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Economía

La peor política energética de la historia: Edenor perdió hasta $9.859 millones en el primer semestre

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El congelamiento tarifario dispuesto por Fernández provocó pérdidas millonarias y mayor descapitalización en el sector eléctrico. Las acciones de Edenor se derrumbaron un 4,25% en el día lunes.

La situación en el mercado energético es cada vez más delicada. Los más recientes balances contables de la distribuidora Edenor, presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), presentan una pérdida acumulada de $9.859 millones entre enero y junio de 2022.

De acuerdo a su jurisdicción asignada por el Estado, la empresa cuenta con 3,2 millones de clientes y abastece hasta el 20% de la demanda energética del país, tanto para uso residencial como para la industria y el comercio. Esto permite tomar dimensión sobre su importancia relativa dentro del mercado.

El patrimonio total de la empresa eléctrica ascendió a los $90.608 millones, registró un resultado operativo negativo por $10.681 millones en el primer semestre, y se totalizaron $8.655 millones en concepto de inversión para atender la calidad de los servicios ofrecidos y la demanda de los usuarios.

La inversión registrada fue, en su mayoría, un monto destinado a compensar al menos una parte de la depreciación del capital, pero no existió un mayor margen para capitalizar el sistema.

El congelamiento de tarifas, primero decretado en febrero de 2019 por el presidente Macri y más tarde mantenido y extendido por Alberto Fernández, fue la causa principal para explicar los fuertes desequilibrios financieros del primer semestre.

La ecuación económico-financiera de la empresa se deterioró brutalmente a causa del estancamiento de los ingresos percibidos por los consumidores, que en última instancia es el resultado natural del incremento insuficiente en el valor nominal de las tarifas (cayendo su valor en términos reales).

Los costos operativos definidos en el mercado eléctrico mayorista no cesaron sus aumentos, y de hecho fue imposible su congelamiento debido a que hacerlo implicaría paralizar la producción energética y propagar desabastecimiento.

Los subsidios económicos suministrados por el Estado se tornaron crecientes a lo largo de la gestión kirchnerista, pero estos no cubrieron el aumento de los costos mayoristas y no compensaron el deterioro de las tarifas percibidas por los consumidores en términos reales.

Los aumentos tarifarios permitidos solamente respondieron a factores de estacionalidad, y no a la evolución real de los ingresos de la empresa distribuidora. Los balances contables ajustados por inflación determinaron que el margen bruto de la empresa cayó un 16% en comparación al primer semestre del año pasado.

Por otra parte, el mayor estrangulamiento del cepo cambiario limita la capacidad de Edenor para hacer frente a sus obligaciones financieras con el exterior. El acceso al mercado único de cambios (el cambio oficial) es cada vez más restringido por el BCRA, al borde del colapso de las reservas internacionales netas.

La actualización tarifaria dispuesta por Sergio Massa a partir de agosto supone un alivio para la ecuación económico-financiera de la empresa, pero se requieren mayores ajustes para evitar la descapitalización de los servicios. Sin la capitalización requerida, se corre el riesgo de atravesar apagones como los vividos entre 2012 y 2015 en el último Gobierno de Cristina Kirchner

Economía

Las medidas de Joe Biden agregarán más de 4,8 billones de dólares al déficit fiscal hasta 2031

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El Presidente se jactó por la reducción del déficit en 2022 y se la atribuyó a sí mismo, pero el grueso de sus propias iniciativas apuntan a desequilibrar las finanzas públicas por más tiempo del que se proyectaba en la administración anterior. 

El Gobierno del presidente Joe Biden anunció que el déficit fiscal fue recortado en US$ 1,7 billones en el año fiscal 2022, un hecho que por supuesto atribuyó exclusivamente a su gestión y no escatimó en críticas y acusaciones hacia el Gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, el Presidente manipuló la información para verse favorecido y decidió eludir los hechos de la realidad que marcan una situación muy diferente. Si bien es cierto que el déficit fiscal federal se redujo fuertemente en 2022, esto se debió al cese del “gasto covid” y los cheques de asistencia social otorgados por la emergencia.

No hubo ningún recorte efectivo del gasto público presupuestado por fuera de las erogaciones extraordinarias. De hecho, el gasto primario del Gobierno federal (sin intereses de deuda) ascendió al 22,05% del PBI en noviembre del año pasado, aún muy por encima del 19,35% que se registraba antes de la pandemia en febrero de 2020.

El déficit fiscal se redujo en 10 puntos del PBI durante el Gobierno de Biden, pero con dos importantes excepciones: la primera en marzo de 2021 con el lanzamiento del “Plan de Rescate Estadounidense” y la segunda en septiembre de 2022 con la cancelación de préstamos estudiantiles

La ley de rescate aprobada incrementó el déficit fiscal del 15,66% del PBI hasta superar el 18%, el valor más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la cancelación de préstamos estudiantiles marcó el fin de la corrección fiscal y disparó el desequilibrio del 3,9% del producto al 5,2% en noviembre de 2022 (0,3 puntos por encima de febrero de 2020). 

Aún obviando el incremento de los intereses de deuda por el ajuste de tasas de la Reserva Federal, las finanzas públicas no muestran mejoría. El déficit fiscal primario del Gobierno federal se incrementó del 2% del PBI en julio de 2022 al 3,37% en noviembre, principalmente debido al salto que provocó el rescate de deuda.

Por la propia dinámica de los gastos asignados únicamente por una emergencia sanitaria, la corrección del déficit fiscal habría tenido lugar de manera natural y premeditada, la administración Biden solo añadió la expansión de partidas discrecionalmente seleccionadas y sin preocuparse por la responsabilidad fiscal. 

Resultado del Gobierno federal de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

Los economistas de Moody’s Analytics estiman que el presidente Biden añadió hasta 4,8 billones de dólares más al déficit fiscal entre 2021 y 2031, siendo el 48% de este monto explicado únicamente por el Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Estos gastos no tuvieron ningún tipo de contraprestación, el Gobierno no se preocupó por compensar las pérdidas. 

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) sí compromete un ajuste al déficit pero solamente por US$ 200.000 millones hasta 2032, un monto que de ningún modo puede compensar el rojo fiscal de US$ 4,8 billones.

La política fiscal del Gobierno se volvió errática y abiertamente contradictoria. Si la principal herramienta de la IRA era la reducción del déficit fiscal para controlar la inflación, esta se ve completamente boicoteada por otros programas igualmente aprobados y promovidos por la misma administración.

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Economía

Bomba de tiempo para 2024: Massa deja una economía con recesión, endeudamiento récord y brecha cambiaria cercana al 100%

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La deuda remunerada del Banco Central superó los $10,6 billones, el Tesoro Nacional acumula un endeudamiento de hasta 18 billones de pesos y el nivel de la brecha cambiaria está en máximos históricos. La inflación reprimida genera una bomba de tiempo para el próximo Gobierno.

El programa lanzado por Sergio Massa en agosto de 2022 se limitó a tres cuestiones principales: agudizar los controles de precios, elevar las tasas de interés nominales y acelerar el ritmo del endeudamiento tanto del Tesoro Nacional como del Banco Central (BCRA).

Ninguno de los tres factores consiguen estabilizar la macroeconomía, pero las consecuencias se hacen notar. Los pasivos remunerados del BCRA alcanzaron la estrafalaria suma de 10,6 billones de pesos, equivalentes al 200% de la base monetaria y cerca del 12% del PBI.

La deuda del Central es el principal instrumento de esterilización para la emisión monetaria pero ya encontró su límite, y lo que en un principio fue un mecanismo transitorio para detener la inflación, se transforma progresivamente en una bomba de tiempo que amenaza con generar el efecto opuesto. 

Pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) y brecha cambiaria.

El retiro de pesos de la plaza financiera no es fortuita, requiere de emisión monetaria para pagar intereses por las Leliq y los Pases. Esta suma de intereses ascendió a los 3,38 billones de pesos en 2022 o el equivalente al 3,82% del PBI, el llamado “déficit cuasi-fiscal”. El virtual desarme de este déficit implica un costo inflacionario mayúsculo para el futuro, un problema de sobrante monetario que en algún momento deberá salir a la luz y sincerar los precios.

Aunque el ministro Massa logró el cumplimiento de las metas fiscales con el FMI, si se adiciona la posición cuasi-fiscal el desequilibrio no bajó en absoluto. Toda la mejora sobre el déficit primario fue más que compensada por el incremento del pago de intereses del Central. A efectos de la estabilidad, el déficit fiscal bajó y no hay expectativas de que pueda bajar en 2023.

De hecho, si los pasivos del BCRA continúan pagando una tasa efectiva anual del 107% (como lo denota una tasa nominal del 75%) entonces la posición de deuda llegaría a representar hasta el 290% de la base monetaria para fin de año, una cifra completamente insostenible y nunca antes vista en la historia argentina. Las expectativas descuentan un aumento del déficit cuasi-fiscal y mayor presión inflacionaria para 2024

Por parte del Tesoro Nacional se acumuló una deuda de hasta 18 billones de pesos, el 65% en manos de otras entidades del sector público como el propio Banco Central o la ANSES, y el monto restante se reparte entre entidades financieras y agentes del sector privados.

El oficialismo debió recurrir sistemáticamente al endeudamiento en pesos con el mercado local debido al cierre del mercado de capitales internacional para Argentina. La acumulación de vencimientos en cortos períodos de tiempo es el principal factor desequilibrante de la deuda del Tesoro

La primera corrida contra los títulos públicos se produjo entre junio y julio de 2022, y desde entonces el Tesoro debió emprender licitación tras licitación para postergar pagos de corto plazo para despejar la incertidumbre, pero a costa de elevar dramáticamente las tasas de interés implícitas. 

La mayor parte de los vencimientos de la deuda rolleada por Massa recaerán entre febrero y marzo de 2024, el Ministro se limitó a postergar las necesidades financieras exclusivas al año 2023. La sola insinuación de un eventual “reperfilamiento” de la deuda por parte de los posibiles candidatos a la presidencia podría desatar otra corrida como la que sufrió el país a mediados del año pasado.

Como si todo esto no fuera suficiente, el programa de Massa se ve completamente agotado y ya comienzan a ceder los únicos resultados modestamente positivos concretados al inicio de la administración. La brecha cambiaria volvió a situarse en el 100% considerando el segmento del dólar paralelo y la paridad oficial.

La brecha de la divisa genera una presión severa sobre la sostenibilidad del sistema de control de cambios, pero también esconde un parámetro para medir la inflación reprimida y el desorden de los precios relativos en la economía. La eventual salida de este esquema cambiario producirá un shock sobre el precio de los bienes transables, sincerando una importante cuantía de la inflación hasta ahora no reconocida.

El atraso del nivel real de los servicios públicos también constituye una importante bomba de tiempo que dejará la administración Fernández, incluso a pesar de los ajustes dispuestos por el Ministro de Economía desde octubre del año pasado.

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Colombia

El comunista Petro anunció el congelamiento masivo de todas las tarifas de los servicios públicos

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Colombia optará por el mismo rumbo que Argentina y Venezuela, y de ahora en adelante las tarifas de servicios públicos tendrán precios políticos. Las medidas llegan como una respuesta desesperada del Gobierno para contener la creciente inflación. 

El presidente socialista Gustavo Petro perdió completamente los estribos y anunció un congelamiento generalizado para todas las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos las facturas de electricidad, la distribución de agua potable y alcantarillado, distribución de combustible, telecomunicaciones y las facturas de gas residencial.

Hasta ahora, las empresas proveedoras de servicios se encontraban reguladas como “monopolios naturales”, pero bajo pautas claras, previsibles y criterios técnicos previamente acordados desde el año 1994, que permitían un esquema con reglas de juego estables para la inversión de largo plazo.

Este sistema se implementaba a través de comisiones reguladoras, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. La reforma del presidente Petro anula por completo la autonomía de las comisiones: las tarifas serán directamente prefijadas por el Gobierno, haciendo uso de criterios completamente arbitrarios y políticos

Formalmente la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), perderán completamente sus potestades y serán aglutinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior

“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, declaró Gustavo Petro en relación a la regulación tarifaria. 

El nuevo sistema de fijación de precios será similar al que actualmente opera en Venezuela y Argentina, donde los Gobiernos establecen precios políticos para las tarifas públicas, convirtiéndolas en una herramienta más de la política económica y con un enorme costo en materia de distorsión de precios relativos. 

Petro pretende congelar las tarifas de servicios por tiempo indeterminado. El Gobierno quiere usar estos precios como un “ancla nominal” para un plan de estabilización típicamente heterodoxo basado en el controles. 

El problema con el uso de anclas nominales de este tipo es que el precio anclado indefectiblemente reducirá su valor en términos reales, desalentando profundamente la inversión en los sectores estratégicos de la economía. Se corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que Argentina y Venezuela: descapitalización, apagones eléctricos y deterioro sistemático de la calidad de los servicios.

La bolsa de comercio volvió a reaccionar negativamente tras las estrafalarias medidas del Presidente. El índice MSCI Colcap (análogo al Merval argentino) se desplomó un 1,53% en el día viernes, ubicándose en las 1.281,97 unidades. 

Por el contrario de las pretensiones del oficialismo, los controles tarifarios generan una presión alcista sobre las expectativas inflacionarias porque se descuenta que si el Gobierno incurre en controles esto se debe a la reticencia para ordenar las finanzas públicas, un hecho que deteriora el poder de acción del Banco Central. 

La firma JP Morgan alertó por este mismo hecho, alegando que la reforma tributaria de Petro no busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, simplemente se limita a captar más recursos para financiar la expansión del gasto público. 

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