesa económica para un eventual segundo mandato de Joe Biden es aplicar un aumento generalizado de impuestos sobre los ingresos de empresas y personas físicas, así como también gravar más severamente a las ganancias de capital y a los patrimonios.

La tasa de Sociedades se vería aumentada del 21% al 28% para todas las empresas, la alícuota máxima del impuesto a las Ganancias volvería al 39,6%, la tasa por el Medicare se incrementaría del 2,9% al 5%, y gravaría a las ganancias de capital con una tasa cercana al 40% (la más alta nunca vista en Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial).

Biden propone, además, establecer un impuesto del 4% para la recompra de acciones, duplicar la tasa global sobre los ingresos intangibles con bajos impuestos (GILTI), e incrementar hasta el 20% la tasa impositiva sobre la revalorización de activos (las llamadas ganancias de capital no realizadas), entre decenas y decenas de aumentos impositivos programados.

Economía

¿Nueva guerra comercial con China? Biden apunta a triplicar los aranceles para la importación de acero y aluminio

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La administración Biden amenaza con lanzar una nueva ofensiva arancelaria contra el ingreso de productos chinos, una maniobra que podría conducir a una pronta respuesta por parte del gigante asiático.

El giro proteccionista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden se hace cada vez más evidente. Pese a prometer lo contrario en su campaña electoral, Biden promete redoblar los aumentos tarifarios contra China y otros países del mundo.

Hasta ahora, las medidas proteccionistas del Gobierno se focalizaron en subsidios encubiertos, como por ejemplo los dispuesto en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” del 2021. Pero esta vez se estudia abiertamente un nuevo rediseño del sistema arancelario.

El Presidente Biden propuso triplicar el arancel de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, del 7,5% al 25%. Esta resolución amplía una anterior que ya había adoptado el expresidente Donald Trump, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (establecida en 2018). Pero la ley sancionada durante la administración anterior sólo alcanzaba a unos productos específicos, y la propuesta de Biden es generalizar el aumento arancelario sin excepción en todo el sector.

Estados Unidos se constituye actualmente como el cuarto productor mundial de acero, mientras que China ocupa el primer lugar. Semejante participación en el mercado haría muy efectivo el impacto de un arancel sobre la importación de China (con beneficios positivos para la industria local), pero este tipo de medidas resultan en su mayoría estériles, debido a que se espera una pronta respuesta por parte de China y la situación volvería al punto de inicio (o aún peor debido a la persistente volatilidad).

Siguiendo el mismo patrón, la administración Biden intervendrá deliberadamente en la adquisición de US Steel por parte de inversores japoneses, un acto populista y desesperado en medio del clima de la campaña electoral.

Asimismo, el Presidente Biden propuso incrementar los aranceles para la importación de madera canadiense del 8% al 14%, sin ningún tipo de justificación convencional. Esto supone un golpe hacia uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos en la región.Queda en evidencia que la política comercial de Biden no se limita exclusivamente a China.

Biden despliega este paquete de propuestas como respuesta a las medidas prometidas por Trump, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, y una tasa especial del 60% sobre todas las importaciones de China.

Como es de amplio conocimiento, la dictadura comunista en China se negó a cumplir con la liberalización total de su mercado de divisas, un requisito al que se había expresamente comprometido tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000. En lugar de ello, solo se dio lugar a una serie de desregulaciones parciales y progresivas que, hasta el momento, no llegaron a desembocar en un mercado libre.

Las políticas proteccionistas se utilizaron como una medida coercitiva para forzar la liberalización cambiaria de China durante la administración de Donald Trump, aunque una vez finalizada la guerra comercial (2018-2020) se llegó a un nuevo status-quo sin mayores cambios en esta materia y con aranceles más elevados entre ambos países (la relación final entre ellos favoreció ligeramente a Estados Unidos).

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Economía

Caída en picada de la inflación: Los precios mayoristas subieron un 5,4% en marzo, después de haber alcanzado la hiper en diciembre del año pasado

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La variación mensual de los precios al por mayor se derrumba a un ritmo incluso más rápido que en los precios minoristas. La tasa de inflación general podría retroceder al 6% a partir del mes de abril, según estimaciones privadas.

El INDEC confirmó una nueva y fuerte caída de la tasa de inflación en Argentina: el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento del 5,4% en marzo, la variación más baja en lo que va del año. Retrocedió implacablemente con respecto al salto del 10,2% producido en febrero, al 18% de enero, y al estallido del 54% registrado en diciembre de 2023. Esta última cifra constituye técnicamente una situación de hiperinflación.

Se observó un incremento mensual del 6,2% sobre productos de origen estrictamente nacional, mientras que los bienes importados cayeron en un promedio del 1,7% en marzo. La energía destacó de entre los aumentos mensuales, marcando una suba del 12% (debido a la corrección de precios relativos que lleva adelante el equipo económico).

Los precios mayoristas acumularon una suba del 37% entre enero y marzo, muy por debajo del 51,6% de aumento que se registró en los precios minoristas. La inflación mayorista está bajando a un ritmo mucho más acelerado que la minorista, un fenómeno muy común entre los programas de estabilización. Se registró un aumento interanual del 330,6%, debido al efecto de arrastre estadístico después del salto de diciembre. 

El programa de ajuste fiscal y monetario del Gobierno logró tumbar la hiperinflación que había dejado plantada el kirchnerismo en los últimos meses de la gestión de Massa. Este fue sin lugar a dudas el principal objetivo de las medidas de emergencia que se tomaron a partir del 10 de diciembre.

La caída de la variación mensual en los precios mayoristas fue contundente. El Índice de precios básicos al por mayor (IPIB) registró un aumento incluso menor y en torno al 4,9% al cierre de marzo, un indicador que excluye el efecto impositivo sobre los precios relevados.

Asimismo, el Índice de precios básicos del productor (IPP) marcó un aumento del 5% en marzo, y nuevamente el salto de la energía destacó de entre las principales aperturas que componen el indicador.

Con esta dinámica en los precios al por mayor, se estima que el IPC minorista volverá a registrar una nueva rebaja en su ritmo de aumento en abril. En este sentido, el exministro de Economía Domingo Cavallo sugiere que la inflación de precios al consumidor podría estabilizarse en el 9,5% a partir de abril, y retroceder hasta un umbral del 6% al 7% a partir del mes de mayo. Esto es coincidente con la desaceleración de los precios online.

La reactivación de la actividad real dependerá casi exclusivamente de la velocidad en la salida del cepo cambiario, ya que resulta un elemento imprescindible para la tan esperada recuperación en “V”. 

Por otra parte, para que la liberalización del mercado cambiario pueda ser posible sin conducir a un nuevo proceso hiperinflacionario, resulta necesario continuar con el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA). El director de la institución, Santiago Bausili, logró recomponer el salto de las reservas netas en sus primeros meses de gestión. 

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Contundente fracaso de la Ley de Alquileres en Cataluña: La oferta de viviendas se derrumbó y los alquileres suben al doble que la inflación

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Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.

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